Natalidad, permisos, conciliación, escuela infantil, pobreza infantil y menores en redes.
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Plan estatal de plazas públicas con comunidades y ayuntamientos, sin nuevos conciertos, y una red pública de cuidado infantil nocturno para las familias con turnos.
Porque los primeros años son decisivos y muchas familias no pueden pagar una escuela infantil.
Salarios, ratios y reconocimiento profesional del primer ciclo de Infantil fijados en la normativa básica, con una segunda educadora en cada aula.
Porque cuidar y educar a la primera infancia es un trabajo cualificado mal pagado.
De gestión directa y acceso universal, con monitoras a jornada completa y contrato público.
Porque conciliar no puede depender de lo que cada familia pueda pagar.
Educación digital y protección frente a los contenidos dañinos.
Porque las redes exponen a menores a contenidos que pueden hacerles daño.
Mínimos comunes en todo el Estado e historia social única para no repetir trámites al mudarse. Una trabajadora o un trabajador social por cada 1.700 habitantes, ajustado a la dispersión y la complejidad social; financiación estatal estable y finalista, separada para prestaciones y para personal y equipamientos; plantillas estables, menos burocracia y más intervención; Trabajo Social en el subgrupo A1, y equipos públicos de emergencias sociales integrados en el 112 y en los planes de protección civil.
Porque los derechos sociales no pueden depender de la comunidad en la que se viva.
Sustituirlo por un indicador actualizado para conceder ayudas y bonificaciones.
Porque el IPREM lleva años congelado y deja fuera de las ayudas a mucha gente.
Objetivo de reducirla un 40 %, con protección especial a la infancia migrante, gitana o con discapacidad.
Porque Andalucía tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa.
Entre 100 y 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 18 años, para todas las familias.
Porque criar cuesta, y casi todos los países europeos ya ayudan a todas las familias.
Ley estatal que las equipare en ayudas, becas, permisos y fiscalidad: en Andalucía son, sobre todo, madres solas.
Porque una familia con una sola persona adulta tiene más gastos y menos ingresos.
Centros de protección pequeños y públicos cuando no haya familia de acogida, y equipos de protección y tratamiento familiar con ratios suficientes para detectar a tiempo el maltrato infantil en la escuela, la sanidad y los servicios sociales.
Porque la infancia crece mejor en una familia que en un centro.
Reconocimiento de todos los modelos de familia y título de familia numerosa desde dos hijas o hijos.
Porque todas las familias merecen la misma protección.
Por cuidado de menores, sin perder salario ni categoría, y reducción de jornada hasta los 14 años del menor.
Porque conciliar no puede costar el sueldo ni el puesto.
Permiso retribuido para la madre y su pareja tras una pérdida gestacional.
Porque perder un embarazo es un duelo que necesita tiempo.
Compensación pública de parte del salario perdido en las reducciones de jornada y excedencias por cuidados, con la cotización mantenida al 100 % para que no merme la pensión.
Porque reducir la jornada para cuidar no puede empobrecer ni dejar una pensión más baja.
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compartida por el conjunto de la sociedad, impulsando políticas públicas de apoyo a las familias y corresponsabilidad en los cuidados. Ampliar los permisos por nacimiento y cuidado de menores hasta las 24 semanas por progenitor y hasta 40 en familias monoparentales y garantizar la remuneración íntegra de los permisos parentales.
y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), dotándola de los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para desarrollar todas las medidas previstas. Reforzar especialmente la prevención, la detección precoz y la intervención coordinada desde los centros educativos, los servicios sanitarios y los servicios sociales.
, estableciendo objetivos anuales de reducción de la pobreza y la exclusión social de la infancia, acompañados de indicadores verificables y mecanismos de seguimiento y evaluación. Garantizar el acceso gratuito al comedor escolar a todo el alumnado en situación de pobreza o vulnerabilidad económica, asegurando también una alimentación adecuada durante los periodos no lectivos.
uniendo el complemento a la infancia para hogares vulnerables y las ventajas fiscales por menor a cargo de tal modo que tengan derecho a ella todos los hogares con criaturas a cargo, al mismo tiempo que su cuantía varíe en función de la renta de cada unidad familiar.
Digital garantizando la protección de los derechos de la infancia, especialmente la intimidad, la protección de datos, la privacidad, el acceso a la información, el ocio seguro y saludable, la libertad de expresión y la protección frente a cualquier forma de violencia o explotación.
, priorizando el acogimiento familiar frente al residencial, con apoyos técnicos, económicos y formativos a las familias acogedoras, y garantizando que ningún niño o niña de 0 a 6 años permanezca en centros residenciales de protección. Establecer una figura referente de protección obligatoria en todos los recursos residenciales y asegurar el acompañamiento de las y los jóvenes tras cumplir los 18 años, evitando situaciones de desamparo, sinhogarismo y exclusión social.
. Prohibir cualquier forma de publicidad o comunicación comercial de alimentos y bebidas con alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos grasos saturados dirigida específicamente al público infantil, de acuerdo con los criterios nutricionales de la OMS, como parte de una apuesta decidida por la prevención en salud.
que afrontan un embarazo en situaciones de vulnerabilidad o incertidumbre sobre su continuidad, mediante servicios públicos accesibles que proporcionen información completa, objetiva y comprensible, asesoramiento jurídico, atención sanitaria y orientación sobre los derechos, prestaciones económicas, recursos sociales y programas públicos de apoyo a la maternidad y a la crianza. Cuando la decisión esté condicionada por la falta de medios — económicos, de vivienda o de red de apoyo—, reforzar esas ayudas y ofrecer alternativas como el acogimiento familiar temporal, de modo que ninguna mujer tenga que renunciar por necesidad a un embarazo que desearía continuar Todo ello desde el respeto a su autonomía, sin juicios de valor, presiones ni discriminación.
Impulsaremos un Plan Integral contra el Abandono Animal que refuerce los servicios públicos de protección y acogida con recursos suficientes, promueva la adopción responsable frente a la compra impulsiva y facilite la identificación, la esterilización y la atención veterinaria, especialmente a las familias con menos recursos. Estableceremos una colaboración estable y financiada con las protectoras y desarrollaremos campañas de educación y sensibilización para prevenir el abandono.
garantizando acceso al comedor escolar a todos los niños y las niñas en situación de pobreza, garantizando el acceso al Ingreso Mínimo Vital a la infancia y adolescencia más vulnerable, incrementando medidas que garanticen el derecho de NNA a una vivienda digna, entre otras medidas.
privadas de libertad, ofreciendo apoyo psicológico, social y orientación sobre los recursos disponibles, y facilitando el mantenimiento de los vínculos familiares, especialmente con hijos e hijas menores de edad.
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Criar a un hijo cuesta cada año más, y Hacienda lo reconoce cada vez menos. Todos los mínimos familiares se actualizarán con la inflación. Refundiremos las deducciones familiares del IRPF en una sola, reembolsable, con un único trámite y abono mensual. Ampliaremos su acceso para que llegue a todas las familias, también a las que no tengan cuota suficiente en el IRPF. Permitiremos la declaración conjunta de las parejas de hecho y adaptaremos la aplicación de los mínimos familiares a su realidad.
Pondremos en marcha medidas que favorezcan que las personas puedan tener el número de hijos que desean y en el momento que quieran, y que faciliten el progreso personal y profesional. El concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia. Ofreceremos orientación e información a quien lo necesite, favoreceremos la prevención y el diagnóstico precoz de los problemas de fertilidad entre los jóvenes y facilitaremos la congelación de óvulos para mujeres jóvenes, mejorando las oportunidades de acceso a la reproducción asistida en el Sistema Nacional de Salud, incluida la revisión de los límites de edad conforme a criterios médicos y de seguridad. Adaptaremos los apoyos y el acompañamiento comunitario a las necesidades concretas de cada familia, con especial atención a las numerosas, monoparentales o vulnerables, reivindicando, también, el papel fundamental del padre.
De la mano del diálogo social, seguiremos avanzando en la ampliación de los permisos por nacimiento de cada progenitor. Pasadas las semanas obligatorias tras el parto, cada progenitor tendrá más libertad para decidir cómo y cuándo disfrutar del resto del permiso, con reglas de preaviso que faciliten la planificación de las empresas.
Estableceremos incentivos para las empresas por los trabajadores con hijos pequeños, tanto por los que contraten como por los que ya tengan en plantilla. Mejoraremos las ayudas a la contratación de las personas que sustituyan a madres o padres durante sus permisos. Los autónomos que vuelvan a su actividad tras el permiso tendrán bonificada al 100% su cuota durante dos años. En el caso de las autónomas, la exención cubrirá también los periodos de lactancia que queden fuera de esa bonificación.
Extenderemos el uso de los bancos de horas para que los trabajadores con hijos o con personas dependientes a su cargo puedan adaptar parte de su jornada a sus necesidades familiares, acumulando y recuperando horas dentro de unos márgenes acordados. Facilitaremos horarios flexibles de entrada y salida y el teletrabajo cuando la naturaleza del puesto lo permita.
Acordaremos con las Comunidades Autónomas que el Estado financie la mitad del coste de cada plaza de cero a tres años, pública o concertada, y las Comunidades, la otra mitad. Al terminar la legislatura, la etapa será gratuita para todas las familias que la soliciten.
Quienes sacan adelante una familia en solitario asumen cada día responsabilidades que en otros hogares se comparten. Las administraciones deben reconocer esa realidad y facilitarles la vida. Acordaremos con las Comunidades Autónomas un reconocimiento común válido en toda España. Simplificaremos el acceso a los derechos y ayudas existentes y adaptaremos las medidas de conciliación a las necesidades de quienes no pueden turnarse con otro progenitor para cuidar de sus hijos. Criar en solitario no debe significar afrontar en soledad todas las dificultades.
Reduciremos drásticamente la pobreza infantil reforzando las ayudas a las familias vulnerables, el apoyo educativo y la protección de los menores en riesgo. Acompañaremos a los hogares en dificultades para evitar que la falta de recursos provoque la separación de los niños de sus familias.
Los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios. El acceso a contenidos para adultos y a apuestas estará prohibido en todo caso. Las plataformas que incumplan estas obligaciones responderán con sanciones proporcionales a su facturación. Además, completaremos el Código Penal para que lo que es delito en la calle sea delito en el mundo digital. Reforzaremos la prevención y garantizaremos el descanso digital en periodo nocturno, los límites al scroll infinito y la posibilidad de fijar tiempos máximos de uso, así como el etiquetado obligatorio de contenidos. Se establecerán canales efectivos de denuncia y se aprobarán medidas de apoyo a víctimas. La formación y la prevención de la adicción a las pantallas serán esenciales.
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La distribució d’una prestació universal per criança a partir de 200 euros per família que s’elevi en aquells territoris amb un cost de vida més alt, com és Catalunya, permetria una redistribució de la riquesa i una reducció de la pobresa a molt curt termini. Segons estudis recents, una prestació d’aquest volum podria reduir la pobresa infantil extrema a l’Estat en un 43 % (del 13,7 % actual al 7,8 %) i el risc de pobresa infantil en un 27 %.
Ampliar els permisos parentals retribuïts i impulsar, conjuntament amb les administracions competents, mesures que permetin disposar de més temps per a la criança durant els primers anys de vida, sense penalitzacions econòmiques ni professionals.
Revisar la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (CUME) per garantir-ne l’accés a totes les famílies que ho necessitin, simplificar-ne els tràmits i evitar que els requisits administratius en dificultin el reconeixement.
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Impulso de planes de apoyo económico para fomentar la natalidad sin que la maternidad suponga un retroceso para las mujeres en sus carreras laborales ni en el acceso y continuidad de sus estudios. La mujer no debe estar discriminada en ningún ámbito.
Se facilitará que las familias tengan más hijos, convirtiéndose en familias numerosas, concediéndoles ventajas fiscales y ayudas económicas sobre las familias con menos hijos o con ninguno. El objetivo principal de estos planes debe ser aumentar la media de hijos por mujer a más de dos.
Se construirán guarderías y jardines de infancia públicos y gratuitos para facilitar la compatibilidad del trabajo y la maternidad.
Se alargarán las bajas por paternidad y maternidad y se obligará a las empresas a ser flexibles parcialmente en cuanto al teletrabajo, reducción de jornada y modificación de horarios, para poder conciliar trabajo y el cuidado de los hijos.
Otorgando psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales para la facilitación de la correcta vida en familia.
Bastante daño hacen las modas del sistema y las grandes empresas que las promueven para encima estar llevando a cabo estas actividades con dinero del Estado.
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Las familias españolas, en el centro de las políticas públicas.
• Todos los beneficios que ahora existen para las familias numerosas se aumentarán y se extenderán a todas las familias de manera progresiva desde el primer hijo, intensificando las ayudas y bonificaciones en función del número de hijos.
• Bonificaciones fiscales a empresas que fomenten la conciliación y hagan descuentos a las familias. Bonificación del 100% de la ayuda en el hogar. Impulso de los servicios de apoyo a las familias en los centros educativos.
• Cotización a la Seguridad Social financiada por el Estado para los españoles dedicados al cuidado de sus hijos. Formar una familia y criar a los hijos es una contribución esencial al futuro de España y no puede ser motivo de penalización en la jubilación.
• El plan incluirá todo tipo medidas en apoyo a la familia: para facilitar el acceso a la vivienda, la compra de vehículos por necesidades familiares, la reducción de la carga fiscal de los productos de primera necesidad infantil, deducciones por material escolar o clases extraescolares. y la gratuidad real de la educación infantil de 0 a 3 años.
Preservar la inocencia de los menores y protegerlos frente a los riesgos presentes en los entornos digitales, tales como la adicción al juego o la pornografía o la mayor vulnerabilidad ante ciertos delitos.
Garantizar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y farmacéuticos y potenciar los cuidados paliativos.
Combatir la brecha maternal facilitando la formación, permanencia, promoción y reincorporación al trabajo de las madres que han interrumpido sus carreras por la maternidad o cuidado de familiares y desean retomarla. Reforzar los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional de todos los trabajadores y la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares. Incentivos para las empresas que favorezcan la conciliación familiar y laboral. Aumento del presupuesto en conciliación familiar con ampliación de los servicios complementarios de aula en los centros educativos.
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Favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, evaluando sus efectos sobre empleo, cuidados y bienestar familiar.
Reforzar escuelas infantiles y servicios de conciliación y evaluar las ayudas familiares según sus resultados y equidad.
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Recoñecer legalmente as familias monoparentais en orixe, por decisión propia, e impulso dunha lexislación específica —para aquelas cuestións de competencia estatal— que permita garantir os seus dereitos e superar a discriminación estrutural que sofren actualmente.
Impulsar medidas de corresponsabilidade social e conciliación real a través de políticas de apoio á conciliación persoal e de coidados incluíndo a compensación económica das reducións de xornada, a garantía de ingresos en períodos de excedencia e a achega económica da Administración Xeral do Estado no financiamento da gratuidade das escolas infantís galegas.
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Reforzaremos la financiación estatal para una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas y de calidad. La educación infantil debe mejorar las oportunidades de los niños y las niñas y a facilitar que las responsabilidades familiares se compartan en condiciones de igualdad.
Defenderemos programas estatales específicos mientras Canarias mantenga indicadores de pobreza superiores a la media. La atención a la infancia y el apoyo a las familias con mayores dificultades serán prioritarios en la asignación de los recursos destinados a reducir la desigualdad. Planteamos abrir el debate y buscar consen-
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Conciliar la vida personal, familiar y laboral es una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
La conciliación garantiza que la situación familiar de una persona no pueda incidir de manera negativa en las posibilidades de acceso al mercado laboral o a puestos de responsabilidad. Permite que cualquier persona pueda mantener una carrera profesional plena y, al mismo tiempo, ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o al disfrute de su ocio y tiempo libre.
Desde el Partido Animalista defendemos la puesta en marcha de políticas familiares públicas, que apoyen la igualdad de oportunidades. Es necesaria una actualización de la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que promueva la igualdad de género, estableciendo el compromiso de todas las administraciones públicas de adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, contemplando medidas, recursos y prestaciones económicas. Se debe prever, asimismo, que las comunidades autónomas fomenten y presten apoyo y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad en las empresas privadas.
Para conseguir una verdadera conciliación, es necesaria una reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y de recursos sociales.
– Del sistema laboral: se debe promover, prestar apoyo y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad en las empresas, fomentando la implantación de medidas de conciliación laboral, personal y familiar entre sus plantillas, como permitir a sus trabajadores adaptar la duración y distribución de la jornada laboral en función de sus circunstancias personales y familiares, o ejercer el teletrabajo. Se debe fomentar e incentivar la creación de guarderías en los propios centros de trabajo, tanto para el cuidado de niños y niñas como de animales de compañía, así como los permisos retribuidos en casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares, incluidos los animales.
– Del sistema educativo: rompiendo los roles de género preestablecidos. Hombres y mujeres deben compartir equitativamente las responsabilidades domésticas y familiares. De la misma manera se debe educar a los hijos e hijas a participar en las tareas domésticas y familiares.
– Del sistema de recursos sociales: las leyes deben prever la elaboración de planes de apoyo a las familias, donde se contemplen ayudas económicas y servicios como centros de atención socioeducativa y ludotecas; aulas matinales, comedores escolares y actividades extraescolares; pisos tutelados, centros residenciales y programas de estancia diurna para personas mayores y/o dependientes; centros de atención y cuidado para animales; ayudas para la contratación de personal para el cuidado de familiares y apoyo psicológico estable.
La Ley Orgánica de protección jurídica del menor incluye la protección de la infancia contra toda forma de violencia entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos y establece que los menores gozarán de los derechos que les reconocen la Constitución y los Tratados Internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.
La Convención, a su vez, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
El Comité de Derechos del Niño, como órgano de las ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención, se ha manifestado en varias ocasiones con relación a la tauromaquia como una actividad violenta de la que es necesario proteger a la infancia.
En 2018, tras examinar los informes de España, incluyó en sus Observaciones finales la tauromaquia en el apartado sobre “Violencia contra los niños” recomendando prohibir su asistencia y participación en estos espectáculos.
Sin embargo, tres años más tarde, el actual Gobierno, ignorando deliberadamente esta recomendación, elaboró la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, sin mencionar, irónicamente, su exposición y participación en las tradiciones más violentas que tienen lugar en nuestro país.
Esta absoluta desprotección ha provocado que, ante la evidente decadencia de la tauromaquia, en los últimos años se esté produciendo un incremento exponencial de actividades organizadas, apoyadas o impulsadas por los gobiernos locales y autonómicos, para iniciar a los menores, cada vez a edades más tempranas, como encierros infantiles o campamentos taurinos infantiles. Algunas plazas han incorporado, incluso, palcos infantiles, para que menores a partir de los 5 años puedan asistir gratis a las corridas y novilladas.
Es demencial, teniendo en cuenta que son numerosos los estudios que evidencian las consecuencias negativas de la participación y exposición de los menores a actividades violentas. Entre otras, que tiendan a hacerse indiferentes a la violencia, a considerarla normal, aceptable y legítima. Las corridas de toros, además, no sólo son una terrible exhibición de violencia extrema y explícita, sino que comportan elementos de celebración y glorificación de ésta.
Y no sólo debemos lamentar que se esté lesionando o poniendo en riesgo la integridad mental, moral y social de los menores, sino también la física, puesto que, cada año, son varios los que resultan heridos durante la celebración de estos festejos.
De cara al inicio de un nuevo procedimiento de revisión a España, en 2022, PACMA presentó ante el Comité el informe “Desprotección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia en España”, informando tanto del incremento de actividades dirigidas a fomentar la tauromaquia entre los menores, como sobre la absoluta inacción del Gobierno al respecto.
Posteriormente, el Gobierno presentaba su Séptimo informe periódico ante el Comité, al que tuvo la desfachatez de mentir descaradamente, asegurando que el Tribunal Constitucional había establecido, de manera expresa e inequívoca, que la competencia para prohibir la asistencia y/o participación de menores a los festejos taurinos corresponde a las CCAA. Desde PACMA presentamos entonces alegaciones, demostrando que el Gobierno había mentido, puesto que el TC jamás ha establecido tal cosa y el Gobierno sí tiene competencia para ello.
De hecho, no es que sea una de sus competencia. Es que es su deber y podría hacerlo mañana mismo para menores de 16 años. Y es que el RD 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas prohíbe en la entrada y permanencia de menores de esa edad en los espectáculos y demás actividades clasificadas por el Ministerio de Cultura para mayores de 16. Dos veces que así lo hemos solicitado al ministro Urtasun a lo largo de la legislatura y dos veces que se ha negado.
Aun así, tras las alegaciones de PACMA ante el Comité, al Gobierno no le quedó más remedio que reconocer que sí puede prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos y festejos taurinos y, durante la sesión celebrada el pasado mes de enero, la ministra de Infancia se comprometió a ello ante el Comité, modificando la LOPIVI en este sentido.
En esta ocasión, el Comité ha sido mucho más contundente, no sólo reiterando su recomendación de prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos taurinos, sino añadiendo que se debe prohibir en todo tipo de espectáculos, festejos y escuelas taurinas, además de exigir al Gobierno campañas de sensibilización dirigidas tanto a la población, como a los medios de comunicación y, especialmente, a los cargos públicos, sobre los efectos negativos que tiene en los niños y niñas la violencia asociada a la tauromaquia.
Cuál fue nuestra sorpresa cuando, meses más tarde, comprobamos que el Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modificaba la LOPIVI, de nuevo, no hacía ninguna mención a su exposición a la violencia de la tauromaquia.
Queda claro que sólo PACMA es capaz de impulsar la prohibición de la asistencia y participación de menores en espectáculos, festejos y cualquier tipo de actividad en la que se ejerza violencia, como la tauromaquia y la caza.
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Proponer mejorar el sistema de protección a la infancia en Castilla y León con un modelo público más cercano, coordinado y eficaz, que ponga en el centro a los niños, niñas y adolescentes y evite que sufran daños añadidos durante los procesos de atención.
Aplicar el modelo Barnahus, de forma que se refuerce la colaboración entre servicios sociales, sanidad, educación, justicia y fuerzas de seguridad, y crear recursos propios como una residencia autonómica de acogida por edades para atender de forma inmediata a cualquier menor en situación de desprotección, radicada en Soria.
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Puesta en marcha con carácter urgente de medidas que impidan el acceso de menores a la pornografía, principal causa del aumento de la violencia sexual, mientras se avanza en la prohibición de la producción de contenidos degradantes y violentos contra las mujeres y la infancia.
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