267Empleo donde hay vivienda
Inversión productiva y teletrabajo para llevar empleo a los pueblos y frenar la concentración en las capitales.
Porque la gente no debería tener que irse de su pueblo para trabajar.
- Palancas
- Fuente
- Ficha oficial
Agricultura, ganadería, pesca, PAC, despoblación, montes y caza.
15 programas tienen medidas en esta categoría. Abre uno para leerlas, o busca el partido que te interesa.
Ver en el exploradorFicha de AA
Inversión productiva y teletrabajo para llevar empleo a los pueblos y frenar la concentración en las capitales.
Porque la gente no debería tener que irse de su pueblo para trabajar.
Productos de cercanía sin intermediarios para abaratar la compra y pagar mejor a quien produce.
Porque los intermediarios encarecen la comida y pagan poco a quien produce.
Prohibición efectiva de la venta a pérdidas y precios justos en origen.
Porque a quien cultiva se le paga muchas veces por debajo de lo que le cuesta producir.
Límites temporales a alimentos y suministros básicos ante subidas abusivas, con vigilancia de los márgenes.
Porque en una crisis nadie debería hacer negocio con lo básico.
Ayudas ligadas al empleo y a vivir en el territorio, no a las hectáreas, y Andalucía dividida en varias regiones productivas.
Porque la PAC sigue beneficiando sobre todo a la gran propiedad.
Uso cooperativo de las tierras infrautilizadas de grandes propietarios y fondos.
Porque hay tierras sin cultivar mientras falta empleo en el campo.
Ayudas por producción, empleo e innovación y asesoramiento público en agricultura ecológica.
Porque la pequeña agricultura mantiene vivos los pueblos.
Respuesta rápida ante especies invasoras y apoyo al sector.
Porque sin abejas no hay polinización ni cosechas.
Ley de pesca sostenible y áreas marinas gestionadas con el sector.
Porque la pesca artesanal es sostenible y da vida a los pueblos de la costa.
Paralizar su expansión hasta evaluar su consumo de agua e insumos, limitarlo a las zonas de menor valor ecológico y ninguna ayuda pública a las plantaciones de fondos de inversión.
Porque el olivar superintensivo consume mucha agua y hunde los precios del olivar tradicional.
Etiquetado obligatorio del origen y del modelo de cultivo: tradicional, ecológico o superintensivo.
Porque quien compra aceite tiene derecho a saber cómo se ha producido.
Asesoramiento técnico, formación e investigación para gestionar plagas sin los fitosanitarios retirados, en red con las universidades andaluzas.
Porque se retiran productos fitosanitarios sin ofrecer alternativas a quien cultiva.
Norma básica que simplifique la venta directa y la transformación de las pequeñas explotaciones, con obradores y microalmazaras públicos compartidos.
Porque vender directamente lo que se produce no debería ser tan difícil.
Comedores, hospitales y residencias públicos con alimentos locales y ecológicos pagados a precio digno, y una opción vegetal diaria en todos ellos.
Porque los comedores públicos pueden comprar a la producción de aquí.
Ayudas durante la conversión, menos burocracia y reconocimiento de los sistemas participativos de garantía.
Porque pasar a ecológico cuesta, y los primeros años hay que acompañarlo.
Ayudas a la incorporación de jóvenes sin tierra, con prioridad a la agroecología y a la integración de agricultura y ganadería.
Porque el campo envejece y faltan jóvenes que tomen el relevo.
Intermediación pública entre empresas y personal temporero, con alojamiento, información y asesoramiento sindical.
Porque las temporeras y los temporeros llegan sin información y sin protección.
Recuperar las vías pecuarias ocupadas y los pastos comunales para la ganadería extensiva y la juventud ganadera, en colaboración con la Junta.
Porque las vías pecuarias son de todos y muchas están ocupadas.
Fiscalidad según la huella ecológica de cada producción, que premie la ecológica en lugar de penalizarla.
Porque quien menos contamina hoy paga lo mismo o más que quien más contamina.
Un mecanismo que asegure ingresos estables a quien trabaja la tierra frente a la volatilidad del mercado y del clima.
Porque nadie puede vivir del campo si no sabe cuánto va a cobrar.
Más personal inspector en la Agencia de Información y Control Alimentarios y publicación periódica de los precios en origen y en destino.
Porque la diferencia entre el precio en origen y el del supermercado es enorme.
Plan con fondos europeos y la Junta para lonjas, hielo, frío y comercialización en origen, de Sanlúcar a Garrucha.
Porque los puertos pesqueros necesitan medios para vender mejor lo que se pesca.
Apoyo a las artes tradicionales, relevo generacional y reconocimiento profesional y social de las mujeres del sector.
Porque la pesca tradicional es parte de nuestra cultura y está en riesgo.
Servicios públicos garantizados en pueblos y pedanías, redes eléctricas y de telecomunicaciones renovadas y sin cortes, con compensaciones cuando fallen, teletrabajo y empleo rural.
Porque muchos pueblos andaluces se están quedando vacíos.
Fondo público para contratar en otoño e invierno la limpieza y conservación de los montes.
Porque el monte limpio arde menos y da empleo en los pueblos.
Protección frente a la sobreexplotación del agua y a cualquier proyecto que la amenace.
Porque Doñana se está secando por la sobreexplotación del agua.
Moratoria de construcción en el litoral, derribo del Algarrobico y protección del Tómbolo de Trafalgar.
Porque la costa andaluza no aguanta más cemento.
Obligar a los buques a usar combustibles menos contaminantes.
Porque el Estrecho es un mar de gran valor con un tráfico marítimo enorme.
Con financiación, objetivos y participación social, y corredores ecológicos que reconecten los hábitats.
Porque la naturaleza dañada se puede recuperar si se invierte en ella.
Bosques urbanos, sombra en parques y patios escolares y más zonas verdes.
Porque las ciudades sin sombra son cada vez más peligrosas en verano.
Recursos para frenar la seca de encinas y alcornoques.
Porque la seca está matando encinas y alcornoques en toda Andalucía.
Prohibición de estos insecticidas y franjas de seguridad sin fumigaciones alrededor de viviendas, colegios y espacios públicos.
Porque estos insecticidas matan a las abejas, y fumigar junto a las casas afecta a la salud.
Prohibición y transición a la ganadería extensiva.
Porque las macrogranjas contaminan el agua y destruyen el empleo de la ganadería familiar.
Plan director del arbolado en cada ayuntamiento, personal técnico certificado y obligación de conservar los árboles en las obras.
Porque los árboles urbanos se talan con demasiada facilidad.
Normas estatales que protejan el cielo nocturno, la salud y la fauna.
Porque la contaminación lumínica afecta a la salud y a la fauna.
Ley que reconozca la personalidad jurídica de Doñana y su entorno, como la del Mar Menor.
Porque dar derechos a Doñana permite defenderla ante los tribunales.
Su vuelta al Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, catalogado como vulnerable, y un plan de recuperación.
Porque el lobo es una especie que necesita protección para sobrevivir.
Corrección obligatoria de los tendidos eléctricos peligrosos, sanciones por cada ave electrocutada y medidas probadas en los parques eólicos, como pintar de negro una de las palas.
Porque los tendidos eléctricos y los aerogeneradores matan miles de aves cada año.
Zonas de exclusión de sónar en las aguas de cetáceos de buceo profundo.
Porque los sónares militares pueden matar a cetáceos.
Protección de paisajes como los viñedos y las albarizas del Marco de Jerez frente a las macroplantas.
Porque el paisaje también es patrimonio y se está perdiendo.
Acceso a la tierra para jóvenes y mujeres y uso social de las tierras infrautilizadas, con exención en el IRPF para las personas jubiladas que cedan sus tierras a menores de 40 años a través del banco.
Porque acceder a la tierra es casi imposible para quien quiere empezar.
Ayudas a la reconversión ecológica, formación y asesoramiento público en los pueblos.
Porque el suelo agrícola se está degradando.
Investigación pública frente a plagas emergentes y ayudas a quien pierde la cosecha.
Porque las plagas nuevas pueden arruinar una cosecha entera.
Marco legal para ecoaldeas y proyectos comunitarios en el medio rural.
Porque hay personas que quieren vivir en el campo y no encuentran cómo.
Servicio financiero básico obligatorio en todos los municipios, a cargo de la banca y de la banca pública.
Porque en muchos pueblos ya no queda ni un cajero.
Programa estatal de pastoreo para limpiar los montes, con contratos dignos y apoyo a la ganadería extensiva.
Porque el ganado limpia el monte y previene incendios.
Financiación de las redes de semillas tradicionales y de los bancos de variedades locales.
Porque las semillas tradicionales son parte de nuestra soberanía alimentaria.
Servicios básicos garantizados en cada pueblo (transporte diario a demanda hasta la cabecera de comarca, atención sanitaria de calidad, internet y un centro cultural en cada cabecera), industria de economía circular y financiación prioritaria para la agricultura sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal.
Porque vivir en un pueblo no puede significar tener menos servicios.
Modernizar las infraestructuras hídricas y de regadío sin aumentar la superficie regada, y cuidar la viabilidad de las zonas forestales.
Porque el agua que se pierde en canales viejos es agua que falta.
Inventario público de los caminos rurales y las vías pecuarias ocupados o cerrados, y reforma de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias para agilizar su deslinde y recuperación de oficio y sancionar las cancelas, alambradas y vallados ilegales.
Porque muchos caminos públicos están cerrados con cancelas ilegales.
Financiación estatal, en coordinación con la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, para retirar obstáculos, restaurar y señalizar los caminos, con un canal de denuncia ciudadana y la participación de asociaciones vecinales, ecologistas, senderistas y agrarias.
Porque recuperar los caminos exige dinero y coordinación entre administraciones.
Que proteja a todos los animales, incluidos los perros de caza y de trabajo, los de experimentación, los de producción y los usados en festejos, con la tauromaquia en transición hasta su abolición.
Porque la protección animal no puede tener excepciones a la carta.
Para las familias con pocos recursos que no puedan pagar el seguro obligatorio de responsabilidad civil, para que no acabe en abandono.
Porque el coste del seguro no puede acabar en abandono.
Mejores condiciones laborales y plantillas suficientes para frenar la fuga de profesionales.
Porque las clínicas veterinarias pierden profesionales por las malas condiciones.
Clínicas públicas con urgencias y ayuda a medicamentos y operaciones para los animales de compañía, y un cuerpo de peritaje veterinario para los casos de maltrato.
Porque muchas familias no pueden pagar la atención veterinaria.
Con ayudas públicas estables y supervisadas.
Porque las protectoras hacen un trabajo público sin apenas apoyo.
Prohibir las granjas peleteras y reconvertir la ganadería intensiva hacia modelos extensivos.
Porque criar animales para su piel es cruel e innecesario.
Prohibición, con un plan de transición y santuarios marinos.
Porque los cetáceos sufren en cautividad.
Fin de toda subvención, también a las escuelas taurinas, y ningún fondo europeo para nada relacionado con la tauromaquia.
Porque el dinero público no debe financiar el maltrato animal.
Prohibido que las personas menores de 16 años participen o asistan a festejos taurinos y a clases prácticas con reses.
Porque los menores no deben presenciar la violencia hacia los animales.
Ninguna corrida en televisión pública ni contenido con violencia hacia animales en esa franja.
Porque la televisión pública no debe emitir violencia en horario infantil.
Prohibir su venta como medida de transición.
Porque el alcohol empeora la seguridad en los festejos.
Periodos de caza más cortos, penas más duras para la caza furtiva y prohibición de criar y soltar especies para cazarlas.
Porque la caza también debe respetar el bienestar animal.
Fiscalidad y servicios básicos garantizados para los municipios granadinos en riesgo de despoblación.
Porque muchos pueblos de Granada se están quedando sin gente.
Ni regeneraciones artificiales ni espigones como solución habitual, soluciones basadas en la naturaleza y protección de los acantilados de Maro–Cerro Gordo y de la vega de Nerja y Maro.
Porque los espigones y las regeneraciones artificiales agravan la pérdida de arena.
Ver en el exploradorFicha de BNG
A modificación da Lei da cadea alimentaria para que regule de xeito efectivo as relacións entre os elos da cadea, con transaccións comerciais transparentes e resultado de negociacións levadas a cabo en igualdade de condicións, garantindo que non se fan vendas por debaixo de custos de produción. Para esta protección apoiaranse en datos derivados
de estudos técnicos e económicos que recollan as achegas das distintas CCAA, onde se reflictan as súas propias particularidades nos distintos sectores produtivos, garantindo a viabilidade do sector agrogandeiro galego.
Impulso dos circuítos curtos de transformación e comercialización que xeren valor engadido nas explotacións agrogandeiras galegas e favorezan a viabilidade dos produtores, achegando aos consumidores produtos de calidade diferenciada, tanto frescos coma transformados, favorecendo producións respectuosas co medio ambiente, favorecendo a economía e a cohesión social.
Protección do sector agrogandeiro: as enfermidades emerxentes son unha realidade ineludíbel coa que temos que convivir tanto na gandería como na agricultura e que ten efectos nocivos sobre o noso agro, con perdas económicas incalculábeis derivadas da súa chegada. A loita contra elas ten que ser conxunta, coa achega dos recursos precisos, tanto económicos coma humanos, que garantan a protección do noso sector produtivo e poñan a disposición as medidas preventivas precisas en cada momento e os informes, análises e estudos que permitan estar preparados e informados.
Rexeitamento de acordos comerciais multilaterais prexudiciais para o sector agrario de Galiza, en particular o UE-Mercosur polos enormes prexuízos ás explotacións agrarias galegas que non poderán competir coa entrada masiva de producións agrogandeiras e polo grave problema para as persoas consumidoras pola falla de garantías das condicións da produción nos países do Mercosur.
Defensa dos cambios necesarios no PEPAC actualmente en vigor, para que se adapte as especificidades do sector agrario galego, evitando os prexuízos que determinadas normativas traen as nosas explotacións agrogandeiras a hora de acceder as axudas da PAC.
Fronte á proposta da Comisión Europea para o novo Marco Financeiro Plurianual 2028-34 que pretende rearmar á UE multiplicando por dez o seu orzamento actual en Defensa a conta de centralizar e recortar drasticamente os Fondos de Cohesión (-34%), da PAC (-22%) e do FEMPA (-67%), esiximos a xestión descentralizada e o incremento dos fondos para o desenvolvemento territorial, a produción e a soberanía alimentaria, a sustentabilidade e o futuro dos nosos sectores produtivos. Nesta campo hai que ter en conta a forte incidencia que pode traer aos nosos concellos a posíbel
desaparición do 2º piar da PAC, fundos FEADER, e con elo as medidas de desenvolvemento rural.
Defensa dunha nova orientación das políticas estatais en materia forestal e ambiental co obxectivo de recuperar o bosque autóctono, diversificar usos e ordenación do territorio con creación de valor engadigo no país, fronte a un modelo de monocultivo ao servizo de grandes intereses industriais.
O Estado debe asumir que Galiza precisa unha política forestal diferente, coherente co interese xeral e coa loita contra a crise climática. A expansión descontrolada do eucalipto, amparada por unha pseudomoratoria chea de excepcións, agravou o abandono do monte, incrementou os riscos de incendio e empobreceu a base produtiva do medio rural.
O recoñecemento da Galiza como “zona altamente dependente da pesca”.
Eliminación do principio de estabilidade relativa, en vigor desde o ano 1986 e que non deixa de ser unha discriminación para a frota galega.
O recoñecemento da capacidade directa de negociación de Galiza , a súa participación e consentimento naquelas cuestións de especial relevancia en materia pesqueira, nomeadamente, na reforma ou na revisión da PPC.
A negociación da distribución equitativa de cotas de pesca para a frota galega, que parta da capacidade extractiva do sector.
A exixencia de que a pesca artesanal fique exenta de TAC e cotas .
O estabelecemento dun espazo galego de libre decisión en materia marítima, pesqueira e/ou aproveitamento enerxético. Transferencia das competencias dos portos de interese xeral do Estado, Salvamento Marítimo, navegación marítima e mariña mercante, investigación oceanográfica (IEO), inspección de buques, ISM, dominio público marítimo e marítimo-terrestre e mar territorial, así como o traspaso de funcións e servizos da Administración xeral do Estado a Galiza en materia de ordenación e xestión do litoral etc.
Evitar o acoso que sofre a xente do mar con catro corpos de inspección (Gardacostas de Galiza, funcionarios do Ministerio, Garda Civil e funcionarios da UE), concentrando esa función no corpo de Gardacostas de Galiza.
A implantación inmediata das medidas aprobadas a raíz das emendas do BNG á Lei 5/2023, de Pesca Sostíbel e Investigación Pesqueira sobre:
Transferencia dos inmóbeis do ISM e recuperar as casas do mar que foron desaparecendo.
A exixencia da exclusión da pesca artesanal do Regulamento (UE) do Control da Pesca.
Recoñecer a titularidade do monte comunal dentro da zona de dominio público marítimo terrestre e do deslinde de costas, sometida, en todo caso, aos límites de uso e autorizacións que correspondan ás súas características específicas.
Recoñecer xuridicamente a propiedade comunal do monte, mediante a modificación do Código Civil, co obxectivo de que se recoñeza de maneira expresa a propiedade de carácter colectivo ou comunitario como unha realidade xurídica diferente da titularidade pública e da privada. Este
recoñecemento ten unha importancia capital en Galiza posto que os montes veciñais en mancomún supoñen a cuarta parte do territorio (case 700.000 hectáreas), constitúen un sinal de identidade territorial e sociocultural e son ademais un motor de desenvolvemento económico e produtivo.
Aprobar medidas fiscais que incentiven o uso e aproveitamento multifuncional do monte por parte de agrupacións de propietarios particulares e comunidades de montes.
Considerar as diferentes variedades de eucalipto como especie exótica invasora e inclusión no correspondente catálogo, coa conseguinte limitación do seu cultivo para garantir a protección do solo e das reservas de auga, a conservación da biodiversidade e a protección fronte aos incendios forestais.
Fomentar axudas directas para a incorporación da mocidade no sector primario e medidas complementarias para as que continúan a súa actividade, así como un apoio eficaz e un reforzo nas axudas e no asesoramento para tomar a remuda nas explotacións.
Ver en el exploradorFicha de PACMA
Cada año, millones de animales son abatidos por los cazadores mientras PACMA es el único partido que se opone a ello.
La actividad cinegética no es una herramienta necesaria para la gestión y el equilibrio medio ambiental, como los gobiernos central y autonómicos están tratando de “vendernos” en los últimos años. Muy al contrario, como ya ha advertido el Parlamento Europeo, la caza es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad.
Cada temporada, además, los cazadores dejan tras de sí miles de toneladas de plomo en el agua y el suelo, que permanecen en el sustrato cientos de años, prolongando su efecto tóxico en la naturaleza. Miles de aves, acuáticas y rapaces, mueren cada año por su ingestión directa.
A pesar de ello, los diferentes gobiernos no tienen ningún reparo en establecer beneficios y bonificaciones fiscales para el fomento de la práctica de esta actividad minoritaria, que suponen reducciones de millones de euros de ingreso en las arcas públicas, y, a su vez, la inversión de millones de euros de todos los contribuyentes en el desarrollo de una actividad que no practica la enorme mayoría.
De la misma manera, en el ámbito legislativo han puesto todo su empeño para que prácticas como la montería con rehala o la cetrería sean declaradas Bien de Interés Cultural.
En cualquier caso, ninguna medida les servirá para salvar una actividad que se encuentra en un proceso de desaparición irreversible. Como reconocen los propios planes de caza autonómicos y la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, el número de licencias ha disminuido, de forma pausada pero inexorable y la edad media de los cazadores ha aumentado en torno a diez años en la última década, estando ya muy por encima de los cincuenta años.
Por ello, además de las medidas mencionadas, están adoptando otras encaminadas a captar niños, jóvenes y mujeres que se sumen a la práctica de esta actividad.
Su intención es la de inculcar desde la infancia una visión de la caza como supuesta herramienta de gestión y equilibrio del medio natural, y de conservación de la biodiversidad, considerando necesario advertir a la sociedad que de no existir la caza como actividad desarrollada voluntariamente sería preciso tener unos servicios de control de las poblaciones de determinadas especies por parte de las administraciones con cargo al erario público.
Argumentos que no son más que patrañas, cuando, como llevamos años denunciando desde PACMA, España está plagada de granjas cinegéticas, cuya única finalidad es la de criar animales para después soltarlos y cazarlos. Negocios que los gobiernos no solo autorizan, sino que fomentan, beneficiándolos también fiscalmente.
Desde el Partido Animalista les indicamos que, por el contrario, sería conveniente que estimaran cuánto cuesta y ha costado, durante todos estos años, mantener el servicio de recogida y mantenimiento de los cientos de miles de perros desechados por los cazadores, las acciones para mitigar los efectos de la contaminación por el plomo de sus cartuchos o los programas de recuperación de las especies que, como el lince, han llevado al borde la extinción.
Desde los mismos gobiernos aseguran, también, que la caza es una actividad esencial para el mantenimiento del medio rural, cuando la realidad es que las zonas con mayor actividad cinegética son las más despobladas. Se trata de una actividad claramente masculinizada y con escaso relevo generacional, y que, por tanto, contribuye al envejecimiento poblacional, a la masculinización del territorio, a las migraciones, a la baja natalidad y densidad, y a las poblaciones estacionales, que son, precisamente, los grandes desafíos que debe enfrentar el medio rural.
PACMA trabajará por que España no sea el gran coto de caza en el que, gobierno tras gobierno, han convertido este país, cuya legislación permite que más del 85% del territorio sea terreno cinegético.
Miles de cotos que ocupan millones de hectáreas, privilegiando al 1% de la población que tiene licencia de caza, frente al 99% que nos vemos privados del derecho recogido en la Constitución a poder disfrutar de un medio ambiente adecuado; a poder disfrutar de la naturaleza que nos rodea con libertad y sin miedo.
Mientras que se continúe fomentando y tratando de proteger la caza, desde PACMA seguiremos dando voz a los millones de animales que son abatidos cada año por “deporte” o bajo justificación de supuestas sobrepoblaciones y emergencia cinegéticas declaradas por los mismos gobiernos que permiten e incentivan la cría de esas mismas especies en granjas cinegéticas y autorizan las posteriores sueltas.
Seguiremos luchando cada día hasta abolir esta práctica cruel e innecesaria, e impulsaremos medidas como la prohibición definitiva de la utilización de balines de plomo, la ampliación de la extensión de los perímetros de seguridad alrededor de los terrenos cinegéticos, la creación de un registro nacional sobre accidentes relacionados con la actividad cinegética y la obligatoriedad de realizar controles de alcoholemia y estupefacientes a los cazadores de manera regular, aleatoria y sin previo aviso, dado que se trata de personas que portan armas y suponen un peligro para el resto de la población.
Cada año, cuando termina la temporada de caza, miles de perros son abandonados y matados de maneras terribles.
El fin de la temporada de caza es la segunda causa de abandono, tras las camadas indeseadas que, a su vez, proceden en gran parte de estos animales explotados por los cazadores.
Las condiciones en las que muchos cazadores mantienen a los perros en los meses previos a la caza, como venimos denunciando desde hace años, son pésimas: permanentemente atados a cortas cadenas, bebiendo agua insalubre y durmiendo sobre sus propios excrementos.
En 2021, el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales envió una misiva al Gobierno en la que expresaba su preocupación, precisamente, por el trato que se da a los animales utilizados como herramientas de caza en España.
Sin embargo, al Gobierno no solo no le pareció vergonzoso que desde la Unión Europea le llamaran la atención sobre el enorme atraso de la legislación respecto de la conciencia sobre protección y bienestar animal de la sociedad española, ni que se le advirtiera que el trato que permite que se dé a estos animales está en contradicción con los valores europeos, o que no haya nada que justifique que se les dé un amparo legal diferente al del resto de animales considerados de compañía, sino que, haciendo exactamente lo opuesto a lo que desde el Intergrupo se solicitaba, el Gobierno excluyó a los perros y demás animales utilizados como herramientas de caza del ámbito de aplicación de la Ley de protección animal.
Todo ello a pesar de que los eurodiputados y eurodiputadas denunciaran que en España no se está protegiendo a estos animales del sufrimiento, del abandono y del maltrato por parte de quienes los explotan, señalando que, en el resto de países europeos, modalidades de caza como la montería con rehala están prohibidas por su extrema crueldad, mientras que la legislación española no solo no las prohíbe, sino que, encima, las protege y las fomenta mediante subvenciones y declaraciones como las de bien de interés cultural.
Son estos gobiernos los que hacen que España siga a la cola en bienestar y protección animal, siendo la vergüenza de Europa.
Desde PACMA, mientras conseguimos la prohibición de la caza, impulsaremos la inclusión de los perros de caza en la Ley de protección animal con vistas siempre a la prohibición del empleo de animales como instrumentos para cazar, ya sean perros, aves, hurones u otros animales.
Ahorcados, envenenados, atropellados o expuestos como trofeos de caza. Así ha acababa la vida de cientos de lobos ibéricos, cada año, en España.
Las justificaciones esgrimidas para autorizar su caza, como reducir el conflicto con el ganado o paliar el furtivismo, son falsas. El lobo ha sido víctima de la estigmatización administrativa y social, causada principalmente por las instituciones que han promovido su caza a instancias del sector cinegético y al amparo de las denuncias del sector ganadero, cuyos intereses se ven beneficiados por planes específicos de indemnizaciones.
El lobo ibérico habitó una vez la mayor parte de la Península. Sin embargo, durante los años 70, la especie estuvo sometida a un tremendo estrés poblacional por presión humana, como las campañas de “extinción de alimañas” promovidas desde la Administración, que ofrecía recompensas para todas aquellas personas que entregaran uno muerto, los envenenamientos indiscriminados o la destrucción de sus hábitats. Su número se redujo entonces a tan solo 400 animales en toda España, convirtiéndose en una especie en peligro de extinción.
En las últimas décadas, ha sido una especie designada “de especial conservación” únicamente en la región sur del Duero, pero el resto de las comunidades autónomas han continuado autorizando su caza, provocando una regresión de la especie hacia la zona noroccidental, debida a una brutal persecución que le ha impedido extenderse hacia sus territorios históricos meridionales.
En septiembre de 2021, pasó a ser una especie designada “de especial conservación” en todo el territorio nacional, pero esta medida llegaba muy tarde. Tras décadas de desprotección, pocos ejemplares, aislados, víctimas de la endogamia, en territorios con grandes terrenos cinegéticos vallados, con una supervivencia que pendía de un hilo y sin planes específicos de recuperación, los lobos desaparecieron ya de muchas comunidades autónomas.
Tristemente, la especie se encuentra ahora más en peligro que nunca. En marzo de 2025, durante la tramitación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, de manera inesperada y vergonzosa, el Grupo Parlamentario Popular introducía una serie de enmiendas que han supuesto la desprotección del lobo en todo el país. Es tan ridículo que el lobo ya ni siquiera se encuentra protegido allí donde está extinto y el Gobierno no ha hecho nada para evitarlo.
Al carecer de legitimación para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad, desde PACMA interpelamos a quiénes sí la tienen para que lo interpusieran, como el Presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios que forman parte de este y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, solo este último respondió favorablemente a nuestra petición. La problemática es que la resolución del Tribunal Constitucional puede tardar años en llegar, y ya es tarde para los muchos lobos que están matando en comunidades como Cantabria y Asturias. Por ello, desde el Partido Animalista estamos destinando nuestros escasos recursos para intentar frenar los planes de caza de estas comunidades, tanto en vía administrativa como judicial.
Otra especie víctima de la estigmatización promovida por el sector cinegético es el zorro. El hecho de alimentarse de algunas especies que los cazadores consideran “sus presas”, les ha mantenido durante décadas en el punto de mira de sus escopetas.
La caza deportiva de zorros con perros entrenados para perseguirlos y acosarlos hasta en sus propias madrigueras, fue una actividad recreativa popular durante los siglos pasados, en países como Inglaterra, Gales o Escocia, pero la civilización de estas sociedades llevó a que esta práctica, terriblemente cruel, fuera prohibida.
En España, sin embargo, aún se continúa permitiendo, a pesar de que la caza del zorro esté afectando, además, de manera negativa al equilibrio ecológico.
En los últimos años por fin hemos empezado a ver cómo algún gobierno autonómico reconoce estos efectos negativos en la naturaleza y establece restricciones a su caza. En Castilla-La Mancha, se limitó la caza del zorro tras constatar, en base a los datos obtenidos por un programa de monitorización y censo de esta especie, que, en los municipios con una media de daños por conejo de monte superior a 100 hectáreas por año, había una evidente escasez de zorros.
Desde PACMA queremos que se proteja a estas especies emblemáticas, tan injustamente criminalizadas y señaladas a expensas de los intereses de los sectores cinegético y ganadero, de manera que la caza del lobo y del zorro sean expresamente prohibidas.
Abogaremos, además, por el desarrollo de campañas de educación ambiental que sensibilicen a la población sobre la importancia de la conservación de la fauna silvestre y, especialmente, de especies como el lobo y el zorro, de manera que se erradiquen todas las falacias y la animadversión que cazadores y ganaderos han infundido durante décadas sobre ellas para tratar de justificar la persecución y el maltrato de estos animales.
Otra actividad cada día más censurada por la ciudadanía es la cría y explotación de animales para el aprovechamiento de sus pieles, debido a la crueldad extrema a la que son sometidos en las granjas peleteras.
El cautiverio resulta muy estresante para animales como los visones, que en estado silvestre pueden llegar a ocupar un territorio de diez kilómetros cuadrados. Desde que nacen, se les cría hacinados en diminutas jaulas. Viven, moviéndose en círculos de manera frenética, entre sus propios excrementos, cadáveres y restos de otros animales, con escasa atención veterinaria, padeciendo infecciones que agravan su sufrimiento.
El miedo, el estrés y la ausencia de toda posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales más básicas, les genera tal estado de ansiedad que se autolesionan, mordiéndose la piel, la cola y las patas, rompiéndose los dientes con los barrotes de las jaulas, agrediéndose unos a otros.
Dado que el objetivo de sus criadores es arrancarles la piel, sobre los siete meses, son gaseados, desnucados o electrocutados, de manera que ésta no resulte dañada. Debido al ritmo industrial de las granjas, algunos aún están vivos cuando son despellejados.
Es intolerable e injustificable todo este sufrimiento para confeccionar abrigos y complementos.
Además, la cría intensiva conlleva la fuga de visones americanos de las granjas peleteras. Es absurdo que se sigan destinando millones de euros a proteger el visón europeo, declarado como especie en peligro crítico de extinción en España, mientras se continúa incentivando la apertura de granjas de visón americano, que constituye su principal amenaza.
Por todo ello, PACMA propone prohibir la cría y explotación de animales para el aprovechamiento de sus pieles.
La caza no es un control poblacional eficaz. Como demuestran ya los estudios científicos, aumentar la presión cinegética sobre determinadas especies, como los jabalís, solo está provocando que éstas aumenten su reproducción, incrementando el número de camadas cada año y el número de crías en cada camada, lo que supone el efecto contrario al que supuestamente se pretende conseguir con su persecución y matanza.
Desde PACMA defendemos el uso de métodos de control poblacional no letales por ser más éticos, pero también efectivos, como las vacunas anticonceptivas que ya se han probado con éxito, pero, sobre todo, defendemos que, si dejáramos a los animales vivir en paz en lo que debería ser su entorno natural y no un coto de caza, no tendrían la necesidad de adentrarse en los entornos urbanos para tratar de proteger sus vidas.
Dentro del entorno urbano, defendemos igualmente el empleo de técnicas y métodos éticos de control de reproducción de la fauna urbana, como la esterilización o el suministro de vacunas y piensos anticonceptivos.
En España contamos con un catálogo de mal llamadas especies exóticas “invasoras” definidas como aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, para las que se prevé su control y erradicación.
Sin embargo, la mayoría de estas especies alóctonas, que están siendo víctimas de métodos letales y crueles de eliminación, son especies que, gobierno tras gobierno, han permitido que sean importadas desde otros países para ser vendidas en España como animales de compañía -como en los casos del galápago americano, la cotorra argentina, el cerdo vietnamita o el mapache-, para la cría y aprovechamiento de sus pieles -como en el caso del visón americano-, o para la explotación cinegética -como en los casos del muflón o el arruí-.
Los animales pertenecientes a estas especies no han llegado a nuestro entorno por sí mismos, ni, desde luego, por su propia voluntad. Muy al contrario, son animales que han sido arrancados de sus hábitats naturales para ser importados con fines lucrativos, comerciales o de entretenimiento, muchos pereciendo en el trayecto.
Es intolerable que, tras todo este padecimiento y de realizar un enorme esfuerzo por adaptarse y sobrevivir en un entorno impropio, desconocido y hostil, encima sean considerados especies “invasoras” y tengan que pagar la explotación y la irresponsabilidad humana, literalmente, con sus vidas.
Continuar permitiendo la introducción, comercialización e, incluso, la liberación de especies alóctonas demuestra la hipocresía, la incoherencia y la falta de responsabilidad de los sucesivos gobiernos que, durante décadas, han autorizado la importación de muchas de las especies que hoy se califican de invasoras y para las que se prevé su erradicación.
Según afirman desde el actual Gobierno, la creación de un listado positivo de animales de compañía sería una herramienta preventiva destinada a evitar los impactos económicos, ecológicos y sanitarios que generan estas especies. Otro parche cuando la verdadera prevención, la medida valiente que sólo PACMA defiende, es la prohibición de la importación e introducción de especies alóctonas, de manera absoluta. Un listado que atañe exclusivamente a la tenencia de animales como compañía, no solucionaría una problemática cuyo mayor impacto proviene de las explotaciones ganadera, piscícola, peletera y cinegética.
La primera medida que se debe tomar para prevenir los problemas que pueden derivarse de la introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, que pueden llegar a constituir una amenaza para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, es prohibir la importación de especies y subespecies alóctonas, tanto para su comercialización y tenencia como animales de compañía, como para su explotación ganadera, piscícola, peletera y cinegética.
Desde PACMA llevamos años reclamando que se prohíba de manera absoluta la importación de especies alóctonas y que la tenencia de animales silvestres en cautividad debe estar condicionada a que el animal no pueda ser devuelto y reintroducido en su medio natural.
Para el control poblacional de aquellas especies alóctonas que ya han sido introducidas, comercializadas y/o liberadas, que pueden llegar a constituir una amenaza para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, defendemos el uso de técnicas y métodos no letales de control de reproducción, por ser más ético, pero también efectivo a la larga, como la esterilización o el suministro de vacunas y/o piensos anticonceptivos.
Millones de animales se mantienen en jaulas o cajones durante toda o la mayor parte de sus vidas: conejos, gallinas, codornices, patos, gansos, ... Especialmente crueles son las jaulas para gestación y lactancia para cerdas y los cajones individuales para terneros.
En 2018, PACMA se adhirió a la Iniciativa Ciudadana Europea “End the Cage Age/No Más Jaulas”, como entidad promotora en España de esta iniciativa de Compassion in World Farming, que consiguió su objetivo de recolectar más de un millón de firmas en apoyo de una Directiva de la Unión Europea que acabara con las jaulas en todas las explotaciones ganaderas.
El Parlamento Europeo secundó la iniciativa por una abrumadora mayoría y, en 2021, la Comisión Europea anunció su compromiso histórico de revisar la legislación de la UE, prometiendo presentar una propuesta legislativa antes de finales de 2023, para eliminar progresivamente el uso de jaulas en la ganadería antes de 2027.
Sin embargo, la Comisión ha incumplido, por el momento, con este compromiso, sin duda, por la presión de la industria ganadera.
Desde PACMA nos comprometemos a promover cuanto antes la eliminación de las jaulas en España.
Los animales de las explotaciones ganaderas sufren prácticas terribles como la amputación del pico a los pollos, del rabo y los dientes a los cerdos o el quemado de los cuernos a los terneros, con la finalidad de evitar que los animales, debido al estrés que soportan por las pésimas condiciones de confinamiento y hacinamiento, se agredan entre ellos. Algunos veterinarios denuncian que estas prácticas, además, se realizan a menudo incumpliendo la normativa que establece la obligatoriedad de utilizar anestesia.
Por ello, el Partido Animalista instará a prohibir la práctica de amputaciones a los animales que no tengan ninguna finalidad curativa.
El foie gras es producto del hígado hipertrofiado de un pato o de un ganso sobrealimentado. Existen múltiples investigaciones que muestran el terrible sufrimiento que padecen estos animales durante toda su vida para su producción.
Las aves son inmovilizadas y alimentadas mediante embudos por los que se introduce el alimento a presión varias veces al día. Algunos criadores colocan un elástico alrededor del cuello de las aves para evitar que estas vomiten. Los animales suelen vivir en diminutas jaulas de manera que no puedan moverse, gasten la menor energía posible y se deposite tejido graso en todo su cuerpo, especialmente en el hígado. Este aumenta diez veces su peso normal. Un aumento exagerado que les genera trastornos de todo tipo, sobre todo respiratorios, ya que existe una compresión pulmonar, a la vez que sienten un intenso y constante dolor hepático.
Dieciocho países europeos han prohibido ya la alimentación forzosa. España, como siempre, a la cola en bienestar y protección animal, es uno de los cinco que aún lo permite. Desde PACMA impulsaremos la prohibición de la alimentación forzosa de los animales, así como la comercialización de los productos derivados de esta cruel técnica.
Como se reconoce en el propio Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, las recomendaciones de eliminar progresivamente el uso de dióxido de carbono para cerdos, así como del uso de equipamientos de aturdimiento por baño de agua para las aves de corral, se descartaron del mismo pues, según la evaluación de impacto, no resultaban económicamente “viables”.
Desde el Partido Animalista consideramos inaceptable que se supedite el bienestar de los animales al beneficio económico que supondría reducir el sufrimiento que provocan las técnicas de aturdimiento y sacrificio.
Por ello, trabajaremos por la prohibición de, al menos, los métodos de aturdimiento que no garanticen la ausencia de sufrimiento para los animales.
La legislación de la Unión Europea establece que los animales se matarán únicamente previo aturdimiento, manteniendo la pérdida de consciencia y sensibilidad hasta su muerte. Sin embargo, prevé una excepción para los métodos particulares de sacrificio prescritos por ritos religiosos.
El sacrificio ritual que realizan algunas religiones, como la musulmana (halal) y la judía (kosher), exige que los animales estén en perfecto estado de salud en el momento del sacrificio y, en base a algunas interpretaciones, un animal aturdido puede considerarse “enfermo”.
En estos casos, el método de sacrificio general utilizado es por degüello, cortando los vasos sanguíneos de ambas partes del cuello, sin dañar la espina dorsal. También se cortan tráquea, esófago y paquete nervioso.
Mediante degüello la consciencia se pierde de forma gradual, provocando una agonía durante la cual los animales están expuestos a dolor y sufrimiento innecesarios.
En 2017 conocíamos a través de una investigación periodística que, en los mataderos, casi la mitad de la ternera y el cordero eran, ya entonces, sacrificados por el rito halal. La explicación es que la clientela musulmana suele comprar partes del ternero que no consumen otros clientes, como las patas delanteras. Para sacar el mayor provecho y beneficio de la explotación y matanza de los animales, se les sacrifica sin aturdimiento previo, para poder vender esas partes en las carnicerías halal y el resto en las carnicerías convencionales. Un abuso cada vez más extendido que la mayoría de los consumidores desconoce, dado que la legislación no obliga a informar sobre el método de sacrificio. De esta manera, lo que la legislación establece como excepción – el sacrificio de animales sin aturdimiento previo- se ha convertido en la regla.
Por respeto a los animales como seres sensibles, el sacrificio de animales sin aturdimiento previo debería considerarse inaceptable.
Es hora de que esta crueldad y maltrato sobre los animales deje de ser consentida. El bienestar y la protección de los animales deberían estar siempre por encima de cualquier consideración de carácter religioso, cultural, artístico o económico.
Desde el Partido Animalista propondremos la prohibición de los sacrificios rituales de animales por motivos religiosos.
Los pollitos macho no resultan rentables para las granjas avícolas de gallinas ponedoras, porque no ponen huevos y porque pertenecen a razas de crecimiento lento, no rentables para la producción de carne.
Por ello, es habitual que sean sacrificados por trituración, algo que, incomprensiblemente, aún permite la legislación hasta sus 72 horas de vida.
Este método es una práctica extremadamente cruel para los animales, tanto durante el sacrificio como en los momentos previos, en los cuales, los animales son arrastrados mediante cintas transportadoras, ocasionándoles altos niveles de estrés y lesiones.
Algunos países europeos, como Alemania, Austria, Luxemburgo, Francia e Italia han prohibido ya el sacrificio por trituración, sustituyéndolo por prácticas alternativas, como las diseñadas para determinar el sexo de los polluelos pocos días después de que el huevo haya sido fertilizado, y antes de que esté formado el sistema nervioso, lo que permite que los huevos fecundados masculinos sean descartados y dejen de ser incubados.
Es hora de que España también lo haga.
Según el Eurobarómetro sobre bienestar animal, una inmensa mayoría de europeos y europeas cree que el bienestar de los animales de granja debe protegerse mejor en su país de lo que se protege en la actualidad, considera que las prácticas ganaderas y de cría deben cumplir unos requisitos éticos básicos y manifiesta un alto nivel de preocupación por el bienestar de los animales en los mataderos.
Todo ello, a pesar de que, como ya hemos mencionado, sigue existiendo una gran desinformación sobre el sistema de producción y cría de los animales, y, especialmente, sobre la manera en la que son sacrificados.
Además, la Unión Europea no dispone de los sistemas o normativas básicas para rastrear y etiquetar las importaciones de alimentos derivadas de animales clonados. Mientras no se apruebe una legislación específica sobre clonación, los alimentos derivados de animales clonados seguirán rigiéndose por el Reglamento Relativo a los Nuevos Alimentos. De acuerdo con este, no quedan prohibidos, sino simplemente sujetos a una autorización para nuevos alimentos previa a su comercialización, no tienen la obligación de tener un etiquetado especial y están sujetos a las mismas normas que se aplican a todos los demás alimentos, de acuerdo con los Reglamentos de información alimentaria de la Unión Europea.
Hoy en día, para los consumidores es imposible saber si los alimentos que adquieren y consumen provienen de crías de animales clonados o si han sido sacrificados sin aturdimiento previo.
Por todo ello, propondremos una modificación de la legislación sobre etiquetado en España, que establezca que el etiquetado de los productos de origen animal deba indicar si proviene de animales clonados, el sistema de cría y el método de sacrificio. De esta manera las personas podrán ejercer su derecho a la libre elección, rechazar estos alimentos por motivos éticos y no consumirlos por desconocimiento, al no disponer de información sobre cómo son criados y sacrificados los animales.
Millones de animales son transportados cada año en España, para su comercio, engorde o sacrificio, con destino, tanto a otros países europeos, como a otros países más allá de las fronteras de la Unión Europea. A la crueldad de su vida de confinamiento en las granjas, se suman la ansiedad y el sufrimiento de largas horas, días, semanas e, incluso, meses de desplazamientos.
Durante estos interminables trayectos en barcos, camiones y aviones, los animales sufren terribles condiciones higiénico-sanitarias, de hacinamiento, temperaturas extremas, falta de ventilación, ausencia de luz natural, y un largo etcétera, que provoca que miles de ellos sufran lesiones, golpes de calor, hipotermias, e, incluso, la muerte, antes de llegar al destino.
Actualmente hay una propuesta de revisión de las normas vigentes de la UE sobre el transporte de animales, que se remontan a veinte años atrás. Si la misma sale adelante, se acortará la duración de los traslados y, durante los viajes largos, los animales deberán ser descargados para permitirles descansar, alimentarse y beber agua. Se prevén normas especiales para los animales destinados al sacrificio y para los animales más vulnerables, como los terneros no destetados y las hembras en estado de gestación. También se pretende aumentar el espacio disponible para garantizar un espacio mínimo para los distintos animales, en función de su especie y limitar el transporte a temperaturas extremas, con medidas como que el transporte solo pueda llevarse a cabo por la noche si las temperaturas superan los 30 °C, que los vehículos se cubran cuando las temperaturas sean inferiores a 0 °C y limitar los viajes a un máximo de 9 horas cuando sean inferiores a -5 °C.
Si bien desde el Partido Animalista desearíamos que los animales no tuvieran que sufrir experiencias como el transporte con destino a su explotación, reproducción, engorde y sacrificio, apoyaremos toda reforma que mejore las lamentables condiciones de vida que padecen los animales en la industria ganadera y, por supuesto, trataremos de mejorarlas.
Consideramos fundamental eliminar los viajes largos y, sobre todo, prohibir las exportaciones de animales vivos a otros países. Como reconocen los propios gobiernos, las operaciones de exportación de animales vivos a través de puertos y aeropuertos son muy complejas. En ellas intervienen un gran número de operadores de naturaleza diferente y la falta de responsabilidades claramente definidas afecta de manera negativa al bienestar de los animales.
Los hechos acaecidos en 2021 en torno a los barcos Karim Allah y Elbeik, pusieron en evidencia que en la exportación de animales vivos no se puede garantizar el bienestar de los mismos.
Estos dos buques, asiduos en el transporte de animales desde España a Oriente Medio, salieron en el mes de diciembre de 2020, desde Cartagena y Tarragona, respectivamente, transportando a 2.671 vacas, toros y terneros, con destino a Turquía y, posteriormente, a Libia.
2.671 animales que pasaron meses navegando sin rumbo por el Mediterráneo, después de que esos países rechazaran la entrega de los animales por sospechas de estar afectados por la enfermedad conocida como lengua azul.
Hicieron falta varias denuncias de organizaciones internacionales y una misiva enviada al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España desde el Comité de Investigación sobre Transporte Animal del Parlamento Europeo para que, tras más de tres meses abandonados en el Karim Allah y en el Elbeik, estos buques pudieran atracar en el muelle de Escombreras de Cartagena.
Tras vivir un infierno, los 2.671 toros, vacas y terneros, fueron sacrificados.
Estos hechos pusieron de manifiesto que por mucha normativa sobre “protección” y “bienestar” animal que se desarrolle, nada puede garantizar el bienestar de esos animales si España y otros países europeos continúan exportando a países fuera de la UE.
Organizaciones como Animal International y TSV documentaron los métodos de transporte y los estremecedores métodos de sacrificio del ganado procedente de España en países como Arabia Saudí, Egipto, Líbano o Jordania. En algunos de estos países ni siquiera existe normativa sobre bienestar animal.
Conscientes de que es imposible garantizar las condiciones de bienestar de los animales durante el transporte y, aún menos, en los lugares de destino, ya hay países que han decidido prohibir la exportación de animales vivos para su engorde y sacrificio, como Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bélgica y Dinamarca. Estos países han solicitado una prohibición a nivel europeo, pero otros países, entre los que se encuentra, como no, España, se han opuesto.
El Partido Animalista trabajará por la prohibición de las exportaciones de animales vivos para su reproducción, engorde y/o sacrificio. Al mismo tiempo, impulsaremos la eliminación de las ayudas que, en la actualidad, reciben los ganaderos por estas exportaciones.
A través de un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2018, supimos que, ya entonces, el número de cerdos sacrificados cada año en España superaba al de habitantes.
Desde entonces, la situación ha empeorado mucho más. España es ya el primer productor de carne de cerdo de la UE y el tercer productor a nivel mundial, solo por detrás de países como China y Estados Unidos. Esto se explica porque la mayor parte de la carne procedente de estos animales no es consumida en España, sino que es exportada a otros países, como la propia China, Francia o Japón.
Lo peor es que, para nuestro Gobierno, parece que se trata de un triunfo. Así relata el MAPA:
Dentro de la Unión Europea, España se mantiene en primera posición, con un 23,9% de la producción comunitaria, superando a Alemania, que se mantiene en segundo lugar con un 19,9%. La importancia de la producción española en el conjunto de la UE se ha ido incrementando durante las últimas campañas, puesto que hace solo 5 años la producción española apenas alcanzaba el 18% del total de la UE, como consecuencia del espectacular desarrollo del sector en España, claramente por encima de la media de la UE. Así, si durante los últimos cinco años la producción de carne en la UE ha ascendido ligeramente, un 0,3%, la producción en España ha crecido casi un 24% en el mismo periodo, lo que da una idea del enorme crecimiento que ha experimentado el sector a nivel nacional.
Este enfoque nos da una idea de en qué manos estamos. Dirigentes que ven como un logro que España se haya convertido en el “estercolero” de Europa. Dirigentes que ni siquiera son conscientes o no les importan las consecuencias medioambientales de ser el tercer país en el que más cerdos se crían y sacrifican del mundo, solo por detrás de gigantes como China y EEUU, teniendo una superficie 19 veces menor.
Somos el primer productor de carne de cerdo en Europa y tercero del mundo, no porque seamos los “mejores”, sino porque los dirigentes de otros países son más “listos” que los nuestros o les importa algo el futuro de sus países y, mientras ellos se comen la carne que aquí se produce, nosotros nos quedamos con los purines y la contaminación del suelo y los acuíferos.
Hoy, los ganaderos españoles se estarán haciendo de oro exportando carne de cerdo a otros países. Mañana, los españoles y españolas tendremos que importar agua potable para poder subsistir.
En los últimos años, las macrogranjas no han dejado de extenderse por nuestro país, incrementando el número de las cerca de 170.000 granjas censadas en España. Las zonas despobladas se han entregado a la explotación de animales. Donde antes había naturaleza, hoy hay gigantes instalaciones de cemento, hormigón y metal, en las que nacen millones de animales cada año, que son cebados hasta ser trasladados a los mataderos.
Las macrogranjas son fábricas industriales de carne, leche y huevos, pero también de sufrimiento, contaminación y cambio climático. Emiten toneladas de metano (gas de efecto invernadero que calienta la atmósfera 30 veces más que el CO2), amoniaco y óxido nitroso, con emisiones comparables a la contaminación que puede generar una refinería de petróleo o un centro de tratamiento de residuos de una capital de provincia.
Además, generan cantidades ingentes de purines altamente contaminantes, con elevada presencia de nitrógeno, fósforo y potasio, lo que supone una enorme problemática alrededor de la contaminación de las aguas, con terribles consecuencias para el medio ambiente y la salud.
Son ya muchos los municipios con concentraciones elevadas de nitratos en la red de abastecimiento de agua potable, en su mayoría procedentes del purín. La contaminación que genera la ganadería industrial hace que la presencia de este contaminante duplique, e incluso triplique en muchos pueblos, los niveles tolerables para la salud, por lo que se ven actualmente privados de agua potable.
Como reconocen las propias autoridades autonómicas, más del 45% de las masas de agua subterráneas están afectadas por concentraciones elevadas de nitratos (superiores a 50 mg/L) y, en el caso de las aguas superficiales, más de un 20% incumplen los objetivos ambientales de nitratos (25 mg/L).
Sin embargo, el Gobierno no sólo ha continuado permitiendo la proliferación de macrogranjas de engorde de cerdos, vacas y corderos, sino que las ha incentivado.
Algunas de estas macrogranjas llegan a ocupar la superficie de 25 campos de fútbol, como la explotación porcina Finca Dehesa del Rey, ubicada en Castilléjar, Granada, que genera por sí sola más de 500.000 metros cúbicos de purines y tiene un consumo de agua, obtenida de pozos, de algo más de 240.000 metros cúbicos.
En 2025, el Tribunal Supremo paralizó su ampliación, que había sido aprobada por el Ayuntamiento, gracias a un recurso de la plataforma vecinal “Salvemos Castilléjar”. A este punto hemos llegado, en el que los vecinos y vecinas tienen que recurrir ante los tribunales las decisiones de los gobiernos locales, autonómicos y estatal para frenar estos despropósitos.
Greenpeace denunció a través de su informe 'Viaje al interior de las macrogranjas' el gran impacto ambiental de estas explotaciones y las condiciones en las que se mantiene en ellas a los animales, con imágenes de su interior, en las que se puede observar la falta de espacio e higiene para los animales.
PACMA es el único partido que lleva años denunciando la explotación intensiva y sus devastadoras consecuencias para los animales y el medio ambiente, y el único que propone medidas contundentes para frenar la proliferación de las macrogranjas en España:
– Cese de autorizaciones para la instalación de nuevas explotaciones ganaderas y avícolas, y/o para la ampliación de las existentes.
– Revisión de las autorizaciones concedidas con evaluaciones de impacto ambiental acumulado sobre el conjunto de proyectos.
– Normativa estatal que limite el tamaño y el número de animales de las explotaciones ganaderas y avícolas; que establezca como requisito la presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio, así como de planes de abonado en todos los casos; y que regule la gestión de los purines.
– Implantación de un mayor número de controles e inspecciones de las instalaciones, más exhaustivos, estrictos y regulares.
– Cese de las subvenciones al sector.
– Impuesto climático a las explotaciones ganaderas y avícolas, cuyo gravamen se calcule en función de las emisiones generadas asociadas a su producción, y cuya recaudación se destine a compensar el daño climático que causan.
La mayor parte de las especies de peces que se comercializan y consumen no provienen de ríos o mares, sino de piscifactorías. Son las macrogranjas de peces.
Estas granjas industriales pueden estar ubicadas tanto en ríos y mares, como en tierra. En el primer caso, los peces viven recluidos en jaulas sumergidas. En el segundo, en tanques. En ambos casos, las condiciones de cautividad y hacinamiento son extremadamente estresantes, y los métodos de sacrificio suelen ser muy crueles (electrocución, asfixia, golpeo…).
Las piscifactorías de acuicultura se “vendieron” inicialmente como algo muy ecológico, que permitiría reducir la presión pesquera sobre los caladeros, de manera que pudieran regenerarse. Sin embargo, la realidad es que se han convertido en una actividad industrial equivalente a las macrogranjas ganaderas, con terribles impactos medioambientales.
Por un lado, los niveles de antibióticos utilizados, así como otras soluciones antibacterianas y antiparasitarias, como los baños de formol, son uno de los problemas ambientales más denunciados por las personas expertas. Al tener a los peces hacinados, del mismo modo que a los animales en la ganadería, en cuanto aparece un patógeno en uno de ellos se expande rápidamente al resto. Esta masificación, a la vez que provoca estrés a los peces disminuyendo su respuesta inmunitaria, facilita también la propagación de las enfermedades infecciosas al resto del ecosistema fluvial o marino. El uso de antibióticos para paliar la propagación de algunas de esas enfermedades puede afectar al medio, provocando que aparezcan cepas resistentes.
Otro de los impactos ambientales es la proliferación de nutrientes. La suma del pienso en forma de sólidos en suspensión, unida a los excrementos con grandes cantidades de nitrógeno, da lugar a problemas de eutrofización (pérdida de oxígeno del agua).
Pero, más allá de los impactos locales y contaminantes, el principal problema de la acuicultura, que desmonta el mito de su supuesta sostenibilidad, es que, para alimentar y engordar a los peces criados en estas instalaciones, es necesario capturar en el mar a otros tantos peces en estado salvaje. Por poner un ejemplo, para que un salmón engorde un kilo, requiere la ingesta de entre cuatro y cinco kilos de peces de otras especies. En el caso del atún rojo, esa cifra se eleva hasta los veinte o veinticinco kilos de peces de otras especies.
Desde PACMA apostamos también por una reconversión de la industria pesquera hacia otros sectores, y el cese de las subvenciones al sector.
La población de tiburones se ha reducido un 70% en los últimos 50 años. 81 especies ya se encuentran amenazadas y de otras muchas ni siquiera tenemos datos.
El auge de su demanda ha provocado un incremento exponencial de la pesca de tiburones, no solo en los países asiáticos.
Un grupo de veinte países, entre los que se encuentran España, Portugal, Reino Unido y Francia, concentra el 80% de las capturas a nivel mundial. España, concretamente, es el mayor exportador de tiburones y rayas del mundo.
La mayoría de las capturas de tiburones de la flota europea en todos los océanos se transportan a Vigo, donde se separa la aleta del cuerpo. La carne se vende en otros países de la UE y América del Sur, mientras que las aletas se envían a países asiáticos y Estados Unidos.
Hace escasos meses, Greenpeace denunciaba la actuación de un pesquero español al que había grabado capturando tiburones, cortándoles las aletas y arrojando los restos sin vida en una zona del Atlántico con alto valor ecológico.
Estos hechos demuestran que, aunque esta práctica está expresamente prohibida por la legislación europea, las medidas adoptadas son insuficientes. Por ello, desde PACMA defendemos el fin de la comercialización de carne y aletas de tiburón.
Tras varios años de lucha, el pasado mes de julio, Nueva Pescanova comunicaba de manera oficial su desistimiento del proyecto para construir la primera macrogranja de pulpos del mundo en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, los pulpos no están a salvo, puesto que no existe ninguna normativa, ni nacional ni europea, que prohíba la cría de pulpos en cautividad. De hecho, existe un segundo proyecto en fase experimental en España, concretamente en Moaña, Pontevedra.
En octubre de 2023, PACMA, junto a otros partidos y organizaciones afines, presentamos una solicitud al Parlamento Europeo para prohibir tanto la producción como la importación de pulpos criados en cautividad.
Desde que medios de comunicación de todo el mundo se hicieran eco de la noticia sobre el proyecto de Nueva Pescanova para criar y engordar un millón de pulpos cada año, tanto las entidades más representativas dedicadas a la defensa del bienestar y la protección de los animales y del medio ambiente, como gran parte de la comunidad científica, denunciamos el sufrimiento y el maltrato que conllevaría la apertura de esta granja, así como los graves perjuicios medioambientales.
Tal y como denunciaba Compassion In World Farming International, existen graves problemas de sostenibilidad y de bienestar animal asociados a esta industria. En su informe “Cría intensiva de pulpo: una receta para el desastre” ponía de relieve, desde una perspectiva científica, las graves consecuencias que tendría el cultivo de pulpos, dado que se trata de animales muy inteligentes, sensibles y curiosos, por lo que, mantenerlos en tanques resultaría extremadamente cruel. Condenar a estos animales, solitarios por naturaleza, a vivir hacinados en tanques, les provocaría un sufrimiento inimaginable.
Criar pulpos con un nivel de bienestar alto es imposible, dado que mantener un gran número de pulpos juntos, generaría estrés, conflicto y una alta mortalidad. Ni el método de sacrificio previsto por el proyecto de Nueva Pescanova era aceptable - en lodo de hielo -, ni tampoco lo era la cifra de mortalidad prevista - del 15% -.
Además, para alimentar a estos animales en granjas, ya sea con alimentos naturales vivos o congelados, como con harina y aceite procedentes de pescado, sería necesario capturar una gran cantidad de crustáceos y peces, lo que supondría una presión adicional insostenible. Los pulpos comen tres veces su propio peso en alimentos, lo que hace que la acuicultura basada en especies carnívoras no solo no sea una solución para proteger al medio marino, como pretenden hacer creer empresas como Nueva Pescanova, sino que, en realidad, agravaría la problemática existente.
La multinacional expresó en declaraciones a la BBC que “Los niveles de bienestar requeridos para la producción de pulpo o cualquier otro animal en nuestras granjas de cultivo garantizan el correcto manejo de los animales”. Nos preguntamos a qué “niveles de bienestar requeridos” se refieren cuando no existe legislación alguna, ni en España, ni en la Unión Europea, que regule el bienestar de los pulpos u otros cefalópodos en granjas y establezca algún requisito.
La Directiva 2010/63/UE fue el primer texto legal en el que la Unión Europea reconocía expresamente la sintiencia de los cefalópodos, otorgándoles, por primera vez, algún tipo de protección, aunque referida únicamente al ámbito de la experimentación.
Esta Directiva supuso un antes y un después en la legislación de bienestar animal en la UE, en tanto que se protegía, por primera vez, a una clase de invertebrados. La razón para incluirlos en su ámbito de aplicación fue, según el considerando nº8 de la misma, la existencia de pruebas científicas que acreditan la capacidad de estos animales de experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero.
Los pulpos exhiben personalidades, juegan, exploran y solucionan problemas. Además, existen evidencias comportamentales de que los cefalópodos tienen conciencia, siendo capaces de exteriorizar, incluso, la decepción.
Habiendo transcurrido más de quince años desde la mencionada Directiva, y ante las abundantes evidencias científicas, nos encontramos ante un momento oportuno e inaplazable para proteger a estos animales frente a la explotación, el abuso y el maltrato.
Por ello, desde PACMA impulsaremos, por un lado, una norma nacional que prohíba tanto la producción como la importación de pulpos criados en cautividad. Por otro, la modificación del delito de maltrato animal de manera que los invertebrados queden protegidos en todos los casos, puesto que, como hemos señalado anteriormente, la pésima redacción de la reforma realizada en 2023 protege a los animales invertebrados solo cuando se encuentran bajo control humano y el maltrato a animales tan inteligentes y sensibles como pulpos y otros cefalópodos que viven en libertad continúa siendo impune.
Por los mismos motivos, es una necesidad urgente proteger a los crustáceos que se destinan al consumo humano, al menos, prohibiendo que sean mantenidos en hielo y/o con las pinzas atadas, y que sean cocidos vivos.
La contaminación química es otro de los grandes problemas ambientales de nuestro tiempo. Algunas de las sustancias que resultan especialmente peligrosas son los compuestos orgánicos persistentes, los metales pesados o los alteradores hormonales. Estos últimos se encuentran en plaguicidas, plásticos, cosméticos, productos de higiene y otros artículos de uso cotidiano. Otras sustancias, como los neonicotinoides acaban con las abejas y otros insectos, imprescindibles para la polinización.
A pesar de haber sido declarado por la OMS como “probablemente cancerígeno”, uno de los herbicidas más utilizados ha sido el glifosato. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Se encuentra, por tanto, en lo que comemos y en el agua que bebemos.
Aunque su utilización ya está desautorizada en otros países europeos, en España su uso continúa siendo generalizado. Según las administraciones, sólo se usa en el talud de las carreteras, pero algunas de estas zonas están muy próximas a acequias, por lo que el agua se acaba contaminando.
Organizaciones ecologistas denuncian que se están viendo afectados, incluso, los ecosistemas marinos. Advierten, además, que hay agricultores que continúan utilizando el glifosato para limpiar sus tierras de “malas” hierbas con lo que las frutas, verduras y hortalizas que crecen posteriormente pueden llegar a contaminarse.
Durante décadas, las administraciones públicas han justificado continuar utilizando y autorizando el uso del glifosato, argumentando que se trata de un herbicida que se degrada con rapidez. Sin embargo, estudios como el realizado por Ecologistas en Acción, advierten de una presencia generalizada de glifosato en nuestros ríos, embalses y acuíferos, lo que demuestra su persistencia, sobre todo en los ecosistemas acuáticos, los más vulnerables.
PACMA quiere impulsar la prohibición del uso del glifosato, así como el de otros herbicidas y plaguicidas peligrosos.
En contrapartida, queremos fomentar y apoyar la producción orgánica, como sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales.
A pesar de que la industria química haya pretendido convencernos de que no es posible mantener la agricultura sin recurrir a fertilizantes, herbicidas y plaguicidas sintéticos, la agricultura ecológica demuestra cada día que sí es posible, convirtiéndose en la mejor opción para proteger nuestra salud y el medio ambiente, generando también empleo verde de manera creciente.
Además, las técnicas utilizadas en la agricultura, silvicultura y jardinería ecológicas para controlar las plantas espontáneas (rotación de cultivos, eliminación manual y mecánica o acolchados), constituyen una fuente de alimento diverso para especies polinizadoras como las abejas, y son refugio de especies que ayudan a controlar las potenciales plagas de insectos que afectan a los propios cultivos.
Apostamos por la defensa y el apoyo a la agricultura, en contraposición a las millonarias subvenciones que se conceden actualmente a la ganadería y a la pesca.
Desde PACMA apostamos por el desarrollo de la agricultura local, orientada a la comercialización de ámbito comarcal.
El sector agrícola vinculado a los productos locales ofrece una gran oportunidad para el crecimiento económico. Por ello, es fundamental la implicación del Estado y las comunidades autónomas en su desarrollo, mediante una oferta estructurada de apoyos técnicos y tecnológicos.
Defendemos una agricultura al servicio de la ciudadanía, en la que se favorezcan las explotaciones agrícolas frente a los grandes latifundios, y que permita recuperar los espacios rurales tradicionales.
Apoyamos los principios básicos de la Soberanía Alimentaria, que coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica, como forma de avanzar hacia un modelo sostenible, ecológico, respetuoso con el medio ambiente y los animales, garante de alimento de calidad para todas las personas, que dinamice las economías locales.
Es necesario poner en marcha medidas para garantizar el futuro de la agricultura, como el impulso de la innovación, la formación y la puesta en marcha de ayudas a la inversión.
El Partido Animalista Con el Medio Ambiente aboga por impulsar un sector agrícola competitivo, sostenible y ético.
En particular, defendemos las siguientes medidas:
– Incrementar las subvenciones a la agricultura en detrimento de las que recibe la ganadería.
– Redistribuir las ayudas directas hacia las explotaciones más pequeñas y respetuosas con el medio ambiente.
– Preservar los métodos de producción tradicionales, regionales y locales.
– Impulsar la creación de canales cooperativos y solidarios para la comercialización de productos, al margen de las multinacionales.
– Favorecer la puesta en marcha de medidas de apoyo para el almacenamiento, la conservación y transformación de los productos hortofrutícolas.
– Promover medidas de apoyo técnico a los/as profesionales del sector.
– Reforzar los sistemas para la vigilancia, el análisis de alimentos y la alerta temprana.
– Impulsar la formación a través de cursos de especialización y de formación profesional agrícola.
– Garantizar una mayor transparencia en la comercialización de los productos agrícolas, con un aumento en el grado de participación del sector en el proceso.
– Fomentar la revitalización de los suelos de uso agrícola perjudicados por la actividad industrial.
– Desincentivar la agricultura basada en monocultivos que agota el suelo y perjudica la biodiversidad, y reorientarla hacia una agricultura diversificada y agroecológica, que utilice los principios regenerativos, de permacultura y naturales que restauran el suelo y los ecosistemas, mejoran la seguridad alimentaria y proporcionan alimentos ricos en nutrientes.
– Incentivar el consumo de producto local, evitando costes de transporte y perjuicios al medio ambiente.
– Implementar que los servicios de bares, cafeterías, restaurantes y comedores de dependencias públicas sean abastecidos por productos locales, procedentes de la agricultura ecológica.
– Apoyar y subvencionar las energías renovables en las que se sustenten los sistemas de riego inteligentes de presión y caudal constante, que ahorran agua, son más eficientes y ecológicos.
Los ecosistemas saludables nos brindan muchos elementos esenciales que damos por sentado: aire limpio, agua dulce, suelos de buena calidad y polinización de cultivos. Las plantas convierten la energía del sol y la ponen a disposición de otras formas de vida. Las bacterias y otros organismos vivos descomponen la materia orgánica en nutrientes, proporcionando a las plantas un suelo sano para crecer. Los polinizadores son esenciales en la reproducción de las plantas, lo que garantiza nuestra producción de alimentos. Las plantas y los océanos actúan como grandes sumideros de carbono. El ciclo del agua, a su vez, depende en gran medida de los organismos vivos.
Lamentablemente, una constante tendencia de pérdida de biodiversidad se mantiene desde los años 70. Según el Informe Planeta Vivo, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las poblaciones mundiales de vertebrados - mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles - se han reducido en un 60% en poco más de cuarenta años. Las especies de agua dulce son las que más han sufrido, con una disminución del 80%.
Un informe de la ONU advirtió en 2019 que un millón de especies, del total estimado de ocho millones, están en peligro de extinción, y muchas de ellas podrían extinguirse en unas décadas.
Además de la contaminación y el cambio climático, la principal causa de este terrible descenso de la biodiversidad es el incontrolado modelo de consumo del ser humano, responsable de la sobreexplotación de los ecosistemas, principalmente por los cambios en el uso del suelo (por deforestación, monocultivo intensivo, urbanización, …) y la explotación directa, como la caza y la sobrepesca.
Es necesario asumir de manera seria estas competencias y compatibilizar los modelos territorial y económico con la naturaleza, no poniendo en riesgo el cumplimiento de objetivos europeos y el acceso a fondos comunitarios, reduciendo la capacidad de mitigación del cambio climático y de adaptación a sus impactos, y no perjudicando el bienestar de las personas y el atractivo de los paisajes naturales.
PACMA propone ampliar las zonas marinas y terrestres protegidas, de manera que las áreas naturales protegidas de bosques, humedales, turberas, pastizales y ecosistemas costeros, que, actualmente solo suponen un 18% del territorio, abarquen, al menos, un 30% para 2030.
Este objetivo debe ser vinculante a nivel nacional, en cooperación con los gobiernos autonómicos y locales, siendo fundamental, además, que la protección de la biodiversidad se tenga en cuenta en todas las políticas, de manera transversal.
Los bosques albergan cerca del 80% de la biodiversidad. Protegerlos es, sin duda, la mejor estrategia posible para conservarla. Además, desarrollan un papel fundamental como sumideros naturales de CO2 y son nuestros mejores aliados para asegurar los recursos de agua dulce, por la capacidad que tienen los árboles para hacer llover.
En nuestro país, urge una política forestal que ponga en valor los montes, que proteja los bosques y a los animales que los habitan; que ponga fin a la deforestación, combatiendo la tala ilegal e impulsando la reforestación con especies autóctonas; que prevenga los incendios forestales y recupere las zonas degradadas; que promueva en la sociedad los valores ambientales y sociales que atesoran.
Los incendios forestales son hoy uno de los principales problemas medioambientales. Este 2026, han ardido un total de 301.681 hectáreas en España, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS). Esta cifra supone el 42,9% de la superficie que ha ardido en toda la UE.
En julio sufrimos el incendio de Los Gallardos, Almería, que se cobró la vida de 13 personas. Poco después se producía el mayor incendio de la historia de nuestro país, que se inició en Burgohondo, Ávila, con más de 50.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de unos 160 kilómetros.
No cabe lugar a dudas de que los incendios son más devastadores que nunca. Hablamos de lo que se han denominado como “incendios extremos”, cuya intensidad y velocidad de propagación superan a la capacidad habitual de extinción. De hecho, estos incendios se suelen extinguir principalmente por cambios en la meteorología (lluvia, bajada de temperaturas, cambio del viento) o cuando alcanzan zonas en las que no hay vegetación que quemar. Y ahí está la clave: la gestión de la vegetación.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - IPCC señala que el calentamiento global ha incrementado la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo, favoreciendo la desecación de la vegetación. De inviernos o primaveras especialmente lluviosos, que favorecen el crecimiento de hierbas y arbustos, pasamos a muchas semanas seguidas de altas temperaturas, escasas precipitaciones y baja humedad, en las que toda esa vegetación se seca y pasa a convertirse en combustible disponible para el fuego.
Desde PACMA insistimos en la necesidad de reforzar las políticas de prevención puesto que, como se suele decir, los incendios se apagan en invierno, previniéndolos. La mayoría son provocados por la mano del hombre, ya sea de manera negligente o intencionada, pero su propagación depende de la correcta gestión de los montes.
Muchas personas apuntan a que las leyes “ecologistas” no permiten “limpiar” el monte. Sin embargo, esto es totalmente falso. La Ley de Montes exige que, a la hora de elaborar los Planes de ordenación de los recursos forestales (PORF), las CCAA incluyan las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, entre los que se encuentra la prevención de incendios. Además, deben elaborar y aprobar planes anuales específicos para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que se deben aplicar de manera continuada a lo largo de todo el año, incluyendo, entre otros, los trabajos de carácter preventivo a realizar y, en particular, los tratamientos selvícolas que procedan, las áreas cortafuegos, las vías de acceso y los puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes, así como los plazos de ejecución y el establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie de la Comunidad, previendo la ejecución subsidiaria por parte de la Administración.
Otras muchas personas suelen señalar que la acumulación de vegetación que se seca y pasa a convertirse en combustible disponible para el fuego, se debe a la desaparición de la ganadería extensiva. Aunque es innegable que el incremento desmedido del consumo de productos de origen animal ha provocado la sustitución de una ganadería extensiva por otra intensiva y que, dónde antes pastaban cientos de animales domésticos, ahora hay millones hacinados en el interior de macrogranjas, que no llegan a ver nunca la luz del sol, la ganadería extensiva no es la solución a los incendios. De hecho, es parte del problema. Como sabemos, el peor incendio de la historia de nuestro país lo provocaron, precisamente, unos trabajos relacionados con la ganadería extensiva, cuando un operario contratado por la Asociación de Ganaderos de Burgohondo originó el fuego, al picar piedra con maquinaria pesada para abrir un nuevo camino para el ganado vacuno junto a la cresta de la sierra de Gredos.
Y es que la ganadería y las prácticas asociadas están detrás de muchos incendios. Según los datos del MITECO, más del 80% de los incendios se producen por acción humana, ya sea de manera negligente o intencionada. Respecto a las negligencias, la mayor parte se debe a quemas agrícolas y uso de motores y maquinaria pesada en los montes, que, como en el caso de Ávila, muchas veces se trata de trabajos relacionados con la ganadería. Respecto a los intencionados, cerca de un 60% se debe a “prácticas tradicionales”, entre las que destacan las quemas realizadas en el desempeño de prácticas ganaderas.
La falta de animales pastando en los montes tiene una sencilla solución: prohibir la caza. Y es que mientras cada vez más ayuntamientos están introduciendo animales en sus entornos, como cabras o, incluso, bisontes, para que realicen esa función a modo de prevención de incendios, las CCAA no sólo permiten sino que fomentan que se persiga y se mate por deporte a millones de herbívoros silvestres, pertenecientes a especies que sí son autóctonas, impidiendo así que cumplan con esta función natural, de consumir la hierba, los matorrales y la maleza que luego se seca y provoca la devastación de los incendios.
Tal y como ha confirmado la Asociación Española de Ecología Terrestre, la introducción de animales como el bisonte europeo no recuperaría esta función ecológica pues, como herbívoro, es un consumidor intermedio, que tanto ramonea como pasta. En cambio, herbívoros como el ciervo, el corzo, el gamo, la cabra montesa, el rebeco, el conejo y la liebre, sí cumplirían con esta función, pero todas estas especies están siendo cazadas y sus poblaciones esquilmadas.
Además, la caza es uno de los motivos por los que se provocan incendios de manera intencionada, por lo que prohibiéndola no sólo se recuperarían las poblaciones de especies que evitarían la propagación de los incendios, sino que se evitaría la provocación de los muchos incendios relacionados directamente con la actividad cinegética.
Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC concluyó que los espacios donde está prohibida la actividad cinegética, como son los parques nacionales, experimentan menos cambios de uso de suelo y menos incendios forestales que sus zonas periféricas.
Por todo ello, desde PACMA queremos impulsar la prohibición de la caza deportiva, con la finalidad de recuperar la biodiversidad y restaurar los ecosistemas naturales y el equilibrio medioambiental, para evitar así la devastadora propagación de los incendios forestales.
Como ya hemos mencionado, el origen de la mayoría de los incendios se atribuye a la mano del hombre, ya sea de manera intencionada o negligente. Por ello, además de intensificar las labores de investigación tras los incendios para determinar su origen, para combatirlos es fundamental tener muy en cuenta el alto componente sociológico. Y es que, en el ámbito rural, el fuego se ha usado de manera inveterada, por un lado, para la quema de rastrojeras y la regeneración de pastos y, por otro, por intereses vinculados a la caza. La explicación es que, al quemar una determinada zona de bosque, se provoca que los animales huyan a un coto colindante, incrementando así las posibilidades de caza en ese terreno.
Para evitar estas situaciones, de la misma manera que la Ley prohíbe el cambio de uso forestal durante 30 años de terrenos forestales incendiados, para evitar su quema por intereses urbanísticos, agrícolas, mineros…, así como toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determine la legislación autonómica, desde PACMA proponemos prohibir la práctica de la actividad cinegética durante 30 años en terrenos afectados por incendios vinculados a intereses relacionados con esta actividad, en términos extensivos. Es decir, en las zonas directamente devastadas y en las colindantes a dónde se hayan desplazado los animales.
En la misma línea, PACMA apuesta por el impulso de otras medidas como realizar estudios para encontrar alternativas al uso del fuego en el medio rural y fomentar esas alternativas, recompensando las buenas prácticas y haciendo mayores esfuerzos para sensibilizar a la población sobre el creciente peligro de incendio; incidir en las medidas de selvicultura preventiva, cuya finalidad es conseguir bosques con menor grado de combustibilidad, creando más áreas cortafuegos, mediante el clareo, la poda y el desbroce, de manera que se dificulte el paso del fuego y se facilite la circulación de los equipos de extinción; adoptar medidas de prevención en los núcleos urbanos, urbanizaciones y residencias cercanas a zonas forestales; y prohibir la pirotecnia y los farolillos voladores, por el elevado riesgo que su uso supone en la provocación de incendios, realizando campañas informativas destinadas a concienciar a la ciudadanía sobre los perjuicios que entraña el uso de estos dispositivos.
Defendemos una revisión de la normativa para proteger eficazmente nuestro patrimonio natural, la conservación de hábitats y de la flora y fauna silvestres. Es necesario preservar los parques naturales, reservas, parajes y monumentos naturales, zonas de especial conservación y costas, así como de los animales que los habitan.
Para ello, proponemos una actualización de las directrices contenidas en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, para actualizar, a su vez, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los Planes de Gestión, con una mayor representación de las entidades vinculadas a la protección, la defensa y el cuidado del medio ambiente y los animales, así como de los municipios afectados y sus entidades sociales.
El Estado y las comunidades autónomas deben estar dotados de las herramientas necesarias que permitan conocer el estado de conservación de todo el patrimonio natural y de su biodiversidad. Se deben diseñar medidas para asegurar su conservación, disponer de los medios adecuados para afrontar los posibles episodios de contaminación, sancionarlos de manera contundente y, en caso necesario, restaurar la integridad de los ecosistemas.
Proponemos medidas de fomento del empleo en el sector, a través de programas de formación, asesoramiento técnico y empresarial, creación de infraestructuras comunes, subvenciones, bonificaciones y beneficios fiscales, dirigidas a la creación de un modelo de producción agrícola sostenible y ecológico, superando la producción extensiva tradicional, que busque la calidad de los productos, el respeto al medio ambiente, el impulso y la conservación del entorno rural, la inserción en el empleo de colectivos tradicionalmente excluidos y la cercanía al consumidor.
Actualmente, más del 85% de la población vive en ciudades, principalmente en zonas superpobladas, mientras que la mayoría de los pueblos se están vaciando de forma lenta pero constante. Un proceso de despoblación que, junto a la falta de relevo generacional en la agricultura, son las dos principales amenazas que acechan al medio rural.
Una problemática que los sucesivos gobiernos no han querido o sabido afrontar.
En los últimos años, sin embargo, varias iniciativas ciudadanas o privadas, para poblar y reactivar pueblos con baja densidad poblacional, han demostrado que, en realidad, son muchas las personas con ganas de vivir y emprender en el medio rural, habiendo superado las solicitudes, en todos estos casos, las expectativas. Por lo tanto, es más una cuestión de conectar a las personas con los pueblos, y acompañarlas en el proceso de cambio, para generar así actividad económica y social.
Mediante estas iniciativas, muchas familias han encontrado un nuevo hogar en municipios que enfrentaban problemas de despoblación, creando nuevos negocios. En su mayoría se trata de parejas de entre 40 y 50 años, con hijos e hijas, y el tipo de negocio creado es familiar y vinculado al sector servicios en un 60%.
Desde PACMA proponemos, en esta misma línea, el desarrollo de un Plan de recuperación rural, que prevea la creación de un servicio de asesoramiento integral para las personas dispuestas a vivir y emprender en el entorno rural, que les pueda orientar desde el inicio, a la hora de elegir el pueblo que encaje mejor con su idea de negocio y los acompañe durante todo el proceso de cambio, de manera que la adaptación a su nueva vida sea lo más sencilla y exitosa posible.
En definitiva, se trata de generar seguridad, acompañamiento y conexión con los pueblos, con el objeto de garantizar la viabilidad de los proyectos emprendedores y, con ello, la fijación de población rural.
Como medidas prioritarias de este Plan, en un ejercicio de gobernanza multinivel de los gobiernos estatal, autonómicos y locales, es fundamental la prestación y cercanía de los servicios públicos esenciales, el impulso a la innovación, la digitalización, la plena conectividad territorial, la capacitación digital de la población rural y el refuerzo de las bolsas de vivienda.
Ver en el exploradorFicha de SY
Soria necesita un “nuevo fuero”, un conjunto de medidas, fiscales y de todo tipo, para superar el problema que amenaza nuestra supervivencia.
Aprobación de una ley autonómica de medidas contra la despoblación, en la línea de la proposición de ley presentada en la anterior legislatura en las Cortes de Castilla y León por Soria ¡YA!, con definición y establecimiento de niveles de zonas despobladas, según los criterios utilizados por la Unión Europea.
Mayor dotación de fondos económicos para los Grupos de Acción Local de la provincia, cambiando el criterio actual de distribución.
Hacer de la resina un recurso estratégico, fomentar y apoyar este aprovechamiento que genera empleo local, extrapolable a otras provincias como Segovia, Ávila o León. En este sentido se propone poner en marcha un plan estratégico de la resina para Castilla y León.
Reabrir el Centro de Investigación Forestal de Valonsadero, para recuperar su actividad científica en ámbitos como micología forestal, suelos, selvicultura y truficultura.
Procurar el mantenimiento de la actividad cinegética como un recurso más de nuestro medio natural, incentivando el estudio de las diferentes especies cinegéticas, para una correcta gestión de las mismas.
La mayoría de los problemas siguen sin una respuesta efectiva por parte de la administración: la burocratización excesiva de las ayudas agrarias, la escasa rentabilidad de las explotaciones, la falta de infraestructuras y servicios en el medio rural. Mientras se habla de sostenibilidad y transición ecológica, los agricultores y ganaderos sorianos se sienten desatendidos y presionados por normativas que no siempre tienen en cuenta su realidad. Sin un apoyo más decidido y adaptado a la realidad soriana, el riesgo es que nuestra agricultura y ganadería continúen debilitándose, con consecuencias graves para el territorio y su futuro. Por ello trabajaremos para exigir al futuro gobierno de Castilla y León.
Apoyo decidido a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, en especial a las pequeñas y medianas explotaciones que son mantenedoras de población en los núcleos rurales.
Un programa estable de incorporación de jóvenes: ayudas directas (capital inicial+exenciones fiscales temporales) y acompañamiento técnico para garantizar relevo generacional.
Mejora en las ayudas a la incorporación y modernización agraria, ampliar perfiles, que no sólo sean Agricultores a Título Principal, ya que dificulta el emprendimiento de nuevos pobladores.
Una línea específica de subvenciones para modernización de explotaciones extensivas (maquinaria, digitalización, eficiencia energética) para mejorar rentabilidad y reducir costes de producción.
Simplificación administrativa de ayudas (PAC y regionales): ventanilla única digital, reducción de trámites y plazos, y adaptación de requisitos a la realidad de explotaciones pequeñas y a tiempo parcial. Propiciar e impulsar los mecanismos necesarios para que las ayudas de la PAC se dirijan prioritariamente a quienes se dedican exclusivamente a la agricultura y la ganadería, de forma que estos reciban más apoyo que quienes mantienen la actividad agraria como secundaria, priorizando a quienes viven del campo y sostienen el medio rural.
Creación de un fondo de estabilidad de rentas y seguros agrarios reforzados para cultivos y ganado: líneas compensatorias frente a precios bajos en origen, costes energéticos y climatología adversa.
Revisa la definición de monte en Castilla y León, elevando el umbral mínimo de superficie, actualmente fijado en 1.000 m², para alinearlo con criterios más razonables y homogéneos, como los utilizados en otras comunidades autónomas.
Poner en marcha un sistema de ayudas para la compra de tierras agrarias, facilitando que los titulares de explotaciones en activo puedan adquirir parcelas procedentes de titulares que ya abandonaron hace mucho tiempo su explotación, evitando la pérdida de suelo productivo y garantizando el relevo y la viabilidad del sector agrario. Reforzar los servicios rurales: secciones agrarias comarcales y unidades veterinarias, asesoramiento técnico, laboratorios y centros de innovación agropecuaria en Soria. También equipos con desplazamientos móviles de servicios para cubrir comarcas despobladas.
Plan de promoción de circuitos cortos y compras públicas locales: contratos públicos que prioricen producto soriano (carne, leche, cereal, setas), ayuda a comercialización y marca colectiva para aumentar precios en origen. Fomento de la ganadería extensiva, ya que fija población del medio rural y ayuda a mantener la biodiversidad.
Fomento de las razas autóctonas de ganado, mejor adaptadas a la climatología y los condicionantes del hábitat.
Revisión de los coeficientes de pastos en Soria para adaptarlos a la realidad del pastoreo extensivo soriano, donde el ganado aprovecha zonas con arbolado, matorral o pendiente que actualmente penalizan el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
Impulsar una trazabilidad de los productos cárnicos para que el consumidor tenga conocimiento del orígen de los productos.
Apoyo a la creación de denominaciones de origen y sellos territoriales (p. ej. setas de Soria): asistencia técnica y cofinanciación para trámites, promoción y comercialización que diferencien el producto y mejoren los precios en origen.
Fomentar el desarrollo de la trufa de Soria, con el fin de crear una marca de garantía propia.
Plan de valorización de subproductos agropecuarios (lana, restos vegetales, estiércol): ayudas para industrialización/transformación local, creación de centros de recogida y apoyo a cooperativas para añadir valor y generar empleo rural.
Controlar de forma más efectiva la fauna salvaje (lobo, buitres, jabalíes, etc.), con censos actualizados, compensaciones rápidas y justas por daños, y
apoyo a medidas preventivas como el cercado cinegético, para proteger la agricultura y la ganadería.
Ver en el exploradorFicha de ERC
Exigir que el nou Marc Financer Pluriennal (MFP) de la Unió Europea per al període 2028-2034 garanteixi recursos suficients i diferenciats per a l’agricultura, la ramaderia, la pesca i el desenvolupament rural, evitant que la integració dels actuals instruments de finançament en fons més amplis comporti una reducció dels recursos o una recentralització de les competències. Reclamar que Catalunya participi directament en la definició, distribució i gestió dels fons europeus, apropant les decisions a les explotacions agràries, ramaderes i pesqueres.
El govern espanyol ha de rebutjar la ratificació de l’acord de lliure comerç UE-Mercosur i oposar-se a l’aplicació provisional mentre no es pronunciï el TJUE. Alhora, cal garantir clàusules de salvaguarda i reciprocitat de normes per als productes agroalimentaris importats en els tractats comercials.
Exigir que el govern de la Generalitat de Catalunya disposi de les competències i dels instruments necessaris per planificar i ordenar els usos de l’espai marítim de les seves costes, d’acord amb la Directiva 2014/89/UE.
Impulsar les modificacions legislatives i els mecanismes de control necessaris per garantir preus justos que cobreixin els costos de producció, assegurin la viabilitat de les explotacions i facilitin el relleu generacional. Cal fixar metodologies objectives per sector i reforçar els observatoris agroalimentaris per publicar els costos de referència i la negociació mitjançant cooperatives i organitzacions de productors.
Impulsar mesures de comercialització dels vins i escumosos catalans, tant al mercat interior com als mercats internacionals, reforçant el reconeixement de les denominacions d’origen i la qualitat dels productes del país. Incrementar el suport als petits i mitjans productors, les cooperatives i els cellers, afavorint uns preus justos per al raïm, el relleu generacional i l’adaptació de les explotacions al canvi climàtic per garantir la viabilitat econòmica, social i ambiental del sector vitivinícola català.
Establir un mecanisme dinàmic d’actualització dels costos de producció agraris i ramaders que respecti la variació dels preus d’inputs clau, com ara combustibles i fertilitzants, i garanteixi la repercussió en la revisió dels contractes alimentaris, protegint la viabilitat de les explotacions familiars davant les fluctuacions internacionals mitjançant observatoris de preus i costos més transparents i actualitzats.
Incrementar l’aportació estatal a ENESA per augmentar les subvencions a les pimes, abaratir les assegurances agràries i ramaderes i fomentar-ne la contractació. Eliminar les discriminacions territorials, especialment incorporant Catalunya a la cobertura dels danys provocats pel míldiu al raïm de vinificació.
Exigir a l’Estat una aportació pressupostària suficient i sostinguda per modernitzar les infraestructures de regadiu, millorar l’eficiència hídrica i adaptar el sector agrari a la sequera i al canvi climàtic. Prioritzar la modernització integral dels Canals d’Urgell, incloent-hi la connexió amb el Segarra-Garrigues i el Canal Auxiliar, amb un calendari pluriennal de finançament que eviti carregar-ne el cost sobre els regants, així com les actuacions a les conques compartides de l’Ebre, el Xúquer i el Segura.
Impulsar la regularització de la potència real dels motors pesquers, especialment de l’arrossegament, per resoldre les discrepàncies documentals que n’amenacen la continuïtat, exigint a l’Estat que defensi davant la Unió Europea una revisió dels criteris de capacitat (GT i kW). Aquesta adaptació permetrà regularitzar la flota sense augmentar l’esforç pesquer efectiu ni comprometre la sostenibilitat dels recursos marins.
Revisar la legislació estatal i negociar les modificacions europees oportunes per garantir que la qualificació d’infraccions pesqueres i la pèrdua d’ajuts del FEMPA s’ajustin als principis de proporcionalitat, individualització i seguretat jurídica. Aquesta mesura evitarà que errors formals o de poca gravetat comportin l’exclusió automàtica de fons essencials, valorant adequadament la intencionalitat i l’impacte real de cada cas.
Reclamar mecanismes específics d’assignació de quotes o autoritzacions per a les captures accidentals de tonyina roja en la pesca de petits pelàgics (especialment d’encerclament), permetent-ne el desembarcament i la comercialització sota control i traçabilitat. Aquesta mesura evitarà perjudicis econòmics i inseguretat jurídica per al sector sense incomplir les obligacions internacionals.
El finançament s’establirà segons la superfície, les necessitats de gestió i els serveis ambientals prestats, nodrint-se parcialment dels ingressos dels drets d’emissió de CO₂ o de la fiscalitat dels combustibles fòssils.
Impulsar una revisió integral del marc normatiu que regula l’exercici de la professió veterinària, amb l’objectiu de garantir unes condicions laborals dignes, reconèixer el seu paper essencial en la salut pública i el benestar animal i eliminar les càrregues burocràtiques i les limitacions normatives que dificulten l’exercici professional i l’atenció adequada als animals.
Promoure el reconeixement legal de la violència exercida contra els animals de companyia com a instrument de control, intimidació, coacció i patiment envers les dones víctimes de violència masclista, incorporant-la expressament al marc normatiu de prevenció i protecció davant la violència de gènere i la violència vicària.
Defensar que tots els gossos, independentment de l’activitat que desenvolupin, gaudeixin dels mateixos drets, garanties de protecció i condicions de benestar animal. Cap activitat econòmica, esportiva o recreativa pot justificar un nivell inferior de protecció.
Impulsar la reforma del Codi Penal per reforçar les conseqüències dels delictes de maltractament i garantir que els animals retirats a persones condemnades no tornin a estar en les seves mans.
Ver en el exploradorFicha de PP
Estableceremos incentivos económicos en las zonas en declive demográfico para abrir negocios, facilitar el relevo empresarial, atraer inversiones productivas que creen empleo estable y comprar o rehabilitar viviendas destinadas a residencia habitual. Impulsaremos el teletrabajo y aseguraremos conectividad de calidad. En colaboración con las Comunidades Autónomas, fortaleceremos los servicios públicos y los cuidados de proximidad a quienes viven lejos de las grandes ciudades mediante atención móvil, centros comarcales, transporte a demanda y soluciones específicas para los municipios más pequeños. Los servicios tienen que ser accesibles, no obligar a marcharse para encontrarlos.
El Pacto abarcará la agricultura, la ganadería, la pesca, los montes y sus cadenas de valor, se acordará con sus protagonistas y con las administraciones y contará con el respaldo del Congreso. Declarará estratégicas las cadenas agroalimentarias, mar-industria y forestal, dará estabilidad a sus políticas y fijará financiación y objetivos medibles por encima de los ciclos electorales. El coste de ruralidad se contemplará en la financiación autonómica.
Bajaremos los impuestos a quienes viven, invierten y producen en el medio rural. Los jóvenes no pagarán impuestos por adquirir su vivienda habitual en municipios despoblados. Permitiremos repartir entre varios años, a efectos fiscales, los ingresos de una buena cosecha, una venta de madera o una campaña pesquera, y crear una reserva en los años buenos para los malos. Haremos efectivo el Mecanismo Rural de Garantía para que ninguna norma se apruebe sin evaluar antes su impacto en el medio rural.
Serán políticas propias y sin recortes. Los nuevos planes nacionales se diseñarán con las Comunidades Autónomas y el sector para asegurar agilidad en los pagos y competitividad a agricultores, ganaderos, pescadores y comunidades rurales.
Mejoraremos los seguros agrarios y crearemos un seguro de ingresos y rentas frente a alteraciones del mercado. Garantizaremos la protección de los ganaderos frente al lobo asegurando, al mismo tiempo, su conservación y equilibrio con criterios técnicos. Reformaremos con el sector la Ley de la Cadena Alimentaria para mejorar la información sobre costes y márgenes. Promoveremos el autoconsumo eléctrico y una tarifa energética adaptada a las campañas. Favoreceremos la unión de cooperativas y organizaciones de productores para negociar con más fuerza sus compras y ventas.
Los alimentos importados cumplirán exigencias de seguridad alimentaria y producción equivalentes a las nuestras. Intensificaremos los controles en frontera y promoveremos cláusulas de salvaguardia inmediatas en todos los acuerdos comerciales cuando proceda.
Impulsaremos el crecimiento de las empresas y su acceso a los mercados internacionales, así como la innovación, la investigación y la tecnología.
Los jóvenes que se incorporen cobrarán por anticipado hasta el 70% de la ayuda de la PAC a la incorporación y tendrán ventajas fiscales especiales. Agilizaremos la contratación de mano de obra en origen. Implantaremos un sistema de sustitución por bajas y descansos, y apoyaremos a quien se jubile para que traspase su explotación.
Un programa nacional de mujer rural y del mar reunirá todas las políticas y apoyos: vivienda, financiación, fiscalidad, simplificación, incorporación, titularidad, formación y liderazgo.
Agricultores, ganaderos, pescadores y titulares forestales tendrán ingresos extra por beneficios ambientales (carbono, agua, biodiversidad) con un sistema sencillo, verificable y compatible con el mercado europeo de emisiones.
La inacción no es conservación: el monte volverá a ser un activo económico. Reformaremos la Ley de Montes para facilitar la prevención, elaboraremos modelos de ordenación predefinidos y potenciaremos la agricultura y ganadería preventivas, la biomasa, los tratamientos selvícolas, los aprovechamientos colectivos y la industria forestal. Adaptaremos la fiscalidad al ciclo del monte para que pague menos quien lo cuide.
. Reduciremos las trabas a la caza sostenible y respaldaremos su contribución a la economía de los pueblos y al mantenimiento de la biodiversidad.
Defenderemos la reforma de la política pesquera común y fondos europeos suficientes, un régimen competitivo para los buques españoles, renovación de flota y fiscalidad adaptada. Reduciremos los plazos para la acuicultura e impulsaremos un marco estatal de ordenación y gestión del litoral con seguridad jurídica. Facilitaremos la continuidad y modernización de las instalaciones próximas a la costa y permitiremos recuperar el patrimonio marítimo en desuso para usos compatibles con su protección. Aprobaremos una nueva Ley de Costas, con reglas claras, que dé seguridad a quien tiene un negocio y soluciones legales a los núcleos históricos.
Ver en el exploradorFicha de VOX
VOX en el Gobierno será el representante del sector primario en Bruselas, y no el representante de Bruselas ante los españoles. Oposición a todas las medidas que perjudiquen objetivamente al sector primario y proteger a los nuestros activamente -económica, política y jurídicamente- de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde. Rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur y de todo acuerdo comercial que obligue a nuestros productores a competir en desigualdad de condiciones. Inclusión de cláusulas espejo. Recuperación del principio de preferencia comunitaria. Aumento de los controles en frontera y lucha contra el fraude en el etiquetado.
Será derogada cualquier normativa que perjudique, imponga cargas o sobrecostes que perjudiquen estos oficios que garantizan nuestra soberanía alimentaria y llevan a los hogares productos de una calidad insuperable.
Creación de un fondo de compensación destinado a mitigar el impacto negativo de las imposiciones normativas de Bruselas, desastres naturales o circunstancias adversas sobrevenidas, para proteger a nuestros sectores productivos.
Fin de cualquier transferencia de fondos públicos destinados a financiar proyectos en cualquier país extracomunitario que haga competencia desleal a nuestros productos y a nuestra industria agroalimentaria.
Vinculación del reparto de fondos de la PAC a una nueva variable que prime la despoblación. Garantizar su autonomía presupuestaria y el fin de las exigencias burocráticas y medioambientales derivadas del fanatismo climático.
Promover la revisión de la Política Pesquera Común y de las cuotas y restricciones que perjudican injustificadamente a nuestros pescadores, reforzando la competitividad, la modernización de la flota, el relevo generacional y la continuidad de las explotaciones pesqueras familiares y la rentabilidad de la pesca española.
Limpieza y aprovechamiento de los montes. Revisión de las restricciones ambientales que obstaculizan las labores de prevención y aprovechamiento forestal. Prevención y lucha contra los incendios: protocolos comunes, coordinación de bomberos y protección civil de distintas administraciones y aumento de los medios humanos, materiales y tecnológicos. Endurecimiento de las penas a los incendiarios.
Aplicación, con carácter general, del principio de declaración responsable y el silencio administrativo positivo en todos aquellos procedimientos administrativos vinculados al medio rural, con el objetivo de simplificar trámites, reducir cargas burocráticas y agilizar la actividad económica en el entorno rural, asegurando el relevo generacional. Revisión y refuerzo del Sistema Español de Seguros Agrarios ante las necesidades del campo español.
Favorecer el relevo generacional y la continuidad de las explotaciones familiares en el mundo rural apoyando la incorporación de los jóvenes al sector primario y a las cooperativas agroalimentarias. Impulso de la Formación Profesional en el sector primario a través de programas públicos y concertados.
Defensa de la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como por su valor medioambiental y económico.
Ver en el exploradorFicha de MUNDO+JUSTO
Ampliar hasta los 6 millones de hectáreas la superficie agraria ecológica en 2030, promoviendo la adopción de prácticas regenerativas que recuperen la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y su capacidad de retención de agua. Incentivar, mediante la PAC y los fondos europeos, la recuperación de linderos, setos, muros tradicionales y cubiertas vegetales, así como las rotaciones de cultivos. Garantizar asesoramiento técnico, fincas demostrativas, apoyo a la producción de biofertilizantes, seguros de transición y compra pública de productos sostenibles, favoreciendo la rentabilidad de las explotaciones y el relevo generacional.
terrestres y marinos que impacta en el bienestar de las personas. Crear una Red Estatal de Corredores Ecológicos que conecte los espacios de la Red Natura 2000, incorporando pasos de fauna en grandes infraestructuras y recuperando las vías pecuarias y cañadas reales como corredores de biodiversidad, rutas de trashumancia y oportunidades de desarrollo rural y ecoturismo. Impulsar un plan estatal de regeneración forestal que transforme progresivamente los pinares densos y uniformes en bosques diversos y paisajes en mosaico, con especies autóctonas y medidas de gestión preventiva del territorio que contribuyan también a reducir el riesgo de grandes incendios.
especialmente insectos polinizadores, anfibios, reptiles y aves esteparias, con financiación suficiente para el seguimiento científico, planes específicos por especie y objetivos cuantificables de recuperación y supervivencia.
Reconocer a agricultores y ganaderos como agentes fundamentales en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión de los sumideros naturales de carbono. Apoyar la transición hacia una agricultura y ganadería sostenibles mediante financiación, asesoramiento técnico y recursos humanos y materiales compartidos. Fomentar la agroecología, la protección del suelo y el agua, las cooperativas de pequeños productores y los canales de comercialización de proximidad que garanticen precios justos. Facilitar el relevo generacional en el campo mediante ayudas y acceso a la tierra.
en las granjas. Prohibir que los animales se críen hacinados para producir más barato y apoyar a los pequeños productores y a la ganadería extensiva.
Reforzar la prohibición de experimentar con animales para cosmética y defender desde España en la UE el cierre del resquicio de los ingredientes en el reglamento de sustancias químicas.
Los perros utilizados en actividades cinegéticas deben estar incluidos en las garantías básicas de la legislación de bienestar animal, sin que su utilización para la caza suponga una menor protección frente al abandono, el maltrato o unas condiciones de vida inadecuadas. Por ello, proponemos revisar su exclusión general de la Ley 7/2023 y sustituirla por un modelo de inclusión parcial que garantice unos mínimos comunes de bienestar, identificación, atención veterinaria, alojamiento adecuado y protección frente al abandono.
años de los territorios de la España Vaciada (23 provincias identificadas por informe de Funcas 2019) con implantación de empresas en las capitales de provincia. Promoción del trabajo colaborativo con estamentos locales (Ayuntamiento, Diputaciones), las Cámaras de comercio y el Gobierno Autónomo, las Agencias de Desarrollo Regional, las universidades y los centros de FP.
de conservación. Promover la utilización de grandes herbívoros y razas ganaderas autóctonas en la gestión ecológica del territorio, recuperando pastizales, reduciendo la acumulación de vegetación combustible y favoreciendo la biodiversidad. Desarrollar experiencias piloto de pastoreo extensivo de conservación, con seguimiento científico, garantías de bienestar animal y compensaciones económicas por los servicios ambientales prestados.
Impulsar un programa estatal de empleo verde dedicado a la restauración de ecosistemas, la prevención de incendios, la recuperación de suelos y la regeneración de paisajes, con especial atención al empleo juvenil y rural. Constituir consejos territoriales de participación integrados por administraciones, comunidades locales, agricultores, ganaderos y especialistas para planificar y supervisar estas actuaciones.
Ver en el exploradorFicha de FO
Romper con las políticas agrarias de la UE (PAC) y los Tratados Internacionales que merman nuestra capacidad productiva, derogación de las leyes que contribuyan a la desaparición del campo español.
Expropiar las tierras sin usar en propiedad de grandes terratenientes y reparto entre los agricultores y cooperativas para el aprovechamiento colectivo. Prohibición de la construcción de parques solares en tierras aptas para el cultivo.
Fomentar la creación de cooperativas agrarias, facilitando la concentración parcelaria, que permitan a los pequeños productores dar salida a sus productos, compartiendo de forma eficiente los recursos.
Controlar exhaustivamente la normativa laboral y las leyes de prevención de riesgos para minimizar al máximo posible los accidentes frecuentes en el sector. Perseguir sin tregua a los explotadores en el campo y en el resto del sector primario.
Fomentar la práctica de la pesca sostenible asegurando la reproducción y conservación de las especies y la creación de piscifactorías para asegurar el control y suministro de especies marinas.
Proteger incansablemente especies en peligro de extinción y luchar por prevenir y reducir el impacto de las especies invasoras.
Se reforzarán los cuerpos rurales especializados en la sostenibilidad de los ecosistemas, que se apoyarán en los cazadores locales para el control de poblaciones y la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Promover la creación de nuevos empleos de calidad en el medio rural que incentivarán la reactivación del sector y la revitalización del campo español.
Ver en el exploradorFicha de CC
Exigiremos que España defienda íntegramente el programa europeo de apoyo al sector primario de las regiones ultraperiféricas, el POSEI, y su dotación diferenciada en el nuevo presupuesto europeo. Reclamaremos cada año el 100 % de la aportación estatal a las ayudas adicionales autorizadas por la Unión Europea. Si los cambios en la Unión Europea reducen esos recursos, reclamaremos mecanismos estatales que eviten una pérdida efectiva para el sector canario.
Actualizaremos las medidas estatales frente a los sobrecostes de energía, alimentación animal, fertilizantes y transporte. Reclamaremos apoyo a la producción local y a los seguros de la agricultura, la ganadería y la pesca, para sostener la actividad en las islas. Exigiremos financiación estatal para prevenir y combatir las plagas y atender los daños que causan al sector agrario.
Reclamaremos financiación estatal y europea para incorporar jóvenes a la agricultura, la ganadería y la pesca y dar continuidad a estas actividades. El apoyo a la producción local deberá contribuir a mantener el suelo agrícola en uso y a reforzar nuestra soberanía alimentaria, respetando las competencias canarias de ordenación del territorio.
Exigiremos que España evalúe el impacto de los acuerdos comerciales internacionales sobre las producciones sensibles de Canarias y defienda salvaguardas cuando proceda. Reclamaremos reglas adaptadas a la flota artesanal canaria, posibilidades de pesca suficientes, especialmente de atún rojo y patudo, y acceso efectivo a los fondos europeos.
Exigiremos una contribución específica del Estado para cumplir en Canarias los objetivos europeos de restauración de la naturaleza. La recuperación de los espacios naturales debe contar con financiación ajustada a la realidad de las islas.
Ver en el exploradorFicha de 3e
Mejorar la transparencia de la cadena alimentaria y la capacidad negociadora de productores.
Promover controles sanitarios y de calidad equivalentes dentro del marco europeo.
Modernizar regadíos y fomentar ahorro, reutilización y gestión eficiente del agua.
Combatir la despoblación acercando conectividad, servicios públicos y actividad económica al medio rural.
Ver en el exploradorFicha de EAJ-PNV
Defender precios que tengan en cuenta los costes de producción y facilitar el relevo generacional.
Para qué: Que una explotación agraria o un barco pesquero puedan mantener su actividad y las nuevas generaciones tengan motivos para continuar.
Ver en el exploradorFicha de IE
Propone proteger la agricultura, la pesca y la ganadería, y derogar o revisar varias políticas y normas que afectan al sector primario.
Ver en el exploradorFicha de PH
Moratoria inmediata a la construcción o ampliación de macrogranjas ganaderas intensivas. Persecución penal del robo de agua y pozos ilegales que agotan acuíferos clave (como Doñana, Acuífero 23 o el Mar Menor). Subvenciones directas y preferencia comercial a la agricultura familiar ecológica y de proximidad.
Ver en el exploradorFicha de SALF
Mercosur se aplica desde mayo de 2026 contra el voto de Francia; el recorte del 20 % de la PAC quita 877 millones al año al campo español; la Ley de Restauración deja improductivo hasta el 40 % de la Red Natura. España lo veta en el Consejo: lo que se come en España se produce en España.
Ningún partido con medidas en esta categoría coincide con la búsqueda.
En las medidas de esta categoría.