543Asilo por orientación e identidad
Protección internacional garantizada para quien es perseguido por ser quien es.
Porque en muchos países ser quien eres puede costar la vida.
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Fronteras, asilo, retorno, integración y acceso a la nacionalidad.
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Protección internacional garantizada para quien es perseguido por ser quien es.
Porque en muchos países ser quien eres puede costar la vida.
Derogación de la ley actual y una nueva basada en derechos.
Porque la Ley de Extranjería condena a miles de personas a la irregularidad.
En la línea de la iniciativa popular «¡Regularización Ya!», y ninguna persona condenada a la irregularidad.
Porque cientos de miles de personas viven y trabajan aquí sin papeles y sin derechos.
Para llegar sin jugarse la vida: visados humanitarios, asilo solicitable en embajadas y consulados, cooperación con el Mediterráneo y el Sahel, y retirada de las concertinas de Ceuta y Melilla.
Porque sin vías legales la gente se juega la vida en el mar.
Supresión de la disposición que las ampara y garantía de no devolución.
Porque devolver a alguien sin garantías vulnera el derecho internacional.
Aplicación del Pacto Europeo sin listas de países seguros que vacíen el derecho, con plazos máximos de registro, reagrupación familiar ágil y protección para quien deserta, objeta o se niega a combatir en cualquier guerra.
Porque el derecho de asilo no puede vaciarse con trámites imposibles.
Salvamento Marítimo público y fin de la criminalización de las ONG de rescate.
Porque nadie debería morir en el mar por falta de rescate.
Empezando por el de Algeciras, y Andalucía territorio libre de CIE.
Porque encerrar a personas que no han cometido ningún delito es injusto.
Empadronamiento efectivo sin discriminación, con la financiación local ligada a su cumplimiento.
Porque sin empadronamiento no hay acceso a la sanidad ni a la escuela.
Sanidad universal efectiva, escuela infantil y comedor sin trabas administrativas.
Porque la salud y la educación son derechos de todas las personas.
Tutela automática; pacto de Estado con financiación estatal para acoger a la infancia y adolescencia que llega sin familia, con reparto solidario entre comunidades; y permiso de residencia y trabajo, vivienda y acompañamiento al cumplir los 18 años.
Porque cualquier menor que llega sin familia es, ante todo, alguien que necesita protección.
Con prevención, reparación y una Autoridad de Igualdad de Trato con recursos y presencia en todo el territorio.
Porque el racismo existe y hace falta una ley que lo combata.
Programas de inserción laboral para personas migrantes con los servicios de empleo y los ayuntamientos.
Porque el empleo es la mejor forma de integración.
Ningún expediente sancionador a quien denuncia un delito estando en situación irregular, y los datos de extranjería separados de los policiales.
Porque nadie debería tener miedo a denunciar un delito.
Plantilla suficiente, plazos públicos, atención presencial e información en varios idiomas.
Porque las oficinas de extranjería están colapsadas.
Programas plurianuales y mediación intercultural en los servicios públicos, con apoyo al asociacionismo migrante.
Porque la convivencia se construye con políticas estables.
Ley de determinación de la edad con enfoque multidisciplinar, prohibición de detener a menores por motivos migratorios y documentación tramitada durante la tutela.
Porque muchas personas menores de edad son tratadas como adultas sin garantías.
Autorización de residencia para las víctimas de violencia machista sin esperar a sentencia firme, y para las de explotación sin depender del explotador ni de colaborar con la investigación.
Porque las víctimas no pueden quedar atrapadas por su situación administrativa.
Homologación y acreditación de competencias ágiles, con menos tasas y documentación flexible.
Porque hay personas con títulos que no pueden trabajar en lo suyo por la burocracia.
Ver en el exploradorFicha de PP
Una autoridad única dirigirá la entrada, la permanencia, el retorno y la integración, y coordinará a los departamentos implicados y al resto de administraciones. Publicaremos cada año un informe sobre el efecto de la inmigración en el empleo, los salarios, la vivienda, los servicios públicos y las cuentas de la Seguridad Social.
Reforzaremos efectivos, vigilancia e infraestructuras en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias. Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, el Estrecho y las zonas donde existe mayor presión migratoria, incluidos los principales aeropuertos, tendrán un refuerzo permanente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, presencia estable de Frontex y cooperación con Europol. Reformaremos la Ley de Extranjería para que el rechazo en frontera cubra también las entradas a nado en Ceuta y Melilla. Modernizaremos las vallas, los espigones y los sistemas de vigilancia de Ceuta y Melilla, con sensores, cámaras térmicas y drones. En Canarias, la Guardia Civil aumentará el número de sus patrulleras y la vigilancia marítima integrará medios navales y aéreos, drones y satélites. Las Fuerzas Armadas apoyarán en la frontera cuando lo exija la seguridad nacional, con cobertura jurídica, reglas claras y medios.
En un máximo de una semana, comprobaremos la identidad de quienes sean interceptados al cruzar ilegalmente nuestras fronteras y si suponen un riesgo para la seguridad. Tras estos controles, tramitaremos con rapidez las solicitudes de asilo o la devolución que corresponda. En situaciones de emergencia migratoria, y de la mano del nuevo mecanismo europeo, reduciremos los plazos y trámites al máximo para retornar cuanto antes a quienes hayan entrado ilegalmente.
Resolveremos las solicitudes pendientes y reduciremos los tiempos de tramitación. Quien tenga derecho a asilo debe obtenerlo sin demoras y las peticiones sin fundamento deben rechazarse con rapidez. Aplicaremos el Pacto Europeo e impulsaremos acuerdos con países seguros para que examinen solicitudes y acojan a quienes lo necesiten. Impediremos que encadenar peticiones rechazadas sin aportar hechos nuevos sirva para bloquear una expulsión.
Extenderemos a países de origen y tránsito equipos conjuntos permanentes de investigación policial para desarticular las redes antes de que organicen las salidas. Perseguiremos a quien les suministre a sabiendas embarcaciones, motores o combustible y seguiremos su dinero hasta decomisarlo. Haremos lo mismo con la contratación clandestina, que alimenta la irregularidad y la explotación: Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Policía Nacional actuarán juntas, y endureceremos las sanciones a quienes trafican con contratos simulados, protegiendo siempre los derechos de los trabajadores.
Implantaremos visados por puntos que valoren la formación, la experiencia, el idioma y la integración. Para venir a trabajar en sectores donde falten trabajadores habrá dos vías: llegar con un contrato firmado en origen o con un visado temporal para buscar empleo, sujeto a controles y plazos definidos. Agilizaremos la homologación de títulos en los sectores de alta demanda, pero reforzando notablemente las garantías para comprobar las cualificaciones.
Fijaremos cupos anuales que determinen cuántos trabajadores pueden venir y para qué sectores. Además, sólo participarán los países que colaboren en los retornos y en el control de la inmigración irregular. Revisaremos los cupos cada año según el paro y los puestos sin cubrir, y los ajustaremos a la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo.
Reformaremos la Ley de Extranjería para prohibir las regularizaciones masivas e indiscriminadas y para que el arraigo sea un reconocimiento individual excepcional, no una vía generalizada de regularización. El empadronamiento, por sí solo, no bastará para acceder a ayudas económicas no urgentes.
Quien quiera renovar su residencia temporal en el régimen general deberá firmar un compromiso de integración. Será obligatorio aprender español, conocer la Constitución y los valores de la Unión Europea y, cuando corresponda, formarse para el empleo. Las administraciones facilitarán ese proceso de integración con formación, orientación y herramientas para hacerlo posible. Su cumplimiento deberá acreditarse para renovar el permiso. La igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la ley se exigirán a todos. Ninguna costumbre ni creencia justificará la subordinación de la mujer ni la discriminación de nadie. Prohibiremos el uso del burka y el niqab en los espacios públicos.
La expulsión será la regla para los extranjeros condenados por delitos sexuales, delitos de sangre y multirreincidencia. Tener causas pendientes en varios juzgados no servirá para frenar una expulsión. La prohibición de entrada será permanente para quien suponga un riesgo para la seguridad, y retiraremos el permiso de residencia a quien tenga vínculos con el crimen organizado o con la radicalización violenta.
Aplicaremos plenamente el nuevo Reglamento Europeo de Retornos y reforzaremos los medios para ejecutar las órdenes dictadas, incluidas las de otros países europeos. Ampliaremos el tiempo máximo de permanencia en los centros de internamiento, dentro de los límites europeos, para que las expulsiones se ejecuten. Utilizaremos todos los destinos que el Reglamento permite, incluidos terceros países seguros y primeros países de asilo, e impulsaremos acuerdos para crear centros de retorno en terceros países. Si un país no coopera en las readmisiones, condicionaremos a ello los visados, la cooperación al desarrollo y la posición de España en la política comercial europea. Impulsaremos programas de retorno voluntario con incentivos, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones.
Resolveremos en un máximo de 72 horas los procedimientos de determinación de la edad, reforzando los medios de la Fiscalía. Introduciremos en el Código Penal el delito de fraude de identidad, edad o nacionalidad para acceder a la protección de menores. Reformaremos la Ley de Extranjería y la legislación de protección de menores para priorizar la reunificación familiar y el retorno seguro a sus países de origen y para permitir la expulsión de quienes se hagan pasar por menores. Eliminaremos la exigencia de un informe individualizado del país de origen como requisito imprescindible para autorizar el retorno, estableciendo mecanismos alternativos que acrediten las garantías de protección y acogida. Exigiremos a los países de origen que cumplan íntegramente los acuerdos internacionales de retorno. El Estado asumirá la atención inicial, la identificación y la determinación de edad, y revisaremos el régimen de tutela para evitar su atribución automática a las Comunidades Autónomas. Sustituiremos el reparto como respuesta principal por un modelo de protección individualizada con retorno.
Modificaremos el modelo de concesión para que la nacionalidad deje de funcionar como una consecuencia casi automática del paso del tiempo. Su obtención deberá responder a un vínculo efectivo con España y a una integración acreditada, de forma que las concesiones se concentren en quienes cumplan realmente las condiciones exigidas para incorporarse plenamente a nuestra comunidad política.
Aprobaremos una nueva Ley de Nacionalidad que refuerce las condiciones de acceso: residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, de nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Mantendremos un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad, con los que España comparte vínculos históricos, culturales y lingüísticos excepcionales.
Endureceremos las consecuencias legales para quienes hayan adquirido la nacionalidad española mediante fraude, falsedad u ocultación. Además, regularemos la pérdida de la nacionalidad de quienes no sean españoles de origen cuando exista condena firme por determinados delitos graves contra la vida, la libertad sexual, la seguridad nacional, la integridad del Estado o la comunidad internacional, evitando en todo caso situaciones de apatridia.
Garantizaremos que la nacionalidad se reconozca únicamente a quienes acrediten de forma efectiva su condición de descendientes de exiliados españoles.
Ceuta y Melilla son la frontera terrestre de la Unión Europea en África, y Canarias soporta una presión singular como frontera marítima. La inmigración irregular utilizada como arma de presión contra España es un ataque híbrido. Exigiremos a Bruselas para Ceuta y Melilla el mismo trato que la Unión dio en 2025 a sus regiones fronterizas con Rusia.
Ver en el exploradorFicha de FO
Un país que no es capaz de controlar sus fronteras es un Estado fallido.
Persiguiendo y condenando a altas penas de cárcel a aquellos que juegan con las vidas de los inmigrantes.
Imposibilidad de regularse si han intentado entrar de forma ilegal. Revisión de los permisos de residencia a aquellos que hayan entrado de forma ilegal y lo hayan conseguido en los últimos años.
El islam debe ser sacado de las escuelas públicas y no se debe subvencionar ninguna actividad islámica. Prohibición del hijab en lugares y puestos de trabajo públicos. Además, se ofrecerán ayudas a las mujeres que quieran dejar el uso de la vestimenta islámica y se vean amenazadas en el proceso.
Sancionar y poner bajo el peso de la ley a aquellas organizaciones que promuevan acciones para evitar la legalidad al respecto. Con especial atención a las ONG.
Cese de entrega de nacionalidades hasta que se pueda realizar una revisión exhaustiva de las que se han entregado en los últimos veinte años. Elevación de las condiciones para la obtención futura de la nacionalidad, primando de verdad el Ius Sanguinis. La entrega de la nacionalidad a personas que no cumplan este requisito deben ser meritorias de ello, siendo algo anecdótico y no cientos de miles al año como pasa en la actualidad.
Se deben establecer medidas para fomentar el retorno de los españoles que han tenido que emigrar debido a la situación económica y política del país. España necesita a los españoles para volver a levantarse.
Las órdenes de expulsión deben ser ejecutadas sin excepción alguna.
Búsqueda de acuerdos con países cercanos para instalar puertos y centros para la clasificación y deportación de inmigrantes desde suelo extranjero de aquellos que intenten entrar en España de forma ilegal.
Promoción y apoyo para promover la cultura española y facilitar la asimilación e integración de los inmigrantes que han venido a aportar al país.
Supervisión constante de las empresas que contratan a los inmigrantes para acabar con las condiciones laborales leoninas que suelen sufrir.
Restringir el uso de la figura del “asilo político” únicamente para aquellos que realmente cumplan dicha situación, elevando las condiciones exigidas, acabando con la abusiva utilización actual como manera de prolongar la estancia en suelo nacional para obtener la regularización de inmigración ilegal. Se acabará con la actual concesión de libertad de movimiento desde su solicitud, regulando únicamente para el caso de que finalmente sea concedido dicho asilo político, expulsándose a los inmigrantes que sea denegada su solicitud
Las medidas propuestas si no son suficientes para la resolución del problema deben endurecerse más, teniendo en cuenta los avances y experiencias de otros países europeos.
Ver en el exploradorFicha de BNG
Reforzar os mecanismos de inspección laboral e combater a explotación.
Promover a regularización administrativa como vía para eliminar a irregularidade como ferramenta de explotación.
Apoiar a afiliación sindical e a organización colectiva.
Axilizar a homologación e o recoñecemento de titulacións obtidas no estranxeiro e estabelecer sistemas de acreditación de competencias profesionais. Tamén para a poboación emigrante retornada.
Recoñecer e dignificar o traballo de coidados, maioritariamente realizado por mulleres inmigrantes.
Impulsar as reformas lexislativas necesarias para garantir os dereitos da poboación inmigrante (vivenda, traballo, atención sanitaria, educación...) así como favorecer e facilitar os procesos de regularización administrativa.
Garantir o cumprimento do dereito internacional en materia de protección da poboación inmigrante, refuxiada e/ou solicitante de asilo.
Reclamar a dotación dos recursos humanos e materiais necesarios ás oficinas de estranxeiría para garantir a debida atención, no tempo e na forma, da poboación inmigrante, refuxiada e/ou solicitante de asilo.
Defender a erradicación de calquera forma de discriminación e actitude racista nas administracións públicas.
Demandar o peche dos Centros de Internamento para Estranxeiros (CIEs) no Estado español e o fin das deportacións en quente, garantindo o respecto escrupuloso dos dereitos humanos para a poboación inmigrante, refuxiada e/ou solicitante de asilo.
Defender no seo da Unión Europea unha política de migracións respectuosa co dereito de asilo político, cos dereitos sociais e laborais e co desenvolvemento dos pobos.
Renegociar os acordos Schengen en favor dunha acción decidida en prol de políticas novas de migracións internacionais e de desenvolvemento. Do mesmo xeito, oporse de pleno a calquera reforma regresiva en materia de dereitos e de liberdades individuais e civís coa desculpa de ameazas antiterroristas.
Ver en el exploradorFicha de VOX
Después de recibir a 5 millones de personas en 5 años España no puede acoger a más inmigrantes. Prohibición de las regularizaciones masivas. Quien entra de forma ilegal jamás podrá regularizar su situación.
Revisión de las concesiones fraudulentas de la nacionalidad. Aumento de los supuestos de pérdida de nacionalidad española para los españoles no de origen en casos de delitos graves o reiterados.
Repatriación de quienes permanezcan en situación ilegal en nuestra nación.
Plan para facilitar el retorno a sus países de los extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no alcanzan a los españoles.
Deportación de quienes cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, así como de quienes traten de imponer costumbres, hábitos o culturas ajenas a nuestro modo de vida o incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres.
Devolución de menores extranjeros no acompañados a sus padres o a las instituciones de tutela de sus países de origen, atendiendo al interés superior del menor. Persecución de ONG’s o redes criminales que participen o colaboren en la sustracción o secuestro de menores.
Eliminación de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.
Retirar ayudas y fondos de cooperación y promover sanciones a aquellos Estados que fomenten la inmigración ilegal o la utilicen como arma de presión política.
Establecer un nuevo modelo de protección permanente de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, con participación de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, reforzando la lucha contra la inmigración ilegal, las mafias de tráfico de personas y las amenazas híbridas, especialmente en Ceuta y Melilla. Lucha incesante contra el terrorismo islámico.
Ver en el exploradorFicha de SALF
Convenios con terceros países para que los extranjeros condenados cumplan la pena allí, en prisiones de máxima dureza, no en una celda con televisión y permisos. Después, veto de por vida del acceso a España. Ahorro: ≈ 500 M€/año. Una plaza aquí cuesta ≈ 80 € al día.
Identificación, orden y salida en 48 horas. El 100 % de las órdenes ejecutadas en 90 días. Internamiento hasta la expulsión. Coste: ≈ 300 M€/año; se recupera en acogida.
Derogación de la regularización de 2026, revisión una por una de las concesiones y prohibición por ley orgánica de cualquier regularización masiva. Cada regularización es una invitación.
Ni un euro, ni un visado, ni una preferencia comercial a Marruecos, Argelia, Senegal o Mauritania si no readmiten a sus nacionales en 72 horas. Veto español a cualquier acuerdo europeo que no lo exija.
Moratoria total, durante toda la legislatura, a la inmigración procedente de países que no colaboran contra las mafias de trata de personas ni readmiten a sus nacionales. Para el resto, solo visados con contrato previo y cupo anual votado en el Congreso. Primero integramos a los que ya están.
Cupos preferentes para Hispanoamérica. Nacionalidad: diez años de residencia legal, examen de cultura y Constitución, sin antecedentes y sin depender de ayudas. Revisión de todas las obtenidas con fraude.
Condena de más de un año: pérdida de la residencia. Terrorismo, crimen organizado o delitos sexuales graves: pérdida de la nacionalidad para dobles nacionales.
Prueba radiológica y dental obligatoria antes de entrar en un centro de menores. Repatriación con la familia como primera opción. Ni un adulto en un centro con niños.
Burka y niqab fuera del espacio público, como en Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suiza. Una mujer sin rostro no es diversidad: es sumisión.
Ninguna prestación no contributiva, ayuda al alquiler ni vivienda pública sin cinco años de residencia legal y cotización. Tasa del 2 % a las remesas hacia países que no readmiten. Ahorro: ≈ 1.000 M€/año.
Ver en el exploradorFicha de MUNDO+JUSTO
entre menores migrantes y las comunidades de acogida. Dicho fondo apoyará el desarrollo de programas de mentoría social, redes de familias colaboradoras, actividades compartidas con jóvenes de la comunidad, participación en asociaciones locales y proyectos de convivencia intercultural. En diálogo con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades sociales, se establecerán criterios comunes de calidad, acompañamiento profesional, protección de la infancia y evaluación de resultados, vinculando la financiación a la continuidad de los programas y a su capacidad para generar vínculos comunitarios duraderos.
y trabajan en España, simplificando los procedimientos administrativos, reduciendo las demoras y facilitando su incorporación al empleo legal y a la Seguridad Social. Reforzar especialmente la protección de quienes sufren explotación laboral, permitiendo el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo sin que la denuncia de abusos suponga un riesgo de expulsión, con garantías contra posibles represalias.
Reforzar Salvamento Marítimo, impulsar un sistema europeo de búsqueda y rescate y garantizar la actividad humanitaria de las ONG, evitando su criminalización.
Ampliar y agilizar la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo desde los países de origen, reforzando los consulados y garantizando una contratación laboral transparente, condiciones dignas e igualdad de derechos. Promover permisos estables que eviten la dependencia abusiva de un único empleador. Impulsar también corredores humanitarios, programas de reasentamiento y mecanismos accesibles de reagrupación familiar. Garantizar la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo con enfoque de derechos humanos y de protección efectiva de la infancia, garantizando el derecho a ser escuchados, informados de manera adaptada y que su interés superior sea prioritario.
, y recuperar la autonomía de esta competencia junto con la UE promoviendo una política común y digna para las personas que quieren rehacer su vida de manera digna.
Reformar la legislación de extranjería para eliminar los rechazos fronterizos inmediatos que impidan la identificación individual, el acceso efectivo al derecho de asilo y la protección de personas vulnerables. Garantizar asistencia jurídica, respeto al principio de no devolución y control judicial efectivo en todas las actuaciones fronterizas. Concretamente, proponemos la retirada definitiva del proyecto de real decreto-ley sobre medidas extraordinarias para agilizar las solicitudes y recursos de protección internacional en Ceuta, en aquellos términos que restringen el acceso efectivo al asilo, el principio de no devolución y la tutela judicial. Proponemos reforzar los medios humanos y administrativos para agilizar los procedimientos sin reducir las garantías de las personas solicitantes de protección internacional.
administrativos. Sustituir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por alternativas abiertas y comunitarias, con acompañamiento social y jurídico, respetando la libertad y los derechos fundamentales. Reforzar los recursos públicos de acogida y la atención especializada a personas en situación de especial vulnerabilidad, especialmente menores no acompañados, mujeres víctimas de violencia, personas refugiadas y víctimas de trata. Garantizar procedimientos de determinación de la edad con presunción de minoría, reconocimiento de la documentación válida del país de origen salvo prueba en contrario y pleno derecho de defensa.
Establecer vías accesibles y permanentes de regularización, prevenir la irregularidad sobrevenida y reforzar las oficinas de extranjería para agilizar los trámites, garantizar una atención presencial accesible y acabar con las prácticas abusivas de intermediación y venta de citas administrativas.
Asegurar el acceso efectivo y sin discriminación a la sanidad, la educación, el empadronamiento, la vivienda, los servicios sociales y los derechos laborales, conforme a las garantías legales aplicables. Reforzar la colaboración con las organizaciones sociales especializadas en migraciones, reconociendo su experiencia en el acompañamiento, la participación comunitaria y la construcción de vínculos y sentido de pertenencia de las personas recién llegadas.
Ver en el exploradorFicha de CC
Exigiremos que el Estado y la Unión Europea asuman los costes extraordinarios del salvamento, la acogida y la atención humanitaria en la frontera atlántica. La respuesta deberá asegurar capacidad de atención, financiación previsible y respeto a los derechos humanos.
Exigiremos que los mecanismos estatales de solidaridad territorial funcionen con indicadores de capacidad, plazos y financiación conocidos. Cuando un territorio de primera acogida supere los umbrales previstos, deberán activarse los traslados y la participación de otras comunidades autónomas sin depender de negociaciones caso a caso. Impulsaremos los ajustes legales necesarios para que esa respuesta sea efectiva.
Exigiremos al Estado financiación suficiente y previsible para atender a los menores extranjeros no acompañados acogidos en Canarias y para sostener los recursos de protección. Su interés superior deberá guiar los traslados, las condiciones de atención y la continuidad educativa y sanitaria. La acogida compartida debe aliviar de forma efectiva la sobrecarga de los territorios de llegada.
Defenderemos financiación estatal y europea para programas de integración, convivencia intercultural y prevención de conflictos en los territorios de primera acogida. Combatiremos los discursos racistas y el uso del miedo para dividir a la sociedad canaria.
Ver en el exploradorFicha de 3e
Combatir las redes de tráfico y explotación de personas y cooperar con países de origen y tránsito y con la Unión Europea.
Coordinar acogida e integración con itinerarios de idioma, formación, acceso al empleo y conocimiento de las leyes.
Publicar costes, objetivos y resultados de programas de acogida e integración con indicadores claros.
Ver en el exploradorFicha de PH
Derogación de la legislación de extranjería sancionadora y cierre definitivo e incondicional en un plazo de 60 días de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Apertura de vías legales, estables y seguras para los flujos migratorios. Regularización administrativa inmediata de todas las personas migrantes residentes actualmente en España, reconociendo de pleno derecho sus aportaciones fiscales y sociales. Derecho a elegir y ser elegidos en todas las convocatorias electorales a las personas que lleven viviendo en España más de tres años.
Desarrollo de un Plan Estatal de Acogida y Convivencia Intercultural centrado en la escuela pública como eje vertebrador de la cohesión comunitaria. Garantía de acceso inmediato a la formación lingüística, planes de inmersión escolar con refuerzo docente en el barrio y mediación cultural para las familias. Se erradicará cualquier traba burocrática en la homologación de títulos y en la escolarización de menores, promoviendo espacios vecinales de encuentro e intercambio y educando en la no discriminación activa para transformar la diversidad en enriquecimiento social y superar el aislamiento y la exclusión.
Ver en el exploradorFicha de ERC
Exigir el traspàs integral de les competències en migració i asil a Catalunya per garantir una gestió pròpia de l’acollida, l’avaluació de les necessitats i la integració, des d’una perspectiva de drets humans i inclusió social. Condicionar l’aplicació i el desenvolupament legislatiu del Reglament europeu de Retorn a garanties efectives dels drets fonamentals, per evitar la deriva punitiva i les deportacions automàtiques. Rebutgem la creació de centres de retorn a països tercers i reclamem la màxima protecció jurídica, assistència legal independent i respecte als drets fonamentals durant tot el procés migratori.
Desenvolupar una política migratòria centrada en la protecció internacional, el respecte dels drets humans i les garanties legals, en el marc de l’aplicació del Pacte Europeu de Migració i Asil. Impulsar una nova Llei d’asil que impedeixi externalitzar les sol·licituds de protecció internacional a tercers països amb els quals les persones sol·licitants no tinguin cap vincle i que no respectin els drets humans. Obrir i ampliar vies legals i segures de migració i protecció internacional, amb mecanismes i recursos suficients perquè les persones puguin migrar en condicions dignes.
Ver en el exploradorFicha de EAJ-PNV
Reclamar mayor capacidad para Euskadi en acogida, residencia, trabajo e integración; reducir demoras en permisos y reconocimiento de titulaciones extranjeras.
Para qué: Para que una persona con una oferta de trabajo pueda incorporarse sin esperas innecesarias y la acogida cuente con recursos y reglas claras.
Ver en el exploradorFicha de IE
Plantea reformar la legislación de extranjería, reforzar el control de fronteras y modificar las reglas de expulsión y asilo.
Ver en el exploradorFicha de PACMA
Todas las personas podemos ser migrantes en algún momento. Actualmente, más de 200 millones de personas en el mundo lo son. La guerra, la persecución, la violencia, la inseguridad, la miseria, la falta de oportunidades o el cambio climático son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a abandonar su país, su casa, su familia; en definitiva, su vida. La esperanza de una vida mejor los lleva a enfrentar el miedo, el dolor, la soledad, los peligros y los abusos que pueden encontrar en el camino.
Estas personas necesitan un lugar seguro en el que rehacer sus vidas. No solo para quiénes han tenido que abandonar su hogar en países devastados por los conflictos bélicos: en el mundo, millones de personas son perseguidas por su raza u origen étnico, convicciones políticas o religiosas, u orientación sexual. En muchos casos, estas personas se ven obligadas a huir ante el miedo a ser detenidas, torturadas, maltratadas o, incluso, asesinadas.
A finales de 2025, el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo alcanzó los 117,3 millones. Entre ellas, 67,8 millones dentro de las fronteras de sus propios países, casi 42,5 millones de refugiadas en otros países y 7 millones solicitantes de asilo.
Se trata de una crisis de envergadura mundial. Sin embargo, mientras países con menos recursos hacen todo lo que pueden y más, los países más ricos hacen poco o nada.
Desde el Partido Animalista proponemos la adopción de las siguientes medidas:
– Acceso unificado a todos los derechos, como la educación, la sanidad y el alojamiento para una inclusión efectiva.
– Fomento de programas de acogida que garanticen unas condiciones dignas y comprendan actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía y el bienestar de las personas refugiadas.
– Aumento del número de plazas en los centros de acogida, con especial atención a la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados.
– Impulso de equipos técnicos multidisciplinares en los centros de acogida, que trabajen en coordinación con equipos de inclusión y jurídicos.
– Mejora en la atención a personas inmigrantes y refugiadas, con asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario, incluyendo información sobre la protección animal y el protocolo que se debe seguir en caso de traer un animal desde otro país.
– Puesta en marcha de programas y campañas contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social.
Ver en el exploradorFicha de PFAC
Política migratoria ordenada, responsable y segura. Garantizar un control efectivo de las fronteras y crear vías seguras, perseguir la actividad de las mafias, asegurar la integración para mejorar la convivencia, reforzar la cooperación internacional y proteger a las mujeres y las niñas migrantes.
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