Listas de espera, profesionales, salud mental, investigación y paliativos.
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Al menos el 8 % del PIB, y gasto por habitante en cada comunidad nunca por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Porque sin un mínimo fijado por ley, la sanidad es lo primero que se recorta cuando aprieta el presupuesto.
Desprivatización de toda la sanidad: fin de las nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y vuelta a la gestión pública de todo lo privatizado, porque los recursos públicos son para el sistema público de salud.
Porque el dinero público de la sanidad debe ir a la sanidad pública, no a beneficios privados.
Plan de internalización de limpieza, mantenimiento, gestión telefónica y transporte sanitario urgente, con subrogación del personal, porque de ellos dependen la calidad asistencial y el control de las infecciones hospitalarias.
Porque externalizar abarata a costa de la calidad, de las plantillas y del control de las infecciones.
Integración progresiva de MUFACE, ISFAS y MUGEJU en el Sistema Nacional de Salud; a quien entre nuevo no se le ofrecerá ninguna mutualidad.
Porque no tiene sentido que el Estado pague con dinero público una sanidad privada para su propio personal.
Del gasto en conciertos y externalizaciones de las tres últimas legislaturas, empezando por las empresas con ánimo de lucro.
Porque para cambiar el modelo hay que saber primero cuánto dinero público ha ido a manos privadas.
Más inspección de las incompatibilidades, sobre todo en cargos de gestión, y dedicación exclusiva para quien tenga plaza fija a tiempo completo en la pública, salvo docencia e investigación, con condiciones laborales que la hagan posible.
Porque quien trabaja a la vez en la pública y en la privada tiene un conflicto de intereses evidente.
Portal estatal con los resultados en salud por provincia y municipio y los criterios de gasto.
Porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero y con qué resultados.
Cita en un máximo de 48 horas, presencial si se pide; al menos 10 minutos por consulta; 1.500 pacientes como máximo por profesional de medicina y de enfermería de familia; y urgencias de primaria 24 horas, bien dimensionadas y accesibles en el medio rural.
Porque hoy se espera días para ver a tu médica o médico de familia, y eso acaba colapsando las urgencias.
Suelos de inversión fijados por ley sobre el presupuesto sanitario total.
Porque la atención primaria y la prevención son lo más eficaz y lo que menos dinero recibe.
Centro de especialidades en cada municipio de más de 20.000 habitantes, cofinanciado por el Estado, para descargar los hospitales de referencia.
Porque vivir en un pueblo mediano no puede obligar a recorrer kilómetros para cada consulta.
En todo el Estado: 30 días para la primera consulta con especialista, 15 para una prueba diagnóstica y 120 para operarse, con listas publicadas cada mes y un plan de choque que use al máximo los medios públicos y dimensione las plantillas según la evidencia.
Porque una espera sin límite es, en la práctica, un derecho que no se cumple.
Contratación estable, incentivos en zonas de difícil cobertura y vivienda pública asequible para profesionales que se desplacen.
Porque sin incentivos y sin vivienda nadie se queda a trabajar en las zonas más aisladas.
Historia clínica sociosanitaria única e interoperable entre comunidades.
Porque el historial de una persona no puede perderse al cambiar de comunidad.
Jornada ordinaria y guardia sumadas, nunca más de 12 horas; la hora de guardia, nunca por debajo de la ordinaria y computable para la jubilación.
Porque nadie atiende bien después de 24 horas sin dormir.
Saldar la deuda histórica en el reconocimiento de las categorías, con la subida salarial correspondiente.
Porque muchas categorías hacen un trabajo de mayor cualificación del que se les reconoce.
Grado universitario para el personal Técnico Superior Sanitario de Imagen y Radioterapia y de Laboratorio y Anatomía Patológica, de 4 años y 240 créditos como en la mayoría de la UE. Además, estudiar criterios para unificar como formación de grado la dietética y nutrición y la audiología protésica.
Porque su formación y su responsabilidad no se corresponden con su clasificación actual.
Un hueco, un contrato de larga duración; supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado por ley y todas las ausencias cubiertas.
Porque la temporalidad y las bajas sin cubrir empeoran la atención y queman al personal.
Voluntaria, por la penosidad del trabajo sanitario.
Porque el trabajo sanitario a turnos y de noche desgasta mucho más que otros empleos.
Negociaremos que el nuevo Estatuto Marco recoja estas mejoras para garantizar la igualdad de condiciones en todo el Sistema Nacional de Salud.
Porque las condiciones del personal sanitario no pueden depender de la comunidad en la que trabaje.
El tiempo de relevo entre turnos para transmitir la información clínica, reconocido como jornada efectiva por la seguridad de pacientes.
Porque el relevo entre turnos es tiempo de trabajo y garantiza la seguridad de pacientes.
La jornada en sábado reconocida como festiva a todos los efectos.
Porque trabajar en sábado tiene el mismo coste personal que trabajar en festivo.
Turnicidad, nocturnidad, festividad y penosidad en los complementos del personal de los servicios de urgencias de atención primaria.
Porque quien trabaja de noche y en festivos en urgencias debe tenerlo reconocido.
Aprobar la ley de ratios para garantizar la seguridad de pacientes.
Porque con menos pacientes por enfermera hay menos errores y menos muertes evitables.
Higienistas bucodentales, fisioterapeutas, psicología clínica, podología, dietistas-nutricionistas y una trabajadora social en cada centro de salud, con el Trabajo Social reconocido como profesión sanitaria e integrado en los equipos de atención primaria, hospitales y salud mental, y plazas sociosanitarias de convalecencia vinculadas a los hospitales.
Porque la salud no es solo medicina: también es fisioterapia, nutrición, salud bucodental y apoyo social.
Tratamiento en 21 días como máximo, reconstrucción mamaria en 90 días y apoyo social, laboral y psicológico hasta la recuperación completa.
Porque en el cáncer cada semana de espera cuenta.
Kit de cribado de colon y autotoma de VPH en casa, cribado colorrectal adelantado según la evidencia, seguimiento de la colitis ulcerosa y plazo máximo para todo el proceso.
Porque cuanto antes se detecta un cáncer, más fácil es curarlo.
Unidades del dolor en cada hospital de referencia y protección de ingresos mientras se resuelve la incapacidad; el lipedema, reconocido como enfermedad, con diagnóstico, prendas de compresión, drenaje linfático y cirugía en la sanidad pública.
Porque miles de personas con dolor crónico no tienen ni diagnóstico ni ingresos mientras se resuelve su caso.
Atención integral a las mujeres con endometriosis e investigación sobre sus cuidados y tratamientos.
Porque es una enfermedad frecuente que tarda años en diagnosticarse.
Prevención, determinantes sociales de la salud y financiación de los tratamientos según la agencia de evaluación.
Porque la obesidad tiene mucho que ver con la pobreza y no solo con los hábitos individuales.
Unidades de diagnóstico precoz, acceso equitativo a las terapias innovadoras y registro de pacientes.
Porque el diagnóstico precoz da tiempo y calidad de vida a las personas y a sus familias.
Según la evidencia científica y en todas las comunidades.
Porque detectarla pronto evita ingresos graves en la infancia.
Nuevo plan con una red pública de cuidados paliativos, también pediátricos, y hospitalización a domicilio las 24 horas, con atención especial al medio rural; cumplimiento del testamento vital y plazos más ágiles por ley para la eutanasia, sin recurso de familiares o allegados.
Porque morir sin dolor y con dignidad es un derecho que no puede depender del código postal.
Estudios epidemiológicos y planes contra la contaminación en el Campo de Gibraltar y el Polo Químico de Huelva, y regulación con el principio de precaución de los disruptores endocrinos en envases, cosméticos y materiales en contacto con alimentos.
Porque en algunas comarcas industriales se enferma más y hay que saber por qué.
Salud bucodental, visual, ortopédica, podológica y nutricional en la cartera de servicios, prestada en centros públicos.
Porque ir al dentista o comprarse unas gafas no puede depender de lo que uno gane.
Hasta la media europea de 18 psicólogos en el ámbito de la salud por 100.000 habitantes, más psicología clínica en salud mental comunitaria y más plazas PIR.
Porque el sufrimiento psicológico no puede esperar meses ni resolverse solo con pastillas.
Cita en salud mental comunitaria en un máximo de 15 días desde la derivación, con vía urgente cuando lo requiera la clínica.
Porque una espera larga en salud mental puede tener consecuencias irreparables.
Con financiación suficiente.
Porque la conducta suicida está detrás de una de las principales causas de muerte entre la juventud y se puede prevenir.
Espacios de acompañamiento psicosocial en barrios y pueblos, como el modelo «Centros con calma».
Porque la juventud necesita espacios donde pedir ayuda antes de llegar a una crisis.
Eliminar las contenciones mecánicas y farmacológicas con prevención, desescalada, acompañamiento y personal suficiente, y una figura independiente que defienda los derechos de las personas atendidas.
Porque atar a una persona es un fracaso del sistema, no un tratamiento.
Apoyo psicológico, terapéutico y de acompañamiento público a lo largo de toda la vida, para las personas y sus familias, con atención a quienes tienen menos recursos y una estrategia estatal elaborada con las personas con trastornos del espectro autista.
Porque las familias con hijas e hijos con trastornos del espectro autista cargan hoy solas con un apoyo que debería ser público.
Hospitales de día públicos especializados para adolescentes y jóvenes.
Porque los trastornos alimentarios necesitan atención especializada y cercana.
Restricción de la publicidad del juego en todos los medios y máquinas de azar solo en casinos y espacios sin acceso de menores.
Porque las casas de apuestas se concentran en los barrios con menos recursos.
Consultas, grupos terapéuticos y circuitos públicos para la adicción a pantallas, redes y videojuegos, a cualquier edad.
Porque el uso compulsivo de pantallas ya es un problema de salud a cualquier edad.
Más centros y hospitales de día, unidades de rehabilitación, casas hogar, viviendas tuteladas y comunidades terapéuticas, y equipos de prevención de la conducta suicida fuera de las urgencias generales.
Porque faltan recursos para quien necesita algo más que una consulta.
Un enfoque que atienda los determinantes sociales del sufrimiento psíquico, refuerce las redes de apoyo y coordine sanidad, servicios sociales y comunidad.
Porque gran parte del malestar psicológico tiene causas sociales que también hay que atender.
En centros públicos de todas las provincias, sin conciertos ni copago, sin subvenciones a las organizaciones que acosan a las mujeres que ejercen su derecho, con acompañamiento psicosocial y formación en el currículo sanitario.
Porque hoy muchas mujeres tienen que salir de su provincia o ir a una clínica privada para abortar.
Blindar el derecho en la Constitución.
Porque un derecho conquistado no puede quedar a merced de quien gobierne.
Gratuitos o más baratos según la renta, con prioridad para los jóvenes.
Porque la menstruación y la anticoncepción no pueden ser un lujo.
De venta libre fuera de las farmacias y gratuitos en centros de salud y de juventud.
Porque saber pronto si se está embarazada no debería costar dinero.
Reabrir centros específicos con diagnóstico y tratamiento en una sola visita y planes de prevención.
Porque las infecciones de transmisión sexual están creciendo y hace falta atenderlas rápido.
Observatorio, formación del personal sanitario y plan de humanización del parto.
Porque muchas mujeres han sufrido un trato indigno en el parto.
Mastectomía y cirugía genital con plazos máximos garantizados de uno y dos años, e implante de mamas incluido.
Porque las esperas actuales se cuentan en años.
Prohibir las cirugías y tratamientos de asignación de sexo a las personas intersexuales al nacer.
Porque nadie debería decidir por un bebé sobre su cuerpo sin necesidad médica.
Aplicar y vigilar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna en hospitales, centros de salud y farmacias.
Porque la industria sigue promocionando sus productos en los propios centros sanitarios.
Empresa estatal que desarrolle, fabrique y distribuya medicamentos, con sede en Andalucía.
Porque depender de las multinacionales encarece los medicamentos y provoca desabastecimientos.
Devolver los copagos de medicamentos y prótesis a quien tenga dificultades y recuperar la financiación de los medicamentos de alto valor terapéutico que se dejaron fuera.
Porque nadie debería dejar un tratamiento por no poder pagarlo.
Compras y subastas estatales con sanciones por desabastecimiento.
Porque comprando juntos se consiguen mejores precios.
Con decisiones vinculantes y transparentes según su coste-efectividad.
Porque hay que pagar por los medicamentos lo que de verdad aportan.
Volver a financiar, según la evidencia, las presentaciones excluidas en 2012 con la excusa de la sostenibilidad.
Porque se dejaron de financiar con la excusa de la crisis y quien los necesita los sigue pagando.
En los genéricos, para evitar errores en la toma.
Porque cambiar de caja y de color cada vez provoca errores, sobre todo en las personas mayores.
Uso regulado.
Porque hay pacientes que lo necesitan y hoy no tienen una vía legal y segura.
Acceso libre a lo investigado con dinero público, aplicación de sus resultados y más investigación en enfermedades raras.
Porque lo que se investiga con dinero público debe ser de todos.
Formación continuada impartida por los servicios públicos de salud con las universidades públicas.
Porque la formación de los profesionales no puede pagarla la industria que les vende.
En el nuevo modelo de financiación autonómica, para cumplir el suelo de gasto por habitante.
Porque Andalucía no puede cumplir el suelo de gasto con la financiación que recibe hoy.
Traspaso y pago de lo que se le debe por prestarla.
Porque Andalucía presta ese servicio sin recibir lo que cuesta.
Fondos estatales para los centros de especialidades.
Porque los centros de especialidades descargan los hospitales y acercan la atención.
Más plazas de formación sanitaria especializada, con atención a la falta de especialistas en el medio rural.
Porque faltan especialistas y la escasez se nota más en los pueblos.
Apoyo a su vuelta a la gestión pública, que corresponde a la Junta.
Porque un servicio que se paga con dinero público debe gestionarse desde lo público.
Derivación directa a salud mental, atención psicológica en 15 días y un plan contra la conducta suicida y las autolesiones adolescentes.
Porque el malestar psicológico adolescente ha crecido y hay que atenderlo a tiempo.
Un centro estatal de investigación farmacéutica en Andalucía, en red con la farmacéutica pública.
Porque la investigación en medicamentos no puede depender solo de la industria privada.
Ninguna pseudoterapia sin evidencia en el sistema público y control de su publicidad sanitaria.
Porque las pseudoterapias pueden hacer daño y retrasar tratamientos eficaces.
Líneas prioritarias de investigación en salud de las mujeres e indicadores de género en los ensayos clínicos.
Porque la medicina se ha estudiado durante décadas pensando en el cuerpo de los hombres.
Centros adecuados para las personas con trastorno mental grave que hoy están en la cárcel.
Porque una persona con un trastorno mental grave necesita tratamiento, no una celda.
Derechos sanitarios, laborales y sociales de las mujeres en la menopausia.
Porque la menopausia afecta a la salud y al trabajo de millones de mujeres.
Con urgencias 24 horas, hospitalización y quirófanos, cofinanciado por el Estado en un proyecto que corresponde a la Junta.
Porque Mijas ha crecido mucho y no tiene hospital.
Ver en el exploradorFicha de BNG
Impulsar programas de investigación específicos sobre a saúde da muller superadores dos nesgos patriarcais.
Impulsar medidas de garantía de abastecemento de medicación esencial para o tratamento das mulleres, como no ámbito da menopausa, para evitar novas crises na súa cobertura.
A concienciación e formación das e dos profesionais da sanidade a respecto das necesidades específicas de saúde sexual e reprodutiva das persoas LGBTI.
Aumentar o financiamento da sanidade pública, até como mínimo a media de investimento por habitante da UE, co incremento do valor dos parámetros de dispersión e envellecemento da poboación, asegurando maior racionalidade no gasto farmacéutico e garantindo a participación galega na fixación do prezo dos medicamentos.
Garantir o carácter público da sanidade e reducir as súas posibilidades de privatización, mediante unha modificación da Lei 15/97, sobre habilitación de novas formas de xestión do Sistema de Saúde, que asegure que a titularidade, o financiamento, a xestión e a provisión de servizos sanitarios se fará con entidades exclusivamente públicas.
Garantir o dereito á asistencia sanitaria con carácter universal, cunha nova Lei de universalización, sen aberturas interpretativas que ampararen a exclusión, orientada no fondo e na forma á cobertura sanitaria pública, con garantías, e de calidade para todas as persoas.
Ampliar a Carteira de Servizos comúns do sistema público de saúde, coa transferencia económica precisa ás CC.AA., que permita prestacións como o acceso ás prestacións ortoprotésicas ou a rehabilitación a doentes con déficit funcional recuperábel para todas as persoas que as precisen, con financiamento 100% público; así como as prestacións sanitarias actualmente fora da atención primaria, ou só parcialmente financiadas como asistencia odontolóxica,
podoloxía, óptico-optometrista, terapia ocupacional, logopedia, nutricionistas...
Modificar o marco legal actual que regula a participación económica das usuarias/os da sanidade pública no financiamento da prestación farmacéutica para pór fin ao modelo actual de copagamentos e repagamentos que se revela como un imposto á enfermidade.
Estabelecer un marco legal, respectando as competencias dos servizos de saúde, para determinar os criterios, indicadores e requisitos mínimos, básicos e transparentes, en materia de información sobre as listas de agarda de consultas externas, probas diagnósticas/terapéuticas e intervencións cirúrxicas.
Eliminar a taxa de reposición de persoal como norma básica de obrigado cumprimento en todo o Estado, xa que vulnera as competencias de Galiza en materia de persoal en ámbitos que ten transferidos, como é sanidade.
Dotarnos de capacidade normativa e financeira para asegurarmos a capacidade docente e investigadora do sistema educativo e sanitario en saúde, con coordinación entre as universidades e o SERGAS, así como con estabilización do persoal investigador.
Transferir a Galiza todas as competencias relacionadas cos programas de formación MIR, EIR, PIR... e incrementar o número de prazas consonte as necesidades reais que presenta o SERGAS de cobertura de profesionais.
Impulsar un marco legal que fomente a permanencia, durante como mínimo a mesma duración do período de formación especializada, das e dos profesionais no sistema sanitario público, garantindo que os vínculos sexan estábeis e con condicións laborais dignas.
Levar a cabo as medidas normativas necesarias para garantir coa maior urxencia o dereito do persoal estatutario dos servizos de saúde á xubilación anticipada e parcial, atendendo á realidade específica do persoal estatutario e funcionario dos servizos de saúde, así como tomando en consideración as súas singularidades.
Modificar a LOPS para adecuala á normativa actual do espazo europeo de formación e para incorporar como profesións sanitarias outras non contempladas actualmente como a que realizan as profesionais da Bioloxía no ámbito da investigación biosanitaria e asistencial.
Actualizar as clasificacións das profesionais da sanidade pública para adaptalas aos criterios formativos, ás funcións e ás responsabilidades actuais.
Crear un novo Estatuto Marco para o conxunto das/os profesionais da sanidade pública, que non signifique recentralización de competencias xa transferidas a Galiza. Reforzar os dereitos das traballadoras e traballadores da sanidade pública, o exercicio das súas competencias coas remuneracións acordes ás mesmas.
Recuperar as retribucións íntegras das pagas extraordinarias íntegras para o persoal Estatutario.
Impulsar de maneira decidida a investigación das denominadas enfermidades raras, garantindo o seu financiamento público de forma adecuada.
Estabelecer as liñas prioritarias de investigación en saúde da muller, con financiamento suficiente, para avanzar no coñecemento das doenzas que lle afectan, revisar os padróns de síntomas e a evolución das enfermidades, así como:
Traspasar as competencias en materia de saúde penal á Xunta de Galiza para ser asumida polo Servizo Galego de Saúde, de conformidade co estabelecido na DA 6.ª da Lei de Cohesión do Sistema Nacional de Saúde 16/2003 de 28 de maio, de xeito que a atención a este colectivo se realice na rede sanitaria pública galega. Esta transferencia debe estar acompañada dos medios humanos, económicos, e materiais necesarios, atendendo á suficiencia dinámica para a prestación do correspondente servizo, así como da compensación da débeda contraída polo Ministerio de Interior co SERGAS.
Elaborar o currículo profesional do persoal TCAE, acorde coa actividade laboral que desempeña, e outorgarlle o nivel 3 que lle corresponde de clasificación profesional, así como derrogar a disposición transitoria 3.ª do EBEP, aplicando o seu artigo 76.
Impulso dun plan de prevención e actuación para a saúde mental dirixido á mocidade, destinando recursos económicos e materiais suficientes para o seu tratamento.
Elaboración de plans de prevención e de choque para combater a ludomanía, así como a eliminación dos anuncios e das promocións do xogo en calquera ámbito (recreativo ou deportivo).
Ver en el exploradorFicha de SY
Un compromiso con la financiación de la Atención Primaria en Castilla y León, también en el mundo rural, de forma que alcance al menos el 25% del presupuesto anual del Sacyl.
Finalización y puesta en servicio, por fin, de todas las fases y subfases de la rehabilitación del Hospital Santa Bárbara en Soria.
Ejecutar las obras y poner en funcionamiento los nuevos centros de salud de Soria Norte, El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe y la reforma y ampliación del centro de Salud de Almazán.
Modernización de los consultorios médicos rurales, para que todos ellos tengan las condiciones adecuadas para prestar la asistencia médica, dispongan de internet para acceso a la historia clínica y de desfibriladores.
Agilización de los procedimientos para que todas las plazas de médicos y enfermeras de la provincia de Soria que cumplan los requisitos sean declaradas como de difícil cobertura, para que así los profesionales sanitarios puedan contar con incentivos (de promoción profesional, económicos, formativos, por combustible,…) que eviten que se queden vacantes.
Ampliación del número de plazas de MIR y EIR en la provincia de Soria.
Incorporar de forma progresiva y estructural a las enfermeras especialistas en las plantillas del SACyL, adecuando los puestos a su formación específica para mejorar la calidad, la eficiencia y la continuidad de la atención sanitaria.
Garantizar una atención pediátrica estable y suficiente en los centros de salud de Ágreda y Ólvega, evitando que las familias tengan que desplazarse o esperar varios días para que sus hijos e hijas sean atendidos.
Instalación de unidad de ictus que mejore la situación actual, puesto que sólo contamos con lo que se denomina médicamente como Hospital con Equipo Ictus Plus y convierte a Soria en el hospital de Castilla y León más lejano a una auténtica Unidad de Ictus: 142 kilómetros y 107 minutos.
Incorporación de, al menos, una segunda UVI móvil para traslados secundarios activa 24 horas al día, 365 días al año.
Incorporación de una segunda Unidad Medicalizada de Emergencias sanitarias (UME) y de un helicóptero de emergencias sanitarias con capacidad para volar de noche o en condiciones de baja visibilidad.
Puesta a disposición, en el centro de salud de San Esteban de Gormaz de una ambulancia enfermerizada, que cuente al menos con un/a enfermero/a como personal sanitario principal.
Dotar con un helipuerto permanentemente operativo (24 h), con iluminación y equipamiento homologado para vuelos nocturnos, a cada Zona Básica de Salud, para reforzar la atención a emergencias sanitarias.
Ampliar, tanto los beneficiarios como las cuantías de las indemnizaciones previstas para compensar los desplazamientos sanitarios fuera de la provincia de Soria y ayudar económicamente a las estancias de pacientes y familiares que se ven obligados a ser tratados en centros de referencia extraprovinciales.
Incluir, como no puede ser de otro modo, en la cartera de servicios del SACyL, la asunción del coste de los traslados a su localidad de origen de los fallecidos mientras estaban recibiendo asistencia sanitaria fuera de su provincia de origen. Evitar el cierre y desmantelamiento del Hospital Virgen del Mirón dotándolo de uso y haciendo de él un centro médico de referencia en Castilla y León de lesiones medulares con acompañamiento familiar.
Habilitar en el centro de salud de Almazán un espacio para radiodiagnóstico.
Establecer protocolos para que los trabajadores en situación de baja laboral sean atendidos por los servicios médicos lo más rápido posible, de forma que se reduzca el absentismo laboral.
Poner en marcha en la provincia de Soria un proyecto piloto de servicio farmacéutico móvil mediante vehículos que acerquen, periódicamente, dicho servicio a núcleos de población que carecen del mismo.
Impulsar la reapertura de la farmacia de Villar del Río mediante el reconocimiento de zonas farmacéuticas especiales, que permitan aplicar medidas excepcionales adaptadas al medio rural.
Incrementar las ayudas a las asociaciones contra el cáncer en Castilla y León, adecuándolas al aumento de su cartera de servicios y al mayor número de pacientes cronificados, para garantizar apoyo integral, continuado y de calidad a las personas afectadas y sus familias.
Ver en el exploradorFicha de MUNDO+JUSTO
inspirado en la especialización existente en pediatría, incluyendo equipos multidisciplinares especializados en envejecimiento, programas de seguimiento personalizado, revisiones periódicas obligatorias, prevención de fragilidad y dependencia, atención domiciliaria reforzada, coordinación sanitaria y social, historia sociosanitaria integrada. Ninguna persona mayor deberá carecer de seguimiento por razón de su lugar de residencia o situación económica.
Garantizar a las personas jóvenes, también después de los 18 años, atención psicológica en la sanidad pública con un tiempo máximo de espera para la primera consulta, para que nadie tenga que recurrir a la privada. Llevar profesionales de la psicología a la atención primaria, a las universidades y a los centros de Formación Profesional, como continuidad de lo previsto para la infancia y la adolescencia en el apartado de Salud Mental.
equitativa y de calidad. Incrementar la inversión sanitaria y reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Consolidar y avanzar en la universalidad de la atención sanitaria reconocida en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, y desarrollada mediante el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, garantizando su aplicación efectiva y homogénea en todo el territorio y eliminando las barreras administrativas que dificultan el acceso a la atención sanitaria, especialmente para las personas en situación administrativa irregular. Establecer garantías comunes de acceso a las prestaciones sanitarias esenciales en todo el territorio, reforzando especialmente los centros sanitarios rurales y las zonas con dificultades para cubrir plazas profesionales.
Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas y respetando sus competencias sanitarias, el incremento progresivo de su financiación hasta alcanzar al menos el 25% del gasto sanitario público. Ampliar las plantillas de medicina de familia, pediatría, enfermería, fisioterapia, psicología clínica y trabajo social, garantizando una atención cercana, accesible y de calidad y reduciendo los tiempos de espera. Frenar la privatización y recuperar progresivamente los servicios externalizados, priorizando la gestión pública directa. Favorecer la incorporación y permanencia de profesionales, especialmente jóvenes, mediante empleo estable, mejores condiciones laborales e incentivos profesionales, formativos y de investigación.
Fortalecer el Plan Nacional sobre Drogas, incrementando los recursos destinados a la prevención, la educación en el ámbito escolar y el acceso a tratamientos. Promover modelos de tratamiento de las adicciones personalizados, preferentemente ambulatorios, garantizando los recursos y profesionales necesarios para su adecuada implementación.
en todo el territorio. Aprobar una ley estatal que armonice los derechos y garantías de cuidados paliativos en todo el Estado y garantice la equidad territorial en el acceso a esta atención. (PTS 2026) Proteger a las personas en situación de enfermedad avanzada y/o final de vida, dotando al sistema social y sanitario de equipos interdisciplinares en fluida relación con todos los niveles asistenciales del sistema, incluyendo la atención domiciliaria. Proponer la creación de comunidades compasivas como modelo colaborativo para acompañar a las y los pacientes paliativos y sus familias.
del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS (pendiente de ratificación) mediante la consolidación de la Agencia Estatal de Salud Pública para que la coordinación epidemiológica y de emergencias y el compromiso de una partida presupuestaria fija y finalista destinada a la prevención, la reserva estratégica de material médico (redes de fábricas de vacunas) y la investigación.
a las personas con problemas de salud mental. Fortalecer los programas de prevención del suicidio y la coordinación entre los servicios sanitarios, educativos y sociales para garantizar un abordaje integral que ayude a las familias, que se sienten desbordadas y desprotegidas ante estos problemas. Fortalecer la atención pública a la salud mental, garantizando la implementación efectiva de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 y del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, así como su evaluación, actualización y continuidad, con los recursos humanos y económicos necesarios. Avanzar hacia una dotación de profesionales de salud mental por habitante equiparable a la media europea (50 por cada 100.000 habitantes frente a los 30 de España).
niños y adolescentes, integrando profesionales de la psicología en los centros educativos y garantizando su coordinación con atención primaria y los servicios de salud mental. Priorizar la prevención, la detección precoz y las intervenciones psicológicas y psicosociales, abordando factores como el acoso escolar, la pobreza, la violencia y el acceso y uso inadecuado de pantallas y Redes Sociales.
de día y recursos comunitarios especializados en salud mental infantojuvenil, con equipos multidisciplinares, suficientes plazas y tiempos máximos de acceso. Asegurar una atención terapéutica, educativa y psicosocial adaptada a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluyendo programas de transición a los servicios de adultos y acompañamiento psicológico, formación y apoyo a sus familias para reducir la sobrecarga de cuidados.
, mediante políticas públicas de educación afectivo-sexual integral, adaptadas a las distintas etapas educativas, que fomenten las relaciones saludables, la corresponsabilidad, el respeto mutuo y la prevención de la violencia sexual y de género, garantizando el acceso universal a información rigurosa y a métodos anticonceptivos.
especializada, gratuita y voluntaria, tanto antes de la decisión como después de una interrupción voluntaria del embarazo, en su caso, asegurando su disponibilidad efectiva en el sistema público de salud, con independencia de la situación socioeconómica o el lugar de residencia. Este acompañamiento deberá prestarse con absoluta confidencialidad y respeto a la libertad de decisión.
Garantizar que las personas que manifiesten sufrimiento intenso o soliciten la eutanasia puedan acceder voluntariamente y con carácter urgente a una valoración integral de cuidados paliativos, salud mental y apoyos a la dependencia, sin retrasar ni condicionar sus derechos. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación pública anual que permitan conocer el acceso real a estos cuidados y detectar necesidades no cubiertas.
con el resto de la población, estableciendo ratios máximos de pacientes por profesional sanitario y dotaciones suficientes de personal y recursos. Completar la transferencia de la sanidad penitenciaria a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, asegurando su plena integración en el sistema sanitario público.
Ver en el exploradorFicha de D21
Un sistema automatizado detectará las cancelaciones previsibles y asignará el hueco al siguiente paciente en espera.
Los quirófanos públicos abrirán por las tardes, con profesionales voluntarios bien pagados. Los ingresos extra se reinvertirán por ley en listas de espera, sueldos y tecnología.
Se auditará la red de infraestructuras sanitarias. No se podrá abrir ningún centro sin presupuesto y plantilla médica garantizados.
Los turnos se reducirán de forma progresiva a un máximo de 12 horas, empezando por los servicios más sobrecargados. Habrá unidades de respuesta rápida entre hospitales.
La enfermería tendrá la categoría del Grupo A1 por su titulación de Grado. Se ampliará el catálogo oficial de especialidades de enfermería.
Se elaborará, con los facultativos, un nuevo estatuto para la profesión médica. Garantizará autonomía organizativa, protegerá el tiempo de atención frente a la burocracia y una retribución acorde a su formación.
Se auditarán las cargas de trabajo por comunidad y se adecuarán las ratios de médicos, enfermeros y TCAE a los estándares medios de la Unión Europea.
Los llamamientos telefónicos se sustituirán por plataformas digitales, con tiempo razonable para aceptar las ofertas. Se eliminarán las sanciones por rechazar contratos cortos o de alta complejidad.
Un estándar común y obligatorio permitirá que cualquier profesional autorizado acceda al historial del paciente, con su tarjeta. El paciente decidirá quién lo consulta y verá cada acceso.
Se crearán redes de hospitales de referencia por área crítica y por procedimiento quirúrgico rutinario. Los hospitales generales y comarcales reforzarán la atención integral y las urgencias.
Los pacientes crónicos tendrán dispositivos conectados y seguimiento diario por enfermería. Algoritmos de alerta temprana evitarán ingresos urgentes.
Un Centro Nacional de Trasplantes, impulsado por la ONT, concentrará los trasplantes más complejos y liberará quirófanos en la red hospitalaria.
Ver en el exploradorFicha de SALF
El 40 % del gasto sanitario son compras: 41.000 millones. Diecisiete servicios compran lo mismo a precios distintos. Central única obligatoria con precios netos públicos: 15 % de ahorro, íntegro para sueldos y plazas.
60 días para cirugía, 30 para especialista, 7 para pruebas prioritarias. Superado el plazo, eliges centro, público o privado, y lo paga la sanidad pública. Coste: ≈ 1.500 M€/año.
Un médico de familia cobra aquí 79.000 euros; en Países Bajos, 135.000. Subida del 20 % a médicos y del 10 % a enfermería y al resto de profesionales sanitarios en cuatro años, 30.000 euros de complemento en plazas rurales y contratos estables desde el primer día. Coste: ≈ 5.500 M€/año; lo paga la central de compras.
Válidas en toda España. Tu analítica de Sevilla se ve en Bilbao. Coste: 300 M€, una sola vez.
España tiene 2,8 camas por cada 1.000 habitantes; Europa, 5,1. Inversión: ≈ 3.000 M€ en la legislatura.
Si no la hay, consulta privada pagada por el Sistema. Telemedicina para crónicos, enfermería que prescribe y administrativos para que el médico no rellene papeles. Coste: ≈ 800 M€/año.
Tarjeta para españoles y residentes legales con cotización o cobertura. Urgencias para todos, siempre. Facturación real a los países y aseguradoras de terceros.
Subasta nacional de genéricos y biosimilares. Copago cero para pensiones mínimas y enfermos crónicos. Coste: ≈ 200 M€/año.
Copago cero en farmacia para todos los menores de 3 años, en toda España. Hoy, en muchas comunidades, la gratuidad se acaba al cumplir un año. Un niño enfermo no es un hecho imponible. Coste: ≈ 30 M€/año.
Un psicólogo clínico por cada 10.000 habitantes en los centros de salud y atención en 15 días. Coste: ≈ 500 M€/año.
Dirección de hospitales por méritos con mandato de cinco años. Cuentas, listas de espera y resultados de cada hospital, públicos en tiempo real.
Derecho a una prueba de paternidad gratuita e inmediata en el propio hospital, al nacer, salvo renuncia expresa de ambos progenitores. Coste: ≈ 30 M€/año.
Ver en el exploradorFicha de PP
La cohesión del sistema sanitario y social empieza por que nada falle cuando un español cruza de comunidad. En coordinación con las Comunidades Autónomas, garantizaremos que la historia clínica y la historia social puedan consultarse desde cualquier servicio asistencial, con todas las garantías de privacidad y seguridad. Un paciente que se desplace será atendido con su historia clínica y social completa en toda España.
Impulsaremos un gran Pacto de Estado por la Sanidad Pública con las Comunidades Autónomas. El Estado ejercerá sus competencias de coordinación sanitaria para garantizar la cohesión del sistema y la igualdad de acceso a sus prestaciones. Con ese objetivo, pondremos en marcha, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y respetando sus competencias de gestión, un plan urgente de reducción de listas de espera para asegurar una atención ágil y de calidad. El nuevo sistema de financiación autonómica tendrá en la sanidad uno de sus pilares y garantizará recursos suficientes para asegurar la sostenibilidad de la sanidad pública y una atención de calidad en condiciones de igualdad.
Incorporaremos, en coordinación con las Comunidades Autónomas, más profesionales al Sistema Nacional de Salud —médicos, enfermeras y resto de profesionales sanitarios— para contar con las plantillas que se necesitan hoy y en el futuro. En Atención Primaria, al menos 4.500 médicos más. Aumentaremos la oferta de formación sanitaria especializada para cubrir las necesidades asistenciales de los españoles, mejoraremos las condiciones de trabajo, la conciliación y la retribución de los médicos y demás profesionales, y aprobaremos una clasificación profesional que reconozca su formación, su capacitación y su responsabilidad. Atenderemos la singularidad de los médicos reconociendo un ámbito de negociación propio sobre sus condiciones laborales, sin menoscabo de los derechos del resto de profesionales sanitarios. Abordaremos la reducción de la duración de las guardias médicas mediante una planificación adecuada de los recursos humanos y en coordinación con las Comunidades Autónomas.
Garantizaremos la participación de las organizaciones de pacientes en la elaboración y evaluación de las políticas sanitarias. Aseguraremos la igualdad en el acceso a la prevención, al diagnóstico, a la atención y a los tratamientos innovadores en toda España. Coordinaremos los servicios sanitarios y sociales para dar continuidad a los cuidados y respetaremos el derecho de cada paciente a decidir sobre su salud con información clara y suficiente. Aumentaremos la protección laboral de las personas con enfermedades graves, especialmente de los pacientes oncológicos, durante y después del tratamiento. Combatiremos la discriminación por razón de enfermedad, impulsaremos la adaptación de los puestos de trabajo y facilitaremos una reincorporación compatible con la recuperación.
Vivir más años es una conquista que exige planificar la sanidad a largo plazo. Invertir a tiempo en prevención nos puede permitir ganar años de vida con salud, ahorrando sufrimiento y gasto en el futuro. Por eso, acordaremos con las Comunidades Autónomas una estrategia que garantice servicios preventivos comunes en toda España y refuerce la vacunación, los cribados, el diagnóstico precoz, los hábitos saludables y el envejecimiento activo. Fortaleceremos la Agencia Estatal de Salud Pública para anticipar amenazas sanitarias y responder con rapidez.
Aprobaremos un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037, con financiación garantizada, para que deje de ser una asignatura pendiente de nuestro Estado del bienestar. Aumentaremos el número de profesionales dedicados a la salud mental y mejoraremos la prevención, la detección precoz y el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica desde Atención Primaria, con especial prioridad para la infancia y la adolescencia, la prevención del suicidio y los trastornos mentales graves. Impulsaremos una estrategia integral frente a las adicciones, con especial atención a los jóvenes, y aseguraremos la coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales.
Defenderemos el modelo farmacéutico español y nuestra red de farmacias comunitarias, que garantizan el acceso a los medicamentos en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Impulsaremos un modelo de Investigación, Desarrollo, Innovación y Acceso (I+D+i+A), porque de nada sirve liderar la investigación si los nuevos tratamientos no llegan a los pacientes. Agilizaremos la evaluación de los nuevos medicamentos y acortaremos los plazos para decidir su financiación y precio, acercándolos a los de los países de nuestro entorno. Crearemos un Fondo Estatal de Innovación en Enfermedades Raras y Terapias Avanzadas.
Las familias con un enfermo de cáncer, ELA u otra enfermedad grave se deducirán en el IRPF los gastos acreditados derivados del tratamiento y los cuidados. Mantendremos la prestación CUME para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave y su continuidad más allá de los 26 años en los supuestos previstos. Extenderemos a los funcionarios las mejoras de protección. Por ley, las personas celíacas tendrán una deducción en el IRPF.
Aseguraremos el acceso a los cuidados paliativos para que ninguna persona se quede sin la atención y el acompañamiento que necesita hasta el último momento. Reforzaremos los equipos especializados y garantizaremos el tratamiento del dolor, los cuidados paliativos pediátricos, la atención domiciliaria y el apoyo psicológico, respetando siempre la voluntad del paciente. También acompañaremos a las familias, tanto durante la enfermedad como en el duelo. Para ello, aprobaremos una ley nacional de cuidados paliativos con el fin de que nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas ni tenga que afrontarla en soledad. Porque hablar de una muerte digna exige garantizar primero los cuidados y los apoyos necesarios para vivir con dignidad hasta el final.
Aprobaremos un Plan Estratégico de Sanidad para Ceuta y Melilla, con financiación específica y plurianual, para garantizar una atención sanitaria de calidad y acabar con las desigualdades respecto al resto de España. Aumentaremos las plantillas sanitarias con incentivos económicos y laborales por su condición de zonas de difícil cobertura, ampliaremos los servicios hospitalarios y pondremos en funcionamiento una UCI pediátrica, nuevas unidades de radioterapia y tecnología avanzada. Mejoraremos la Atención Primaria, las urgencias, la salud mental y las condiciones de traslado de los pacientes a la Península, con un plan específico para reducir las listas de espera.
Ver en el exploradorFicha de FO
La drogodependencia es una enfermedad que tiene que recibir atención médica. Asimismo, se deben aumentar los mecanismos de detección en las escuelas y universidades.
Dotar al sistema nacional de salud de más centros de atención primaria con los recursos y medios necesarios, en especial en las zonas rurales y barrios obreros.
Aumentar la dotación del personal y recursos del sistema sanitario vinculado al ámbito de la salud mental para garantizar un tratamiento efectivo de los trabajadores.
Con ello se pretende detectar las enfermedades con antelación y, fundamentalmente, combatir futuras enfermedades derivadas de un mal estilo de vida.
Mejorar las condiciones laborales y salariales de todo el personal vinculado con el sector sanitario, en especial a los trabajadores perjudicados por los procesos de externalización y privatización, cómo las trabajadoras de la limpieza.
Desarrollar una industria farmacéutica nacional que permita romper con la dependencia de grandes corporaciones privadas.
Ver en el exploradorFicha de PACMA
Los animales que conviven con nosotros en nuestros hogares son parte de la familia. Además de compañía, aportan efectos beneficiosos para la salud, importantes en el tratamiento y recuperación de dolencias físicas y psíquicas.
Los pacientes ingresados en los hospitales se ven privados de poder recibir la visita de sus animales de compañía. Esta separación puede afectar negativamente a su estado anímico y recuperación.
Por ello, desde PACMA proponemos que los hospitales permitan el acceso de animales, habilitando una zona o sala, donde las personas que se encuentren ingresadas puedan recibir la visita de sus animales de compañía.
Para ello, promoveremos un plan conjunto entre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Estado y las comunidades autónomas, con los protocolos de seguridad e higiene adecuados.
Defendemos un uso eficiente de la sanidad, que garantice la cobertura sanitaria a toda persona que lo necesite.
Los continuos recortes, el desmantelamiento y la privatización de los últimos años han perjudicado seriamente la calidad de la sanidad pública, poniendo en jaque el acceso universal de las personas a los servicios sanitarios. La reducción del personal sanitario, el cierre de plantas en hospitales, la reducción del número de camas o el aumento de los tiempos de espera para consultas, pruebas y/o intervenciones quirúrgicas, son solo algunas de las consecuencias.
Entre las competencias exclusivas del Estado, en el ámbito sanitario, se encuentran las bases y coordinación general de la sanidad, para establecer normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos, persiguiendo una igualación básica de condiciones en el funcionamiento de los servicios públicos.
Por ello, desde PACMA consideramos que el Estado debe impulsar el desarrollo de las siguientes medidas:
– Análisis de la situación actual de las infraestructuras sanitarias y evaluación de las necesidades para la mejora de la calidad asistencial.
– Reintegración al sistema sanitario público los servicios privatizados.
– Refuerzo de la atención primaria y de su conexión con el sistema sanitario.
– Implementación de programas autonómicos de I+D+i, con financiación, gestión y recursos públicos.
– Puesta en marcha de números gratuitos de información sanitaria.
– Desarrollo de planes de atención sanitaria domiciliaria.
– Elaboración de planes de mejora de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
– Actualización de los planes de contingencia ante posibles epidemias y pandemias.
Un sistema de salud pública, por definición, debe garantizar una sanidad de calidad y sin costes adicionales para una ciudadanía que ya la financia a través de sus impuestos y con el porcentaje de sus salarios destinados a la Seguridad Social.
Tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, la práctica del copago, a la larga, termina suponiendo un mayor gasto sanitario, a la vez que perjudica la salud de la población, pues la disuade de utilizar los servicios sanitarios, sobre todo a la más desfavorecida, acrecentando por tanto las desigualdades.
Impulsaremos el desarrollo de campañas que promuevan el conocimiento, las aptitudes y actitudes necesarias entre la ciudadanía, para el cuidado de la salud mediante actividades educativas, comunicativas y de participación social, que fomenten hábitos saludables. Es algo que redundará en beneficio de la salud de la ciudadanía y, por ende, reducirá el gasto sanitario.
En estas campañas se ofrecerá información sobre cuestiones de salubridad, se darán recomendaciones sobre alimentación y ejercicio físico para mejorar la calidad de vida, pero, sobre todo, se tratará de implementar en el conjunto de la población hábitos capaces de modificar aquellos comportamientos perjudiciales para su salud.
Consideramos importante priorizar la promoción de hábitos de vida saludables desde una edad temprana y concienciar a su vez a la población adulta, a través de los niños y niñas, sobre la importancia para la salud de unos hábitos alimentarios adecuados.
Desde PACMA llevamos años reivindicando una mayor presencia de la figura del dietistanutricionista, dado que, en contraposición a la mayoría de los países europeos, España apenas cuenta con estos profesionales en el sistema público de salud.
Esto implica, además, que el sistema universitario español está invirtiendo unos recursos económicos en formación que, posteriormente, son aprovechados por otros países o por el ámbito privado.
Algunas comunidades ni siquiera han incorporado aún a estos/as profesionales, cuando las intervenciones dietético-nutricionales son coste-efectivas y mejoran la eficiencia de los sistemas sanitarios.
Los/as dietistas-nutricionistas son esenciales para mejorar resultados clínicos y reducir costes sanitarios en patologías como la enfermedad celíaca, el síndrome de intestino irritable, el hígado graso, la prevención del cáncer digestivo o los déficits nutricionales tras cirugía bariátrica y en enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn y colitis ulcerosa.
En los hospitales se encargan de supervisar el manual de dietas del centro y de establecer la atención personalizada que necesitan determinados pacientes. Esta figura no sólo ayuda a evaluar y realizar un diagnóstico nutricional, intervenir y asegurar la adherencia al tratamiento o monitorizar adecuadamente el estado nutricional, sino que también previene la desnutrición hospitalaria y reduce el tiempo de estancia de los/as pacientes.
Todo ello redunda en una mejora de la eficiencia del sistema sanitario. Diferentes estudios reflejan las ventajas económicas de incorporar dietistas-nutricionistas a la sanidad pública, concluyendo que la incorporación de los tratamientos ofrecidos por dietistas-nutricionistas no sólo mejora la salud y calidad de vida de los pacientes, sino que, por cada euro invertido se ahorran cuatro en otros cuidados de la salud.
En 2025 fallecieron 735 personas por accidentes laborales en España. Destacan determinados sectores, como la construcción, que está empeorando sus cifras, con un 21,5% más que en 2024.
Los accidentes y las enfermedades laborales son evitables si se adopta una adecuada política de prevención.
La inclusión de la salud laboral en los convenios colectivos es fundamental para la salud de los trabajadores. Si nos fijamos en los países con una mejor salud laboral, tienen, por un lado, un marco normativo y reglamentario sólido sobre esta materia, un amplio y experto cuerpo de inspectores públicos para examinar su observancia y sancionar su incumplimiento, en su caso, pero también una importante tradición de diálogo y negociación entre empresas y sindicatos.
Por ello, es necesario desde las administraciones públicas fomentar y favorecer el diálogo y la negociación colectiva en torno a la salud laboral entre empresarios/as y sindicatos, así como difundir las buenas prácticas.
Apostamos por la puesta en marcha de una intensa actividad negociadora para la consecución de acuerdos que desarrollen y complementen el marco normativo nacional, así como de la ampliación de las competencias de los delegados y delegadas, y miembros de los comités de prevención de riesgos laborales en las empresas, dotándoles de las herramientas necesarias que faciliten su labor.
La salud mental es reconocida como una prioridad de salud pública y un derecho humano fundamental por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Si bien, por fin, contamos con un primer Plan de acción para la prevención del suicidio desde 2025 y un Observatorio para la Prevención del Suicidio desde este 2026, el suicidio sigue siendo la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años en nuestro país. Cada día, más de 200 personas tratan de quitarse la vida y 11 lo consiguen.
La Línea 024 para la prevención del suicidio ha atendido más de 500.000 llamadas desde su puesta en marcha en mayo de 2022, registrando, sólo en 2025, más de 162.000, además de más de 42.000 consultas por chat.
Sin duda, se trata de un valioso instrumento, pero es sólo el principio de la cadena. Muchas personas necesitan otros recursos que hoy no existen. Es necesario un dar una respuesta rápida pero también continuada a las personas con riesgo, a través de la detección protocolizada, la atención inmediata y el seguimiento proactivo. Es necesario un plan vertebrado de prevención e intervención, con un abordaje transversal.
El Gobierno debe abordar y afrontar esta problemática como un problema de salud pública que va más allá de la atención sanitaria, siendo necesario ofrecer una respuesta integral, con estrategias complementarias en otros ámbitos, como el educativo.
En esta línea, desde PACMA proponemos:
– Ampliar el conocimiento de la ciudadanía sobre la salud mental y, en especial, sobre el suicidio.
– Luchar contra la estigmatización de los problemas relacionados con la salud mental.
– Elaborar estrategias para la detección y atención del bullying y ciberbullying.
– Promover servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados y con la capacidad de respuesta necesaria.
– Fortalecer los sistemas de información.
– Desarrollar programas para la detección precoz de la depresión y del riesgo suicida, prestando especial atención a las víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas; a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo; a las personas mayores; a las que padecen alguna patología crónica, discapacidad y/o dolor; a las que no tienen hogar y a las que se encuentren en situación de cumplimiento penitenciario.
– Implementar acciones formativas dirigidas a mejorar la detección del suicidio para profesionales de los diferentes sectores: sanitario, educativo, servicios sociales, policía, etc.
– Mejorar la atención a las personas con problemas de salud mental.
– Mantener una continuidad asistencial a las personas con conductas suicidas y supervivientes del suicidio.
– Fomentar programas que contribuyan a la inclusión y participación en la comunidad, favoreciendo el mantenimiento de las relaciones sociales y la autonomía personal, la adquisición de habilidades y competencias mediante actividades de ocio, deportivas, culturales, etc.
– Impulsar las investigaciones sobre salud mental.
– Incrementar el número de especialistas en psiquiatría y psicología en la sanidad pública.
La salud bucodental es la gran olvidada de nuestra sanidad pública, que sólo cubre el 2 % del gasto bucodental, frente al 31 % de media europea. La atención bucodental se encuentra así, en mayor parte, en manos del sector privado, convirtiendo a la odontología en un lujo en España.
Según analiza la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, la atención que el Sistema Nacional de Salud ofrece a los dientes es parcial y desigual en las diferentes comunidades autónomas. La caries dental, que es la enfermedad reconocida como más prevalente en el ser humano, no tiene amparo en el sistema público más que para los más jóvenes y sólo parcialmente.
Las afecciones en la boca y la falta de piezas agravan patologías como la diabetes o los problemas cardíacos, lo que a la larga supone un coste superior al sistema sanitario.
Desde PACMA defendemos el impulso de una atención bucodental gratuita, con una asistencia dental básica para todas las personas, un sistema terapéutico y preventivo para las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la financiación de los elementos básicos para pacientes a los que les suponga una mejora en su calidad de vida.
Desde PACMA defendemos la necesidad de la oferta de opciones de menú basado en ingredientes de origen vegetal en los bares, cafeterías, restaurantes y comedores de dependencias públicas, como edificios administrativos, públicos, comedores escolares y universitarios, hospitales y centros penitenciarios.
Sólo de esta manera se puede garantizar la libertad de las personas, cada día más, que han decidido alimentarse de manera saludable y respetuosa con los animales.
Para ello, propondremos que, en los contratos de prestación de estos servicios, se establezca la obligatoriedad de ofrecer opciones de menú elaborados sin ingredientes de origen animal, así como que se incentive su inclusión en el sector privado de la restauración.
Ver en el exploradorFicha de VOX
Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario dotándolo de los medios necesarios para atender las necesidades de los españoles, excluyendo a los extranjeros en situación ilegal salvo casos de urgencia grave. Auditoría del coste de la inmigración masiva en la sanidad pública.
Garantizar que el desconocimiento de las lenguas regionales no sea en ningún caso impedimento para el acceso por oposición a plazas de personal sanitario ni un perjuicio para los pacientes.
Mejorar su accesibilidad y capacidad asistencial, con especial atención a las zonas rurales y de difícil cobertura y a la continuidad de la atención entre centros de salud, especialistas y hospitales.
Reorganizar circuitos asistenciales, mejorar la capacidad diagnóstica y la actividad quirúrgica y facilitar derivaciones entre centros y territorios. Fomento de la colaboración público-privada cuando ayude efectivamente a reducir demoras, con transparencia, evaluación de calidad y control del gasto. Publicación de indicadores comparables y periódicos de listas de espera, actividad y resultados.
Mejora progresiva de retribuciones, reconocimiento de guardias y turnos, conciliación efectiva y carrera profesional basada en formación, experiencia y méritos. Incentivos económicos y profesionales para plazas rurales o de difícil cobertura; impulso de contratos estables y contratos puente tras la residencia, y un programa de retorno de sanitarios españoles que trabajan en el extranjero. Refuerzo de plantillas médicas, de enfermería y personal administrativo. Plan para promover el retorno de los profesionales sanitarios que se han marchado al extranjero en busca de las oportunidades que no han tenido en España. Fin del turismo sanitario.
Reforzar la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama y de los cánceres ginecológicos, mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan especialmente a las mujeres y garantizar una atención adecuada durante el embarazo, parto y posparto, con especial atención a las necesidades de las madres que afrontan la maternidad a edades más avanzadas.
Impulso de un mapa de infraestructuras sanitarias urgentes y necesarias y establecimiento de un plan de inversiones directas. Promover la investigación médica con independencia de la rentabilidad comercial (enfermedades raras, enfermedades crónicas, y neurodegenerativas). Refuerzo de la Estrategia Nacional del Cáncer y creación de una Red de Centros Nacionales de Oncología. Refuerzo de la Estrategia Nacional de Salud Mental.
Ver en el exploradorFicha de ERC
Blindar una sanitat pública, universal i de qualitat, reforçant la capacitat assistencial del sistema per reduir les llistes d’espera, garantir una atenció equitativa i frenar la privatització de la sanitat.
Augmentar de manera estructural i suficient els recursos que l’Administració General de l’Estat transfereix a les administracions sanitàries competents per afrontar la situació de saturació del sistema, reduir les llistes d’espera i garantir una atenció sanitària universal. Aquest increment ha de resultar suficient per ampliar les plantilles de professionals sanitaris, millorar-ne les condicions laborals i retributives, els sistemes de guàrdies, reforçar l’atenció primària, hospitalària i especialitzada. Cal que la distribució pressupostària referida es faci tot respectant les competència de la Generalitat de Catalunya i atengui la població real, el creixement demogràfic, les necessitats assistencials i el cost efectiu de prestar els serveis.
Defensar el caràcter exclusiu de les competències de la Generalitat en matèria de salut i impedir qualsevol intent de recentralització o ingerència de l’Estat en el model sanitari català. Exigir el traspàs immediat de totes les funcions i competències encara pendents, acompanyat dels recursos econòmics, humans i materials necessaris. Garantir la plena capacitat de Catalunya per planificar, regular i gestionar el seu sistema sanitari, d’acord amb les necessitats de la ciutadania i sense imposicions de l’Estat.
Incorporar a la cartera comuna del Sistema Nacional de Salut l’atenció oftalmològica i optomètrica, com també el finançament públic de les ulleres graduades i les lents de contacte prescrites, garantint l’accés universal amb independència de la renda i el finançament estatal de les prestacions.
Ampliar la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut per garantir l’accés universal i gratuït a l’atenció bucodental, incloent-hi la prevenció, les revisions i els tractaments necessaris, com ara les càries, les endodòncies i les pròtesis dentals. L’Estat haurà d’assumir el cost de l’ampliació i dels recursos humans i materials necessaris per fer-la efectiva.
Garantir l’accés universal i gratuït a l’atenció psicològica i a la salut mental, així com l’accés a la psicoteràpia i als tractaments necessaris. L’Estat haurà de transferir els recursos necessaris a les administracions sanitàries competents per garantir una atenció adequada.
Ver en el exploradorFicha de CC
Defenderemos una financiación sanitaria que reconozca el coste de atender a la población de ocho islas y permita planificar las plantillas y los centros. Exigiremos al Estado una compensación específica y actualizada por los sobrecostes sanitarios de la insularidad y la lejanía. Reclamaremos que la formación sanitaria especializada responda a las necesidades estructurales de Canarias y contribuya a disponer de los especialistas que hacen falta.
Promoveremos el apoyo estatal a la movilidad de especialistas y otros profesionales cuando resulte más eficiente desplazar el servicio que al paciente. Estudiaremos una cobertura reforzada de los desplazamientos interinsulares por
Reclamaremos que los Presupuestos Generales del Estado refuercen las partidas destinadas a la atención en salud mental en Canarias. La financiación acordada con la comunidad autónoma debe permitir mejorar la atención primaria y los servicios especializados. La evaluación deberá permitir valorar la atención que reciben las personas y corregir las carencias del servicio.
Reclamaremos financiación estatal para dotar a los centros educativos de sombra, patios verdes, aislamiento, ventilación y climatización eficiente. La adaptación de hospitales y centros de salud deberá proteger la continuidad asistencial y mantener la eficiencia energética. Priorizaremos también residencias y centros de día que atienden a personas mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.
Reclamaremos cooperación y recursos del Estado para la atención social y sanitaria de los canarios del exterior, con especial atención a las personas mayores y a las familias en situación de necesidad. Impulsaremos el apoyo a quienes quieran retornar y reforzaremos los vínculos culturales con las nuevas generaciones, especialmente en países con una presencia histórica de emigración canaria.
Ver en el exploradorFicha de 3e
Reforzar atención primaria, salud mental, prevención y atención a enfermedades crónicas.
Mejorar la planificación y estabilidad de las plantillas sanitarias y publicar indicadores comparables de esperas, calidad y resultados.
Facilitar que la información clínica acompañe al paciente entre territorios, con garantías estrictas de privacidad y seguridad.
Coordinar la asistencia sanitaria con dependencia y servicios sociales, y extender cuidados domiciliarios cuando sean adecuados.
Ver en el exploradorFicha de PH
Derogación inmediata de la Ley 15/1997 y de todas las fórmulas de colaboración públicoprivada o concesiones administrativas en la sanidad pública. Blindaje en el artículo 43 de la Constitución de la gestión pública directa, universal y gratuita del SNS.
Incremento progresivo de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar el 9,5% del PIB en la legislatura, destinando como mínimo el 25% de este presupuesto a la Atención Primaria y Comunitaria.
Contratación pública urgente de profesionales de la psicología clínica hasta garantizar una ratio de 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria. Transformación del modelo biomédico hacia un enfoque psicosocial que aborde las causas estructurales del sufrimiento e implantación del fin absoluto de la contención mecánica y el aislamiento forzado.
Inclusión en la cartera pública 100% gratuita de la atención bucodental integral (incluyendo empastes, endodoncias y prótesis) y del servicio de salud visual básica (graduación y suministro de gafas o lentes de contacto gratuitas según prescripción médica).
Ver en el exploradorFicha de PFAC
Derogación de la ley trans que daña irreversiblemente la salud y la vida de miles de menores con hormonaciones y cirugías basadas en ideas falsas, especialmente en niñas adolescentes, con apoyo especializado a las personas que sufren disforia de género.
Financiación adecuada y suficiente de los servicios públicos en sanidad, educación, servicios sociales, transporte, etc. Revisión y revocación, en su caso, de su gestión privada y externalizada.
Ver en el exploradorFicha de EAJ-PNV
Adaptar la formación de especialistas a las necesidades de Osakidetza.
Para qué: Para que haya más profesionales disponibles y resulte más fácil recibir atención especializada cuando la necesitas.
Ver en el exploradorFicha de IE
Propone integrar terapias naturales en el sistema nacional de salud, reconocer profesionalmente a sus terapeutas y aplicarles un tipo cero de IVA.
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