442Defensoría de las generaciones futuras
Institución independiente que evalúe el impacto de las leyes en quienes vendrán.
Porque las decisiones de hoy las pagarán las generaciones que vienen.
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Reglas electorales, presupuestos, Tribunal Constitucional, organismos independientes, transparencia y Parlamento.
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Institución independiente que evalúe el impacto de las leyes en quienes vendrán.
Porque las decisiones de hoy las pagarán las generaciones que vienen.
Los cargos públicos cobrarán lo mismo que ganaban antes, y quien venga del paro, el salario medio.
Porque la política tiene que ser un servicio y no una forma de mejorar de sueldo.
Limitación de mandatos y revocación de los cargos públicos.
Porque eternizarse en un cargo aleja a la clase política de la gente.
Ni cesantías, ni pensiones especiales, ni oficinas, personal o escoltas sin justificación para excargos, más allá de las prestaciones de cualquier persona trabajadora.
Porque dejar un cargo no puede dar derecho a cobrar de por vida.
Gastos justificados y fin de las ayudas al alquiler para quien tiene vivienda en la ciudad donde trabaja.
Porque los gastos se justifican con factura, como en cualquier trabajo.
Puestos directivos de la Administración ocupados por mérito y capacidad, con menos libre designación y sin personal eventual sin requisitos, y una comparecencia pública en el Congreso que examine la idoneidad de quienes vayan a ocupar ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales antes de su nombramiento.
Porque los altos cargos deben estar por su capacidad, no por su carné.
Los partidos responderán de las sanciones económicas de sus cargos condenados por corrupción.
Porque los partidos también deben responder por la corrupción de sus cargos.
Compromiso de los cargos electos de usar la sanidad y la educación públicas.
Porque quien gestiona lo público debe usarlo.
Informe anual en el Congreso sobre el cumplimiento de cada compromiso electoral.
Porque las promesas electorales deben poder comprobarse.
Acceso a la información pública sin certificado digital y silencio positivo si la Administración no contesta en plazo; expedientes que se puedan seguir paso a paso en formatos abiertos, y declaración anual de la renta y de bienes de todos los cargos públicos.
Porque la información pública es de la ciudadanía.
Ley de grupos de interés con agenda pública de reuniones.
Porque los lobbies influyen en las leyes sin que se sepa.
Independiente y con protección legal para el personal público que denuncie.
Porque hace falta un organismo independiente que persiga la corrupción.
Abstención obligatoria en decisiones que afecten a familiares o empresas participadas, y periodos más largos de incompatibilidad al dejar el cargo, con control efectivo.
Porque nadie debe decidir sobre asuntos que le benefician a él o a su familia.
Más medios, capacidad sancionadora e informe anual sobre la corrupción.
Porque el Tribunal de Cuentas tarda años y casi nunca sanciona.
Obligación de publicar el programa electoral un mes antes de las elecciones, explicando cómo se aplicará cada medida.
Porque la ciudadanía tiene derecho a conocer el programa con tiempo para leerlo.
Reforzar su carácter territorial: cámara de las comunidades y nacionalidades, con sus miembros rindiendo cuentas ante sus parlamentos.
Porque el Senado no cumple hoy su función territorial.
Menos firmas y firma digital para una iniciativa legislativa popular, votación en un plazo máximo sin bloqueos y defensa por quienes la promueven en el pleno; consultas en las grandes decisiones y consultas municipales sin autorización del Gobierno.
Porque la ciudadanía debe poder decidir más allá de votar cada cuatro años.
Comisión en el Congreso que prepare las reformas de este programa que necesitan cambiar la Constitución: el voto de las personas extranjeras residentes en todas las elecciones, la vivienda como derecho fundamental, el aborto, Andalucía como nacionalidad histórica, el fin de los aforamientos, el Senado territorial, la elección directa del Consejo General del Poder Judicial, el referéndum de iniciativa ciudadana y el referéndum obligatorio de toda reforma constitucional.
Porque muchas de estas reformas necesitan cambiar la Constitución.
Reforma de la ley electoral para que la juventud pueda votar desde los 16 años.
Porque la juventud de 16 años trabaja, paga impuestos y debe poder votar.
Una parte de la inversión estatal decidida por la ciudadanía, con perspectiva de género.
Porque la ciudadanía sabe mejor que nadie qué necesita su barrio.
Con anulación de las sanciones por protestar.
Porque la ley mordaza castiga la protesta y limita la libertad de expresión.
Control civil independiente, formación en derechos humanos e identificación visible de los agentes.
Porque la policía debe rendir cuentas como cualquier servicio público.
Prohibirlas y acabar con la presunción de veracidad de los cuerpos policiales en las sanciones administrativas.
Porque las pelotas de goma han dejado tuertas a personas que solo protestaban.
Con la sociedad civil y las víctimas, y herramientas legales contra quien financia las campañas.
Porque los discursos de odio preparan el terreno a la violencia.
Unidades especializadas en prevenir e investigar los delitos de odio misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo y LGTBIfobo, y que se investigue a cualquier persona empleada pública que participe en ellos.
Porque los delitos de odio crecen y hace falta perseguirlos con medios.
Disolución de los grupos neonazis y neofascistas y de las fundaciones y asociaciones que glorifiquen el nazismo, el fascismo o el franquismo.
Porque exaltar el fascismo no es libertad de expresión.
Formación y control para erradicar los discursos y las prácticas antidemocráticas y de odio en su seno.
Porque no puede haber discursos de odio en quienes llevan armas en nombre del Estado.
Mecanismos para obligar a las administraciones que no apliquen la ley de igualdad de trato, con la vigilancia de un organismo independiente.
Porque la ley de igualdad de trato existe pero no se cumple.
Derogar el endurecimiento penal de los pequeños hurtos y la ley de desalojos rápidos.
Porque endurecer las penas a la pobreza no reduce la delincuencia.
Penas orientadas a la reinserción, como manda la Constitución.
Porque la Constitución dice que las penas deben orientarse a la reinserción.
Ley que proteja a quien defiende los derechos humanos.
Porque quien defiende los derechos humanos sufre amenazas y necesita protección.
Adaptación completa del reglamento europeo: transparencia de la propiedad, regulador independiente y protección de las fuentes.
Porque la ciudadanía tiene derecho a saber a quién pertenecen los medios.
Ley orgánica de secreto profesional y transposición de la directiva contra las demandas abusivas a periodistas.
Porque las demandas abusivas se usan para silenciar a periodistas.
Nombramientos por mérito y mayorías amplias, y financiación plurianual estable.
Porque la televisión pública no puede estar al servicio del gobierno de turno.
Obligación de repartir la producción externa de RTVE entre productoras de todas las comunidades autónomas, con un mínimo por territorio y centros de producción con capacidad real en Andalucía, para descentralizar el ente y fortalecer los ecosistemas audiovisuales.
Porque casi todo lo que produce RTVE se hace en Madrid.
Criterios objetivos, portal público del reparto y ningún contrato con medios que difundan bulos de forma reiterada.
Porque el dinero público no puede financiar medios que difunden bulos.
Prohibido que bancos y su gran accionariado controlen medios de comunicación.
Porque quien controla los medios controla buena parte de la opinión pública.
Revertir las inmatriculaciones hechas con el privilegio franquista de 1946, con un listado público y completo.
Porque la Iglesia se apropió de miles de bienes con un privilegio franquista.
Patronato público para la Mezquita de Córdoba, el Patio de los Naranjos y los bienes de valor excepcional.
Porque la Mezquita es patrimonio de la humanidad y debe ser de todos.
Ninguna confesión con privilegios fiscales ni simbólicos en un Estado laico.
Porque un Estado laico no puede privilegiar a ninguna religión.
Suprimir del Código Penal la ofensa a los sentimientos religiosos.
Porque criticar una creencia no puede ser delito.
Ratificación del convenio europeo sobre su participación en la vida pública local.
Porque quien vive en un municipio debe poder elegir a su ayuntamiento.
Ver en el exploradorFicha de BNG
Reforzar a participación das mulleres na vida pública e institucional modificando a Lei de paridade, Lei Orgánica 2/2024, para permitir a presenza de correlativa de máis mulleres nas listas electorais.
Derrogación íntegra da Lei Mordaza por favorecer a discrecionalidade policial, a criminalización do dereito de reunión e manifestación e afondar na indefensión das e dos cidadáns. Especialmente a supresión da desobediencia e resistencia á autoridade, que é considerada unha infracción grave, igual que a negativa a identificarse ou a falta de consideración a algún axente das Forzas e Corpos de Seguranza do Estado. Debe tamén prohibirse o uso de pelotas de goma, as devolucións en quente e eliminarse o principio de presunción de veracidade que se outorga ás declaracións (denuncias, actas ou atestados) das e dos axentes.
Derrogación do delito de desordes públicas agravadas, por limitar e afectar o libre exercicio dos dereitos fundamentais de reunión e manifestación, así como do resto de condutas tipificadas como delito que atentan directamente contra o dereito de liberdade de expresión (inxurias contra a Coroa, os Exércitos, as Forzas e Corpos de Seguranza, o Goberno e outras institucións do Estado, do escarnio de crenzas relixiosas ou das denominadas ofensas ou aldraxes aos símbolos nacionais, entre outros).
Transferencia a Galiza das competencias en materia de Institucións Penitenciarias co obxectivo de avanzar cara á unha lexislación penitenciaria actualizada e máis garantista e respectuosa cos dereitos fundamentais da poboación reclusa, reducindo as sancións por illamento, reforzando o papel das xuntas de tratamento e recoñecendo dereitos de sindicación ás persoas presas que traballen, entre outras medidas.
materia educativa e de formación do profesorado en materia de memoria democrática.
Derrogar a Lei de Segredos Oficiais e a Lei de Seguranza Nacional e así garantir a plena transparencia na actuación e gasto por parte das institucións militares ou dependentes das forzas e corpos de seguranza do Estado.
Impulsar e apoiar as reformas para lograr maior pluralidade informativa nos medios de comunicación de titularidade pública, especialmente durante as convocatorias de procesos electorais, pois garantindo a igualdade no acceso á información avanzamos en democracia.
Impulsar a participación directa a través de consultas populares. Neste sentido, promoveremos e apoiaremos as mudanzas legais precisas que posibilitaren a convocatoria de referendos vinculantes en asuntos de interese, incluído o dereito de autodeterminación, así como a participación social na planificación e na xestión dos fondos públicos.
Denunciar e revogar o Concordato coa Igrexa católica e, nomeadamente, os Acordos vixentes coa Santa Sé, para avanzar nun Estado verdadeiramente laico. Isto suporá a eliminación dos privilexios da Igrexa e a presenza da relixión nas institucións e servizos públicos.
Reformar estruturalmente a normativa electoral: implantación do método proporcional directo (cota Hare); estabelecemento de Galiza como circunscrición electoral; eliminación das porcentaxes mínimas de 5% para conseguir representación; obrigatoriedade do voto secreto en cabina; prohibición de reparto de papeletas; garantía de igualdade entre partidos políticos respecto do acceso, da difusión e da presenza nos debates en campaña electoral en horario de máxima audiencia. Así mesmo, exixiremos que o exercicio de voto exterior se realice, ao igual que nas mesas do Estado, sempre en urna en lugares debidamente habilitados para garantir a identificación das persoas votantes e impedir a fraude. Exixiremos o cumprimento do estabelecido na disposición adicional sétima da Lei de pesca, introducida grazas a unha emenda do BNG, que exixe ao Goberno remitir ás Cortes unha proposta para garantir o voto telemático das e dos mariñeiros embarcados nas frotas de altura.
Inhabilitación directa de cargos públicos e representativos que cometan fraude fiscal ou cando se detecten operacións económicas propias —ou en conivencia co seu contorno familiar e profesional— a través de paraísos fiscais, así como medidas de control exhaustivo das vías de evasión fiscal, evitando que o capital defraudado encontre refuxio en paraísos fiscais ou en contas noutros Estados.
Regulación estrita das portas xiratorias e das incompatibilidades; concretamente a supresión da posibilidade de acordar a compatibilidade profesional polas propias Cámaras daquelas persoas que ostentaren a condición de deputadas e senadoras.
Para favorecer o incremento da democracia e o control público da acción política consideramos que cómpre impulsar
reformas que melloren a transparencia na contratación pública, como poden ser:
Supresión das restricións de carácter normativo para a xestión pública directa de servizos públicos, respectando así a autonomía de cada institución.
Modificación da normativa de contratación pública, implantando a transparencia na contratación negociada e directa, publicando nos perfís de contratación as licitacións negociadas.
Fomento da participación das pequenas e medianas empresas na contratación pública, con todas as garantías legais de integridade e transparencia públicas, así como o impulso dun modelo de contratación pública que contribúa ao crecemento sustentábel e que integre unha perspectiva social e ambiental nos criterios de adxudicación, baseado tamén na equidade e na xustiza sociais, e tendente a fixar investimento produtivo estábel pensado para unha economía de pequena escala, como son as PEMES.
Promover un marco regulatorio estatal que garanta o dereito a recibir información inmediata, comprensíbel e sobre os criterios aplicados cando unha decisión relevante sexa adoptada total ou parcialmente por sistemas automatizados nas administracións públicas ou grandes empresas de servizos esenciais (banca, seguros e telecomunicacións).
Prohibir que as resolucións administrativas ou económicas críticas se executen sen unha revisión final, vinculante e asumida por persoal técnico ou funcionario competente, evitando que unha máquina substitúa a responsabilidade humana.
Crear mecanismos públicos de inspección e auditoría dos algoritmos de interese xeral para detectar e corrixir nesgos de xénero, clase, orixe ou territorialidade que provoquen discriminacións.
Crear un rexistro público dos sistemas de IA empregados na adopción de decisións públicas e prohibir que a concesión ou denegación de prestacións sociais ou dereitos fundamentais dependa de automatismos sen intervención humana efectiva.
Obrigar a que os modelos de IA e redes sociais de risco sistémico se sometan á avaliación de organismos públicos independentes antes de saíren ao mercado. Reclamar financiamento para que as nacións do Estado conten con organismos propios de supervisión.
Estabelecer límites estritos ao recoñecemento facial e á vixilancia biométrica masiva en espazos públicos, vetando a policía preditiva e o uso da IA para substituír as decisións xudiciais.
Impulsar lexislación que garanta a privacidade mental e a libre determinación da identidade fronte á manipulación ou ao rexistro neurocognitivo por parte de corporacións ou Estados.
Esixir ao Goberno do Estado un papel pioneiro na Unión Europea para limitar os algoritmos e os deseños que maximizan de forma deliberada o tempo de uso mediante condutas adictivas.
Favorecer a transición cara a un modelo dixital no que as persoas decidan libremente a información que reciben, evitando que os seus intereses sexan delegados en algoritmos comerciais.
Impor a interoperabilidade das redes sociais e servizos de mensaxería mediante protocolos abertos e federados, permitindo comunicarse con usuarios doutras plataformas e mudar de servizo sen cancelas tecnolóxicas.
Favorecer o desenvolvemento de servizos dixitais abertos, federados e comunitarios para reducir a dependencia das grandes corporacións e potenciar a capacidade de decisión cidadá.
Reforzar as garantías e auditorías sobre o funcionamento dos sistemas de recomendación para coñecer os criterios que condicionan a visibilidade e a circulación dos contidos en Internet.
Recoñecer o dereito das mozas e dos mozos de 16 e 17 anos a poderen votar nas diferentes convocatorias electorais.
Ver en el exploradorFicha de PP
Garantizaremos el ejercicio efectivo y seguro del derecho al voto por correo. La Administración electoral reforzará el control y la supervisión de la recepción, custodia y entrega de los votos por parte de Correos. Reforzaremos la identificación al solicitar y entregar el voto, con garantías para quien no pueda hacerlo personalmente. Y mantendremos la posibilidad de que cada elector pueda hacer seguimiento del sobre electoral y recibir una notificación de que el voto emitido por correo ha sido entregado al presidente de la mesa electoral.
Ampliaremos las incompatibilidades e inelegibilidades aplicables a los condenados por terrorismo, así como a los condenados por corrupción grave, delitos contra la vida o delitos graves contra las instituciones del Estado. También ampliaremos las causas de inelegibilidad para impedir que quienes se sustraigan voluntariamente a la acción de la Justicia y hayan sido declarados en rebeldía por delitos graves puedan presentarse a elecciones u ocupar cargos públicos mientras persista esa situación.
Reforzaremos la Junta Electoral Central con medios propios y estables, y capacidad efectiva para hacer cumplir sus acuerdos durante la campaña.
Derogaremos la Ley de Amnistía y prohibiremos que el derecho de gracia se utilice como contraprestación política para formar o mantener un Gobierno. Aprobaremos una nueva Ley del Indulto con criterios objetivos y transparentes. No podrán ser indultados los condenados por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional ni por delitos graves contra menores.
Impulsaremos la obligación de publicar íntegramente los acuerdos de investidura, de legislatura y de apoyo parlamentario que permitan formar o sostener un Gobierno. No habrá anexos reservados ni compromisos políticos ocultos.
Regularemos un procedimiento formal de transición entre Gobiernos. Cada ministerio deberá entregar al nuevo Ejecutivo un informe completo y actualizado sobre la situación presupuestaria, las obligaciones económicas asumidas, los contratos y compromisos en vigor, los asuntos pendientes, los riesgos identificados y las decisiones que requieran continuidad inmediata. Se fijarán plazos y responsables del traspaso, y la ocultación deliberada de información o la entrega de datos falsos tendrá consecuencias.
Consolidaremos la posición institucional del líder de la oposición y sus relaciones con el presidente del Gobierno. Estableceremos cauces obligatorios y regulares de interlocución e información sobre los principales asuntos de Estado, en materia de seguridad nacional, defensa, política exterior y crisis de especial gravedad, con las garantías de confidencialidad necesarias. Los asuntos de Estado volverán a ser de Estado.
El Gobierno cumplirá con su obligación constitucional de presentar cada año los Presupuestos Generales del Estado para que las Cortes los debatan. Promoveremos las reformas necesarias para que una segunda prórroga consecutiva provoque la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
El Senado examinará cada año la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y controlará la ejecución de los fondos europeos y las transferencias a las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Constitucional debe ser percibido y funcionar como una institución jurídica independiente, no como una prolongación de las mayorías políticas. Ningún candidato podrá haber ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores y estableceremos un régimen estricto de incompatibilidades. Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas constitucionales sean respetadas por todos. Ningún magistrado participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elaboración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administración.
La protección de la Constitución pierde eficacia cuando las decisiones llegan después de que el daño institucional se haya producido. Los recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fundamentales se resolverán en noventa días. Ampliaremos el recurso previo de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado y las instituciones de relevancia constitucional. Se publicarán los asuntos pendientes, las normas de reparto y el sentido del voto de cada magistrado una vez resuelto el asunto. El Tribunal aprobará en seis meses un código ético que proteja el secreto de sus deliberaciones y fije consecuencias para las filtraciones. Ampliaremos en la ley las causas de abstención y recusación de los magistrados.
El recurso de amparo protegerá los derechos fundamentales, pero no servirá para volver a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Tribunal Supremo. Reformaremos la legislación procesal y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para delimitar con claridad qué recursos de amparo admite y qué efectos tienen sus decisiones.
Su dirección será científica y profesional, reduciremos los puestos de confianza y su presidente tendrá un mandato propio, que no dependerá de quien gobierne. Auditaremos su actividad desde 2018, recuperaremos las series históricas y daremos mayor transparencia a sus métodos, muestras y datos. El CIS concentrará su trabajo en conocer los grandes cambios de la sociedad española —familia, infancia, envejecimiento y movilidad social—. El Congreso de los Diputados podrá requerirle cualquier informe o investigación que se esté realizando o se haya realizado en cualquier momento.
Recuperar la credibilidad de los medios públicos es una cuestión democrática básica. Desde el inicio de la legislatura adoptaremos las medidas necesarias para garantizar una información rigurosa, plural e independiente, una dirección profesional y una verdadera vocación de servicio público.
Reforzaremos la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional.
Fijaremos por ley el mandato del presidente del INE y limitaremos su cese anticipado a causas tasadas. Aseguraremos la independencia de sus métodos, calendarios y publicaciones. El INE servirá para conocer la realidad del país, también cuando los datos incomoden al Gobierno.
Modificaremos los requisitos para nombrar a su presidente: no podrán ser elegidos aquellos candidatos que en los últimos cinco años hayan ocupado puestos como cargo electo, miembro de gobiernos o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial. El candidato a presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados con carácter previo a su nombramiento, y se emitirá un dictamen sobre su idoneidad y la ausencia de conflictos de intereses. Además, potenciaremos su papel: el Consejo de Estado dictaminará antes de su aprobación todos los anteproyectos de ley orgánica y publicará sus dictámenes.
Afianzaremos su independencia, profesionalidad y capacidad técnica para que pueda detectar irregularidades y exigir responsabilidades con mayor rapidez. Tendrá acceso en tiempo real a los datos de contratación, subvenciones, financiación política y grandes transferencias de fondos públicos. Dotaremos de mayor transparencia y publicidad a sus decisiones.
Aprobaremos un marco común de gobernanza para los reguladores y las autoridades independientes, como el Banco de España, la CNMC, la CNMV, la AIReF y la Agencia Española de Protección de Datos. Sus máximos responsables serán elegidos entre profesionales independientes de acreditado prestigio que no hayan ejercido recientemente cargos políticos.
Implantaremos un sistema único e interoperable de trazabilidad digital de los contratos, las subvenciones y las grandes transferencias de fondos públicos de todas las administraciones, que identifique a los beneficiarios reales de las empresas adjudicatarias. Reforzaremos los controles de conflictos de interés, la protección efectiva de los informantes y el cruce de información entre órganos de control para detectar irregularidades con mayor rapidez.
Transformaremos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una Autoridad Independiente de Transparencia y Buen Gobierno, que absorberá también la Oficina de Conflictos de Intereses, con capacidad efectiva para hacer cumplir sus resoluciones y sancionar los incumplimientos. Exigiremos que toda denegación de información esté motivada de forma expresa.
Devolveremos a las Cortes su posición central en la política española, su prestigio y el pleno ejercicio de sus funciones, revirtiendo la deriva presidencialista de los últimos años. Gobernaremos con lealtad institucional y respeto a la división de poderes.
Reformaremos los Reglamentos del Congreso y del Senado para limitar las prórrogas sucesivas de los plazos, de modo que sus Mesas no puedan bloquear una ley alargándolos injustificadamente ni vaciar el debate acortándolos a conveniencia. No se admitirán enmiendas ajenas al contenido de las leyes. Cada ley explicará el coste que impone a ciudadanos y empresas. Las que no cumplan su objetivo se corregirán o se derogarán. Las decisiones de las Mesas serán públicas. Reforzaremos los servicios jurídicos de las Cámaras y exigiremos que las Mesas motiven cualquier decisión que se aparte de sus informes. Las solicitudes de reconsideración deberán resolverse antes de la finalización de la tramitación de la ley a la que afecten. Fijaremos, además, plazos máximos para tramitar, debatir y votar en el Congreso las proposiciones de ley remitidas por el Senado.
Reservaremos el decreto-ley a situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes. No podrá aprobarse otro con el contenido sustancial de uno rechazado por el Congreso durante el mismo periodo de sesiones. Limitaremos también el recurso a la urgencia, la lectura única y los procedimientos excepcionales que reducen el debate parlamentario. La falta de apoyos o la conveniencia del Gobierno no justificarán eludir la deliberación de las Cortes.
Aseguraremos que el presidente y los miembros del Gobierno atiendan sin subterfugios las comparecencias acordadas por el Congreso y el Senado en el plazo que fijen sus Reglamentos. Cualquier imposibilidad de asistencia deberá justificarse con razones concretas, suficientes y debidamente acreditadas. El incumplimiento injustificado tendrá consecuencias parlamentarias expresamente previstas en los Reglamentos. El debate sobre el Estado de la Nación se celebrará en cada año completo de legislatura.
Regularemos la actividad de los lobbies ante el Gobierno y las Cortes. Crearemos un Registro Nacional público y obligatorio, dependiente de la Autoridad Independiente de Transparencia, en el que conste a quién representa cada grupo de interés.
Sustituiremos la Ley de Secretos Oficiales de 1968 por una nueva regulación con criterios claros para clasificar información, plazos máximos de desclasificación y control judicial efectivo. La información reservada deberá responder a una necesidad real de protección de la seguridad y los intereses del Estado, no a la conveniencia de quien gobierna.
Ver en el exploradorFicha de MUNDO+JUSTO
Que cada ley importante incluya un informe de su impacto en la juventud y que los consejos de juventud tengan que ser consultados antes de aprobar normas que les afecten.
Impulsar un Pacto de Estado por el Diálogo y la Convivencia Democrática que fomente el respeto entre quienes piensan diferente, la búsqueda de acuerdos transversales y el rechazo de la descalificación personal y los discursos de odio. Crear espacios estables de diálogo entre ciudadanía, instituciones y fuerzas políticas, promoviendo la escucha activa, la mediación y la resolución pacífica de conflictos. Favorecer una cultura política que reconozca al adversario como interlocutor legítimo y convierta las diferencias en oportunidades de entendimiento y construcción del bien común, garantizando siempre el pluralismo y la libertad de expresión. Impulsar foros parlamentarios permanentes entre diferentes fuerzas políticas para abordar mediante el diálogo y la búsqueda de consensos los grandes desafíos sociales, priorizando los acuerdos orientados al bien común frente a la confrontación partidista.
parlamentaria, eliminando la obligación de recoger avales introducida en 2011 para presentar candidaturas al Congreso y al Senado, y recuperando el sistema anterior, con el fin de garantizar condiciones más equitativas de acceso a las elecciones y favorecer el pluralismo político.
. Modificar la Ley de Partidos Políticos para garantizar la elección directa por la afiliación de determinados cargos orgánicos y candidaturas a las presidencias nacional y autonómicas, fomentar equipos de trabajo participativos y establecer mecanismos innovadores de consulta, deliberación y toma de decisiones.
la transparencia y la veracidad de la comunicación institucional y establezca mecanismos de rectificación y responsabilidades proporcionadas ante la difusión deliberada de información falsa por parte de cargos públicos, respetando plenamente la libertad de expresión y el pluralismo político. Impulsar un Pacto Ético por la Convivencia Democrática entre partidos e instituciones, reforzar el cumplimiento de los compromisos europeos contra la desinformación y la incitación al odio, y establecer un mecanismo independiente de evaluación de la calidad del debate público y de las campañas electorales.
. Facilitar el acceso a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), simplificar sus requisitos y ampliar los mecanismos de consulta ciudadana, incluyendo referendos sobre cuestiones de especial relevancia, inspirándose en experiencias de democracia directa como la suiza y promoviendo espacios de información, diálogo y deliberación colectiva.
. Crear una Comisión Nacional de Reconciliación Democrática, plural e independiente, como espacio permanente de encuentro entre fuerzas políticas y sectores sociales, orientado a superar la polarización, abordar las heridas políticas contemporáneas, promover la escucha y el reconocimiento mutuo y fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la fraternidad y la convivencia pacífica.
crítico, garantizando el acceso a información fiable y fomentando un uso seguro, responsable y consciente de los medios digitales. Impulsar programas de alfabetización mediática y digital accesibles para toda la ciudadanía, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, contando con la participación de centros educativos, entidades del Tercer Sector y organizaciones de la sociedad civil.
de las medidas propuestas en los programas electorales, a modo de rendición de cuentas a la ciudadanía. Los programas debieran ser transparentes en las posibilidades de concretar las medidas y el grado de apertura a la negociación.
regulación y consulta. Estos organismos se elegirán por consenso entre los partidos con representación parlamentaria, más allá de los dos que han ostentado el poder, y, siempre, en base a los méritos de la persona candidata.
fácticos y/o económicos. Se debe avanzar en desarrollar medidas que dificulten las llamadas “puertas giratorias” y los conflictos de intereses de políticos en ejercicio. Un alto cargo de la administración que abandona la política no podrá ser contratado por una empresa del sector de su responsabilidad por, al menos, 5 años.
de los organismos públicos y que considere no solo a los expertos como audiencia objetivo de sus explicaciones.
“que garantice el principio de transparencia y el acceso a información que pueda servir para prevenir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos. Nunca las violaciones de DDHH podrán ser secretas.
participación como interlocutor clave en los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas con impacto social, así como en los principales órganos de participación y consulta de la Administración General del Estado. Impulsar el desarrollo y actualización de la Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social y fortalecer la Comisión para el Diálogo Civil como espacio estable de interlocución entre el Estado y el Tercer Sector.
, mediante la aprobación de su Reglamento General, el fortalecimiento de las políticas públicas de promoción, reconocimiento y apoyo a la acción voluntaria y el reconocimiento del voluntariado como forma esencial de participación ciudadana.
trasladar las propuestas de niñas, niños y adolescentes al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas que les afectan.
Ver en el exploradorFicha de D21
Se prohíbe que parlamentarios, cargos públicos y asesores paguen a los partidos un porcentaje de su sueldo.
Los partidos responderán civilmente por los delitos de corrupción de sus dirigentes, salvo que demuestren controles anuales auditados. Se suspenderá la financiación pública de un partido con dirigentes investigados por corrupción.
Los organismos independientes se nombrarán con comparecencia pública y mayoría de tres quintos. Si el Congreso bloquea un nombramiento más de tres meses, se elegirá por sorteo entre los candidatos.
Diputados y senadores deberán dedicar una jornada cada dos semanas a reuniones abiertas con ciudadanos. El Presidente del Gobierno se someterá cada año a una asamblea ciudadana elegida por sorteo.
Si los partidos bloquean de forma reiterada asuntos de orden mayor, la ciudadanía podrá activar una Asamblea Ciudadana con firmas del 1 % del censo. Sus propuestas se someterán a referéndum consultivo.
Diputados y senadores no cobrarán su sueldo mensual si no asisten a las sesiones plenarias y de comisión, salvo por enfermedad o fuerza mayor. Las ausencias se publicarán cada mes.
Si el Gobierno no presenta los Presupuestos Generales del Estado, se suspenderá el sueldo de todo el Gobierno. Si el incumplimiento dura más de un año, el Gobierno cesará.
Nadie podrá ejercer el mismo cargo público durante más de dos mandatos completos o más de ocho años en total.
Se reformará la Ley Electoral para reducir el peso de las listas cerradas. Se introducirán listas desbloqueadas y listas abiertas, para que los ciudadanos elijan a sus representantes.
Una plataforma pública mostrará en tiempo real el estado legal, las licencias y los bloqueos de cada desarrollo urbanístico. Incluirá un canal para denunciar bloqueos injustificados.
Ver en el exploradorFicha de 3e
Publicar contratos, subvenciones, presupuestos, ejecución y declaraciones de bienes de altos cargos en formatos claros y reutilizables.
Reforzar auditorías, canales protegidos de denuncia y controles de conflicto de interés, con garantías para denunciantes.
Acompañar las principales iniciativas de memoria de impacto, calendario, coste estimado e indicadores públicos.
Garantizar el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho.
Proteger libertad de prensa, pluralismo e independencia profesional de los medios.
Publicar criterios objetivos de asignación de publicidad institucional.
Promover educación mediática y herramientas contra estafas y contenidos fraudulentos, respetando la libertad de expresión.
Impulsar diálogo intergeneracional y participación ciudadana en la evaluación de servicios.
Ver en el exploradorFicha de ERC
Negociar la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya amb acompanyament internacional, amb la Unió Europea i el Consell d’Europa com a facilitadors, en línia amb la resolució Cilevičs del Consell d’Europa i les bones pràctiques determinades per la Comissió de Venècia (2007).
La Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana es va dissenyar per reprimir, principalment, els moviments socials, les persones i les organitzacions que lluiten i protesten per drets i llibertats que mereix la població. En aquest sentit, cal derogar aquesta Llei i revisar tot el marc normatiu que restringeix drets fonamentals, com ara els de protesta, mobilització i llibertat d’expressió. La llei mordassa, mentrestant, no s’hauria d’aplicar en els territoris amb les competències de seguretat transferides, perquè puguin usar íntegrament la seva pròpia norma en aquesta matèria.
Eliminar del Codi Penal aquestes previsions que privilegien determinades persones i institucions per sobre d’altres. La seva presència en la legislació penal resulta contraria al principi d’igualtat davant la llei. Cal posar fi als tipus penals que s’usen per combatre la dissidència política i aplicar càstigs exemplars.
Donar suport a totes les mesures que puguin contribuir al control de les institucions de la monarquia, l’eliminació dels seus privilegis, la transparència i la fiscalització de la seva activitat econòmica.
En aquest marc, promoure també l’exercici del dret de vot a partir dels 16 anys.
Ver en el exploradorFicha de SALF
Reforma de la Constitución para suprimir el Tribunal Constitucional y atribuir la potestad de control de constitucionalidad de las leyes y de las actuaciones de los poderes públicos a una sala especial del Tribunal Supremo. Su composición vendrá determinada por criterios estrictamente excluyentes de cualquier influencia política: elección por jueces y magistrados, antigüedad y/o sorteo.
Cinco años de incompatibilidad para pasar a empresas reguladas y cinco para que un exministro o dirigente de partido presida el Poder Judicial, la sala constitucional del Supremo, el Banco de España, la CNMC o el Defensor del Pueblo.
Plataforma única, subasta inversa y precios de referencia en tiempo real. Toda emergencia auditada en 30 días y publicada íntegra en 24 horas con los beneficiarios reales.
Portal único de todas las administraciones: pagos, contratos, subvenciones, nóminas de altos cargos y asesores, agendas y regalos. Hoy: 1.255 puestos de confianza en el Gobierno.
Límite de 15 años en cargos públicos remunerados. Fuera el Senado, el Consejo de Estado, los Consejos Económicos y Sociales, la publicidad institucional y las subvenciones a sindicatos y patronal. Partidos: 50 % menos. Asesores: de 1.255 a 400.
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Desarrollo de una política de control del Estado sobre las grandes plataformas digitales, que garanticen que no se privilegian unos discursos de opinión sobre otros, o un sesgo informativo determinado.
Garantizar la objetividad y la neutralidad en medios de comunicación públicos, que deben tener una independencia real respecto al gobierno de turno.
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El contrato plantea una ruptura con el funcionamiento político vigente y que la ciudadanía tenga un papel protagonista en la política y en las decisiones que afectan al país.
Propone reformas constitucionales sobre la elección directa del presidente del Gobierno, los referendos vinculantes, las circunscripciones uninominales y la eliminación de determinadas inmunidades parlamentarias.
Plantea limitar mandatos y cambiar la selección del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las juntas electorales, además de modificar privilegios y obligaciones de antiguos altos cargos.
Enumera libertades como las de expresión, información y circulación, y se opone al euro digital, la identificación biométrica, el reconocimiento facial y las zonas de bajas emisiones.
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Nuestro sistema deriva de una Transición en la cual unos partidos políticos, que no tenían entonces respaldo social, necesitaban verse reforzados desde las instituciones como promotores y conductores de toda reforma. Desde entonces, estos mismos partidos han obstaculizado siempre las vías de participación que no controlan, temiendo el impacto que pueda tener una ciudadanía crítica y participativa.
Todo ello contribuye a que nuestra democracia se vea limitada. Dos ejemplos son las limitaciones a las Iniciativas Legislativas Populares y la injusta Ley Electoral.
Además, un sistema realmente democrático no limita la participación ciudadana a votar cada cuatro años.
En PACMA creemos en espacios institucionalmente abiertos para consultas sobre los contenidos de las políticas y programas de gobierno.
Hoy en día podemos contar con las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar la información y la colaboración entre gobiernos, partidos, instituciones, movimientos sociales y ciudadanía, y avanzar hacia una democracia participativa que dé respuestas a las demandas de la sociedad.
Las ILP constituyen el principal mecanismo que proporciona el sistema a los ciudadanos y ciudadanas para intervenir de manera directa en la elaboración de las leyes que nos gobiernan. Sin embargo, las materias sobre las que pueden versar son muy limitadas y su procedimiento está lleno de obstáculos.
Desde PACMA consideramos urgente una reforma de la Ley con la finalidad de facilitar el procedimiento, pero, sobre todo, de dotar a las ILP de la relevancia que merecen, a través de las siguientes medidas:
– Reducción del número de firmas necesarias.
– Ampliación del plazo para la recogida.
– Incorporación de recursos y nuevas tecnologías para el procedimiento de recogida de firmas.
– No exclusión de materias susceptibles de ser objeto de una ILP.
– Toma en consideración obligatoria por el Congreso de los Diputados.
La vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General favorece desorbitadamente a los dos partidos que en su día la pactaron y que se alternan en el Gobierno desde la Transición. Establece un sistema injusto, diseñado para obstaculizar lo máximo posible la entrada de nuevos partidos y perpetuar así su bipartidismo.
Con un sistema electoral justo, de circunscripción única, en las Elecciones Generales de 2019, el Partido Animalista habría conseguido no uno, ni dos, sino cuatro escaños. Sin embargo, con más de 326.000 votos, PACMA no obtuvo representación, mientras cinco partidos con menor número de votos sí obtuvieron entre uno y cuatro diputados.
Desde PACMA defendemos una reforma de la LOREG hacia un sistema electoral justo, donde todos los votos tengan el mismo valor, a través de las siguientes medidas:
– Cambio a un sistema electoral de circunscripción única, sin barrera electoral y con un reparto de escaños proporcional al número de votos.
– Supresión del requisito de presentación de firmas para avalar las candidaturas de los partidos que aún no tengan representación.
– Asignación de la subvención correspondiente a los votos de cada partido tras los comicios, con independencia de si ha obtenido o no representación, garantizando la actividad de todas las opciones políticas en función del apoyo social que reciben.
– Igualdad en el acceso a los medios de comunicación públicos. Como parte del derecho de los partidos a concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones, defendemos que sea asignada la misma cantidad de minutos para la emisión de los vídeos electorales a todos los partidos que se presenten.
– Garantía de la cobertura informativa en los medios de comunicación públicos de las campañas de todos los partidos que concurran a las elecciones.
– Eliminación o, en su defecto, reducción del uso de papel en las campañas electorales, remitiendo la propaganda, papeleta y sobre electoral, de todos los partidos que se presenten, en un único envío.
– Asignación equitativa de los espacios que se reservan para la propaganda electoral y la realización de actos de campaña electoral. Cuando varias solicitudes sean coincidentes, se atenderá exclusivamente al criterio de igualdad de oportunidades y no a las preferencias de los partidos con mayor número de votos en anteriores elecciones.
– Composición equilibrada de las candidaturas, en lugar de paritaria, en la que las mujeres representen, al menos, la mitad de los candidatos/as, para no perjudicar la mayor presencia y relevancia de mujeres en candidaturas como las de PACMA.
Las tecnologías de la información y la comunicación deben estar al alcance de toda la población y servir como mecanismo para garantizar el acceso libre a la información.
La libertad de información y la libertad de expresión son necesarias para evitar la concentración de la información en manos de unos pocos. A su vez, para la autonomía de los ciudadanos y ciudadanas, que es fundamental en una democracia real y participativa, es indispensable la libertad de información.
Internet es uno de los pocos medios a través del cual la población puede acceder a diversas fuentes de información, diferente a la suministrada por los grandes medios de comunicación, con opciones pluralistas.
La posibilidad de conectarse a Internet y los recursos telemáticos son cruciales para un acceso sin límites a la información. Sin embargo, la ausencia de conectividad o de equipos pone de relieve la brecha digital, entendida como la separación que existe entre las personas que utilizan las nuevas tecnologías en su vida diaria y aquellas que no pueden tener acceso a las mismas o que, aun teniéndolo, no saben cómo utilizarlas.
Por todo ello, desde PACMA queremos fomentar la expansión de la comunicación inalámbrica, la elaboración de guías informativas y programas formativos gratuitos dirigidos a las personas mayores y a las personas en riesgo de exclusión social, la instalación de puntos de acceso a internet gratuito para personas en riesgo de exclusión social, el uso de estándares abiertos en los documentos electrónicos emitidos y/o reclamados por la Administración y la publicación de las herramientas y materiales desarrollados por la Administración con licencias de distribución libre.
Además, la información debería ser libre, independiente, objetiva y veraz, para lo que es primordial, entre otros, despolitizar los medios de comunicación, cortando los vínculos de dependencia financiera y orgánica entre los partidos políticos y las redacciones. Este objetivo requiere reformas profundas tanto en las radiotelevisiones públicas como en el ecosistema de medios privados.
De cara a los medios públicos, se debe garantizar que los consejos de administración y la dirección de las radiotelevisiones públicas se elijan mediante concursos públicos basados en méritos profesionales, con mandatos que no coincidan con los ciclos electorales, así como sustituir las subvenciones anuales discrecionales por un modelo de financiación blindado a largo plazo, para impedir que el ejecutivo de turno amenace con recortes presupuestarios si la cobertura informativa le resulta incómoda.
De cara a los medios privados, se debe prohibir el reparto discrecional de campañas pagadas por instituciones o empresas públicas. La ley debe obligar a que este dinero se distribuya exclusivamente mediante criterios técnicos verificables, como la audiencia auditada o el público objetivo de la campaña. Además, los medios deben hacer pública su estructura accionarial y sus deudas con entidades financieras o instituciones públicas. También es necesario aplicar medidas antimonopolio estrictas para evitar que grandes conglomerados empresariales controlen múltiples televisiones, radios y periódicos a la vez.
Ver en el exploradorFicha de VOX
El control de la constitucionalidad de las leyes no puede depender de un órgano político. Velar por el respeto del papel funcional del Tribunal Supremo y evitar que el Tribunal Constitucional actúe como un tribunal extraordinario por encima del mismo.
Máximo respeto por la actuación de todos los servidores públicos en su lucha contra la corrupción. Mayores medios y recursos a los juzgados y las unidades de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía especializadas en la lucha contra la corrupción.
Reforma integral de la Radio y la Televisión pública para que preste un verdadero servicio público informando con objetividad y pluralidad. Garantizar el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz.
Ver en el exploradorFicha de CC
Reforzaremos la relación bilateral entre Canarias y el Estado. Las decisiones con un impacto singular en las islas deberán contar con la participación efectiva de nuestras instituciones. Reclamaremos mecanismos de acuerdo sobre las infraestructuras científicas estratégicas y sobre los nombramientos en los organismos estatales radicados en Canarias, con criterios de competencia profesional e idoneidad.
Impulsaremos los cambios estatales necesarios para que el Instituto Canario de Estadística pueda acceder a la información tributaria que permita evaluar el REF y las políticas de ultraperiferia. Se respetarán las garantías de confidencialidad y protección de datos. La evaluación debe ayudar a conocer qué medidas generan actividad, y empleo y favorecen una mejor distribución de sus beneficios.
Impulsaremos un informe público anual sobre las obligaciones estatales con Canarias, que distinga las cantidades presupuestadas, transferidas y efectivamente ejecutadas. Explicaremos qué leyes se han modificado, qué financiación se ha obtenido, qué convenios se han firmado y qué competencias se han transferido. También rendiremos cuentas sobre los compromisos pendientes y exigiremos su cumplimiento.
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Consideración del programa electoral como un contrato legal vinculante entre la formación política y el electorado. Todo aquel que no cumpla con lo prometido a sus electores arriesgue el desafuero, la destitución o el juicio político. Implantación del Referéndum Revocatorio a mitad de legislatura: si un gobierno incumple sus compromisos fundamentales sin causa de fuerza mayor justificada, la ciudadanía podrá convocar, mediante la recogida de 500.000 firmas, un referéndum para destituir al gobierno y convocar elecciones anticipadas.
Desarrollo de una plataforma digital pública y con código abierto para la celebración de consultas ciudadanas vinculantes sobre leyes orgánicas, tratados internacionales y presupuestos participativos (fijando un 15% del presupuesto estatal sujeto a decisión directa).
Modificación integral de la ley electoral para implantar la circunscripción única estatal en el Congreso de los Diputados, superando la distorsión del reparto provincial que beneficia al bipartidismo. Supresión de las barreras porcentuales mínimas artificiales para garantizar que todos los votos valgan lo mismo y tengan representación efectiva.
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Reclamar garantías, seguimiento público y resultados verificables para los compromisos con el Estado.
Para qué: Para que una inversión anunciada no se quede en una rueda de prensa: tenga plazos, responsables y resultados que cualquiera pueda comprobar.
Impulsar la transparencia, el acceso a la información, el esclarecimiento de vulneraciones de derechos humanos pendientes y la reforma de la ley de secretos oficiales.
Para qué: Para que las víctimas y sus familias puedan conocer la verdad, y para que la ciudadanía pueda pedir explicaciones a quienes toman decisiones públicas.
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Si resultan elegidos, sus candidatos no adquirirán la condición plena de diputado ni percibirán sueldo, dietas o complementos. El partido tampoco solicitará ni aceptará subvenciones públicas, incluidas las vinculadas a escaños, votos y envío de propaganda electoral. El programa explica que así se visibiliza dentro de los parlamentos a quienes no están conformes con el sistema representativo vigente o no se sienten representados.
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Avance hacia un Estado republicano, federal y laico. Cancelación de acuerdos con Santa Sede, Comisión Islámica y resto de religiones. Abrir el debate social y político sobre el modelo de Estado sin más dilaciones.
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