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719 propuestas
Al menos el 8 % del PIB, y gasto por habitante en cada comunidad nunca por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Porque sin un mínimo fijado por ley, la sanidad es lo primero que se recorta cuando aprieta el presupuesto.
Desprivatización de toda la sanidad: fin de las nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y vuelta a la gestión pública de todo lo privatizado, porque los recursos públicos son para el sistema público de salud.
Porque el dinero público de la sanidad debe ir a la sanidad pública, no a beneficios privados.
Plan de internalización de limpieza, mantenimiento, gestión telefónica y transporte sanitario urgente, con subrogación del personal, porque de ellos dependen la calidad asistencial y el control de las infecciones hospitalarias.
Porque externalizar abarata a costa de la calidad, de las plantillas y del control de las infecciones.
Integración progresiva de MUFACE, ISFAS y MUGEJU en el Sistema Nacional de Salud; a quien entre nuevo no se le ofrecerá ninguna mutualidad.
Porque no tiene sentido que el Estado pague con dinero público una sanidad privada para su propio personal.
Del gasto en conciertos y externalizaciones de las tres últimas legislaturas, empezando por las empresas con ánimo de lucro.
Porque para cambiar el modelo hay que saber primero cuánto dinero público ha ido a manos privadas.
Más inspección de las incompatibilidades, sobre todo en cargos de gestión, y dedicación exclusiva para quien tenga plaza fija a tiempo completo en la pública, salvo docencia e investigación, con condiciones laborales que la hagan posible.
Porque quien trabaja a la vez en la pública y en la privada tiene un conflicto de intereses evidente.
Portal estatal con los resultados en salud por provincia y municipio y los criterios de gasto.
Porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero y con qué resultados.
Cita en un máximo de 48 horas, presencial si se pide; al menos 10 minutos por consulta; 1.500 pacientes como máximo por profesional de medicina y de enfermería de familia; y urgencias de primaria 24 horas, bien dimensionadas y accesibles en el medio rural.
Porque hoy se espera días para ver a tu médica o médico de familia, y eso acaba colapsando las urgencias.
Suelos de inversión fijados por ley sobre el presupuesto sanitario total.
Porque la atención primaria y la prevención son lo más eficaz y lo que menos dinero recibe.
Centro de especialidades en cada municipio de más de 20.000 habitantes, cofinanciado por el Estado, para descargar los hospitales de referencia.
Porque vivir en un pueblo mediano no puede obligar a recorrer kilómetros para cada consulta.
En todo el Estado: 30 días para la primera consulta con especialista, 15 para una prueba diagnóstica y 120 para operarse, con listas publicadas cada mes y un plan de choque que use al máximo los medios públicos y dimensione las plantillas según la evidencia.
Porque una espera sin límite es, en la práctica, un derecho que no se cumple.
Contratación estable, incentivos en zonas de difícil cobertura y vivienda pública asequible para profesionales que se desplacen.
Porque sin incentivos y sin vivienda nadie se queda a trabajar en las zonas más aisladas.
Historia clínica sociosanitaria única e interoperable entre comunidades.
Porque el historial de una persona no puede perderse al cambiar de comunidad.
Servicio público de calidad en todo el Estado para quien lo necesite.
Porque muchas personas mayores viven solas y necesitan poder pedir ayuda a cualquier hora.
Jornada ordinaria y guardia sumadas, nunca más de 12 horas; la hora de guardia, nunca por debajo de la ordinaria y computable para la jubilación.
Porque nadie atiende bien después de 24 horas sin dormir.
Saldar la deuda histórica en el reconocimiento de las categorías, con la subida salarial correspondiente.
Porque muchas categorías hacen un trabajo de mayor cualificación del que se les reconoce.
Grado universitario para el personal Técnico Superior Sanitario de Imagen y Radioterapia y de Laboratorio y Anatomía Patológica, de 4 años y 240 créditos como en la mayoría de la UE. Además, estudiar criterios para unificar como formación de grado la dietética y nutrición y la audiología protésica.
Porque su formación y su responsabilidad no se corresponden con su clasificación actual.
Un hueco, un contrato de larga duración; supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado por ley y todas las ausencias cubiertas.
Porque la temporalidad y las bajas sin cubrir empeoran la atención y queman al personal.
Voluntaria, por la penosidad del trabajo sanitario.
Porque el trabajo sanitario a turnos y de noche desgasta mucho más que otros empleos.
Negociaremos que el nuevo Estatuto Marco recoja estas mejoras para garantizar la igualdad de condiciones en todo el Sistema Nacional de Salud.
Porque las condiciones del personal sanitario no pueden depender de la comunidad en la que trabaje.
El tiempo de relevo entre turnos para transmitir la información clínica, reconocido como jornada efectiva por la seguridad de pacientes.
Porque el relevo entre turnos es tiempo de trabajo y garantiza la seguridad de pacientes.
La jornada en sábado reconocida como festiva a todos los efectos.
Porque trabajar en sábado tiene el mismo coste personal que trabajar en festivo.
Turnicidad, nocturnidad, festividad y penosidad en los complementos del personal de los servicios de urgencias de atención primaria.
Porque quien trabaja de noche y en festivos en urgencias debe tenerlo reconocido.
Aprobar la ley de ratios para garantizar la seguridad de pacientes.
Porque con menos pacientes por enfermera hay menos errores y menos muertes evitables.
Higienistas bucodentales, fisioterapeutas, psicología clínica, podología, dietistas-nutricionistas y una trabajadora social en cada centro de salud, con el Trabajo Social reconocido como profesión sanitaria e integrado en los equipos de atención primaria, hospitales y salud mental, y plazas sociosanitarias de convalecencia vinculadas a los hospitales.
Porque la salud no es solo medicina: también es fisioterapia, nutrición, salud bucodental y apoyo social.
Tratamiento en 21 días como máximo, reconstrucción mamaria en 90 días y apoyo social, laboral y psicológico hasta la recuperación completa.
Porque en el cáncer cada semana de espera cuenta.
Kit de cribado de colon y autotoma de VPH en casa, cribado colorrectal adelantado según la evidencia, seguimiento de la colitis ulcerosa y plazo máximo para todo el proceso.
Porque cuanto antes se detecta un cáncer, más fácil es curarlo.
Unidades del dolor en cada hospital de referencia y protección de ingresos mientras se resuelve la incapacidad; el lipedema, reconocido como enfermedad, con diagnóstico, prendas de compresión, drenaje linfático y cirugía en la sanidad pública.
Porque miles de personas con dolor crónico no tienen ni diagnóstico ni ingresos mientras se resuelve su caso.
Atención integral a las mujeres con endometriosis e investigación sobre sus cuidados y tratamientos.
Porque es una enfermedad frecuente que tarda años en diagnosticarse.
Prevención, determinantes sociales de la salud y financiación de los tratamientos según la agencia de evaluación.
Porque la obesidad tiene mucho que ver con la pobreza y no solo con los hábitos individuales.
Unidades de diagnóstico precoz, acceso equitativo a las terapias innovadoras y registro de pacientes.
Porque el diagnóstico precoz da tiempo y calidad de vida a las personas y a sus familias.
Según la evidencia científica y en todas las comunidades.
Porque detectarla pronto evita ingresos graves en la infancia.
Nuevo plan con una red pública de cuidados paliativos, también pediátricos, y hospitalización a domicilio las 24 horas, con atención especial al medio rural; cumplimiento del testamento vital y plazos más ágiles por ley para la eutanasia, sin recurso de familiares o allegados.
Porque morir sin dolor y con dignidad es un derecho que no puede depender del código postal.
Estudios epidemiológicos y planes contra la contaminación en el Campo de Gibraltar y el Polo Químico de Huelva, y regulación con el principio de precaución de los disruptores endocrinos en envases, cosméticos y materiales en contacto con alimentos.
Porque en algunas comarcas industriales se enferma más y hay que saber por qué.
Salud bucodental, visual, ortopédica, podológica y nutricional en la cartera de servicios, prestada en centros públicos.
Porque ir al dentista o comprarse unas gafas no puede depender de lo que uno gane.
Hasta la media europea de 18 psicólogos en el ámbito de la salud por 100.000 habitantes, más psicología clínica en salud mental comunitaria y más plazas PIR.
Porque el sufrimiento psicológico no puede esperar meses ni resolverse solo con pastillas.
Cita en salud mental comunitaria en un máximo de 15 días desde la derivación, con vía urgente cuando lo requiera la clínica.
Porque una espera larga en salud mental puede tener consecuencias irreparables.
Con financiación suficiente.
Porque la conducta suicida está detrás de una de las principales causas de muerte entre la juventud y se puede prevenir.
Espacios de acompañamiento psicosocial en barrios y pueblos, como el modelo «Centros con calma».
Porque la juventud necesita espacios donde pedir ayuda antes de llegar a una crisis.
Eliminar las contenciones mecánicas y farmacológicas con prevención, desescalada, acompañamiento y personal suficiente, y una figura independiente que defienda los derechos de las personas atendidas.
Porque atar a una persona es un fracaso del sistema, no un tratamiento.
Apoyo psicológico, terapéutico y de acompañamiento público a lo largo de toda la vida, para las personas y sus familias, con atención a quienes tienen menos recursos y una estrategia estatal elaborada con las personas con trastornos del espectro autista.
Porque las familias con hijas e hijos con trastornos del espectro autista cargan hoy solas con un apoyo que debería ser público.
Hospitales de día públicos especializados para adolescentes y jóvenes.
Porque los trastornos alimentarios necesitan atención especializada y cercana.
Restricción de la publicidad del juego en todos los medios y máquinas de azar solo en casinos y espacios sin acceso de menores.
Porque las casas de apuestas se concentran en los barrios con menos recursos.
Consultas, grupos terapéuticos y circuitos públicos para la adicción a pantallas, redes y videojuegos, a cualquier edad.
Porque el uso compulsivo de pantallas ya es un problema de salud a cualquier edad.
Más centros y hospitales de día, unidades de rehabilitación, casas hogar, viviendas tuteladas y comunidades terapéuticas, y equipos de prevención de la conducta suicida fuera de las urgencias generales.
Porque faltan recursos para quien necesita algo más que una consulta.
Un enfoque que atienda los determinantes sociales del sufrimiento psíquico, refuerce las redes de apoyo y coordine sanidad, servicios sociales y comunidad.
Porque gran parte del malestar psicológico tiene causas sociales que también hay que atender.
En centros públicos de todas las provincias, sin conciertos ni copago, sin subvenciones a las organizaciones que acosan a las mujeres que ejercen su derecho, con acompañamiento psicosocial y formación en el currículo sanitario.
Porque hoy muchas mujeres tienen que salir de su provincia o ir a una clínica privada para abortar.
Blindar el derecho en la Constitución.
Porque un derecho conquistado no puede quedar a merced de quien gobierne.
Gratuitos o más baratos según la renta, con prioridad para los jóvenes.
Porque la menstruación y la anticoncepción no pueden ser un lujo.
De venta libre fuera de las farmacias y gratuitos en centros de salud y de juventud.
Porque saber pronto si se está embarazada no debería costar dinero.
Reabrir centros específicos con diagnóstico y tratamiento en una sola visita y planes de prevención.
Porque las infecciones de transmisión sexual están creciendo y hace falta atenderlas rápido.
Observatorio, formación del personal sanitario y plan de humanización del parto.
Porque muchas mujeres han sufrido un trato indigno en el parto.
Mastectomía y cirugía genital con plazos máximos garantizados de uno y dos años, e implante de mamas incluido.
Porque las esperas actuales se cuentan en años.
Prohibir las cirugías y tratamientos de asignación de sexo a las personas intersexuales al nacer.
Porque nadie debería decidir por un bebé sobre su cuerpo sin necesidad médica.
Aplicar y vigilar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna en hospitales, centros de salud y farmacias.
Porque la industria sigue promocionando sus productos en los propios centros sanitarios.
Empresa estatal que desarrolle, fabrique y distribuya medicamentos, con sede en Andalucía.
Porque depender de las multinacionales encarece los medicamentos y provoca desabastecimientos.
Devolver los copagos de medicamentos y prótesis a quien tenga dificultades y recuperar la financiación de los medicamentos de alto valor terapéutico que se dejaron fuera.
Porque nadie debería dejar un tratamiento por no poder pagarlo.
Compras y subastas estatales con sanciones por desabastecimiento.
Porque comprando juntos se consiguen mejores precios.
Con decisiones vinculantes y transparentes según su coste-efectividad.
Porque hay que pagar por los medicamentos lo que de verdad aportan.
Volver a financiar, según la evidencia, las presentaciones excluidas en 2012 con la excusa de la sostenibilidad.
Porque se dejaron de financiar con la excusa de la crisis y quien los necesita los sigue pagando.
En los genéricos, para evitar errores en la toma.
Porque cambiar de caja y de color cada vez provoca errores, sobre todo en las personas mayores.
Uso regulado.
Porque hay pacientes que lo necesitan y hoy no tienen una vía legal y segura.
Acceso libre a lo investigado con dinero público, aplicación de sus resultados y más investigación en enfermedades raras.
Porque lo que se investiga con dinero público debe ser de todos.
Formación continuada impartida por los servicios públicos de salud con las universidades públicas.
Porque la formación de los profesionales no puede pagarla la industria que les vende.
En el nuevo modelo de financiación autonómica, para cumplir el suelo de gasto por habitante.
Porque Andalucía no puede cumplir el suelo de gasto con la financiación que recibe hoy.
Traspaso y pago de lo que se le debe por prestarla.
Porque Andalucía presta ese servicio sin recibir lo que cuesta.
Fondos estatales para los centros de especialidades.
Porque los centros de especialidades descargan los hospitales y acercan la atención.
Más plazas de formación sanitaria especializada, con atención a la falta de especialistas en el medio rural.
Porque faltan especialistas y la escasez se nota más en los pueblos.
Apoyo a su vuelta a la gestión pública, que corresponde a la Junta.
Porque un servicio que se paga con dinero público debe gestionarse desde lo público.
Hasta alcanzar al final de la legislatura la inversión media por estudiante de la Unión Europea y la OCDE: de 6.687 a 8.246 euros.
Porque la escuela pública andaluza está por debajo de la media europea en inversión por alumno.
Prioridad presupuestaria en la normativa básica, prohibido cerrar líneas públicas mientras haya unidades privadas-concertadas en la misma zona y fin de la cesión de suelo público a centros privados y privados-concertados.
Porque la escuela pública se vacía mientras se abren aulas privadas-concertadas en la misma zona.
Paralizar y revisar los conciertos, retirar de inmediato los de centros que discriminen o segreguen y eliminar progresivamente la privada-concertada, incorporando a la pública a su profesorado y alumnado.
Porque el dinero público debe ir a una red pública que no seleccione a su alumnado.
La religión confesional, fuera del horario lectivo y del currículo.
Porque la escuela pública debe ser de todas las personas, crean lo que crean.
Libros y material gratuitos desde 1.º de Infantil, extraescolares sin coste para el alumnado vulnerable, bono de transporte para Bachillerato, FP y universidad, y comedores de gestión directa, gratuitos para las familias con rentas medias y bajas (Propuesta 106).
Porque la escuela pública no es gratuita si las familias tienen que pagar libros, transporte y comedor.
Ningún cierre sin un estudio que garantice que el alumnado no tendrá que hacer grandes desplazamientos, y transporte escolar reforzado en todo el medio rural.
Porque cerrar una escuela rural es empezar a cerrar el pueblo.
Reparto equilibrado del alumnado vulnerable y con necesidades específicas entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, vigilando la normativa de escolarización y las ratios.
Porque concentrar al alumnado vulnerable en unos pocos centros reproduce la desigualdad.
15 escolares por aula en Infantil y Primaria, 20 en ESO, 25 en Bachillerato y 12 en FP, en el real decreto de requisitos mínimos.
Porque con menos alumnado por aula se enseña mejor y se atiende a quien más lo necesita.
Supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado, sustituciones en 48 horas y un docente más en los centros con más de tres unidades de Infantil, con «pareja educativa».
Porque las bajas sin cubrir las paga el alumnado.
Hasta 18 horas semanales, para dejar tiempo a la coordinación, la tutoría, la formación y la atención a las familias.
Porque enseñar exige preparar, coordinar y atender a las familias, no solo dar clase.
Plan estatal que reduzca la temporalidad y reconozca la experiencia, con estabilizaciones periódicas e igualdad de derechos con el funcionariado.
Porque la temporalidad del profesorado perjudica la continuidad de los proyectos educativos.
Pruebas que evalúen la competencia profesional real, con un test de conocimientos profesionales y la defensa de una situación de aprendizaje en lugar de la memorización; temarios y criterios públicos y comunes en todo el Estado, preparación pública y gratuita y tribunales formados y acreditados; conservar las notas aprobadas y acabar con las macrooposiciones que expulsan a personal interino con años de servicio, con la comunidad educativa y los sindicatos.
Porque memorizar temas no demuestra saber enseñar, y las academias privadas no deberían decidir quién aprueba.
Bolsas ordenadas por proximidad y un modelo comarcal para que ninguna persona interina trabaje a más de una hora de su domicilio si no quiere.
Porque no se puede pedir estabilidad a quien cada año cambia de provincia.
Estabilidad de las plantillas en los centros de especial complejidad.
Porque los centros más difíciles son los que más necesitan equipos que se conozcan.
Igualar al alza los salarios del profesorado entre comunidades autónomas.
Porque el mismo trabajo no puede pagarse distinto según la comunidad.
Un primer curso de prácticas retribuidas en codocencia y con tutoría del equipo docente, menos horas lectivas al final de la vida laboral, mentoría y jubilación anticipada, flexible y progresiva.
Porque nadie aprende a dar clase sin acompañamiento, ni puede hacerlo igual a los 64 años que a los 30.
Más horas de tutoría y un complemento salarial mayor.
Porque la tutoría es clave para el alumnado y hoy apenas tiene tiempo ni reconocimiento.
Como máximo 10 estudiantes con necesidades específicas por maestra de PT y de AL, 250 por orientadora y 4 por PTIS, y orientación presencial y permanente en todos los centros de Infantil y Primaria.
Porque sin personal de apoyo la inclusión se queda en el papel.
Elaborada con la comunidad educativa y las asociaciones: centros ordinarios dotados y los de educación especial como centros de referencia.
Porque el alumnado con discapacidad tiene derecho a estudiar con el resto, con los apoyos que necesite.
Los apoyos de cada estudiante con necesidades específicas, aplicados en un plazo máximo y no cursos enteros después.
Porque un curso sin apoyos es un curso perdido.
En la ratio, y con un plazo máximo para su valoración.
Porque un aula con alumnado con necesidades específicas necesita más atención.
Plan de detección precoz.
Porque el alumnado con altas capacidades también necesita una respuesta adaptada.
Formación del profesorado y espacios adaptados para el alumnado con necesidades específicas.
Porque el profesorado necesita formación y medios para atender a todo el alumnado.
Intérpretes y mediación comunicativa también en las actividades complementarias.
Porque el alumnado sordo tiene derecho a participar en todo lo que hace el centro.
Personal en todos los centros con alumnado extranjero para que quien llega sin español pueda seguir las clases.
Porque nadie puede aprender en una lengua que todavía no entiende.
Una enfermera presencial en cada centro durante toda la jornada.
Porque cada vez más alumnado con enfermedades crónicas necesita atención durante la jornada.
Derivación directa a salud mental, atención psicológica en 15 días y un plan contra la conducta suicida y las autolesiones adolescentes.
Porque el malestar psicológico adolescente ha crecido y hay que atenderlo a tiempo.
Financiación estatal para que cada instituto tenga atención psicológica estable, compartida entre centros de la zona si hace falta.
Porque el instituto es el primer lugar donde se detecta el malestar de un adolescente.
En todos los institutos, coordinados por el departamento de orientación.
Porque a veces el alumnado necesita parar y calmarse antes de seguir.
Plantilla pública en lugar de empresas externas.
Porque el personal de apoyo no puede depender de contratas que cambian cada año.
Trabajo social, educación social y mediación intercultural en la plantilla, con al menos una trabajadora o un trabajador social público en cada centro, empezando por los de zonas desfavorecidas, como figura de referencia para la coordinación de bienestar y protección.
Porque muchos problemas del aula empiezan fuera de ella.
Con recursos y personal, centrado en el alumnado gitano, migrante, con discapacidad, LGTBIQ+, de barrios vulnerables y en los chicos, que en Andalucía dejan la ESO sin título casi el doble que las chicas.
Porque Andalucía tiene una de las tasas de abandono escolar más altas del Estado.
Protocolo obligatorio, responsabilidad del centro que no lo active y protección y apoyo a la víctima.
Porque el acoso destroza vidas y muchos centros siguen sin saber cómo actuar.
Plan estatal de plazas públicas con comunidades y ayuntamientos, sin nuevos conciertos, y una red pública de cuidado infantil nocturno para las familias con turnos.
Porque los primeros años son decisivos y muchas familias no pueden pagar una escuela infantil.
Salarios, ratios y reconocimiento profesional del primer ciclo de Infantil fijados en la normativa básica, con una segunda educadora en cada aula.
Porque cuidar y educar a la primera infancia es un trabajo cualificado mal pagado.
Cocina en el centro y no catering de línea fría, personal público, producto de cercanía y supervisión de nutricionistas; fuera de cafeterías y máquinas las bebidas azucaradas y energéticas, y agua potable gratuita en todos los centros.
Porque la comida que se calienta en bandejas no es la alimentación que merece la infancia.
Para las familias trabajadoras con rentas medias y bajas, y extendido a Secundaria y Bachillerato.
Porque para muchas familias trabajadoras el comedor es la comida principal del día.
De gestión directa y acceso universal, con monitoras a jornada completa y contrato público.
Porque conciliar no puede depender de lo que cada familia pueda pagar.
Por la tarde y los sábados, como espacios culturales y sociales.
Porque los colegios son equipamientos públicos que pueden servir a todo el barrio.
Plan estatal para climatizar los colegios, crear sombra, retirar el amianto y acabar con las aulas prefabricadas, con calendario público.
Porque hay aulas que superan los 30 grados y alumnado que da clase en prefabricadas.
Hasta acabar con las listas de espera, sin nuevas plazas privadas pagadas con dinero público.
Porque miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza en la FP que quieren estudiar.
Renovables, industria verde, cuidados, digitalización, agroindustria y economía azul.
Porque la FP tiene que formar en los empleos que vienen, no solo en los de siempre.
Oferta comarcalizada y parte teórica a distancia.
Porque estudiar FP no puede obligar a irse del pueblo.
Al menos el SMI en proporción a las horas, con alta y cotización desde el primer día, y un fondo público que cubra parte del coste a pymes y economía social; una FP dual que no sea mano de obra gratuita.
Porque trabajar gratis no es formarse.
Para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Porque el alumnado con más dificultades también necesita una salida profesional.
Equiparación salarial y complemento de peligrosidad en especialidades como soldadura.
Porque el profesorado técnico hace el mismo trabajo y cobra menos.
Plan de equipamiento de la FP pública.
Porque no se puede aprender un oficio con máquinas viejas.
Talleres de empleo para jóvenes que dejaron los estudios.
Porque quien dejó los estudios merece una segunda oportunidad.
En todas las etapas, con competencias afectivas y de cuidados y prevención de la violencia sexual y el acoso.
Porque la educación sexual protege frente a la violencia y el acoso.
Comisión estatal de coeducación y perspectiva de género y diversidad en la formación del profesorado.
Porque la igualdad también se aprende en la escuela.
En todos los centros, con acompañamiento al alumnado LGTBI.
Porque nadie debería tener miedo en clase por ser quien es.
Contra la desinformación, para identificar bulos y campañas de odio.
Porque la juventud se informa en las redes y tiene que aprender a distinguir un bulo.
Educación digital y protección frente a los contenidos dañinos.
Porque las redes exponen a menores a contenidos que pueden hacerles daño.
Plataformas públicas, seguras y con software libre, y contenidos educativos libres.
Porque los datos del alumnado no pueden acabar en manos de grandes tecnológicas.
Evaluar los programas tecnológicos, como los de robótica, antes de extenderlos.
Porque llenar las aulas de pantallas no garantiza que se aprenda más.
En el currículo.
Porque la historia no está completa si se deja fuera a la mitad de la población.
Música con especialistas en Infantil y Primaria y Filosofía en la ESO.
Porque la música y la filosofía forman personas, no solo mano de obra.
Reanimación cardiopulmonar, desfibrilador y primeros auxilios en Primaria, ESO y Bachillerato.
Porque saber reanimar a alguien puede salvar una vida.
Para aplicar las nuevas ratios y la estabilización docente en Andalucía, dentro del nuevo modelo de financiación autonómica.
Porque Andalucía no puede pagar sola las mejoras que necesita su escuela con la financiación actual.
Repartido según la necesidad real de plazas y las listas de espera, no solo por población.
Porque las listas de espera de 0–3 y de FP son mayores en Andalucía.
Financiación estatal para climatizar, retirar el amianto y acabar con las aulas prefabricadas en los centros andaluces.
Porque el calor y el amianto en las aulas son un riesgo para la salud del alumnado.
Becas estatales de movilidad e idiomas que compensen el mayor gasto del estudiantado andaluz desplazado.
Porque estudiar lejos de casa no puede depender del dinero de la familia.
Matrícula gratuita de forma progresiva, empezando por el grado; mientras tanto, tasas congeladas y pruebas de acceso gratuitas.
Porque estudiar en la universidad no puede depender de lo que gane la familia.
2 % del PIB para las universidades públicas y 3 % para I+D+i, con al menos un 90 % ejecutado, un plan estatal de infraestructuras universitarias, más plazas públicas y residencias públicas para estudiantes a precio asequible.
Porque sin financiación suficiente la universidad pública pierde frente a la privada.
Sustituir la actual prueba de acceso por un modelo que valore el recorrido personal y formativo del alumnado en su conjunto.
Porque una sola prueba de unos días no refleja todo lo que vale un estudiante.
Pruebas de idiomas gratuitas para obtener el grado y cursos impartidos por la propia universidad.
Porque acreditar un idioma no debería costar cientos de euros en academias privadas.
Que el alumnado con necesidades educativas mantenga sus apoyos materiales y personales en la universidad, con becas específicas.
Porque los apoyos al alumnado no pueden desaparecer al terminar el instituto.
Ninguna universidad privada nueva y fin de la externalización de servicios universitarios.
Porque las universidades privadas venden títulos y restan recursos a la pública.
Acabar con el falso profesorado asociado y dignificar los salarios.
Porque una parte de las clases las da profesorado asociado con sueldos de miseria.
Que las becas y la carrera investigadora no dependan casi solo de la nota media, una franja de beca parcial para quien supera por poco el umbral de renta y desgravación del alquiler para estudiantes desplazados sin beca.
Porque quedarse sin beca por unas décimas de nota o unos euros de renta es injusto.
Estatuto del personal investigador con derechos mínimos, financiación basal de los grupos y convocatorias con calendario fijo; contratos predoctorales y posdoctorales dignos, fin de las becas sin derechos y una vía estable de estabilización.
Porque la ciencia no se puede hacer encadenando contratos precarios.
Programa de retorno del talento científico emigrado, con plazas estables y no solo contratos temporales.
Porque miles de investigadoras andaluzas se han tenido que ir para poder trabajar.
Planes contra el techo de cristal en la universidad y los centros de investigación, con paridad en tribunales y direcciones.
Porque las mujeres siguen sin llegar a los puestos de dirección en la ciencia.
Justificación de proyectos simplificada y personal técnico estable de apoyo a la investigación.
Porque el personal investigador pasa demasiado tiempo justificando gastos en lugar de investigando.
Reparto territorial de los fondos de la Agencia Estatal de Investigación y del CSIC según la población, nuevos centros del CSIC en Andalucía y líneas prioritarias en integración de renovables, historia del pueblo andaluz y efectos de la actividad industrial sobre la salud y el medio ambiente.
Porque Andalucía recibe menos inversión estatal en investigación de la que le corresponde.
Un centro estatal de investigación farmacéutica en Andalucía, en red con la farmacéutica pública.
Porque la investigación en medicamentos no puede depender solo de la industria privada.
Transferencia de la investigación pública a pymes y cooperativas andaluzas, con apuesta por la biotecnología, las ciencias de la salud y el sector aeroespacial.
Porque lo que se investiga en Andalucía debe generar empleo en Andalucía.
Ciencia abierta, con acceso libre a lo investigado con dinero público y patentes públicas con retorno de beneficios; divulgación, ciencia ciudadana y datos públicos abiertos y actualizados, también sobre el uso del transporte y los servicios.
Porque la ciencia pagada con dinero público debe estar al alcance de todo el mundo.
Ninguna pseudoterapia sin evidencia en el sistema público y control de su publicidad sanitaria.
Porque las pseudoterapias pueden hacer daño y retrasar tratamientos eficaces.
Factores de corrección en la evaluación de las convocatorias de I+D+i por maternidad, paternidad, lactancia, cuidados o violencia machista.
Porque tener hijas o hijos o cuidar no puede frenar una carrera científica.
Reconocer a efectos de jubilación los años de becas predoctorales y posdoctorales anteriores a 2011 que no cotizaron.
Porque esos años de trabajo investigador cuentan para la jubilación como cualquier otro.
Participación andaluza en la gestión de los centros del CSIC y del Instituto Español de Oceanografía en Andalucía.
Porque los centros estatales en Andalucía deben contar con Andalucía.
Sanciones al fraude científico, al acoso sexual y a las irregularidades en los concursos, con un órgano independiente que lo vigile.
Porque el fraude y el acoso también existen en la ciencia y deben castigarse.
Líneas prioritarias de investigación en salud de las mujeres e indicadores de género en los ensayos clínicos.
Porque la medicina se ha estudiado durante décadas pensando en el cuerpo de los hombres.
Reforzar el nodo andaluz de la Red Española de Supercomputación y crear infraestructura pública de inteligencia artificial al servicio de la investigación.
Porque sin infraestructura pública dependeremos de las grandes tecnológicas para investigar.
Que la Administración use sus compras para impulsar la tecnología desarrollada por la investigación pública y las empresas andaluzas.
Porque las compras públicas pueden impulsar la tecnología que se hace aquí.
Ampliar las excepciones de la propiedad intelectual para usos docentes, científicos y culturales sin ánimo de lucro.
Porque compartir conocimiento para enseñar e investigar no puede ser un delito.
Reforma constitucional para llevar el artículo 47 al capítulo de derechos fundamentales, con recurso de amparo.
Porque si la vivienda fuera un derecho fundamental se podría exigir ante los tribunales.
Declaración de emergencia de vivienda y pobreza energética con definición legal de la especulación y de la función social de la propiedad.
Porque la situación de la vivienda es ya una emergencia para miles de familias.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para paralizar los lanzamientos de hogares vulnerables mientras no haya alternativa, y ninguno de personas en situación de dependencia; ilegalización de las empresas de desokupación.
Porque ninguna familia debería acabar en la calle sin una alternativa.
Bancos, fondos y grandes tenedores deberán ofrecerlo antes de cualquier demanda que pueda acabar en desahucio.
Porque los bancos y fondos tienen viviendas de sobra para ofrecer un alquiler social.
Índice estatal de referencia por barrio o municipio para que ningún alquiler supere el 20 % de la renta media de la zona.
Porque muchas familias dedican al alquiler casi la mitad de lo que ganan.
Alquileres de duración indefinida y prórroga sin subida, para acabar con los desahucios silenciosos, y registro obligatorio de los contratos conectado con Hacienda contra el alquiler en negro.
Porque no renovar un contrato se ha convertido en una forma de echar a la gente.
Los mismos límites y garantías que el alquiler de vivienda habitual.
Porque los alquileres de temporada y por habitaciones se usan para saltarse la ley.
Declaración automática por indicadores objetivos, sin depender de cada comunidad.
Porque la Junta no ha querido declarar zonas tensionadas para no limitar los precios.
En todo el Estado, con límites a sus nuevas compras en zonas tensionadas.
Porque con el límite actual muchos grandes tenedores quedan fuera de las obligaciones.
Sin exenciones a SOCIMI y fondos, y fiscalidad del alquiler según su precio: exento el asequible y gravado el caro.
Porque los fondos pagan menos impuestos que una familia que alquila su único piso.
Llevar el parque público en alquiler a la media europea, hasta el 20 % en las zonas de más demanda, con un gasto del 1,5 % del PIB.
Porque en España apenas hay vivienda pública en alquiler comparado con Europa.
El 100 % de sus viviendas y suelos al alquiler asequible, con gestión pública.
Porque las viviendas de la Sareb se rescataron con dinero público y deben volver a lo público.
Cuarteles y suelos de Defensa, Adif y Puertos del Estado sin uso, cedidos a la Junta y a los ayuntamientos para vivienda pública en alquiler.
Porque el Estado tiene edificios y suelos vacíos donde podría haber viviendas.
Prohibida por ley la venta de vivienda pública, siguiendo el modelo de Viena.
Porque vender la vivienda pública es perderla para siempre.
Al menos la mitad de cada nueva promoción, y de ella un 60 % en alquiler social.
Porque sin vivienda protegida en cada promoción solo se construye para quien puede pagar.
Las de grandes tenedores vacías más de un año, alquiladas a precio limitado o al parque público.
Porque hay miles de viviendas vacías mientras miles de familias no encuentran dónde vivir.
Ninguna licencia nueva en zonas tensionadas, retirada progresiva y cierre de los que funcionan sin licencia.
Porque los pisos turísticos están expulsando al vecindario de los barrios.
Obligatorio en edificios de más de dos plantas, con financiación para las comunidades con menos recursos.
Porque muchas personas mayores no pueden salir de casa por no tener ascensor.
Más inversión en rehabilitación energética y regeneración de barrios, con prioridad para hogares en pobreza energética.
Porque rehabilitar baja las facturas y mejora la vida sin gastar más suelo.
Plan estatal de realojo en dos años en los asentamientos de temporeras y temporeros de Almería y Huelva.
Porque en pleno siglo XXI hay miles de personas viviendo en chabolas en Huelva y Almería.
Vivienda primero para las personas sin hogar, con pisos y pequeñas residencias en lugar de macroalbergues, una red pública de inclusión que coordine atención social, sanitaria y laboral, recursos especializados repartidos por igual en todo el territorio y albergues públicos dignos en todas las capitales de provincia.
Porque las personas sin hogar necesitan una casa, no un albergue masificado.
Prohibición de nuevas hipotecas a tipo variable para vivienda habitual.
Porque las hipotecas variables arruinaron a muchas familias cuando subieron los tipos.
Nulas las cláusulas que prohíben convivir con animales de compañía.
Porque nadie debería tener que elegir entre su casa y su animal.
Títulos de deuda que cualquier persona pueda comprar, dedicados solo a construir o adquirir vivienda pública en alquiler.
Porque así se puede financiar vivienda pública con el ahorro de la ciudadanía.
Recuperar para el parque público las viviendas protegidas vendidas a fondos y grandes tenedores, con alquiler social.
Porque vender vivienda protegida a fondos fue un regalo con dinero público.
Límite por zona según la población, como en farmacias y estancos.
Porque sin límites, los pisos turísticos acaban ocupando barrios enteros.
Que los ayuntamientos puedan aplicar recargos a las viviendas turísticas y de inversión.
Porque quien especula con la vivienda debe pagar más que quien vive en ella.
Gestión urbanística pública en primer lugar, protección del suelo residencial de la población empadronada y valoración del suelo a favor del interés general.
Porque el urbanismo debe servir a quien vive en un lugar, no a quien especula con él.
Prohibición de la compra de vivienda residencial por fondos de inversión y sociedades mercantiles, salvo cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, y de toda compra especulativa.
Porque los fondos y las sociedades compran vivienda para invertir, no para vivir.
Prohibir la venta del patrimonio público de suelo y edificios y promover la cesión temporal de los que están en desuso para uso social.
Porque el suelo público vendido ya no vuelve.
Préstamo sin intereses para la fianza y aval público gratuito ante la propiedad, como el sistema francés, con seguro público de impago para quien alquile a precio de referencia.
Porque reunir varios meses de fianza es imposible para muchas familias.
Oferta de alquiler sin comisiones, con cédula de vivienda digna e inspección previa de la habitabilidad.
Porque las comisiones de las agencias encarecen el acceso al alquiler.
El Estado alquila a quien tiene una pequeña propiedad con garantía de cobro y subarrienda a precio social.
Porque mucha gente con una pequeña propiedad no alquila por miedo a no cobrar.
Preaviso de un mes y sin penalización en caso de despido, traslado laboral o enfermedad, y persecución de los falsos contratos de temporada.
Porque quien pierde el empleo o enferma no debería ser castigado por dejar su casa.
Que el Bono Alquiler Joven cubra la habitación y el piso compartido, que es como vive la mayoría de la juventud.
Porque la mayoría de la juventud no puede pagar un piso entero.
Derecho universal a cuidar y ser cuidado, con una red pública de gestión directa.
Porque los cuidados los siguen haciendo, gratis, sobre todo las mujeres.
El Estado financia el 50 % del sistema hasta llegar al 1,7 % del PIB y compensa a las comunidades por lo que no ha aportado.
Porque el Estado no paga la parte que le toca y la dependencia se queda corta.
Plazo máximo común, atención por orden de solicitud, valoraciones colegiadas con el diagnóstico social a cargo de profesionales del Trabajo Social, silencio positivo cuando se supere y un observatorio público que publique tiempos de resolución y listas de espera.
Porque hay personas que mueren esperando a que les reconozcan la dependencia.
Gestión directa, horas según la necesidad real y fin del minutaje, con empresas públicas autonómicas de ayuda a domicilio y dependencia, empezando por una andaluza 100 % pública.
Porque cuidar a una persona no se puede hacer con el cronómetro en la mano.
Cotización, desempleo, jubilación y una prestación ligada al salario mínimo según el grado de dependencia.
Porque quien cuida a un familiar a tiempo completo se queda sin derechos.
Desplazamientos pagados, enfermedades profesionales reconocidas y ningún concierto con empresas que incumplan el convenio.
Porque cuidar es un trabajo duro y mal pagado.
Ratios mínimas de personal, más inspección, más plazas públicas, sobre todo para personas con discapacidad, y residencias pequeñas de modelo hogar, cerca de cada pueblo.
Porque la pandemia demostró lo que ocurre en las residencias sin personal suficiente.
Redes comunitarias, teleasistencia gratuita y viviendas compartidas tuteladas.
Porque la soledad no deseada afecta cada vez a más personas mayores.
Asistencia personal financiada para quien la necesite.
Porque las personas con discapacidad tienen derecho a decidir cómo vivir.
De 0 a 6 años y con continuidad después, con condiciones dignas para sus profesionales.
Porque cuanto antes se interviene, mejor se desarrolla un niño o una niña.
Ajustes de puesto obligatorios, empleo con apoyo y cuota de reserva del 10 % en el empleo público.
Porque las personas con discapacidad siguen teniendo muchas más dificultades para trabajar.
Pago directo de prótesis, órtesis y sillas, catálogo actualizado y banco público de préstamo.
Porque muchas familias no pueden adelantar el dinero de una silla de ruedas.
Reconocer y regular la profesión e incorporarla a educación, sanidad, justicia y servicios sociales.
Porque las personas sordas y sordociegas necesitan apoyos para comunicarse.
Transporte, edificios y comunicación accesibles, con lectura fácil, pictogramas y lengua de signos.
Porque una ciudad accesible es mejor para todo el mundo.
Derogar los recortes del Real Decreto-ley 20/2012: si no hay resolución en el plazo máximo (Propuesta 194), la prestación se cobra con efectos desde entonces, de oficio y con intereses.
Porque los recortes de 2012 alargaron las esperas y redujeron las ayudas.
Reducción de jornada sin pérdida salarial, con la cotización a cargo del Estado, para quienes cuidan a un hijo o hija con una enfermedad poco frecuente y gran discapacidad.
Porque estas familias no pueden elegir entre cuidar y trabajar.
Sin penalización para las madres y padres que han cuidado durante años a un hijo o hija con gran discapacidad.
Porque quien ha dedicado su vida a cuidar no debería ser castigado en su jubilación.
Mínimos comunes en todo el Estado e historia social única para no repetir trámites al mudarse. Una trabajadora o un trabajador social por cada 1.700 habitantes, ajustado a la dispersión y la complejidad social; financiación estatal estable y finalista, separada para prestaciones y para personal y equipamientos; plantillas estables, menos burocracia y más intervención; Trabajo Social en el subgrupo A1, y equipos públicos de emergencias sociales integrados en el 112 y en los planes de protección civil.
Porque los derechos sociales no pueden depender de la comunidad en la que se viva.
Sustituirlo por un indicador actualizado para conceder ayudas y bonificaciones.
Porque el IPREM lleva años congelado y deja fuera de las ayudas a mucha gente.
Objetivo de reducirla un 40 %, con protección especial a la infancia migrante, gitana o con discapacidad.
Porque Andalucía tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa.
Entre 100 y 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 18 años, para todas las familias.
Porque criar cuesta, y casi todos los países europeos ya ayudan a todas las familias.
Ley estatal que las equipare en ayudas, becas, permisos y fiscalidad: en Andalucía son, sobre todo, madres solas.
Porque una familia con una sola persona adulta tiene más gastos y menos ingresos.
Centros de protección pequeños y públicos cuando no haya familia de acogida, y equipos de protección y tratamiento familiar con ratios suficientes para detectar a tiempo el maltrato infantil en la escuela, la sanidad y los servicios sociales.
Porque la infancia crece mejor en una familia que en un centro.
Reconocimiento de todos los modelos de familia y título de familia numerosa desde dos hijas o hijos.
Porque todas las familias merecen la misma protección.
Garantizada por ley, con el sistema público de pensiones blindado en la Constitución y prohibición de privatizarlo.
Porque las pensiones no pueden perder poder de compra cada año.
Complemento estatal para jubilación, incapacidad, viudedad y no contributivas, tomando como referencia el neto del salario mínimo de 2026 (1.221 euros brutos en 14 pagas).
Porque nadie debería vivir con una pensión por debajo de lo necesario para vivir.
Sin coeficientes reductores para quien acredite 40 años cotizados.
Porque quien ha cotizado 40 años ya ha aportado de sobra.
Adelanto de la edad de jubilación para la pesca, el marisqueo, la industria naval y el trabajo en el campo, como ya tienen otros oficios penosos.
Porque son trabajos que desgastan el cuerpo mucho antes de la edad de jubilación.
Edad ordinaria de jubilación a los 64 años y jubilación anticipada desde los 55 con contrato de relevo.
Porque jubilarse antes permite que entren jóvenes a trabajar.
Personal sanitario desde los 60, conducción profesional y las que se reconozcan.
Porque hay profesiones que no se pueden aguantar hasta los 67 años.
Financiar el sistema con cotización proporcional a los ingresos reales y aportaciones de los impuestos.
Porque quien más gana debe cotizar por todo lo que gana.
Mejorar la pensión de viudedad de quien no tiene pensión propia.
Porque muchas personas viudas, sobre todo mujeres, viven solo con esa pensión.
Los periodos de cuidado cuentan para la pensión, para cerrar la brecha de género.
Porque cuidar a hijas, hijos o personas mayores no puede penalizar la pensión de las mujeres.
Reglamento urgente de la pasarela al RETA de la Ley 2/2026, para que lo ahorrado en las mutualidades alternativas se convierta en una pensión pública digna y no en un trámite sin efecto.
Porque miles de profesionales de la abogacía y la procura cotizaron toda su vida a mutualidades con pensiones de miseria.
Plan estatal de estabilización conforme a la justicia europea, con fijeza para quien sufre abuso, fin de los ceses en verano y reforma del Estatuto Básico.
Porque la Administración ha abusado de la temporalidad durante años, y así lo ha dicho la justicia europea.
Supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado en los servicios esenciales, y fin de las subcontratas en todas las administraciones.
Porque sin reponer a quien se jubila los servicios públicos se van vaciando.
Preparación pública y gratuita, temarios oficiales y becas para opositar.
Porque opositar no puede depender de poder pagar una academia.
Las oposiciones estatales, con sede de examen en cada comunidad autónoma.
Porque viajar a Madrid para examinarse cuesta un dinero que no todo el mundo tiene.
Oferta de la Administración General del Estado en Andalucía en proporción a su población.
Porque Andalucía tiene menos empleo estatal del que le corresponde por población.
Devolver al personal público los derechos retributivos perdidos desde los recortes.
Porque los recortes al personal público se hicieron para una crisis que ya pasó.
Rebaja para las rentas más bajas y tipos mucho más altos a partir de 100.000 euros al año, menos deducciones para las rentas altas y rentas del capital que tributen al menos como las del trabajo.
Porque quien más gana debe aportar más, y el trabajo no puede pagar más que el capital.
Sustituye a Patrimonio y grava las grandes fortunas, la gran propiedad inmobiliaria y los latifundios.
Porque la riqueza está cada vez más concentrada y apenas tributa.
Tributación mínima en todo el Estado para acabar con el dumping fiscal entre comunidades.
Porque algunas comunidades bajan este impuesto para atraer grandes fortunas.
Tipo reducido para las pymes pequeñas, tipos crecientes para las grandes empresas y fin de las deducciones salvo la reinversión ecosocial.
Porque las grandes empresas pagan proporcionalmente menos que las pequeñas.
Gravamen estable sobre los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas.
Porque la banca y las eléctricas ganan fortunas cuando las familias lo pasan peor.
Gravamen sobre las grandes cadenas de alimentación mientras la cesta básica siga disparada.
Porque las grandes cadenas han ganado mucho con la subida de los precios de la comida.
Las grandes empresas tributarán en proporción a la actividad y el empleo que generan en cada territorio, no según su sede social, para acabar con el efecto capitalidad que se lleva a Madrid lo que se produce en Andalucía, y sin subvenciones a quien no lo haga. También las grandes cadenas hoteleras, que tributarán en Andalucía por lo que ganan en Andalucía.
Porque los beneficios que se generan en Andalucía tributan hoy donde está la sede, casi siempre en Madrid.
Electricidad, agua, alimentos básicos, productos menstruales y cultura.
Porque la luz, el agua y la comida básica no son un lujo.
Pañales, toallitas, biberones, leche de fórmula y productos de limpieza básicos.
Porque criar a un bebé no debería pagar el IVA de un lujo.
Que tribute como la actividad empresarial que es.
Porque el alquiler turístico es un negocio y debe tributar como tal.
Gravamen a los beneficios de la sanidad privada obtenidos con conciertos, destinado a la investigación pública contra el cáncer.
Porque quien hace negocio con la sanidad pública debe devolver parte del beneficio.
Tributación de las grandes fortunas que trasladen su residencia fiscal fuera de España.
Porque no se puede ganar dinero aquí y huir a otro país para no pagar impuestos.
Impuestos sobre las emisiones, los residuos peligrosos y el consumo de recursos comunes.
Porque quien contamina debe pagar el daño que causa.
Quien gane menos de 22.000 euros con dos empleos no tendrá que declarar ni sufrirá regularizaciones sorpresa.
Porque no es justo castigar a quien junta dos trabajos para llegar a fin de mes.
Exentas con efectos desde 2023, como ya lo están las indemnizaciones a otras víctimas reconocidas por el Estado.
Porque son víctimas reconocidas por el Estado y no pueden tributar por su indemnización.
Recuperar en el IRPF la deducción por la compra de la primera vivienda habitual y por el alquiler de jóvenes que se emancipan.
Porque emanciparse y acceder a la primera vivienda es hoy casi imposible para la juventud.
Más inspección centrada en la evasión, los grandes grupos y la ingeniería fiscal, y no en los pequeños autónomos y autónomas.
Porque el gran fraude está en los grandes grupos, no en los pequeños autónomos y autónomas.
Excluir de la contratación pública a las empresas con filiales o cuentas en paraísos fiscales.
Porque las empresas que esconden su dinero no pueden vivir del dinero público.
Embargo de bienes a los defraudadores y devolución íntegra con intereses en los casos de corrupción.
Porque lo que se roba a lo público debe volver a lo público.
Plan para recuperar el dinero público del rescate de 2008.
Porque el rescate bancario se pagó con dinero de todos y no se ha devuelto.
Identificar la deuda ilegítima generada por corrupción o rescates privados.
Porque la ciudadanía no tiene por qué pagar la deuda de la corrupción.
Reformar la senda de estabilidad para que no obligue a recortar servicios públicos.
Porque las reglas de gasto no pueden obligar a recortar la sanidad o la educación.
La oferta económica será vinculante durante toda la obra y los modificados quedarán limitados; proyectos y dirección de obra a cargo del personal técnico del Estado y no de consultoras, con informe técnico público, y planificación plurianual de infraestructuras aprobada en las Cortes.
Porque las obras públicas acaban costando mucho más de lo presupuestado.
Entidad pública con control democrático que dé crédito a pymes, personas autónomas, cooperativas y vivienda pública, con cuentas básicas gratuitas.
Porque los bancos dejaron de prestar a quien más lo necesitaba.
Ley del sistema financiero que la garantice; la entidad que la incumpla traspasará recursos a la banca pública.
Porque los bancos se rescataron con dinero público y deben servir al interés general.
Seguros obligatorios de vehículos, locales y responsabilidad civil a precio justo.
Porque los seguros obligatorios son caros y no hay alternativa pública.
Presencia pública en energía, farmacia, alimentación y telecomunicaciones, y un servicio público funerario a precio justo para que ninguna familia se endeude por despedir a los suyos.
Porque hay sectores demasiado importantes para dejarlos solo en manos privadas.
Sanciones duras a la banca que obliga a contratar seguros y otros productos para conceder un préstamo.
Porque obligar a contratar seguros para dar un préstamo es un abuso.
Plan estatal con inversión pública en las comarcas con más paro y en los desiertos industriales del interior.
Porque Andalucía no puede vivir solo del turismo y de la temporada.
Industria agroalimentaria y cooperativa que elabore en Andalucía su producción agrícola, pesquera y salinera.
Porque Andalucía exporta materias primas y otros se quedan con el valor añadido.
Reconversión de la industria naval, aeronáutica, militar y del automóvil hacia las renovables y la movilidad sostenible, sin perder empleo.
Porque la industria del futuro tiene que crear empleo aquí, no destruirlo.
Las empresas con beneficios o ayudas que cierren o despidan perderán el acceso a ayudas y contratos públicos.
Porque recibir ayudas públicas y luego cerrar o despedir es inaceptable.
Ciberseguridad y desarrollo tecnológico con centros públicos y empleo cualificado en Andalucía.
Porque Andalucía tiene talento y debe tener también empresas tecnológicas.
Ayudas que crecen cuanto menor es la empresa.
Porque las ayudas a la innovación se las llevan casi siempre las grandes empresas.
Un turismo que deje la riqueza en el territorio y al que pueda acceder la clase trabajadora: recuperación de las Residencias de Tiempo Libre y una red pública de hoteles, campings y apartahoteles a precios asequibles, cofinanciada por el Estado y las comunidades; un programa como el del Imserso para personas de todas las edades que no pueden irse de vacaciones; obligación de las cadenas hoteleras de repartir beneficios con sus plantillas; cooperativas turísticas para que el beneficio se quede entre quienes lo generan; una red de piscinas públicas de ocio en todos los municipios, con financiación estatal; una tasa turística finalista, dedicada a reparar el impacto ambiental del turismo y a políticas de vivienda; un portal público de turismo donde guías, empresas de actividades y personas autónomas puedan anunciarse sin depender de los grandes intermediarios, y freno a la turistificación.
Porque el turismo genera mucha riqueza, poco empleo digno y cada vez menos personas trabajadoras pueden permitirse unas vacaciones.
Inversión productiva y teletrabajo para llevar empleo a los pueblos y frenar la concentración en las capitales.
Porque la gente no debería tener que irse de su pueblo para trabajar.
Sin rebaja de sueldo, en dos años en las grandes empresas y en cuatro en las pymes, con apoyo público para reorganizarse, y prohibición del turno partido sin rebaja de salario.
Porque la productividad ha crecido y la jornada lleva décadas sin bajar.
Recuperar el poder adquisitivo perdido e indexar los salarios a la inflación, también el salario mínimo.
Porque los precios han subido mucho más que los salarios.
Reforma del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores: tras un año de convenio denunciado sin acuerdo, las tablas salariales subirán cada año, como mínimo, lo que sea mayor entre el IPC, la subida del salario mínimo o lo fijado en un acuerdo interprofesional, como condición mínima compensable y absorbible y salvo pacto en contrario.
Porque bloquear un convenio no puede ser una forma de congelar sueldos.
Las subidas pactadas en convenio no podrán compensarse con complementos ni trienios, y la nómina detallará lo absorbido.
Porque las subidas pactadas no pueden desaparecer absorbidas en la nómina.
50 días por año en el indefinido y 60 en el temporal, con autorización de la Inspección y límites a los despidos colectivos en empresas con beneficios.
Porque despedir sigue siendo demasiado barato y fácil.
El de empresa solo podrá mejorarlo.
Porque los convenios de empresa se usan para rebajar las condiciones del sector.
Prohibidas salvo emergencia o fuerza mayor, con registro horario real.
Porque cada hora extra que se hace habitual es un empleo que no se crea, y muchas ni se pagan.
Nadie cobrará en una empresa más de cinco veces el salario más bajo.
Porque las diferencias salariales dentro de una misma empresa son cada vez mayores.
Contratos temporales con más cotización e indemnización que los indefinidos.
Porque si la temporalidad sale barata, se abusa de ella.
Paso a indefinido ordinario tras un año, salvo causa justificada.
Porque muchos fijos discontinuos son en realidad empleos precarios con otro nombre.
En toda la cadena de subcontratación, y paso a la plantilla principal tras un año en el mismo centro.
Porque subcontratar se usa para pagar menos por el mismo trabajo.
Presunción de relación laboral cuando el 70 % de la facturación venga de un solo cliente e inspecciones masivas.
Porque el falso trabajo autónomo esconde a personas trabajadoras sin derechos.
La productividad de la inteligencia artificial y los robots se reparte con menos jornada y cotiza a la Seguridad Social.
Porque si las máquinas sustituyen empleo, deben contribuir a las pensiones.
Más personal de inspección, sanciones más duras y delegados sindicales en el control; un plan extraordinario de inspección y sanción en el turismo y la hostelería, y ningún contrato con la Administración para empresas condenadas por abusos laborales.
Porque sin inspección las leyes laborales no se cumplen.
Control de convenios, fin del fraude en la cotización y alojamientos dignos para temporeras y temporeros.
Porque en el campo andaluz el fraude laboral y la explotación siguen siendo habituales.
Cargas de trabajo, enfermedades profesionales, prohibición de la subcontratación en los hoteles, empezando por las camareras de piso, fin del fijo discontinuo con inactividades rotativas en puestos que hacen falta todo el año y fin del turno partido; un registro público de hostelería justa con los establecimientos que cumplen con sus plantillas, y apoyo público a los sindicatos, asambleas y colectivos del sector en sus reivindicaciones.
Porque la hostelería es el sector con más abusos y el que más empleo da en Andalucía.
Integración plena en el Régimen General.
Porque las empleadas de hogar siguen teniendo menos derechos que el resto.
Prohibido trabajar por debajo de costes, jubilación anticipada y enfermedades profesionales reconocidas.
Porque el transporte por carretera tiene jornadas y riesgos que hay que reconocer.
Detección desde la sanidad pública para que no se oculten como enfermedad común.
Porque muchas enfermedades causadas por el trabajo se registran como comunes.
Acuerdo con Gibraltar que garantice la pensión de las personas que trabajan al otro lado de la Verja, su sanidad sin trabas por el formulario S1 y que no paguen dos veces.
Porque miles de personas que cruzan la Verja cada día a trabajar no tienen garantizados sus derechos.
Por cuidado de menores, sin perder salario ni categoría, y reducción de jornada hasta los 14 años del menor.
Porque conciliar no puede costar el sueldo ni el puesto.
Permiso retribuido para la madre y su pareja tras una pérdida gestacional.
Porque perder un embarazo es un duelo que necesita tiempo.
Compensación pública de parte del salario perdido en las reducciones de jornada y excedencias por cuidados, con la cotización mantenida al 100 % para que no merme la pensión.
Porque reducir la jornada para cuidar no puede empobrecer ni dejar una pensión más baja.
En los puestos que lo permitan, con la carga de justificar la presencialidad para la empresa.
Porque el teletrabajo ahorra desplazamientos y facilita la vida cuando es posible.
Puesto garantizado al volver de una excedencia voluntaria, o indemnización.
Porque volver de una excedencia no debería significar perder el empleo.
Compensación económica para quien trabaja a tiempo parcial sin haberlo elegido.
Porque muchas personas, sobre todo mujeres, trabajan a media jornada sin haberlo elegido.
Revisar el programa para que termine en empleo estable y no en prácticas y cursos encadenados.
Porque la Garantía Juvenil ha servido más para encadenar cursos que para encontrar empleo.
Sanciones progresivas por reincidencia, responsabilidad personal de quienes administran la empresa con su patrimonio, registro de empresas reincidentes y su exclusión de contratos y ayudas públicas.
Porque si incumplir sale más barato que cumplir, las empresas seguirán incumpliendo.
Quien sustituya tareas por IA tendrá que formar y recolocar a su plantilla antes de despedir; el despido que se salte ese camino será nulo y ningún algoritmo decidirá un despido sin revisión humana.
Porque la inteligencia artificial no puede ser una excusa para despedir sin más.
Representación de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las empresas de más de 250 personas, como prevé el artículo 129.2 de la Constitución.
Porque quien trabaja en una empresa debe tener voz en sus decisiones.
Igual al umbral de la pobreza, compatible con otros ingresos y financiada con la reforma fiscal.
Porque nadie debería vivir por debajo del umbral de la pobreza.
Atención con personal propio de la Seguridad Social y resolución en el plazo legal.
Porque el Ingreso Mínimo Vital no llega a buena parte de quienes tienen derecho.
Prestación puente mientras se resuelve una incapacidad permanente o un juicio por despido.
Porque esperar meses sin ingresos a que te reconozcan una incapacidad es inhumano.
Sin el requisito de 180 días cotizados en cinco años cuando haya una larga carrera de cotización.
Porque quien ha cotizado toda la vida no puede quedarse sin baja por un requisito.
Incapacidad temporal pagada al 100 % desde el primer día, sin depender del convenio.
Porque enfermar no puede costar dinero.
Coordinación entre sanidad pública e INSS y fin de las sesiones conjuntas con las mutuas; valoraciones de incapacidad y discapacidad basadas en los informes médicos y sin cupos, el grado de discapacidad resuelto en seis meses y ayuda para la defensa jurídica y los peritajes a quien cobra menos del salario mínimo.
Porque las mutuas tienen interés en dar altas y las valoraciones se eternizan.
Subsidio por desempleo de más cuantía (hoy entre 480 y 570 euros al mes, del 80 al 95 % del IPREM) y compatible con un empleo.
Porque con el subsidio actual no se puede vivir.
Cuota según ingresos reales, hiperreducida para quien factura poco y cero cuando no hay rendimientos netos, con controles contra el fraude y regularización automática.
Porque quien trabaja como autónomo y gana poco no puede pagar la misma cuota que quien gana mucho.
Cuota bonificada durante el descanso y al 100 % durante el permiso por nacimiento.
Porque las personas autónomas también tienen derecho a descansar y a cuidar.
Un organismo público que haga gratis la gestión fiscal y de Seguridad Social de las personas autónomas con menos ingresos, con derecho al error sin sanción.
Porque la burocracia ahoga a quien no puede pagar una gestoría.
Protección por cese en condiciones equivalentes a las de las personas asalariadas.
Porque cerrar un negocio no puede dejar a nadie sin ingresos.
Prestación que cubra la renta y los gastos fijos del negocio durante la convalecencia.
Porque si una persona autónoma enferma, los gastos del negocio siguen corriendo.
Las plataformas digitales tributan donde operan y sus comisiones a los pequeños negocios quedan limitadas.
Porque las grandes plataformas apenas pagan impuestos y cobran comisiones abusivas.
Acceso facilitado a personas autónomas, pymes locales y economía social, con una reserva mínima obligatoria para cooperativas y un sello estatal de comercio de proximidad y kilómetro cero con ventajas fiscales.
Porque la contratación pública suele favorecer a las grandes empresas.
Recompra de empresas por su plantilla, fondo de impacto social y fiscalidad propia para cooperativas.
Porque las cooperativas crean empleo estable y arraigado en el territorio.
Productos de cercanía sin intermediarios para abaratar la compra y pagar mejor a quien produce.
Porque los intermediarios encarecen la comida y pagan poco a quien produce.
Prohibición efectiva de la venta a pérdidas y precios justos en origen.
Porque a quien cultiva se le paga muchas veces por debajo de lo que le cuesta producir.
Límites temporales a alimentos y suministros básicos ante subidas abusivas, con vigilancia de los márgenes.
Porque en una crisis nadie debería hacer negocio con lo básico.
Ayudas ligadas al empleo y a vivir en el territorio, no a las hectáreas, y Andalucía dividida en varias regiones productivas.
Porque la PAC sigue beneficiando sobre todo a la gran propiedad.
Uso cooperativo de las tierras infrautilizadas de grandes propietarios y fondos.
Porque hay tierras sin cultivar mientras falta empleo en el campo.
Ayudas por producción, empleo e innovación y asesoramiento público en agricultura ecológica.
Porque la pequeña agricultura mantiene vivos los pueblos.
Respuesta rápida ante especies invasoras y apoyo al sector.
Porque sin abejas no hay polinización ni cosechas.
Ley de pesca sostenible y áreas marinas gestionadas con el sector.
Porque la pesca artesanal es sostenible y da vida a los pueblos de la costa.
Paralizar su expansión hasta evaluar su consumo de agua e insumos, limitarlo a las zonas de menor valor ecológico y ninguna ayuda pública a las plantaciones de fondos de inversión.
Porque el olivar superintensivo consume mucha agua y hunde los precios del olivar tradicional.
Etiquetado obligatorio del origen y del modelo de cultivo: tradicional, ecológico o superintensivo.
Porque quien compra aceite tiene derecho a saber cómo se ha producido.
Asesoramiento técnico, formación e investigación para gestionar plagas sin los fitosanitarios retirados, en red con las universidades andaluzas.
Porque se retiran productos fitosanitarios sin ofrecer alternativas a quien cultiva.
Norma básica que simplifique la venta directa y la transformación de las pequeñas explotaciones, con obradores y microalmazaras públicos compartidos.
Porque vender directamente lo que se produce no debería ser tan difícil.
Comedores, hospitales y residencias públicos con alimentos locales y ecológicos pagados a precio digno, y una opción vegetal diaria en todos ellos.
Porque los comedores públicos pueden comprar a la producción de aquí.
Ayudas durante la conversión, menos burocracia y reconocimiento de los sistemas participativos de garantía.
Porque pasar a ecológico cuesta, y los primeros años hay que acompañarlo.
Ayudas a la incorporación de jóvenes sin tierra, con prioridad a la agroecología y a la integración de agricultura y ganadería.
Porque el campo envejece y faltan jóvenes que tomen el relevo.
Intermediación pública entre empresas y personal temporero, con alojamiento, información y asesoramiento sindical.
Porque las temporeras y los temporeros llegan sin información y sin protección.
Recuperar las vías pecuarias ocupadas y los pastos comunales para la ganadería extensiva y la juventud ganadera, en colaboración con la Junta.
Porque las vías pecuarias son de todos y muchas están ocupadas.
Fiscalidad según la huella ecológica de cada producción, que premie la ecológica en lugar de penalizarla.
Porque quien menos contamina hoy paga lo mismo o más que quien más contamina.
Un mecanismo que asegure ingresos estables a quien trabaja la tierra frente a la volatilidad del mercado y del clima.
Porque nadie puede vivir del campo si no sabe cuánto va a cobrar.
Fuera de la contratación pública las empresas sancionadas en firme por infracciones graves de consumo o que incumplan laudos arbitrales.
Porque quien estafa a las personas consumidoras no puede recibir contratos públicos.
Cláusulas espejo en los acuerdos comerciales para que las importaciones cumplan las mismas exigencias laborales, sanitarias y ambientales que nuestro campo.
Porque no es justo exigir a nuestro campo lo que no se exige a lo que viene de fuera.
Más personal inspector en la Agencia de Información y Control Alimentarios y publicación periódica de los precios en origen y en destino.
Porque la diferencia entre el precio en origen y el del supermercado es enorme.
Plan con fondos europeos y la Junta para lonjas, hielo, frío y comercialización en origen, de Sanlúcar a Garrucha.
Porque los puertos pesqueros necesitan medios para vender mejor lo que se pesca.
Apoyo a las artes tradicionales, relevo generacional y reconocimiento profesional y social de las mujeres del sector.
Porque la pesca tradicional es parte de nuestra cultura y está en riesgo.
El nuevo sistema no garantizará a las comunidades más ricas que sigan recibiendo más.
Porque la ordinalidad asegura más a quien más tiene y perpetúa la desigualdad entre territorios.
Contar la población de 0 a 18 años, el alumnado universitario, el riesgo de pobreza, el paro y la temporalidad.
Porque prestar servicios cuesta más donde hay más población joven, más pobreza y más paro.
Al menos el 55 % del IRPF y el 70 % del IVA y de los impuestos especiales para las comunidades, todo en el fondo de garantía.
Porque las comunidades pagan la sanidad y la educación con unos ingresos insuficientes.
Recursos inmediatos mientras se aprueba el nuevo sistema, con calendario plurianual.
Porque Andalucía no puede esperar años a que se apruebe un nuevo sistema.
Condonación de la parte de la deuda causada por la falta de financiación, quita del FLA e intereses hacia el 0 %.
Porque esa deuda se debe a la infrafinanciación, no a una mala gestión.
Cuantificar y pagar el déficit de inversión con el que Andalucía llegó a la autonomía, como obliga la disposición adicional segunda del Estatuto, y compensar la nueva deuda que ha dejado la infrafinanciación.
Porque el Estatuto la reconoce y nadie la ha pagado entera.
Cálculo contrastado de lo que Andalucía ha dejado de recibir desde 2009: Fedea estima unos 1.634 millones al año, y en 2024 cada persona andaluza recibió 193 euros menos que la media.
Porque hace falta un cálculo independiente de lo que Andalucía ha dejado de recibir.
Dotación suficiente para que cumpla su función constitucional.
Porque el fondo creado para corregir desigualdades apenas tiene dinero.
El máximo nivel de autonomía, competencias y financiación en cualquier reforma constitucional.
Porque Andalucía conquistó en 1980 el mismo autogobierno que las nacionalidades históricas.
Un Estado de pueblos libres e iguales como horizonte del andalucismo.
Porque los pueblos que forman el Estado deben relacionarse como iguales.
Informe público de su cumplimiento y calendario de todos los traspasos pendientes, cada uno con su financiación.
Porque hay competencias reconocidas en el Estatuto que todavía no se han traspasado.
Con su financiación y participación real de Andalucía en la planificación ferroviaria.
Porque los trenes que usa la gente cada día deben gestionarse desde Andalucía.
Gestión exclusiva de la cuenca por la Junta.
Porque el Guadalquivir es un río andaluz y el Estatuto lo reconoce.
Despliegue progresivo, coordinado con el resto de cuerpos.
Porque otras comunidades ya tienen su policía autonómica.
Más competencias y medios en justicia y constitución del Consejo de Justicia de Andalucía.
Porque la justicia necesita más medios y más cercanía.
Más capacidad sobre los impuestos de competencia autonómica.
Porque una agencia tributaria propia mejora la gestión de los impuestos andaluces.
Voz andaluza propia en las decisiones estatales que afectan a Andalucía.
Porque las decisiones del Estado que afectan a Andalucía se toman sin Andalucía.
Traspaso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como ya tienen Cataluña y el País Vasco, coordinada con la estatal.
Porque Cataluña y el País Vasco ya la tienen, y aquí el fraude laboral es mayor.
Gestión de las prestaciones por desempleo junto a las políticas activas de empleo que ya lleva la Junta, sin romper la caja única de la Seguridad Social.
Porque la Junta ya gestiona el empleo y tiene sentido que gestione también el paro.
Gestión de las becas y ayudas al estudio estatales, como ha avalado el Tribunal Constitucional.
Porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que las comunidades pueden gestionarlas.
Traspaso de las vías de alta capacidad que discurren solo por Andalucía y vuelven al Estado al acabar su concesión, como la AP-4, con la financiación de su mantenimiento.
Porque si la autovía es solo andaluza, su gestión también debe serlo.
Participación real de Andalucía en la planificación y gestión de los aeropuertos de AENA y de los puertos de interés general de su territorio.
Porque los puertos y aeropuertos andaluces se deciden en Madrid.
Participación en la gestión de los seguros agrarios y en la organización del mercado pesquero y acuícola del litoral andaluz.
Porque el campo y el mar andaluces necesitan decisiones tomadas desde aquí.
Que una parte de las ayudas estatales a la cinematografía se gestione desde Andalucía.
Porque el cine andaluz necesita recursos gestionados desde Andalucía.
Objetivos medibles para acercar a Andalucía a las regiones más prósperas en renta, productividad y salarios.
Porque Andalucía sigue a la cola en renta y salarios desde hace décadas.
Partidas identificables, comisión de seguimiento e informe anual al Congreso de lo presupuestado frente a lo ejecutado.
Porque el Estado presupuesta inversiones en Andalucía que luego no ejecuta.
Plan para compensar el déficit de inversión estatal acumulado en Andalucía.
Porque años de inversión por debajo de lo prometido han dejado un déficit enorme.
Traslado de sedes de organismos estatales, empezando por el Instituto Español de Oceanografía, el IDAE y la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Porque los organismos del Estado se concentran casi todos en Madrid.
Participación andaluza en las decisiones sobre empresas públicas que operan en Andalucía.
Porque las empresas públicas que operan en Andalucía deben contar con Andalucía.
Estable y financiado en los Presupuestos Generales del Estado, con más aportación estatal al Programa de Fomento del Empleo Agrario y transferencias en plazo.
Porque el paro andaluz es el más alto del Estado.
Campo de Gibraltar, Costa Noroeste, La Janda, Sierra de Cádiz y las que se identifiquen en cada provincia.
Porque hay comarcas con un paro que dobla la media.
Recursos suficientes e incondicionados para los ayuntamientos, superando el modelo actual de participación en los ingresos del Estado.
Porque los ayuntamientos prestan muchos servicios sin recibir el dinero que cuestan.
Más financiación y personal fuera de la tasa de reposición para los pueblos de menos de 20.000 habitantes con gran parte de su suelo protegido por patrimonio o espacios naturales.
Porque proteger el territorio no puede dejar a esos pueblos sin recursos.
Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y flexibilizar la regla de gasto, para que los ayuntamientos vuelvan a prestar los servicios que la ciudadanía necesita y puedan usar su superávit en servicios y vivienda.
Porque la reforma local de 2013 quitó competencias y margen a los ayuntamientos.
Las comarcas como base de la organización territorial, con servicios repartidos y no concentrados en las capitales.
Porque las comarcas son la forma natural de organizar los servicios en Andalucía.
Servicios públicos garantizados en pueblos y pedanías, redes eléctricas y de telecomunicaciones renovadas y sin cortes, con compensaciones cuando fallen, teletrabajo y empleo rural.
Porque muchos pueblos andaluces se están quedando vacíos.
Apoyo y descuentos en el transporte para las andaluzas y andaluces emigrados que quieran volver.
Porque miles de jóvenes andaluces se fueron y quieren volver.
Cercanías o media distancia en todas las localidades de más de 20.000 habitantes en diez años.
Porque 12 de las 14 ciudades del Estado de más de 50.000 habitantes sin tren están en Andalucía.
Recuperar las líneas en desuso antes que abrir nuevas líneas radiales de alta velocidad, con conexión de calidad para Almería y Huelva; la mitad de los fondos previstos para nuevas líneas de alta velocidad, a Cercanías, media distancia y mantenimiento, con Cercanías cada 15 minutos en hora punta.
Porque la mayoría de la gente viaja cada día entre pueblos y ciudades cercanas, no a Madrid.
Mejorar los de Sevilla, Málaga y Cádiz e implantarlos en Córdoba, Almería, Granada, Huelva y Jaén.
Porque cinco provincias andaluzas no tienen Cercanías.
Regionales que unan todas las capitales y ciudades medias y conexión transversal de este a oeste, frente al modelo radial.
Porque hoy es más fácil ir de una capital andaluza a Madrid que a otra capital andaluza.
Con los puertos andaluces conectados a la red de mercancías.
Porque los puertos andaluces necesitan sacar sus mercancías en tren.
Antequera como nodo central, Algeciras como conexión intercontinental y Linares como enlace con la meseta.
Porque Andalucía puede ser un nodo logístico entre Europa y África.
Auditoría independiente de los sistemas de seguridad y del control de tráfico de la línea Madrid–Sevilla, con resultados públicos.
Porque los accidentes de Adamuz y Urda no pueden repetirse.
Revertir la liberalización ferroviaria y acabar con las externalizaciones; plan de mantenimiento de la red con inversión garantizada, más plantilla y dirección técnica y profesional en Adif y Renfe.
Porque la liberalización y las externalizaciones han dejado el tren sin mantenimiento ni personal suficientes.
Gestión pública andaluza de la red intracomunitaria, como Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Porque la red andaluza debe gestionarse desde Andalucía, como en Cataluña.
Conexiones de larga distancia con el Mediterráneo, Portugal y el resto de Europa.
Porque viajar en tren por Europa debería ser posible y asequible.
Centros de control por tramos, con la red Cádiz–Sevilla–Córdoba gestionada desde Andalucía.
Porque la red ferroviaria andaluza se controla hoy desde fuera.
Reforzar la Vía de la Plata, la línea convencional por Despeñaperros y la conexión con Levante, con trenes de hasta 200 km/h, que consumen y emiten mucho menos que la alta velocidad.
Porque un tren a 200 km/h es suficiente para muchos trayectos y mucho más barato.
Duplicación y electrificación del eje Huelva–Sevilla–Antequera–Granada–Almería.
Porque falta una conexión ferroviaria rápida de este a oeste de Andalucía.
La inversión estatal en transporte priorizará el ferrocarril; en carreteras, conservación y seguridad antes que nuevas ampliaciones.
Porque cada euro en nuevas carreteras es un euro menos para el transporte público.
Que el Estado financie el transporte público andaluz como ya lo hace con Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias.
Porque Madrid y Barcelona reciben ayudas al transporte que Andalucía no recibe.
Un solo título asequible para autobús, metro, Cercanías, media distancia y Avant, con descuentos para jóvenes, mayores y rentas bajas.
Porque cambiar de autobús a tren no debería obligar a pagar dos billetes.
Un abono mensual asequible para toda la red pública de trenes y autobuses, como el billete alemán.
Porque un abono único y barato hace que el tren compita con el coche.
Gratuidad para menores, personas desempleadas, mayores de 65 años y hogares con rentas bajas.
Porque el transporte público debe estar al alcance de quien menos tiene.
Taxis colectivos y servicios bajo demanda en zonas rurales y de población dispersa.
Porque en los pueblos pequeños no hay autobús y sin coche no se puede vivir.
Alternativa ferroviaria en trayectos de menos de 600 kilómetros y ecotasas al transporte aéreo.
Porque el avión contamina mucho más que el tren en trayectos cortos.
Carriles bici urbanos e interurbanos, ayudas a la compra e incentivos fiscales a su uso habitual.
Porque la bici es barata, limpia y sana, pero hace falta poder usarla con seguridad.
Autobuses con energías limpias y un operador público estatal que gestione las líneas cuando venzan las concesiones y cubra los cortes de la red ferroviaria.
Porque las concesiones privadas de autobús dan peor servicio y más caro.
Accesibilidad garantizada para personas con discapacidad y movilidad reducida, con ayuda al taxi adaptado donde no la haya.
Porque muchas estaciones y autobuses siguen sin ser accesibles.
Objetivos anuales y verificables de reducción de emisiones y de demanda energética, y un mínimo del 2 % del PIB para políticas ambientales.
Porque sin objetivos verificables las leyes climáticas se quedan en papel.
Reformar la Ley de Cambio Climático conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obligar a planes municipales.
Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado la inacción climática.
Desprivatización de toda la energía: una empresa pública renovable, con filial andaluza, que produzca, distribuya y venda electricidad a precio justo, y recuperación pública de las redes y de las grandes centrales.
Porque la energía es un bien básico y no puede estar en manos del negocio privado.
Prohibido cortar la luz y el gas por impago a los hogares vulnerables, y bono social de luz y agua aplicado de oficio y al 100 %, pagado por las compañías, y fin de los cortes de luz en los barrios, con inversión obligatoria en las redes.
Porque nadie debería pasar frío o calor por no poder pagar la factura.
Zonas de exclusión vinculantes y moratoria a las macroplantas en suelo rural hasta tenerlas, con control del troceo ilegal de proyectos.
Porque las macroplantas se están instalando sin planificación y a costa del campo.
Ninguna planta solar ni parque de baterías en suelo forestal o espacios protegidos.
Porque el monte y los espacios protegidos no son lugar para placas y baterías.
Ayudas, desgravaciones y menos trámites para el autoconsumo y las cooperativas de energía.
Porque producir tu propia energía abarata la factura y reparte el beneficio.
Fuera del sistema eléctrico en 2030, industria descarbonizada en 2035 y ninguna infraestructura gasista nueva.
Porque seguir dependiendo del gas es caro y contaminante.
De forma permanente, y gas y nuclear fuera de la taxonomía verde europea.
Porque el precio del gas dispara la factura de la luz aunque produzcamos con renovables.
Acabar con el sistema marginalista, que paga toda la electricidad al precio de la fuente más cara, y permitir comercializadoras eléctricas públicas de la Junta y de los ayuntamientos.
Porque el sistema actual paga toda la electricidad al precio de la fuente más cara.
Fin de las subvenciones a combustibles fósiles y nuclear, moratoria de hidrocarburos y Andalucía libre de fracking. Cierre ordenado de El Cabril: un plan estatal de clausura del almacén de residuos radiactivos de Hornachuelos, en zona Red Natura 2000 y con riesgo sísmico, y un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que no convierta Andalucía en el basurero nuclear del Estado.
Porque Andalucía no puede seguir pagando la crisis climática ni cargando con los residuos nucleares de todo el Estado.
Paralización definitiva del proyecto Marismas.
Porque almacenar gas bajo Doñana es un riesgo inaceptable.
El bono social térmico cubrirá la refrigeración y no solo la calefacción.
Porque en Andalucía el calor ya es tan peligroso como el frío.
Hasta evaluar su consumo de agua y energía.
Porque los centros de datos consumen enormes cantidades de agua y energía.
Plantas de menos de 25.000 toneladas al año, solo con residuos de la zona, a no menos de 15 km de los núcleos de población y lejos de los espacios protegidos, con consulta vinculante y prioridad a la gestión pública.
Porque una planta de biogás mal ubicada perjudica a los pueblos de alrededor.
Prioridad a los tejados de polígonos y edificios públicos, aparcamientos, canales cubiertos contra la evaporación e invernaderos, con oficinas energéticas municipales que asesoren a las comunidades energéticas.
Porque hay tejados de sobra antes de tener que ocupar el campo.
Techo de consumo de agua y energía por cuenca, nunca agua potable para refrigerar y prohibición de vender suelo público para centros de datos.
Porque el agua es escasa en Andalucía y no puede ir a refrigerar servidores.
Mínimo vital gratuito, sin cortes por no poder pagar y acceso digno para personas sin hogar y en asentamientos.
Porque el agua es un derecho humano y nadie debería quedarse sin ella.
Ciclo urbano del agua en manos públicas, sin cánones concesionales y con plazos para las concesiones vigentes.
Porque el agua es un bien común y no un negocio.
Caudales ecológicos y abastecimiento primero, freno al regadío intensivo, ni trasvases ni compraventa de derechos de riego, cierre de los pozos ilegales y canon progresivo para las grandes explotaciones.
Porque el agua tiene que llegar primero a las personas y a los ríos.
Con participación pública, protección de la población vulnerable y recuperación de espacios fluviales.
Porque las sequías y las inundaciones serán cada vez más frecuentes.
Financiación estatal para separar redes y evitar vertidos e inundaciones urbanas.
Porque las lluvias fuertes provocan vertidos e inundaciones en las ciudades.
Mantenimiento y seguridad de las presas y embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Porque una presa sin mantenimiento es un riesgo para quien vive aguas abajo.
Estatuto marco con contratos públicos de 12 meses.
Porque los incendios se apagan en verano pero se previenen todo el año.
Fondo público para contratar en otoño e invierno la limpieza y conservación de los montes.
Porque el monte limpio arde menos y da empleo en los pueblos.
Coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento.
Porque cada comunidad organiza sus servicios de bomberos de una forma distinta.
Protección frente a la sobreexplotación del agua y a cualquier proyecto que la amenace.
Porque Doñana se está secando por la sobreexplotación del agua.
Moratoria de construcción en el litoral, derribo del Algarrobico y protección del Tómbolo de Trafalgar.
Porque la costa andaluza no aguanta más cemento.
Obligar a los buques a usar combustibles menos contaminantes.
Porque el Estrecho es un mar de gran valor con un tráfico marítimo enorme.
Con financiación, objetivos y participación social, y corredores ecológicos que reconecten los hábitats.
Porque la naturaleza dañada se puede recuperar si se invierte en ella.
Bosques urbanos, sombra en parques y patios escolares y más zonas verdes.
Porque las ciudades sin sombra son cada vez más peligrosas en verano.
Recursos para frenar la seca de encinas y alcornoques.
Porque la seca está matando encinas y alcornoques en toda Andalucía.
Prohibición de estos insecticidas y franjas de seguridad sin fumigaciones alrededor de viviendas, colegios y espacios públicos.
Porque estos insecticidas matan a las abejas, y fumigar junto a las casas afecta a la salud.
Prohibición y transición a la ganadería extensiva.
Porque las macrogranjas contaminan el agua y destruyen el empleo de la ganadería familiar.
Plan director del arbolado en cada ayuntamiento, personal técnico certificado y obligación de conservar los árboles en las obras.
Porque los árboles urbanos se talan con demasiada facilidad.
Normas estatales que protejan el cielo nocturno, la salud y la fauna.
Porque la contaminación lumínica afecta a la salud y a la fauna.
Ley que reconozca la personalidad jurídica de Doñana y su entorno, como la del Mar Menor.
Porque dar derechos a Doñana permite defenderla ante los tribunales.
Su vuelta al Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, catalogado como vulnerable, y un plan de recuperación.
Porque el lobo es una especie que necesita protección para sobrevivir.
Corrección obligatoria de los tendidos eléctricos peligrosos, sanciones por cada ave electrocutada y medidas probadas en los parques eólicos, como pintar de negro una de las palas.
Porque los tendidos eléctricos y los aerogeneradores matan miles de aves cada año.
Zonas de exclusión de sónar en las aguas de cetáceos de buceo profundo.
Porque los sónares militares pueden matar a cetáceos.
Protección de paisajes como los viñedos y las albarizas del Marco de Jerez frente a las macroplantas.
Porque el paisaje también es patrimonio y se está perdiendo.
Prohibir construir en zonas inundables y planificar el cambio de uso de lo ya construido.
Porque construir en zonas inundables pone vidas en peligro.
Acceso a la tierra para jóvenes y mujeres y uso social de las tierras infrautilizadas, con exención en el IRPF para las personas jubiladas que cedan sus tierras a menores de 40 años a través del banco.
Porque acceder a la tierra es casi imposible para quien quiere empezar.
Ayudas a la reconversión ecológica, formación y asesoramiento público en los pueblos.
Porque el suelo agrícola se está degradando.
Investigación pública frente a plagas emergentes y ayudas a quien pierde la cosecha.
Porque las plagas nuevas pueden arruinar una cosecha entera.
Institución independiente que evalúe el impacto de las leyes en quienes vendrán.
Porque las decisiones de hoy las pagarán las generaciones que vienen.
Derecho a reparar y productos duraderos.
Porque un aparato que dura poco es más gasto y más basura.
Empresas públicas de recuperación de residuos urbanos e industriales y compostaje de proximidad de la materia orgánica en cada municipio.
Porque los residuos son un recurso si se gestionan bien.
Marco legal para ecoaldeas y proyectos comunitarios en el medio rural.
Porque hay personas que quieren vivir en el campo y no encuentran cómo.
Servicio financiero básico obligatorio en todos los municipios, a cargo de la banca y de la banca pública.
Porque en muchos pueblos ya no queda ni un cajero.
Programa estatal de pastoreo para limpiar los montes, con contratos dignos y apoyo a la ganadería extensiva.
Porque el ganado limpia el monte y previene incendios.
Financiación de las redes de semillas tradicionales y de los bancos de variedades locales.
Porque las semillas tradicionales son parte de nuestra soberanía alimentaria.
Servicios básicos garantizados en cada pueblo (transporte diario a demanda hasta la cabecera de comarca, atención sanitaria de calidad, internet y un centro cultural en cada cabecera), industria de economía circular y financiación prioritaria para la agricultura sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal.
Porque vivir en un pueblo no puede significar tener menos servicios.
Modernizar las infraestructuras hídricas y de regadío sin aumentar la superficie regada, y cuidar la viabilidad de las zonas forestales.
Porque el agua que se pierde en canales viejos es agua que falta.
Inventario público de los caminos rurales y las vías pecuarias ocupados o cerrados, y reforma de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias para agilizar su deslinde y recuperación de oficio y sancionar las cancelas, alambradas y vallados ilegales.
Porque muchos caminos públicos están cerrados con cancelas ilegales.
Financiación estatal, en coordinación con la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, para retirar obstáculos, restaurar y señalizar los caminos, con un canal de denuncia ciudadana y la participación de asociaciones vecinales, ecologistas, senderistas y agrarias.
Porque recuperar los caminos exige dinero y coordinación entre administraciones.
Los cargos públicos cobrarán lo mismo que ganaban antes, y quien venga del paro, el salario medio.
Porque la política tiene que ser un servicio y no una forma de mejorar de sueldo.
Limitación de mandatos y revocación de los cargos públicos.
Porque eternizarse en un cargo aleja a la clase política de la gente.
Para quienes ocupan escaño en el Congreso y el Senado, el Gobierno y la Corona, mediante reforma constitucional.
Porque los cargos públicos no pueden tener privilegios ante la justicia.
Ni cesantías, ni pensiones especiales, ni oficinas, personal o escoltas sin justificación para excargos, más allá de las prestaciones de cualquier persona trabajadora.
Porque dejar un cargo no puede dar derecho a cobrar de por vida.
Gastos justificados y fin de las ayudas al alquiler para quien tiene vivienda en la ciudad donde trabaja.
Porque los gastos se justifican con factura, como en cualquier trabajo.
Puestos directivos de la Administración ocupados por mérito y capacidad, con menos libre designación y sin personal eventual sin requisitos, y una comparecencia pública en el Congreso que examine la idoneidad de quienes vayan a ocupar ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales antes de su nombramiento.
Porque los altos cargos deben estar por su capacidad, no por su carné.
Los partidos responderán de las sanciones económicas de sus cargos condenados por corrupción.
Porque los partidos también deben responder por la corrupción de sus cargos.
Compromiso de los cargos electos de usar la sanidad y la educación públicas.
Porque quien gestiona lo público debe usarlo.
Informe anual en el Congreso sobre el cumplimiento de cada compromiso electoral.
Porque las promesas electorales deben poder comprobarse.
Acceso a la información pública sin certificado digital y silencio positivo si la Administración no contesta en plazo; expedientes que se puedan seguir paso a paso en formatos abiertos, y declaración anual de la renta y de bienes de todos los cargos públicos.
Porque la información pública es de la ciudadanía.
Ley de grupos de interés con agenda pública de reuniones.
Porque los lobbies influyen en las leyes sin que se sepa.
Independiente y con protección legal para el personal público que denuncie.
Porque hace falta un organismo independiente que persiga la corrupción.
Inhabilitación de 15 años para condenados por corrupción y prohibición de contratar con la Administración para las empresas condenadas.
Porque quien roba lo público no puede volver a gestionarlo.
Abstención obligatoria en decisiones que afecten a familiares o empresas participadas, y periodos más largos de incompatibilidad al dejar el cargo, con control efectivo.
Porque nadie debe decidir sobre asuntos que le benefician a él o a su familia.
Más medios, capacidad sancionadora e informe anual sobre la corrupción.
Porque el Tribunal de Cuentas tarda años y casi nunca sanciona.
Prohibir el indulto en los delitos de corrupción.
Porque indultar la corrupción es premiarla.
Juzgados especializados en el Campo de Gibraltar, control patrimonial y prevención en los barrios con policía de proximidad, deporte y FP.
Porque el narcotráfico está blanqueando dinero y captando jóvenes en el Campo de Gibraltar.
Obligación de publicar el programa electoral un mes antes de las elecciones, explicando cómo se aplicará cada medida.
Porque la ciudadanía tiene derecho a conocer el programa con tiempo para leerlo.
Hasta la media europea de plazas judiciales por habitante, con más presupuesto para la justicia.
Porque los juzgados están colapsados y la justicia lenta no es justicia.
Reformar el Consejo General del Poder Judicial para reforzar su independencia mediante la elección directa por la ciudadanía. Hasta entonces, mejorar la elección parlamentaria de los vocales para ganar pluralidad y transparencia, sin bloqueos partidistas. Todos los nombramientos discrecionales del CGPJ cumplirán los principios de mérito, capacidad y paridad de género.
Porque el reparto partidista del CGPJ ha bloqueado la justicia durante años.
Nombramientos públicos y con comparecencias en los órganos que dependen de las Cortes, y una Fiscalía General elegida por el Congreso por mayoría reforzada, con mandato largo y no renovable y sin que el Gobierno pueda cesarla.
Porque los órganos de control no pueden ser un reparto de cuotas entre partidos.
Reforzar su carácter territorial: cámara de las comunidades y nacionalidades, con sus miembros rindiendo cuentas ante sus parlamentos.
Porque el Senado no cumple hoy su función territorial.
Menos firmas y firma digital para una iniciativa legislativa popular, votación en un plazo máximo sin bloqueos y defensa por quienes la promueven en el pleno; consultas en las grandes decisiones y consultas municipales sin autorización del Gobierno.
Porque la ciudadanía debe poder decidir más allá de votar cada cuatro años.
Comisión en el Congreso que prepare las reformas de este programa que necesitan cambiar la Constitución: el voto de las personas extranjeras residentes en todas las elecciones, la vivienda como derecho fundamental, el aborto, Andalucía como nacionalidad histórica, el fin de los aforamientos, el Senado territorial, la elección directa del Consejo General del Poder Judicial, el referéndum de iniciativa ciudadana y el referéndum obligatorio de toda reforma constitucional.
Porque muchas de estas reformas necesitan cambiar la Constitución.
Reforma de la ley electoral para que la juventud pueda votar desde los 16 años.
Porque la juventud de 16 años trabaja, paga impuestos y debe poder votar.
Una parte de la inversión estatal decidida por la ciudadanía, con perspectiva de género.
Porque la ciudadanía sabe mejor que nadie qué necesita su barrio.
Traspaso de la ejecución penitenciaria que prevé el Estatuto, con su financiación.
Porque el Estatuto ya prevé esa competencia.
Centros adecuados para las personas con trastorno mental grave que hoy están en la cárcel.
Porque una persona con un trastorno mental grave necesita tratamiento, no una celda.
Conexión de todos los centros penitenciarios para las familias y el personal.
Porque visitar a un familiar en prisión no debería exigir tener coche.
En la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria y el resto de oficinas del Estado.
Porque muchas personas no consiguen cita y se quedan sin hacer sus trámites.
Un solo sistema en lugar de Cl@ve, DNI electrónico y certificado, con asistencia telefónica y puntos de ayuda.
Porque tener tres sistemas distintos para identificarse es un caos.
Siempre una alternativa presencial y alfabetización digital para las personas mayores, y nadie tendrá que aportar documentos que la Administración ya tiene.
Porque no todo el mundo sabe o puede hacer los trámites por internet.
Tramitación prioritaria en desahucios y cortes de suministros, y silencio positivo en las prestaciones sociales.
Porque una emergencia social no puede esperar meses.
Servicios permanentes con personal público, plan de reinternalización con calendario empezando por los esenciales, auditoría pública de las externalizaciones y subrogación de sus plantillas; mientras tanto, contratos que valoren la calidad y las cláusulas sociales por encima del precio, sin bajas que precaricen a las plantillas.
Porque externalizar servicios públicos ha empeorado la calidad y las condiciones laborales.
Con anulación de las sanciones por protestar.
Porque la ley mordaza castiga la protesta y limita la libertad de expresión.
Control civil independiente, formación en derechos humanos e identificación visible de los agentes.
Porque la policía debe rendir cuentas como cualquier servicio público.
Prohibirlas y acabar con la presunción de veracidad de los cuerpos policiales en las sanciones administrativas.
Porque las pelotas de goma han dejado tuertas a personas que solo protestaban.
Con la sociedad civil y las víctimas, y herramientas legales contra quien financia las campañas.
Porque los discursos de odio preparan el terreno a la violencia.
Unidades especializadas en prevenir e investigar los delitos de odio misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo y LGTBIfobo, y que se investigue a cualquier persona empleada pública que participe en ellos.
Porque los delitos de odio crecen y hace falta perseguirlos con medios.
Disolución de los grupos neonazis y neofascistas y de las fundaciones y asociaciones que glorifiquen el nazismo, el fascismo o el franquismo.
Porque exaltar el fascismo no es libertad de expresión.
Formación y control para erradicar los discursos y las prácticas antidemocráticas y de odio en su seno.
Porque no puede haber discursos de odio en quienes llevan armas en nombre del Estado.
Mecanismos para obligar a las administraciones que no apliquen la ley de igualdad de trato, con la vigilancia de un organismo independiente.
Porque la ley de igualdad de trato existe pero no se cumple.
Derogar el endurecimiento penal de los pequeños hurtos y la ley de desalojos rápidos.
Porque endurecer las penas a la pobreza no reduce la delincuencia.
Penas orientadas a la reinserción, como manda la Constitución.
Porque la Constitución dice que las penas deben orientarse a la reinserción.
Ley que proteja a quien defiende los derechos humanos.
Porque quien defiende los derechos humanos sufre amenazas y necesita protección.
Adaptación completa del reglamento europeo: transparencia de la propiedad, regulador independiente y protección de las fuentes.
Porque la ciudadanía tiene derecho a saber a quién pertenecen los medios.
Ley orgánica de secreto profesional y transposición de la directiva contra las demandas abusivas a periodistas.
Porque las demandas abusivas se usan para silenciar a periodistas.
Nombramientos por mérito y mayorías amplias, y financiación plurianual estable.
Porque la televisión pública no puede estar al servicio del gobierno de turno.
Obligación de repartir la producción externa de RTVE entre productoras de todas las comunidades autónomas, con un mínimo por territorio y centros de producción con capacidad real en Andalucía, para descentralizar el ente y fortalecer los ecosistemas audiovisuales.
Porque casi todo lo que produce RTVE se hace en Madrid.
Criterios objetivos, portal público del reparto y ningún contrato con medios que difundan bulos de forma reiterada.
Porque el dinero público no puede financiar medios que difunden bulos.
Prohibido que bancos y su gran accionariado controlen medios de comunicación.
Porque quien controla los medios controla buena parte de la opinión pública.
Revertir las inmatriculaciones hechas con el privilegio franquista de 1946, con un listado público y completo.
Porque la Iglesia se apropió de miles de bienes con un privilegio franquista.
Patronato público para la Mezquita de Córdoba, el Patio de los Naranjos y los bienes de valor excepcional.
Porque la Mezquita es patrimonio de la humanidad y debe ser de todos.
Ninguna confesión con privilegios fiscales ni simbólicos en un Estado laico.
Porque un Estado laico no puede privilegiar a ninguna religión.
Suprimir del Código Penal la ofensa a los sentimientos religiosos.
Porque criticar una creencia no puede ser delito.
Más financiación, finalista y plurianual, que llegue a los ayuntamientos.
Porque la violencia machista no se combate sin dinero.
Ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género y la de libertad sexual, con el acento en la prevención.
Porque la prevención es la forma más eficaz de evitar víctimas.
Más personal especializado, con Trabajo Social en todos los equipos, revisión periódica de los criterios de riesgo con expertas y control telemático del agresor desde el riesgo medio.
Porque muchas mujeres asesinadas tenían un riesgo valorado como bajo.
Que la reconozca en todas sus formas y proteja a hijas e hijos desde el primer indicio.
Porque los maltratadores usan a hijas e hijos para hacer daño a las madres.
Suspensión cautelar del régimen de visitas con orden de alejamiento o en recurso de acogida.
Porque un maltratador no puede ser un buen padre.
Prestación específica, compatible con el alquiler protegido, y orfandad completa para hijas e hijos de víctimas.
Porque salir de la violencia es más difícil si no hay ingresos.
Ayudas de hasta el 100 % del alquiler y viviendas transitorias.
Porque muchas mujeres no dejan al maltratador por no tener a dónde ir.
Asistencia jurídica antes, durante y después del juicio y formación permanente de la judicatura y las fuerzas de seguridad.
Porque las víctimas necesitan acompañamiento durante todo el proceso.
Juzgados de violencia y unidades de valoración forense descentralizados por comarcas.
Porque denunciar no puede obligar a recorrer la provincia.
Tipificarlo como delito propio.
Porque nombrar el feminicidio es reconocer que se mata a las mujeres por ser mujeres.
Equiparar las ayudas e indemnizaciones a las víctimas de violencia machista y a sus huérfanos con las de las víctimas del terrorismo.
Porque las víctimas de la violencia machista merecen la misma reparación que otras víctimas.
Protocolos para mujeres mayores, con discapacidad, migrantes, gitanas y del medio rural.
Porque las mujeres más vulnerables son las que menos acceden a la protección.
Las víctimas podrán entrar con sus animales de compañía en las casas de acogida.
Porque muchas mujeres no dejan su casa por no abandonar a sus animales.
Y refuerzo de la adopción pública.
Porque los cuerpos de las mujeres no se compran ni se alquilan.
Todas sus formas, sexual y laboral, con protección y reparación integral de las víctimas, alternativas de vida e ingresos y asistencia sin condicionarla a la denuncia.
Porque la trata es una forma de esclavitud que hay que combatir en todas sus formas.
Iguales, intransferibles y pagados al 100 %: primero seis meses y después un año.
Porque los cuidados deben repartirse por igual desde el primer día.
Escuelas infantiles, centros de día, residencias y ayuda a domicilio públicos, sin externalizar los servicios más feminizados.
Porque los cuidados no pueden recaer siempre en las mujeres de la familia.
Obligatorias en empresas y administraciones de más de 50 personas, y canguro público para familias monoparentales con pocos recursos.
Porque conciliar es más fácil si el cuidado está cerca del trabajo.
Salarios desglosados por sexo, incluidos complementos, y planes de igualdad con objetivos medibles.
Porque las mujeres siguen cobrando menos por el mismo trabajo.
En instituciones, consejos de administración y órganos públicos.
Porque las mujeres son la mitad de la población y deben estar en la mitad de los puestos.
Evaluación de la política fiscal y de cada presupuesto.
Porque cada presupuesto afecta de forma distinta a mujeres y hombres.
La recuperación de una cesárea será una baja propia y las semanas solapadas se añadirán al permiso por nacimiento.
Porque recuperarse de una cesárea no es tiempo de crianza.
Unión civil de amistad y permisos de cuidado también para personas de confianza aunque no sean familia.
Porque no todas las personas tienen una familia que pueda cuidarlas.
Plan contra la explotación laboral y sexual en el campo, con inspección reforzada en las campañas.
Porque las temporeras sufren abusos laborales y sexuales que hay que perseguir.
Complemento de la PAC para las que se incorporan y titularidad compartida de las explotaciones.
Porque muchas mujeres trabajan en el campo sin figurar como titulares.
Derechos sanitarios, laborales y sociales de las mujeres en la menopausia.
Porque la menopausia afecta a la salud y al trabajo de millones de mujeres.
Desarrollo completo, con órganos y presupuesto propios.
Porque las leyes aprobadas no sirven si no se aplican.
Protección a las víctimas de delitos de odio y protocolos en centros educativos, deporte y residencias de mayores.
Porque las agresiones LGTBIfóbicas siguen produciéndose.
Reserva del 1 % de las plazas de la Administración General del Estado e incentivos a las pymes que contraten a personas trans en paro de larga duración.
Porque las personas trans sufren un paro mucho mayor que el resto.
Unidades de la Inspección de Trabajo que vigilen la discriminación por orientación, identidad o expresión de género.
Porque la discriminación en el trabajo se ve poco y se persigue menos.
Atención psicológica especializada en el sistema público frente al estrés de minorías y la violencia familiar, y seguimiento psicológico tras cualquier agresión LGTBIfóbica.
Porque la discriminación y la violencia dejan secuelas que hay que atender.
Prohibidas las cirugías genitales no necesarias en bebés y menores intersexuales.
Porque nadie debe decidir sobre el cuerpo de un bebé sin necesidad médica.
Cirugías y tratamientos de las personas trans incluidos en los tiempos máximos garantizados.
Porque las personas trans esperan años para recibir atención sanitaria.
Vivienda pública prioritaria y recursos residenciales para jóvenes expulsados de casa, personas trans y mayores LGTBIQA+.
Porque mucha gente joven LGTBI es expulsada de su casa.
Puntos de atención e información LGTBIQA+ en el medio rural para que nadie tenga que irse de su pueblo.
Porque en muchos pueblos todavía no se puede vivir libremente.
Protección internacional garantizada para quien es perseguido por ser quien es.
Porque en muchos países ser quien eres puede costar la vida.
Recuperación de la memoria y centro de documentación, con una sede en el barrio del Pópulo de Cádiz.
Porque la persecución de las personas LGTBI también es memoria democrática.
Opción no binaria en el Registro Civil y en los documentos oficiales.
Porque hay personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer.
Castigarlas en el Código Penal, además de las sanciones administrativas actuales.
Porque intentar cambiar la orientación o la identidad de alguien es una forma de violencia.
Derogación de la ley actual y una nueva basada en derechos.
Porque la Ley de Extranjería condena a miles de personas a la irregularidad.
En la línea de la iniciativa popular «¡Regularización Ya!», y ninguna persona condenada a la irregularidad.
Porque cientos de miles de personas viven y trabajan aquí sin papeles y sin derechos.
Para llegar sin jugarse la vida: visados humanitarios, asilo solicitable en embajadas y consulados, cooperación con el Mediterráneo y el Sahel, y retirada de las concertinas de Ceuta y Melilla.
Porque sin vías legales la gente se juega la vida en el mar.
Supresión de la disposición que las ampara y garantía de no devolución.
Porque devolver a alguien sin garantías vulnera el derecho internacional.
Aplicación del Pacto Europeo sin listas de países seguros que vacíen el derecho, con plazos máximos de registro, reagrupación familiar ágil y protección para quien deserta, objeta o se niega a combatir en cualquier guerra.
Porque el derecho de asilo no puede vaciarse con trámites imposibles.
Salvamento Marítimo público y fin de la criminalización de las ONG de rescate.
Porque nadie debería morir en el mar por falta de rescate.
Empezando por el de Algeciras, y Andalucía territorio libre de CIE.
Porque encerrar a personas que no han cometido ningún delito es injusto.
Empadronamiento efectivo sin discriminación, con la financiación local ligada a su cumplimiento.
Porque sin empadronamiento no hay acceso a la sanidad ni a la escuela.
Sanidad universal efectiva, escuela infantil y comedor sin trabas administrativas.
Porque la salud y la educación son derechos de todas las personas.
Tutela automática; pacto de Estado con financiación estatal para acoger a la infancia y adolescencia que llega sin familia, con reparto solidario entre comunidades; y permiso de residencia y trabajo, vivienda y acompañamiento al cumplir los 18 años.
Porque cualquier menor que llega sin familia es, ante todo, alguien que necesita protección.
Con prevención, reparación y una Autoridad de Igualdad de Trato con recursos y presencia en todo el territorio.
Porque el racismo existe y hace falta una ley que lo combata.
Ratificación del convenio europeo sobre su participación en la vida pública local.
Porque quien vive en un municipio debe poder elegir a su ayuntamiento.
Programas de inserción laboral para personas migrantes con los servicios de empleo y los ayuntamientos.
Porque el empleo es la mejor forma de integración.
Ningún expediente sancionador a quien denuncia un delito estando en situación irregular, y los datos de extranjería separados de los policiales.
Porque nadie debería tener miedo a denunciar un delito.
Prohibición expresa en la ley, formularios de identificación con datos públicos y un mecanismo independiente de quejas.
Porque parar a alguien por su color de piel es discriminación.
Plantilla suficiente, plazos públicos, atención presencial e información en varios idiomas.
Porque las oficinas de extranjería están colapsadas.
Programas plurianuales y mediación intercultural en los servicios públicos, con apoyo al asociacionismo migrante.
Porque la convivencia se construye con políticas estables.
Ley de determinación de la edad con enfoque multidisciplinar, prohibición de detener a menores por motivos migratorios y documentación tramitada durante la tutela.
Porque muchas personas menores de edad son tratadas como adultas sin garantías.
Autorización de residencia para las víctimas de violencia machista sin esperar a sentencia firme, y para las de explotación sin depender del explotador ni de colaborar con la investigación.
Porque las víctimas no pueden quedar atrapadas por su situación administrativa.
Homologación y acreditación de competencias ágiles, con menos tasas y documentación flexible.
Porque hay personas con títulos que no pueden trabajar en lo suyo por la burocracia.
Anular los apartados de la Ley de Amnistía de 1977 que impiden investigar los crímenes del franquismo.
Porque los crímenes del franquismo nunca se han juzgado.
Principio de legalidad internacional en el Código Penal y ratificación de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Porque los crímenes contra la humanidad no prescriben.
Las víctimas del franquismo, en el Estatuto de la Víctima del Delito.
Porque las víctimas del franquismo merecen los mismos derechos que cualquier víctima.
Exhumaciones con tutela judicial, Fiscalía desde el primer hallazgo, banco público de ADN y fondos estatales suficientes.
Porque Andalucía tiene miles de personas todavía en fosas.
Traspaso y digitalización de los archivos de la Guerra Civil y la represión, con acceso fácil para las familias.
Porque las familias tienen derecho a conocer la historia de los suyos.
La represión franquista en cada territorio, como La Desbandá, en el currículo escolar.
Porque lo que no se enseña se olvida.
Prohibición y sanción de la exaltación pública del franquismo.
Porque exaltar una dictadura es humillar a sus víctimas.
Investigación y publicación de las empresas que usaron el trabajo esclavo de personas presas y recuperación de los bienes expoliados, como el Cortijo Gambogaz.
Porque hubo empresas que se enriquecieron con el trabajo esclavo de las personas presas.
Reconocimiento como víctimas de violencia institucional y patriarcal de todas las mujeres que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer y de sus descendientes, con reparación, su inclusión en el censo estatal de víctimas del franquismo, un mapa público de sus centros con testimonios y documentación, y su estudio en las aulas junto a la represión específica sobre las mujeres.
Porque miles de mujeres fueron encerradas y maltratadas por ese organismo.
Nueva ley de secretos oficiales y verdad, justicia y reparación para las familias de los bebés robados.
Porque las familias de los bebés robados siguen sin respuestas.
Ampliar la Ley de Memoria Democrática a quienes sufrieron torturas, también después de 1978, con reconocimiento y reparación.
Porque la tortura también existió después de la dictadura y sus víctimas merecen reparación.
Rechazo al plan europeo de rearme y al objetivo del 5 % del PIB de la OTAN, reducción progresiva del gasto militar, todo él en el presupuesto y sin créditos extraordinarios, y publicación del gasto militar real.
Porque más gasto militar no trae más seguridad, sino más guerras.
Proceso que termine en una consulta sobre la permanencia de España.
Porque la ciudadanía tiene derecho a decidir sobre la pertenencia a la OTAN.
Renegociación de los convenios con el objetivo de cerrarlas y plan de empleo alternativo para las comarcas, sin escudo antimisiles ni submarinos nucleares en Gibraltar, y España en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, sin armas nucleares en su territorio, puertos ni espacio aéreo.
Porque las bases extranjeras hacen de Andalucía un objetivo militar.
Prioridad a la negociación en Ucrania, con un alto el fuego y una paz justa conforme al derecho internacional, y en cualquier conflicto; una unidad de mediación en Exteriores, cumplimiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional y recuperación de la jurisdicción universal recortada en 2014.
Porque las guerras se acaban negociando, y cuanto antes, mejor.
Prohibida la exportación a Estados que vulneran el derecho internacional, como Arabia Saudí y Emiratos, con control parlamentario previo de las exportaciones sensibles, actas públicas de la junta que las autoriza y un tratado vinculante contra las armas autónomas.
Porque las armas españolas no pueden alimentar guerras ni violaciones de derechos humanos.
Ninguna relación que normalice la ocupación y el genocidio en Palestina, apoyo a la UNRWA y a la causa por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y apoyo al derecho de autodeterminación saharaui.
Porque lo que ocurre en Palestina es un genocidio y el Sáhara sigue esperando su referéndum.
Cumplimiento estricto, también del material de doble uso y del tránsito por puertos y bases como Rota, y suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel.
Porque ninguna arma que pase por Andalucía debe acabar en un genocidio.
Volver a la posición anterior a 2022 y respetar las sentencias europeas que excluyen el Sáhara de los acuerdos con Marruecos, también los de pesca; solidaridad con el pueblo marroquí y sus organizaciones democráticas frente al régimen, y apoyo al derecho de autodeterminación del Rif.
Porque el giro de 2022 sobre el Sáhara traicionó al pueblo saharaui.
Las empresas responderán de las vulneraciones de derechos humanos y ambientales en toda su cadena de suministro.
Porque las empresas deben responder de los abusos que cometen en otros países.
Ayuda oficial al desarrollo del 0,7 % de la renta nacional en la legislatura, con prioridad para el Mediterráneo, el Sahel y América Latina, al menos un 10 % para construcción de paz y presupuesto para el plan Mujeres, Paz y Seguridad.
Porque la cooperación es la mejor forma de prevenir conflictos y migraciones forzadas.
Plan estatal en todas las etapas y educación para la ciudadanía global en lugar de los programas de cultura de defensa, sin presencia militar en ferias, colegios y universidades.
Porque la paz también se aprende.
Mesa con las asociaciones de tropa y marinería sobre sus condiciones laborales; ningún servicio militar, ni obligatorio ni voluntario, para la juventud, y una comisión de investigación sobre los abusos y muertes en la mili durante la democracia.
Porque la tropa merece derechos y la juventud no necesita instrucción militar.
Objetivos, financiación y evaluación, con las organizaciones gitanas y las mujeres gitanas en su diseño.
Porque la estrategia del pueblo gitano no sirve sin presupuesto.
Historia y cultura gitana en el currículo básico y plan contra la segregación escolar.
Porque la historia gitana es parte de la historia andaluza.
Ayudas para continuar estudios medios y superiores, con especial atención a las chicas.
Porque el abandono escolar es mucho mayor entre la juventud gitana.
Reconocimiento institucional de la persecución sufrida, como la Gran Redada de 1749.
Porque la persecución del pueblo gitano nunca se ha reconocido oficialmente.
Reconocimiento, estudio y difusión.
Porque sus lenguas son parte de nuestro patrimonio.
Inspección de Trabajo específica para el sector artístico y cultural, contra los pagos no declarados y el falso trabajo autónomo en orquestas, compañías y salas.
Porque en la cultura todavía se paga mucho en negro.
Régimen laboral y de Seguridad Social adaptado a la intermitencia, que proteja los periodos sin contrato y sea compatible con la renta básica universal.
Porque trabajar en la cultura es trabajar de forma intermitente y eso no puede dejar sin derechos.
Becas estatales a la creación y la composición.
Porque crear lleva tiempo y necesita apoyo.
Financiación plurianual fijada por ley para las agrupaciones musicales y escénicas.
Porque las orquestas y compañías no pueden depender de ayudas anuales.
Públicas, gratuitas y equiparadas a las universitarias.
Porque los conservatorios superiores no tienen el reconocimiento que merecen.
Reconocimiento de la profesión, freno al intrusismo y bolsas públicas de empleo para historiadoras e intérpretes del patrimonio.
Porque explicar el patrimonio es una profesión que hay que reconocer.
Las empresas intermediarias que precarizan el empleo cultural, fuera de la contratación pública.
Porque los intermediarios se quedan con el margen y precarizan el empleo.
Devolución o custodia compartida de las obras y piezas trasladadas a museos estatales, empezando por la Dama de Baza y los Murillo de Santa María la Blanca y Los Venerables, y recuperación del patrimonio expoliado a Andalucía que está en manos privadas.
Porque el patrimonio andaluz debe estar en Andalucía.
Aumento progresivo y anual del gasto estatal en cultura.
Porque la cultura es un derecho y también genera empleo.
Entrada gratuita a los museos y monumentos de titularidad estatal.
Porque la juventud debe poder conocer su patrimonio sin pagar.
Fondo Estatal de Cultura pagado por las grandes tecnológicas y protección por ley de la voz y la imagen frente a las copias con IA.
Porque la inteligencia artificial se nutre del trabajo de quienes crean sin pagarles.
Impulsar y fomentar las hablas andaluzas con una institución que las estudie, documente y promueva y combata los prejuicios, sin imponer una sola forma de hablar.
Porque las hablas andaluzas son una riqueza y no un error.
Presencia normalizada en los medios públicos estatales y protocolos contra la discriminación lingüística.
Porque nadie debería sentirse menos por su forma de hablar.
Respaldo y difusión de propuestas de escritura en andaluz como la EPA, como expresión cultural y sin carácter obligatorio.
Porque escribir en andaluz es una expresión cultural legítima.
Software libre y estándares abiertos como norma en todas las administraciones, con migración progresiva y un repositorio público de código reutilizable.
Porque el software libre ahorra dinero y no depende de multinacionales.
Infraestructura pública de nube y de datos para que la información sanitaria, educativa y administrativa no dependa de grandes tecnológicas extranjeras.
Porque los datos públicos no pueden estar en servidores de grandes tecnológicas extranjeras.
Registro público de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que usan las administraciones, que explique su funcionamiento y su nivel de riesgo, con auditoría independiente de su código y sus datos de entrenamiento.
Porque los algoritmos que deciden sobre la gente deben poder revisarse.
Restringir la recogida masiva de datos y la publicidad basada en perfiles, y reforzar la Agencia Española de Protección de Datos frente a las grandes plataformas.
Porque las plataformas hacen negocio con nuestros datos.
Transparencia en los filtros automáticos de selección de personal y protección del trabajo de artistas y de quienes traducen frente a la IA generativa.
Porque los algoritmos de selección pueden discriminar sin que nadie lo sepa.
Reforma de la Ley del Deporte para que puedan competir de forma oficial.
Porque Andalucía tiene identidad propia también en el deporte.
Igualdad en premios y contratos, y más presencia del deporte femenino en RTVE.
Porque el deporte femenino sigue teniendo menos dinero y menos visibilidad.
Más horas de educación física en las enseñanzas mínimas, contra el sedentarismo.
Porque el sedentarismo es un problema de salud desde la infancia.
Programas para personas con discapacidad y un protocolo de inclusión de las personas trans elaborado con sus colectivos.
Porque el deporte debe ser para todas las personas.
Contratos públicos con salario, cotización y derechos laborales para deportistas de alto nivel y alto rendimiento que desarrollen funciones deportivas de interés general, con acceso por procedimientos objetivos y transparentes; estudios universitarios y FP compatibles con entrenamientos y competiciones; orientación y formación para preparar la retirada, y valoración de los méritos deportivos en el acceso al empleo público cuando sean pertinentes. Empezará con un programa piloto diseñado con deportistas, federaciones y sindicatos.
Porque quien dedica su juventud a competir no debería quedarse sin futuro profesional al retirarse.
Reconocimiento y apoyo del Estado en la enseñanza reglada y en la promoción exterior, de acuerdo con la Ley 4/2023 Andaluza del Flamenco.
Porque el flamenco es la expresión cultural más reconocida de Andalucía.
Que el plan estatal tenga en Andalucía centros y empleo cualificado, no solo delegaciones comerciales.
Porque la ciberseguridad es un sector de futuro con empleo cualificado.
Que las universidades andaluzas y la FP pública entren en la red estatal de software libre y soberanía digital.
Porque la universidad y la FP pueden formar en tecnologías libres.
Que proteja a todos los animales, incluidos los perros de caza y de trabajo, los de experimentación, los de producción y los usados en festejos, con la tauromaquia en transición hasta su abolición.
Porque la protección animal no puede tener excepciones a la carta.
Bajar el IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido.
Porque cuidar a un animal no es un lujo.
Para las familias con pocos recursos que no puedan pagar el seguro obligatorio de responsabilidad civil, para que no acabe en abandono.
Porque el coste del seguro no puede acabar en abandono.
Mejores condiciones laborales y plantillas suficientes para frenar la fuga de profesionales.
Porque las clínicas veterinarias pierden profesionales por las malas condiciones.
Clínicas públicas con urgencias y ayuda a medicamentos y operaciones para los animales de compañía, y un cuerpo de peritaje veterinario para los casos de maltrato.
Porque muchas familias no pueden pagar la atención veterinaria.
Con ayudas públicas estables y supervisadas.
Porque las protectoras hacen un trabajo público sin apenas apoyo.
Protocolo estatal de protección civil que los incluya en emergencias y evacuaciones.
Porque en una emergencia los animales también deben ser evacuados.
Prohibir las granjas peleteras y reconvertir la ganadería intensiva hacia modelos extensivos.
Porque criar animales para su piel es cruel e innecesario.
Prohibición, con un plan de transición y santuarios marinos.
Porque los cetáceos sufren en cautividad.
Derogar la Ley 18/2013, que la regula como patrimonio cultural.
Porque el sufrimiento de un animal no puede ser patrimonio cultural.
Fin de toda subvención, también a las escuelas taurinas, y ningún fondo europeo para nada relacionado con la tauromaquia.
Porque el dinero público no debe financiar el maltrato animal.
El tipo general en los espectáculos taurinos.
Porque no tiene sentido una rebaja de impuestos para la tauromaquia.
Prohibido que las personas menores de 16 años participen o asistan a festejos taurinos y a clases prácticas con reses.
Porque los menores no deben presenciar la violencia hacia los animales.
Ninguna corrida en televisión pública ni contenido con violencia hacia animales en esa franja.
Porque la televisión pública no debe emitir violencia en horario infantil.
Prohibir su venta como medida de transición.
Porque el alcohol empeora la seguridad en los festejos.
Periodos de caza más cortos, penas más duras para la caza furtiva y prohibición de criar y soltar especies para cazarlas.
Porque la caza también debe respetar el bienestar animal.
Estudio y proyecto de la línea Almería–Aguadulce–El Ejido–Adra.
Porque el Poniente almeriense, con decenas de miles de habitantes, no tiene tren.
Duplicación de vía y electrificación de la línea Almería–Fiñana–Guadix–Granada, y recuperar la conexión con Linares-Baeza.
Porque la línea Almería–Granada es lenta y la conexión con Linares-Baeza se perdió.
Actualizar el estudio de Cercanías y conectar por tren el Puerto Seco, en convenio con la Junta.
Porque el área de Almería necesita Cercanías y el Puerto Seco necesita tren para funcionar.
En los tramos Almería–Aguadulce–El Ejido–Adra y Almería–Níjar.
Porque la A-7 en Almería se colapsa a diario en las horas punta.
Mejora del puerto con integración urbana de su entorno.
Porque el puerto debe abrirse a la ciudad en lugar de darle la espalda.
Exigir a Estados Unidos la retirada de la tierra contaminada, con controles independientes e información pública sobre los terrenos.
Porque Palomares sigue contaminado más de medio siglo después del accidente nuclear.
Corregir el diseño del enlace y depurar responsabilidades por décadas de retraso.
Porque el enlace de Viator lleva décadas siendo un punto peligroso.
Estudiar una obligación de servicio público con tope de precio en la ruta Almería–Madrid mientras no llegue el tren.
Porque volar de Almería a Madrid es caro y no hay un tren que sea alternativa.
Plan de reindustrialización con pedidos públicos para los astilleros y futuro para Airbus Puerto Real, y una estrategia por comarcas: agroindustria en la Costa Noroeste, naval y aeronáutica en la Bahía, logística y energía en el Campo de Gibraltar, agroalimentación en la Sierra y pesca y renovables en La Janda, con industria auxiliar de la eólica marina, acuicultura y algas en red con la Universidad de Cádiz.
Porque Cádiz no puede depender solo del turismo y de la temporada.
Cercanías y media distancia que unan Trebujena, Sanlúcar, Chipiona y Rota con Lebrija, Jerez y la Bahía de Cádiz.
Porque la Costa Noroeste tiene más de 100.000 habitantes y no tiene tren.
Tren-tranvía de la Bahía hasta Chiclana y estudio de la línea Cádiz–Algeciras.
Porque las dos bahías gaditanas no están unidas por ferrocarril.
Duplicar las plazas en hora punta de la media distancia por San Fernando, Puerto Real, El Puerto y Jerez, y carril BUS-VAO en la CA-35.
Porque los trenes entre Cádiz y Sevilla van llenos en las horas punta.
Cercanías Arcos–Jerez, recuperar la línea Jerez–Almargen y desdoble Arcos–Antequera, este último con la Junta.
Porque la Sierra de Cádiz está aislada del ferrocarril.
Autovía A-48 entre Vejer y Tarifa y N-340 Algeciras–Tarifa en configuración 2+1.
Porque la N-340 entre Algeciras y Tarifa y el tramo Vejer–Tarifa acumulan accidentes.
Ejecución en colaboración con la Junta.
Porque el tráfico de Jerez necesita estas obras desde hace años.
Restauración y protección legal del antiguo humedal, en colaboración con la Junta.
Porque la Laguna de la Janda fue uno de los grandes humedales de Europa y se puede recuperar.
Ninguna nueva gran industria contaminante hasta reducir la carga ambiental de la comarca.
Porque el Campo de Gibraltar ya soporta demasiada contaminación industrial.
Electrificación y doble vía con calendario cerrado y público.
Porque la línea Algeciras–Bobadilla sigue sin electrificar después de décadas de promesas.
Cofinanciación estatal de un proyecto que corresponde a la Junta.
Porque las dos ciudades más grandes de la comarca necesitan un transporte público rápido.
A su paso por Algeciras y San Roque.
Porque la A-7 atraviesa Algeciras y San Roque con mucho tráfico pesado.
Una oficina estatal en La Línea que asesore y tramite cotizaciones y pensiones desde la comarca, un protocolo ante la pérdida del empleo y un observatorio del trabajo transfronterizo.
Porque quienes trabajan en Gibraltar necesitan una oficina que resuelva sus trámites en la comarca.
Derechos laborales como condición de cualquier acuerdo, fondo de protección del empleo transfronterizo y retorno de sus beneficios a la comarca.
Porque cualquier acuerdo sobre Gibraltar debe proteger primero a quien trabaja.
Estación o apeadero en La Línea dentro del corredor litoral y Cercanías Algeciras–Los Barrios–San Roque–Almoraima–Jimena con lanzaderas a los hospitales.
Porque La Línea es una de las ciudades más grandes de España sin tren.
Recuperar el tren directo de larga distancia.
Porque el Campo de Gibraltar perdió su conexión directa con el resto del Mediterráneo.
Partidas propias en los Presupuestos, plan extraordinario de empleo, refuerzo de los servicios del Estado y una comisión parlamentaria de seguimiento.
Porque el Campo de Gibraltar necesita inversión estatal propia y sostenida.
Más estaciones de medición, datos públicos en tiempo real, alertas a la población y sanciones efectivas.
Porque la bahía de Algeciras soporta una de las mayores concentraciones industriales de España.
Tres líneas: Almodóvar–Posadas–Palma del Río; Alcolea–El Carpio–Montoro–Villa del Río; Montilla–Aguilar–Puente Genil.
Porque Córdoba es una de las pocas grandes áreas urbanas sin Cercanías.
Para unir la campiña y el norte de la provincia.
Porque cerrar estas líneas dejó aislados a muchos pueblos cordobeses.
Variantes de Montoro, Villafranca, el río Guadajoz y la cuesta del Espino.
Porque estos tramos de la A-4 siguen siendo peligrosos.
Granada–Alcalá la Real–Baena–Córdoba–Peñarroya–Fuente Obejuna.
Porque esta autovía uniría comarcas que hoy están mal comunicadas.
Mejora integral entre Espiel y Santa Eufemia.
Porque la N-502 es peligrosa en ese tramo.
Y conexión de la Costa Tropical con el corredor litoral.
Porque la Costa Tropical no tiene tren.
Estudio para recuperar la línea.
Porque esta línea unía comarcas que hoy están aisladas.
Con integración urbana del ferrocarril.
Porque la estación de Granada no está a la altura de la ciudad.
Duplicar las plazas en hora punta.
Porque los trenes entre Málaga y Granada van llenos en las horas punta.
Integración urbana entre Atarfe y Granada.
Porque la GR-43 divide barrios y pueblos del área metropolitana.
Mejora del puerto e integración urbana de su entorno.
Porque el puerto de Motril debe integrarse en la ciudad.
Fiscalidad y servicios básicos garantizados para los municipios granadinos en riesgo de despoblación.
Porque muchos pueblos de Granada se están quedando sin gente.
Duplicar las plazas en hora punta de la media distancia por Niebla y La Palma del Condado.
Porque los trenes entre Huelva y Sevilla van llenos en las horas punta.
Estudio de la nueva línea hasta la frontera.
Porque Huelva y Portugal no están unidos por tren.
Ferri rápido para personas y vehículos entre Mazagón–Matalascañas y Sanlúcar–Chipiona o Cádiz, sin tocar el espacio natural.
Porque un ferri conectaría Huelva y Cádiz sin atravesar Doñana.
N-433 (El Garrobo–Aracena–Rosal) y N-435 (Valverde–Jabugo–Cumbres) en configuración 2+1.
Porque las carreteras de la Sierra de Huelva son estrechas y peligrosas.
Mejora del puerto con integración en la ciudad.
Porque el puerto debe abrirse a la ciudad.
Más servicios directos y menos tiempo de viaje en la conexión ferroviaria con Madrid.
Porque la conexión ferroviaria de Huelva con Madrid es lenta y con pocos servicios directos.
Calendario público de ejecución y seguimiento de cada inversión estatal en la provincia.
Porque las obras del Estado en Huelva se anuncian y no se terminan.
Recuperarla como espacio de memoria democrática y de reconocimiento de la represión del colectivo LGTBIQ+.
Porque la antigua cárcel fue un lugar de represión que no debe olvidarse.
Terminar la autovía hasta Puente de Génave, con prioridad al ferrocarril en el mismo corredor.
Porque la A-32 lleva décadas sin terminarse.
Mejora de la línea y más frecuencias por Andújar.
Porque la línea entre Jaén y Córdoba tiene muy pocas frecuencias.
Mejora y electrificación de la línea.
Porque esta línea sin electrificar limita el tráfico de trenes.
Estudio de viabilidad.
Porque estas ciudades de Jaén no tienen conexión ferroviaria entre sí.
Financiación estatal de alojamiento digno para temporeros y temporeras.
Porque las temporeras y los temporeros de la aceituna duermen muchas veces en la calle.
Seguimiento público de las prospecciones y evaluación de su impacto sobre el parque natural, los pastos y la trashumancia.
Porque las prospecciones de tierras raras amenazan un parque natural.
Plan ferroviario estatal para la provincia, a seis u ocho años, con presupuesto plurianual y calendario público de estudios, licitaciones y obras: corredor litoral Algeciras–Manilva–Estepona–Marbella–Fuengirola–Málaga y su continuación por Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Torre del Mar hasta Nerja.
Porque la Costa del Sol es una gran área urbana sin tren más allá de Fuengirola.
Doble vía aeropuerto–Fuengirola, más trenes, personal y servicio nocturno en la C-1, y en la C-2 un tren cada 30 minutos, prolongada hasta Antequera, con lanzaderas desde Coín y los Alhaurines.
Porque el Cercanías de Málaga va lleno y no llega a donde vive la gente.
Vélez–Málaga y Fuengirola–Torremolinos–Málaga.
Porque la A-7 en Málaga se colapsa a diario.
Cercanías Gaucín–Ronda–Antequera reabriendo las estaciones cerradas, con lanzaderas a los pueblos; servicio directo Ronda–Antequera–Málaga, más frecuencias Algeciras–Ronda–Antequera y la media distancia con Granada recuperada.
Porque la Serranía de Ronda tiene estaciones cerradas y pocas frecuencias.
Bonificación del billete y más frecuencias.
Porque el Avant es caro para quien lo usa cada día para trabajar.
Liberación del peaje de la AP-7 para residentes en Andalucía, financiada por el Estado, mientras no haya una alternativa de transporte público suficiente, y descuentos en la AP-46 para pymes y personas usuarias frecuentes.
Porque pagar peaje para ir a trabajar, sin otra alternativa, es injusto.
Traslado de la estación a La Indiana, con lanzaderas incluidas en el billete, y el espacio liberado convertido en un pulmón verde para la ciudad.
Porque las vías dividen Ronda y su espacio puede ser un gran parque.
Parar el desmantelamiento de la línea convencional, restablecer sus servicios regionales y de proximidad y traspasarla a la Junta con financiación estatal.
Porque desmantelar la línea es perderla para siempre.
Antes del cierre entre Torremolinos y Málaga previsto para 2027, y de cualquier obra de Adif y Renfe, un plan de autobuses directos, información anticipada y compensaciones a las personas usuarias.
Porque cortar el Cercanías sin alternativa deja tirada a mucha gente.
Cofinanciación estatal de la ampliación del metro de Málaga al Parque Tecnológico y al cinturón metropolitano, un proyecto que corresponde a la Junta.
Porque el Parque Tecnológico recibe a miles de personas trabajadoras cada día sin metro.
Humanización y seguridad peatonal del tramo entre Junta de Caminos y Puerto de la Torre.
Porque ese tramo de la A-7 atraviesa barrios y es peligroso para los peatones.
Acuerdo sobre la titularidad y rehabilitación integral de la A-7282 hasta El Romeral.
Porque el principal acceso a Antequera está deteriorado y nadie se hace cargo.
Plan de seguridad hídrica con financiación estatal: menos fugas, depuración y regeneración para aliviar La Viñuela, control de las extracciones ilegales y reparto transparente del agua de riego, con atención a las pequeñas explotaciones.
Porque la Axarquía sufre sequías graves y sus acuíferos se agotan.
Depuradora para Benaoján y Montejaque que acabe con los vertidos al Guadiaro y plan de depuración del Valle del Genal con calendario público, para cumplir la normativa europea.
Porque los vertidos sin depurar dañan el Guadiaro y pueden costar multas a los pueblos.
Solución definitiva al abastecimiento, financiada por Adif en Valle de Abdalajís, con un suministro alternativo seguro mientras tanto.
Porque estos pueblos llevan años con problemas de agua potable.
Que el Consejo de Ministros rechace el hotel rascacielos en el puerto.
Porque el puerto es un espacio público y no un escaparate de lujo.
Financiación estatal de su renaturalización como gran parque público que una los barrios del norte y del sur.
Porque el Guadalmedina puede ser un gran espacio verde para la ciudad.
Solución definitiva del deslinde con Costas, regularizando las casas tradicionales de familias pescadoras frente a la especulación.
Porque cientos de familias de El Palo y Pedregalejo viven con la incertidumbre del deslinde.
Ni regeneraciones artificiales ni espigones como solución habitual, soluciones basadas en la naturaleza y protección de los acantilados de Maro–Cerro Gordo y de la vega de Nerja y Maro.
Porque los espigones y las regeneraciones artificiales agravan la pérdida de arena.
Incorporarla al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, y apoyo a la declaración de la Sierra de Mijas y Alpujata como parque natural, que corresponde a la Junta.
Porque Sierra Bermeja tiene valores únicos que merecen la máxima protección.
Con urgencias 24 horas, hospitalización y quirófanos, cofinanciado por el Estado en un proyecto que corresponde a la Junta.
Porque Mijas ha crecido mucho y no tiene hospital.
Financiación estatal para localizar, exhumar e identificar a las víctimas enterradas en la fosa común del cementerio, con apoyo a sus familias.
Porque en la fosa de Ronda siguen enterradas víctimas que sus familias quieren recuperar.
Cruce del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Coria, cierre del anillo y fin de las obras del puente del Centenario, paradas desde hace años.
Porque la SE-40 lleva casi veinte años sin terminarse.
Trenes de más capacidad en la C-1 y la C-3 cada 30 minutos, prolongada hasta Guadalcanal.
Porque los Cercanías de Sevilla van llenos y tienen pocas frecuencias.
Arahal–Marchena–Osuna, duplicación y electrificación hasta Antequera y fin del paso a nivel Marchena–Carmona.
Porque la Campiña y la Sierra Sur sevillanas no tienen tren de cercanías.
De Cartuja a San Juan, Gelves, Coria y La Puebla del Río.
Porque el Aljarafe es una gran área metropolitana sin tren.
Santa Justa–Palacio de Congresos–Parque Alcosa–aeropuerto, con estudio hasta Los Alcores y Carmona.
Porque el aeropuerto de Sevilla no tiene conexión ferroviaria.
Intercambiadores de Guadaíra y El Higuerón con el metro y conexión ferroviaria con el puerto de Sevilla.
Porque cambiar de tren a metro debería ser fácil.
Cercanías y autobuses con horarios útiles.
Porque la Sierra Norte está mal comunicada.
Plan de la Confederación del Guadalquivir, empezando por el arroyo Churre en Lora del Río.
Porque las inundaciones se repiten en la Vega cada vez que llueve fuerte.
Ninguna medida cumple los filtros. Prueba a quitar alguno.