Escuela, profesorado, libertad de elección, FP, universidad y becas.
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Hasta alcanzar al final de la legislatura la inversión media por estudiante de la Unión Europea y la OCDE: de 6.687 a 8.246 euros.
Porque la escuela pública andaluza está por debajo de la media europea en inversión por alumno.
Prioridad presupuestaria en la normativa básica, prohibido cerrar líneas públicas mientras haya unidades privadas-concertadas en la misma zona y fin de la cesión de suelo público a centros privados y privados-concertados.
Porque la escuela pública se vacía mientras se abren aulas privadas-concertadas en la misma zona.
Paralizar y revisar los conciertos, retirar de inmediato los de centros que discriminen o segreguen y eliminar progresivamente la privada-concertada, incorporando a la pública a su profesorado y alumnado.
Porque el dinero público debe ir a una red pública que no seleccione a su alumnado.
La religión confesional, fuera del horario lectivo y del currículo.
Porque la escuela pública debe ser de todas las personas, crean lo que crean.
Libros y material gratuitos desde 1.º de Infantil, extraescolares sin coste para el alumnado vulnerable, bono de transporte para Bachillerato, FP y universidad, y comedores de gestión directa, gratuitos para las familias con rentas medias y bajas (Propuesta 106).
Porque la escuela pública no es gratuita si las familias tienen que pagar libros, transporte y comedor.
Ningún cierre sin un estudio que garantice que el alumnado no tendrá que hacer grandes desplazamientos, y transporte escolar reforzado en todo el medio rural.
Porque cerrar una escuela rural es empezar a cerrar el pueblo.
Reparto equilibrado del alumnado vulnerable y con necesidades específicas entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, vigilando la normativa de escolarización y las ratios.
Porque concentrar al alumnado vulnerable en unos pocos centros reproduce la desigualdad.
15 escolares por aula en Infantil y Primaria, 20 en ESO, 25 en Bachillerato y 12 en FP, en el real decreto de requisitos mínimos.
Porque con menos alumnado por aula se enseña mejor y se atiende a quien más lo necesita.
Supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado, sustituciones en 48 horas y un docente más en los centros con más de tres unidades de Infantil, con «pareja educativa».
Porque las bajas sin cubrir las paga el alumnado.
Hasta 18 horas semanales, para dejar tiempo a la coordinación, la tutoría, la formación y la atención a las familias.
Porque enseñar exige preparar, coordinar y atender a las familias, no solo dar clase.
Plan estatal que reduzca la temporalidad y reconozca la experiencia, con estabilizaciones periódicas e igualdad de derechos con el funcionariado.
Porque la temporalidad del profesorado perjudica la continuidad de los proyectos educativos.
Pruebas que evalúen la competencia profesional real, con un test de conocimientos profesionales y la defensa de una situación de aprendizaje en lugar de la memorización; temarios y criterios públicos y comunes en todo el Estado, preparación pública y gratuita y tribunales formados y acreditados; conservar las notas aprobadas y acabar con las macrooposiciones que expulsan a personal interino con años de servicio, con la comunidad educativa y los sindicatos.
Porque memorizar temas no demuestra saber enseñar, y las academias privadas no deberían decidir quién aprueba.
Bolsas ordenadas por proximidad y un modelo comarcal para que ninguna persona interina trabaje a más de una hora de su domicilio si no quiere.
Porque no se puede pedir estabilidad a quien cada año cambia de provincia.
Estabilidad de las plantillas en los centros de especial complejidad.
Porque los centros más difíciles son los que más necesitan equipos que se conozcan.
Igualar al alza los salarios del profesorado entre comunidades autónomas.
Porque el mismo trabajo no puede pagarse distinto según la comunidad.
Un primer curso de prácticas retribuidas en codocencia y con tutoría del equipo docente, menos horas lectivas al final de la vida laboral, mentoría y jubilación anticipada, flexible y progresiva.
Porque nadie aprende a dar clase sin acompañamiento, ni puede hacerlo igual a los 64 años que a los 30.
Más horas de tutoría y un complemento salarial mayor.
Porque la tutoría es clave para el alumnado y hoy apenas tiene tiempo ni reconocimiento.
Como máximo 10 estudiantes con necesidades específicas por maestra de PT y de AL, 250 por orientadora y 4 por PTIS, y orientación presencial y permanente en todos los centros de Infantil y Primaria.
Porque sin personal de apoyo la inclusión se queda en el papel.
Elaborada con la comunidad educativa y las asociaciones: centros ordinarios dotados y los de educación especial como centros de referencia.
Porque el alumnado con discapacidad tiene derecho a estudiar con el resto, con los apoyos que necesite.
Los apoyos de cada estudiante con necesidades específicas, aplicados en un plazo máximo y no cursos enteros después.
Porque un curso sin apoyos es un curso perdido.
En la ratio, y con un plazo máximo para su valoración.
Porque un aula con alumnado con necesidades específicas necesita más atención.
Plan de detección precoz.
Porque el alumnado con altas capacidades también necesita una respuesta adaptada.
Formación del profesorado y espacios adaptados para el alumnado con necesidades específicas.
Porque el profesorado necesita formación y medios para atender a todo el alumnado.
Intérpretes y mediación comunicativa también en las actividades complementarias.
Porque el alumnado sordo tiene derecho a participar en todo lo que hace el centro.
Personal en todos los centros con alumnado extranjero para que quien llega sin español pueda seguir las clases.
Porque nadie puede aprender en una lengua que todavía no entiende.
Una enfermera presencial en cada centro durante toda la jornada.
Porque cada vez más alumnado con enfermedades crónicas necesita atención durante la jornada.
Financiación estatal para que cada instituto tenga atención psicológica estable, compartida entre centros de la zona si hace falta.
Porque el instituto es el primer lugar donde se detecta el malestar de un adolescente.
En todos los institutos, coordinados por el departamento de orientación.
Porque a veces el alumnado necesita parar y calmarse antes de seguir.
Plantilla pública en lugar de empresas externas.
Porque el personal de apoyo no puede depender de contratas que cambian cada año.
Trabajo social, educación social y mediación intercultural en la plantilla, con al menos una trabajadora o un trabajador social público en cada centro, empezando por los de zonas desfavorecidas, como figura de referencia para la coordinación de bienestar y protección.
Porque muchos problemas del aula empiezan fuera de ella.
Con recursos y personal, centrado en el alumnado gitano, migrante, con discapacidad, LGTBIQ+, de barrios vulnerables y en los chicos, que en Andalucía dejan la ESO sin título casi el doble que las chicas.
Porque Andalucía tiene una de las tasas de abandono escolar más altas del Estado.
Protocolo obligatorio, responsabilidad del centro que no lo active y protección y apoyo a la víctima.
Porque el acoso destroza vidas y muchos centros siguen sin saber cómo actuar.
Cocina en el centro y no catering de línea fría, personal público, producto de cercanía y supervisión de nutricionistas; fuera de cafeterías y máquinas las bebidas azucaradas y energéticas, y agua potable gratuita en todos los centros.
Porque la comida que se calienta en bandejas no es la alimentación que merece la infancia.
Para las familias trabajadoras con rentas medias y bajas, y extendido a Secundaria y Bachillerato.
Porque para muchas familias trabajadoras el comedor es la comida principal del día.
Por la tarde y los sábados, como espacios culturales y sociales.
Porque los colegios son equipamientos públicos que pueden servir a todo el barrio.
Plan estatal para climatizar los colegios, crear sombra, retirar el amianto y acabar con las aulas prefabricadas, con calendario público.
Porque hay aulas que superan los 30 grados y alumnado que da clase en prefabricadas.
Hasta acabar con las listas de espera, sin nuevas plazas privadas pagadas con dinero público.
Porque miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza en la FP que quieren estudiar.
Renovables, industria verde, cuidados, digitalización, agroindustria y economía azul.
Porque la FP tiene que formar en los empleos que vienen, no solo en los de siempre.
Oferta comarcalizada y parte teórica a distancia.
Porque estudiar FP no puede obligar a irse del pueblo.
Al menos el SMI en proporción a las horas, con alta y cotización desde el primer día, y un fondo público que cubra parte del coste a pymes y economía social; una FP dual que no sea mano de obra gratuita.
Porque trabajar gratis no es formarse.
Para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Porque el alumnado con más dificultades también necesita una salida profesional.
Equiparación salarial y complemento de peligrosidad en especialidades como soldadura.
Porque el profesorado técnico hace el mismo trabajo y cobra menos.
Plan de equipamiento de la FP pública.
Porque no se puede aprender un oficio con máquinas viejas.
Talleres de empleo para jóvenes que dejaron los estudios.
Porque quien dejó los estudios merece una segunda oportunidad.
En todas las etapas, con competencias afectivas y de cuidados y prevención de la violencia sexual y el acoso.
Porque la educación sexual protege frente a la violencia y el acoso.
Comisión estatal de coeducación y perspectiva de género y diversidad en la formación del profesorado.
Porque la igualdad también se aprende en la escuela.
En todos los centros, con acompañamiento al alumnado LGTBI.
Porque nadie debería tener miedo en clase por ser quien es.
Contra la desinformación, para identificar bulos y campañas de odio.
Porque la juventud se informa en las redes y tiene que aprender a distinguir un bulo.
Plataformas públicas, seguras y con software libre, y contenidos educativos libres.
Porque los datos del alumnado no pueden acabar en manos de grandes tecnológicas.
Evaluar los programas tecnológicos, como los de robótica, antes de extenderlos.
Porque llenar las aulas de pantallas no garantiza que se aprenda más.
En el currículo.
Porque la historia no está completa si se deja fuera a la mitad de la población.
Música con especialistas en Infantil y Primaria y Filosofía en la ESO.
Porque la música y la filosofía forman personas, no solo mano de obra.
Reanimación cardiopulmonar, desfibrilador y primeros auxilios en Primaria, ESO y Bachillerato.
Porque saber reanimar a alguien puede salvar una vida.
Para aplicar las nuevas ratios y la estabilización docente en Andalucía, dentro del nuevo modelo de financiación autonómica.
Porque Andalucía no puede pagar sola las mejoras que necesita su escuela con la financiación actual.
Repartido según la necesidad real de plazas y las listas de espera, no solo por población.
Porque las listas de espera de 0–3 y de FP son mayores en Andalucía.
Financiación estatal para climatizar, retirar el amianto y acabar con las aulas prefabricadas en los centros andaluces.
Porque el calor y el amianto en las aulas son un riesgo para la salud del alumnado.
Becas estatales de movilidad e idiomas que compensen el mayor gasto del estudiantado andaluz desplazado.
Porque estudiar lejos de casa no puede depender del dinero de la familia.
Matrícula gratuita de forma progresiva, empezando por el grado; mientras tanto, tasas congeladas y pruebas de acceso gratuitas.
Porque estudiar en la universidad no puede depender de lo que gane la familia.
2 % del PIB para las universidades públicas y 3 % para I+D+i, con al menos un 90 % ejecutado, un plan estatal de infraestructuras universitarias, más plazas públicas y residencias públicas para estudiantes a precio asequible.
Porque sin financiación suficiente la universidad pública pierde frente a la privada.
Sustituir la actual prueba de acceso por un modelo que valore el recorrido personal y formativo del alumnado en su conjunto.
Porque una sola prueba de unos días no refleja todo lo que vale un estudiante.
Pruebas de idiomas gratuitas para obtener el grado y cursos impartidos por la propia universidad.
Porque acreditar un idioma no debería costar cientos de euros en academias privadas.
Que el alumnado con necesidades educativas mantenga sus apoyos materiales y personales en la universidad, con becas específicas.
Porque los apoyos al alumnado no pueden desaparecer al terminar el instituto.
Ninguna universidad privada nueva y fin de la externalización de servicios universitarios.
Porque las universidades privadas venden títulos y restan recursos a la pública.
Acabar con el falso profesorado asociado y dignificar los salarios.
Porque una parte de las clases las da profesorado asociado con sueldos de miseria.
Que las becas y la carrera investigadora no dependan casi solo de la nota media, una franja de beca parcial para quien supera por poco el umbral de renta y desgravación del alquiler para estudiantes desplazados sin beca.
Porque quedarse sin beca por unas décimas de nota o unos euros de renta es injusto.
Estatuto del personal investigador con derechos mínimos, financiación basal de los grupos y convocatorias con calendario fijo; contratos predoctorales y posdoctorales dignos, fin de las becas sin derechos y una vía estable de estabilización.
Porque la ciencia no se puede hacer encadenando contratos precarios.
Programa de retorno del talento científico emigrado, con plazas estables y no solo contratos temporales.
Porque miles de investigadoras andaluzas se han tenido que ir para poder trabajar.
Planes contra el techo de cristal en la universidad y los centros de investigación, con paridad en tribunales y direcciones.
Porque las mujeres siguen sin llegar a los puestos de dirección en la ciencia.
Justificación de proyectos simplificada y personal técnico estable de apoyo a la investigación.
Porque el personal investigador pasa demasiado tiempo justificando gastos en lugar de investigando.
Ciencia abierta, con acceso libre a lo investigado con dinero público y patentes públicas con retorno de beneficios; divulgación, ciencia ciudadana y datos públicos abiertos y actualizados, también sobre el uso del transporte y los servicios.
Porque la ciencia pagada con dinero público debe estar al alcance de todo el mundo.
Factores de corrección en la evaluación de las convocatorias de I+D+i por maternidad, paternidad, lactancia, cuidados o violencia machista.
Porque tener hijas o hijos o cuidar no puede frenar una carrera científica.
Sanciones al fraude científico, al acoso sexual y a las irregularidades en los concursos, con un órgano independiente que lo vigile.
Porque el fraude y el acoso también existen en la ciencia y deben castigarse.
Ampliar las excepciones de la propiedad intelectual para usos docentes, científicos y culturales sin ánimo de lucro.
Porque compartir conocimiento para enseñar e investigar no puede ser un delito.
Ayudas para continuar estudios medios y superiores, con especial atención a las chicas.
Porque el abandono escolar es mucho mayor entre la juventud gitana.
Públicas, gratuitas y equiparadas a las universitarias.
Porque los conservatorios superiores no tienen el reconocimiento que merecen.
Más horas de educación física en las enseñanzas mínimas, contra el sedentarismo.
Porque el sedentarismo es un problema de salud desde la infancia.
Que las universidades andaluzas y la FP pública entren en la red estatal de software libre y soberanía digital.
Porque la universidad y la FP pueden formar en tecnologías libres.
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Recuperación de la titulación de Grado en Medicina en Soria, una aspiración de toda la sociedad soriana.
Soria Ciudad Universitaria. Que en Soria se implanten estudios universitarios diferenciadores y distintos a los existentes en el resto de provincias de Castilla y León: la vuelta de los tres primeros cursos de medicina; doble Grado de Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería Informática; Grado de
Terapia Ocupacional; doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; ampliación de las plazas ofertadas en el Grado de Enfermería y en el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como un Máster en Inteligencia Artificial y Big Data en Ciberseguridad y Ciberdefensa, para dar sentido al anunciado centro tecnológico avanzado de defensa e inteligencia artificial “Numant-IA” impulsado por el Ministerio de Defensa; un máster universitario en Formación del Profesorado y otro Máster en Actividad Física y Calidad de Vida.
Ampliación de las instalaciones del Campus Duques de Soria para posibilitar un mayor número de alumnos.
Construcción de una residencia universitaria en la provincia de Soria. Aprovechar el Centro I+D de la Universidad para convertirlo en un centro con temática “Economía circular, y subproductos de industria agroforestal para nuevos materiales” para investigación colaborativa entre empresas y grupos de investigación, y para instalación de start ups y spins off de base científica y tecnológica.
Consideramos necesario descentralizar la Universidad hacia las ciudades pequeñas o medianas, como Soria, impulsando de verdad el campus de la Universidad de Valladolid en Soria.
Soria provincia de la Formación Profesional. Implantación del título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico; del título de Grado Medio de Técnico en Electromecánica de Maquinaria; un título de Formación en Mecánica de Camiones y la ampliación de la oferta del grado medio de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Soria.
Implantación de una FP de la rama industrial para la Comarca del Moncayo, una FP de la rama de Hostelería y Turismo en El Burgo de Osma y una FP de la rama de seguridad y medio ambiente para la Comarca de Pinares. Implantación de un Centro de FP de Innovación y para la Formación Profesional en Soria que permita investigar, desarrollar y transferir innovación a toda la red de centros de FP de Castilla y León.
Impulsar un programa específico para que la Junta de Castilla y León subvencione el 50% de los costes salariales durante el primer año a las empresas de la provincia de Soria que contraten de forma indefinida al alumnado de FP Dual que haya realizado sus prácticas en ellas.
Dotación adecuada y suficiente de material informático para alumnos y profesores.
Puesta en marcha de todos los medios necesarios para la reducción de la interinidad en las plantillas docentes no universitarias, que en la actualidad es superior al 50%, seis veces más de lo que indica la directiva de la Unión Europea. Establecimiento, para la fidelización en los puestos de trabajo del medio rural de la provincia de Soria, de un sistema de incentivos profesionales para los docentes que ocupen estos puestos de difícil cobertura.
Inicio, por fin, de las obras de la nueva Escuela Oficial de Idiomas de Soria. Construcción y puesta en servicio de un nuevo CEIP en Los Royales. Introducir incentivos (profesionales, económicos, de vivienda,…) para la atracción y arraigo del profesorado universitario y no universitario, especialmente a las zonas rurales.
Para ello trabajaremos mediante convenios entre Junta, Diputaciones y Ayuntamientos en la recuperación y ampliación de viviendas docentes rurales, facilitando la cesión gratuita o el alquiler simbólico.
Inclusión de incentivos económicos a los docentes no universitarios por permanecer en el mundo rural.
Reconocer la compatibilidad plena entre carrera profesional y sexenios del profesorado, permitiendo compatibilizar ambos complementos retributivos.
Mejorar la atención a la diversidad incrementando el número de orientadores sobre todo en zonas rurales.
Aplicar la innovación para corregir los problemas demográficos y los desequilibrios del medio rural consiguiendo un modelo educativo, económico y sociocultural donde se estimule la I+D+i.
Disminución de las ratios para todos los niveles educativos e incremento de profesorado especialista así como de otros profesionales en atención a la diversidad en las zonas rurales: orientadores, profesores técnicos de servicios a la comunidad, maestros de pedagogía terapéutica, maestros especialistas de audición y lenguaje, educación compensatoria, educadores sociales, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, intérpretes de lenguajes de signos, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.
Ampliación del transporte escolar en zonas rurales para enseñanzas no obligatorias. Tanto en Bachillerato, como en Formación profesional y en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años.
Recuperación de comedores escolares promoviendo la calidad y el comercio de proximidad.
Conexión a internet de alta velocidad y dotación de recursos informáticos en todos los centros escolares, con especial atención a los rurales.
Reducción de la interinidad de maestros, profesores y personal administrativo en Soria, tanto en la capital como en toda la provincia. Una tasa de interinidad, la de educación en la provincia de Soria, muy alta que redunda en el sistema educativo.
Proceder a la cobertura de todas las bajas docentes desde el primer día, mediante la sustitución inmediata de cualquier baja, con independencia de su duración, eliminando el criterio temporal que impide cubrir bajas de menos de 15 días.
Puesta en marcha de un programa de apoyo psicológico integral a la comunidad educativa, que incluya al alumnado, a las familias y al profesorado.
Impulsar la incorporación efectiva y estable de la enfermería escolar en los centros educativos, garantizando atención sanitaria diaria, prevención, educación para la salud y una respuesta inmediata ante emergencias para todo el alumnado.
Inclusión de las plazas de docentes en Instituciones Penitenciarias en las plantillas de puestos de trabajo. No están en las plantillas y se suelen cubrir mediante comisiones de servicio. Pero las cárceles están ahí y este tipo de
educación es una necesidad fija y periódica debería estar cubierta en la relación de puestos de trabajo.
Incluir la ausencia de estudios en la provincia como criterio prioritario en el sistema de becas.
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La tecnología será un pilar del currículo: fundamentos de inteligencia artificial, ciberseguridad, ética digital y pensamiento computacional, con convivencia entre lo analógico y lo digital.
Se desarrollará un modelo de inteligencia artificial propio para la educación, financiado y auditado por el Estado. Actuará como tutor de refuerzo personalizado y protegerá la privacidad.
Un programa transversal enseñará a estructurar ideas, argumentar, debatir y hablar en público en todas las asignaturas.
Se creará una materia obligatoria de Cultura Económica y Financiera en la ESO, con economía personal, social y profesional.
Se acordarán compromisos entre docentes, alumnos y familias al inicio de cada curso. Habrá un Premio Nacional a los centros que fomenten la convivencia y una caja de herramientas pública.
Los negocios locales dedicarán al menos una jornada al año a tener contacto con los estudiantes, mediante visitas, retos o micro-prácticas.
Un Plan Estatal Educativo llevará a España al top 10 europeo en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Se reforzarán las materias instrumentales y los métodos avalados por la evidencia.
Se restablecerán las menciones de Matemáticas, Lengua y Ciencias en el grado de Educación, y se creará una especialidad en Tecnología. Habrá formación continua para acreditar a los docentes actuales.
La etapa 0-3 será pedagógica. Se revalorizarán los educadores infantiles, se revisarán las ratios y se incorporará la pareja educativa de apoyo en el aula.
Un plan estatal rehabilitará colegios e institutos públicos, con eficiencia energética, climatización y la eliminación definitiva de los barracones.
Se evaluarán los conocimientos a nivel nacional. Las comunidades que caigan más de dos puntos por debajo de la media recibirán apoyo estatal. Un Índice Socioeducativo determinará la financiación de cada centro.
Los centros con más necesidades recibirán Equipos Permanentes de Refuerzo, con educadores sociales, orientadores y profesores de lenguas extranjeras.
Se codiseñará con los docentes un nuevo modelo de carrera profesional que deje atrás la antigüedad como único criterio de progreso.
Los aspirantes a los grados de Educación pasarán pruebas de competencia comunicativa, comprensión lectora, expresión escrita y perfil vocacional.
Se implantará un periodo de dos años de formación práctica remunerada en colegios e institutos, guiado por profesores en activo.
La dirección de los centros tendrá formación específica, remuneración acorde a su responsabilidad y apoyo administrativo e institucional.
Se implantará un primer curso optativo común por ramas de conocimiento. Los grados combinarán microcredenciales, menciones flexibles e itinerarios con otras universidades.
Todos los títulos incorporarán prácticas tutorizadas. Se eliminarán trabas burocráticas y se incentivará a las empresas que ofrezcan prácticas con garantías de remuneración y supervisión.
Se apoyarán los acuerdos entre universidades públicas para abrir campus internacionales, sobre todo en países de habla hispana.
Las becas se pagarán al inicio del curso. Se unificarán los calendarios académicos antes del verano y la revisión de la renta corresponderá al Ministerio de Hacienda.
Una plataforma estatal mostrará, por grado y universidad, la satisfacción estudiantil, la inserción laboral a 1, 3 y 5 años y los salarios de los egresados.
La contratación de profesorado tendrá estándares internacionales y tribunales independientes. Se creará un sexenio de innovación docente con impacto salarial.
Se dará prioridad a la experiencia técnica en las bolsas docentes de FP. Habrá un complemento salarial para retener profesionales en especialidades críticas.
Las prácticas de FP pasarán al segundo curso. Se creará la figura del tutor compartido sectorial, financiado por la Administración, para ayudar a las pymes.
La inversión en plazas, infraestructuras, materiales y profesorado se planificará a varios años, según el interés del alumnado, las necesidades de las empresas y los sectores estratégicos.
El Bono Cultural Joven y el Verano Joven se integrarán en una cuenta digital de unos 500 € por joven al cumplir 18 años, para formación y materiales de estudio.
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A creación do servizo de igualdade de xénero e diversidade sexual a cargo dunha profesional con formación e dedicación específica en todos os centros de ensino.
A inclusión de contidos transversais e específicos no ensino obrigatorio e universitario, co fin de garantir a formación de profesorado e alumnado.
Superar o actual marco lexislativo, recollido nos artigos 3 e 27 da Constitución. Dotármonos do poder político necesario para podermos decidir sobre a ordenación e sobre a planificación dun sistema educativo galego, inserido na nosa realidade social, económica, cultural e lingüística, en función das nosas necesidades e carencias e ao servizo da transformación e do desenvolvemento de Galiza.
Estabelecer un marco educativo novo que supere as limitacións competenciais aplicadas por unha visión unitaria do Estado e do sistema educativo, tanto no ensino non-universitario (LOMLOE, LOFP) como no universitario (LOSU) e que, por tanto, parta da configuración plurinacional e plurilingüe do Estado; que Galiza poida organizar e ordenar o sistema educativo mediante unha Lei galega de educación que regule o noso sistema educativo até o Bacharelato, unha Lei galega de formación profesional, unha Lei de ensinanzas artísticas superiores que permita que os centros que imparten estas ensinanzas poidan adscribirse á universidade e unha Lei do Sistema Universitario Galego.
Promover un modelo educativo fundamentado no dereito universal á educación para os galegos e galegas de 0 a 18 anos e obrigatoria de 3 a 18 anos, sustentado nunha única rede de ensino, a pública, con servizos complementarios, con libros de texto, material escolar e actividades extraescolares gratuítas. Un ensino público, galego, laico, coeducativo, gratuíto e democrático.
Transferir ao Goberno galego todas as competencias pendentes, garantindo a plena capacidade para deseñar e desenvolver un modelo educativo propio. Traspaso de todos os programas educativos e dos centros educativos e formativos situados en Galiza adscritos á Administración central e de todas as competencias para poder elaborar os plans de estudo e os deseños curriculares en todas as etapas educativas, así como a política de bolsas de estudo para ensino non-universitario; organizar todas as ensinanzas e estabelecer
os currículos escolares de todas as materias e fixar os criterios de avaliación do proceso de aprendizaxe e da promoción do alumnado para fixar un ensino inclusivo e integrador que dea unha resposta satisfactoria e adecuada ao alumnado con necesidades especiais.
Garantir a plena e exclusiva competencia en xestión do persoal docente: regular os corpos e especialidades docentes, fixar o sistema de acceso á función pública docente, con plena autonomía para suprimir as taxas de reposición de efectivos nas ofertas de emprego público e así poder dotar o ensino público do profesorado que precise; regular a competencia e composición de todos os órganos colexiados e da elección democrática das direccións por e entre quen integra os propios centros, eliminando a libre designación nos Centros Integrados de FP.
Defender inequivocamente o ensino público. Regular a admisión do alumnado nos centros educativos para estabelecer, mentres non se suprimiren, os concertos educativos. Por conseguinte, sermos especialmente vixilantes co cumprimento efectivo da eliminación dos concertos educativos dos centros que segregan alumnado por razón de xénero, controlando que o modelo de segregación desapareza dos centros que reciben fondos públicos e aplicando medidas sancionadoras no caso do incumprimento da lei. No camiño da supresión dos concertos en todos os niveis educativos, eliminación destes no ensino non-obrigatorio e control do financiamento alleo aos concertos nos centros sostidos con fondos públicos.
Promover un ensino laico. A materia de Relixión non formará parte do currículo escolar, xa que é incuestionábel que a difusión da fe relixiosa corresponde ao ámbito privado e familiar. Neste sentido, será denunciado e renegociado o concordato coa Santa Sé e os acordos coas demais confesións relixiosas.
Dotar o sistema educativo de maiores niveis de calidade, apostando polo crecemento dos orzamentos destinados á educación até lle dedicar, como mínimo, 7% do PIB.
Defender unha reforma da Lei orgánica do Sistema Universitario (LOSU) que defina claramente o modelo de universidade pública e permita exercer todas as competencias no ámbito galego mediante unha lei propia que evite a privatización do SUG e que permita a plena competencia para regular os plans de estudo das ensinanzas universitarias, actualmente limitadas polo RD 43/2015.
Regular a avaliación propia do persoal docente e investigador a través dunha ACSUG reforzada e coordinada co resto de axencias autonómicas e coa ANECA, regular a ordenación dos corpos docentes universitarios e do persoal docente e investigador laboral, desde as figuras de acceso ás permanentes, eliminando a precariedade e regulando unha carreira profesional, investigadora e académica nas universidades públicas galegas.
Incrementar o financiamento das universidade públicas, tomando como referencia o 1,5% do PIB, para evitar que continúen co camiño de privatización encuberta, e favorecer a participación dos proxectos de investigación universitaria nos programas de I+D+I.
Transferir a Galiza as competencias e medios materiais da Universidade a Distancia (UNED), da Universidade Internacional Menéndez Pelayo e das entidades dependentes do Centro Superior de Investigacións Científicas.
Transferir a competencia da xestión e da concesión de bolsas e axudas ao estudo universitario, superando o actual modelo de repartimento e garantindo o acceso universal á ensinanza superior.
Mellorar a acción protectora do seguro escolar e transferilo á Xunta de Galiza.
Programas específicos para garantir o relevo xeracional evitando o envellecemento do cadro de persoal.
Programas específicos de financiamento de vivenda para o estudantado, en especial a través de residencias públicas universitarias.
Programas específicos de financiamento de transporte universitario.
Transferencia plena das competencias de ensino á Galiza para poder contar cun ensino público e de calidade adaptado ás nosas características nacionais e en especial á realidade sociolaboral da mocidade galega.
Transferencias das competencias das bolsas universitarias á Xunta de Galiza, superando o actual modelo de distribución entre a poboación e garantindo así o acceso á ensinanza superior.
Supresión das taxas de reposición para garantir estabilidade ao novo profesorado investigador e asegurar a remuda xeracional.
Reverter os aspectos lesivos mantidos ou introducidos pola nova lexislación en materia de ensino na LOMLOE, LOSU e Lei de FP.
Elaboración dun protocolo estatal para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e o ciberacoso.
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Promoure un gran pacte de país, amb la participació de les institucions, la comunitat educativa i les entitats socials, per defensar el model d’escola catalana, la immersió lingüística i el català com a llengua vehicular i de cohesió social, davant les ingerències judicials i els intents de desmantellar-lo de l’Estat espanyol.
Defensar un model d’escola pública, laica, gratuïta i de qualitat, amb el català com a llengua vehicular i d’acollida, com a eina de cohesió social, inclusió i igualtat d’oportunitats. Garantir, amb recursos i formació del professorat, que tot l’alumnat assoleixi una competència plena en català i, a l’Aran, en aranès. Modificar la legislació educativa estatal per impedir les ingerències de l’Estat, la imposició de percentatges lingüístics als centres i qualsevol vulneració dels projectes lingüístics i del model d’immersió de Catalunya.
Reclamar la plena sobirania de Catalunya per decidir, regular i gestionar el seu sistema educatiu, sense subordinació a les imposicions de l’Estat espanyol.
Destinar el 6 % del PIB estatal a l’educació i posar fi a l’infrafinançament del sistema educatiu, assegurant els recursos necessaris per reforçar l’escola pública, reduir les ràtios i millorar les condicions salarials del professorat. Transferir els recursos a les administracions educatives competents, amb criteris transparents i sense traslladar noves obligacions sense el finançament corresponent, per combatre les desigualtats i assegurar una educació gratuïta i de qualitat per a tothom.
Establir un sistema de finançament estatal suficient i estable per fer efectiu l’accés universal i gratuït de tots els infants a una plaça educativa pública de 0 a 3 anys, amb un calendari d’implantació progressiva i recursos per cobrir el cost real del servei.
Exigir mecanismes efectius de protecció i assessorament jurídic perquè els centres i el professorat puguin desenvolupar els seus projectes educatius sense pressions ni interferències externes.
Cal assegurar que les administracions competents en matèria educativa puguin dictar els currículums per a les etapes obligatòries i postobligatòries d’acord amb la realitat social, cultural i lingüística del país, sense ingerència ni imposicions de l’Estat.
Reclamar el traspàs de les funcions i els recursos necessaris perquè la Generalitat pugui gestionar l’homologació i el reconeixement de les titulacions obtingudes a l’estranger, d’acord amb les necessitats del país i amb les garanties de qualitat corresponents.
Impulsar una ordenació que integri la formació professional del sistema educatiu, la formació per a l’ocupació i la formació en el treball, incorporant els ensenyaments de règim especial i respectant-ne les singularitats. Superar la fragmentació normativa i administrativa actual i garantir les competències de la Generalitat de Catalunya, amb els traspassos i recursos necessaris per planificar i gestionar un sistema propi i integrat.
Consolidar la formació professional com un àmbit propi de qualificació i especialització, estretament vinculat al sistema universitari, científic i tecnològic. Establir mecanismes de coordinació i projectes compartits entre centres de formació professional, universitats, centres de recerca i empreses, i facilitar les passarel·les formatives mitjançant el reconeixement de crèdits i aprenentatges.
Garantir un finançament estable i suficient dels centres de formació professional, amb equipaments actualitzats i recursos per a la formació permanent del professorat. Potenciar els centres integrats i les xarxes d’especialització sectorial i territorial, reconeixent el seu paper en la innovació aplicada, la transferència de coneixement i l’adaptació de la formació a les necessitats del teixit productiu.
Assumir el compromís d’incrementar plurianualment la inversió estatal en universitats en un 0,07 % del PIB per assolir una despesa pública de l’1 % del PIB el 2030, tal com preveu la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). En recerca, incrementar progressivament la inversió pública fins a assolir l’1,5 % del PIB el 2030, amb un augment de la inversió estatal equivalent al 0,14 % del PIB, d’acord amb el que preveu la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
Reduir la precarietat i la temporalitat, accelerar la contractació indefinida del personal investigador, millorar les retribucions i garantir una carrera professional digna per al personal investigador, docent, tècnic i de gestió. Ampliar les places dels programes estatals de formació i retenció del talent, millorar les condicions dels doctorands i doctorandes i garantir una retribució adequada des de l’inici de la carrera investigadora. També cal eliminar les taxes de reposició, desplegar la carrera professional horitzontal, reforçar les plantilles de suport i reduir la càrrega burocràtica, així com avaluar i abordar els riscos psicosocials, protegir la salut mental i combatre les dinàmiques de precarietat i explotació en l’àmbit universitari i científic.
Assegurar recursos estables per als centres de recerca, les infraestructures científiques singulars i els grups de recerca universitaris i hospitalaris, amb especial atenció als àmbits estratègics per al país.
Ampliar les competències de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) perquè assumeixi la totalitat dels processos d’avaluació, certificació i acreditació de les universitats, titulacions i professorat de Catalunya. Reformar la normativa estatal per atribuir-li les competències encara reservades a l’ANECA, especialment l’acreditació del professorat per accedir als cossos docents funcionarials i el reconeixement dels mèrits docents i investigadors. Garantir la plena validesa de les resolucions d’AQU i la seva capacitat per establir criteris i procediments propis, d’acord amb els estàndards europeus i amb els recursos necessaris per exercir aquestes funcions.
Cal que Catalunya pugui planificar l’accés a la universitat d’acord amb les necessitats del país. Així mateix, garantir que Catalunya pugui planificar i executar les competències en formació de les professions sanitàries en un marc nacional, d’acord amb les necessitats del sistema de salut català i no amb una planificació centralitzada des de l’Estat.
Actualitzar el Reial decret 592/2014 per adaptar la regulació de les pràctiques acadèmiques externes a la realitat actual, reforçar els drets de l’estudiantat, garantir unes condicions dignes i evitar que les pràctiques esdevinguin una via de substitució de llocs de treball remunerats.
Revisar els requisits bàsics de creació i reconeixement d’universitats per garantir, com a mínim, que els projectes disposin d’un model acadèmic viable, recursos suficients, professorat adequat i infraestructures d’acord amb l’oferta formativa prevista.
Ver en el exploradorFicha de FO
Implementación de un sistema de becas que sirva de apoyo para compaginar la formación con la vida laboral o condiciones de especial necesidad.
Frenar el experimento de la educación digital, que ya ha fracasado en varios países, y apostar por una educación integral que fomente el desarrollo personal.
Garantizar condiciones dignas de trabajo a todos los empleados de la educación pública que han visto deteriorado su nivel de vida y sus condiciones laborales con las sucesivas externalizaciones.
Evitar la llamada “fuga de cerebros” de trabajadores altamente cualificados hacia otros países, que nos deja con carencias importantes en investigación y desarrollo y afecta negativamente a nuestro crecimiento y progreso.
Se reestructurará el Consejo Social en las universidades.
Se promoverá que los alumnos conozcan la riqueza lingüística en nuestro país y se acabará con el uso político de las lenguas por parte de nacionalistas de un bando u otro.
Fomentar, desde las escuelas públicas, el deporte como complemento esencial de los hábitos de estudio para garantizar unos buenos hábitos de vida y de ocio saludables.
Ver en el exploradorFicha de MUNDO+JUSTO
relacionadas con los derechos humanos, la promoción de una cultura de paz, convivencia democrática y justicia restaurativa; para impulsar programas de educación emocional y resolución pacífica de conflictos en centros escolares y comunitarios, de mediación escolar y círculos restaurativos; para reforzar la perspectiva intercultural, religiosa, espiritual y ética del nosotras y nosotros.
Crear una beca única y sencilla para todo el Estado, con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y una oferta equilibrada entre territorios de becas para estudiar o hacer prácticas fuera. Añadir un complemento para quienes estudian y trabajan a la vez sin recibir ninguna otra ayuda. Adaptar los requisitos a una realidad muy extendida: quien vive de alquiler en una habitación no siempre puede empadronarse, y eso no debe costarle la beca.
Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas y respetando sus competencias, un incremento progresivo de la inversión pública en educación hasta alcanzar al menos el 6 % del PIB, mediante compromisos presupuestarios plurianuales. Fortalecer especialmente los centros públicos, garantizando una educación gratuita, inclusiva y de calidad, y asegurar que todos los centros sostenidos con fondos públicos cumplan los principios de gratuidad, equidad, transparencia y no discriminación. Apoyar la coexistencia de la educación pública y privada, concertada y no concertada, reconociendo especialmente la aportación social de la concertada en contextos de mayor precariedad.
Reforzar los conocimientos fundamentales, el pensamiento crítico, las competencias digitales y las habilidades sociales mediante metodologías basadas en la evidencia, evaluaciones formativas y apoyos tempranos. Mejorar la formación inicial y permanente del profesorado, modernizar los procesos de oposición, simplificar las exigencias administrativas de la normativa estatal y garantizar estabilidad y autonomía pedagógica. Establecer por ley una jornada lectiva máxima de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en el resto de enseñanzas, asegurando tiempo suficiente para preparar clases, tutorías y coordinación docente.
Aprobar una ley básica que reduzca progresivamente las ratios máximas a 20 estudiantes por aula en Infantil y Primaria y 25 en ESO y Bachillerato, con límites específicos en Formación Profesional. El alumnado con necesidades educativas especiales computará como dos plazas y se establecerán reducciones adicionales en centros de especial complejidad. Garantizar un profesional de orientación educativa por cada 250 estudiantes, ampliando las dotaciones donde las necesidades lo requieran. Estas medidas contarán con financiación estatal suficiente, un calendario de aplicación acordado con las comunidades autónomas y objetivos anuales verificables, con seguimiento en la Conferencia Sectorial de Educación.
reconocidos en la LOMLOE. Impulsar un Plan Estatal de Inclusión Educativa con financiación propia para dotar a los centros de profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y otros perfiles de apoyo según sus necesidades. Prevenir el abandono escolar y reducir la segregación mediante una escolarización equilibrada y respetuosa con los derechos de las familias. Avanzar hacia la gratuidad universal de la Educación Infantil de 0 a 3 años, reforzar las becas y ayudas de comedor, transporte y material escolar, y simplificar su tramitación para eliminar barreras económicas y administrativas.
Ampliar las plazas, los equipamientos, los talleres y el profesorado especializado, garantizando prácticas formativas de calidad y una oferta adaptada a las necesidades sociales, territoriales y laborales.
Prevenir el acoso escolar, promover el bienestar emocional y la resolución pacífica de conflictos, y garantizar la participación efectiva de docentes, familias y alumnado en la vida y las decisiones de los centros educativos.
Aprobar una Estrategia Estatal de Educación para la Ciudadanía y la Justicia Global que promueva los derechos humanos, la igualdad, la democracia, la paz y la sostenibilidad, abordando las desigualdades y sus causas estructurales. Incorporar estos contenidos al currículo educativo, incluyendo la coeducación y la educación afectivo-sexual adaptada a cada etapa, e impulsar proyectos de aprendizajeservicio que conecten la escuela con la comunidad y fomenten la solidaridad y el bien común.
las etapas educativas, incorporando al currículo común contenidos de coeducación, corresponsabilidad en los cuidados, relaciones basadas en el respeto y prevención de la violencia, adaptados a la edad y madurez del alumnado. Extender estas enseñanzas a la Formación Profesional y la universidad, reforzar la formación del profesorado y la colaboración con las familias, y promover acuerdos políticos que aseguren su continuidad.
Incorporar al currículo educativo común, en coordinación con las comunidades autónomas, contenidos adaptados a cada etapa educativa que fomenten la igualdad, el respeto a la diversidad sexual y de género y la prevención de la discriminación. Reforzar la formación del profesorado y los protocolos de prevención y actuación frente al acoso escolar por LGTBIfobia.
Ver en el exploradorFicha de PP
Se aplicará en todo el territorio nacional. Sus condiciones básicas, incluyendo su evaluación, se acordarán con las Comunidades Autónomas y los órganos de representación de las universidades, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Acordaremos con docentes, inspectores, expertos y familias un nuevo marco educativo que sustituya a la LOMLOE. Detectaremos a tiempo las dificultades de lectura y cálculo y cada alumno que las tenga recibirá refuerzo específico en ese mismo curso dentro del horario escolar. Los centros con más dificultades tendrán un plan de mejora con recursos.
Prestigiaremos la profesión docente, exigiremos una nota mínima para acceder al grado de Magisterio, ofreceremos incentivos para atraer a los mejores a materias como matemáticas, física o tecnología y a los centros más difíciles de atender. Desarrollaremos una carrera profesional docente, profesionalizaremos la función directiva, minimizaremos la carga burocrática y la Administración defenderá jurídicamente al docente que sea agredido.
La demanda de las familias volverá a contar para programar las plazas, y se podrá elegir centro en todo el municipio de residencia, con criterios públicos. Los conciertos durarán al menos seis años en todas las etapas, con módulos que cubran el coste real, para que la plaza concertada sea gratuita de verdad.
Seguirán escolarizando a quienes los necesiten y las familias participarán de verdad en la decisión.
Acordaremos con las Comunidades Autónomas un protocolo nacional contra el acoso escolar que obligue a detectarlo a tiempo, también en la red, y a responder a la vez desde el centro, la sanidad y los servicios sociales. Acabaremos con las expulsiones vacías. Quien acose tendrá una sanción con contenido educativo y reparador, y la víctima no tendrá que cambiar de centro por haber sido acosada.
En la ESO volverá a pasarse de curso con las asignaturas aprobadas. El alumno que vaya mal tendrá refuerzo obligatorio antes de tener que repetir.
Ampliaremos con las Comunidades Autónomas las plazas de FP en los ciclos que más empleo generan, guiados por un Mapa Nacional de la FP, también en los oficios que hoy faltan, como los de la construcción. La FP dual tendrá las mismas reglas en toda España y llegará a todo el tejido empresarial, con independencia del tamaño de cada empresa; la formación se diseñará con cada sector y las empresas que formen alumnos tendrán incentivos fiscales. La oferta será modular y flexible, para formarse a lo largo de toda la vida con un itinerario de formación continuada.
Las universidades tendrán libertad para organizarse a cambio de rendir cuentas ante la sociedad, sobre la empleabilidad de sus titulados, la calidad de su investigación y su proyección internacional. Sustituiremos la burocracia de la acreditación por criterios sencillos y transparentes.
La beca será un derecho por ley para quien la necesite y apruebe, con los mismos umbrales en la universidad que en la FP. Quien elija un ciclo de FP de alta demanda de empleo no pagará matrícula. Los mejores expedientes tendrán una beca de excelencia, y los jóvenes con más talento tendrán facilidades para estudiar en la universidad que deseen.
Ver en el exploradorFicha de SALF
Aprobada por dos tercios y blindada: no se cambia sin la misma mayoría. Contenidos mínimos comunes al 100 %, evaluaciones externas al final de cada etapa y selectividad única y en castellano en toda España.
Dos años de prácticas remuneradas con tutor y examen nacional de acceso. El mejor profesor de España enseña donde quiera. Coste: ≈ 400 M€/año.
Autoridad pública en toda España, 10 % más de sueldo en la legislatura y menos burocracia: un profesor está para enseñar. Coste: ≈ 2.500 M€/año.
Aprendizaje remunerado desde los 15, tutor individual y fin del aprobado automático: se titula cuando se ha aprendido.
Cheque escolar válido en pública, concertada y privada, con el mismo importe por alumno y resultados públicos de cada centro. Elegir colegio no puede ser un lujo.
Los contenidos los fija un Consejo Académico independiente, no el Gobierno de turno. Neutralidad ideológica obligatoria en el aula, prohibición de propaganda de partidos y sindicatos en horario lectivo, libros de texto revisados por académicos, inspección y sanción. El aula es para enseñar, no para reclutar.
El mismo temario de Historia en toda España. Economía y Constitución obligatorias en Secundaria: qué es un impuesto, una hipoteca, una pensión.
Industria, construcción, energía, sanidad, digital. Universidades financiadas en parte por la inserción laboral de sus titulados. Coste: ≈ 400 M€/año.
5.000 auxiliares nativos más, certificación B2 al terminar Bachillerato pagada por el Estado y versión original en la televisión pública infantil. Coste: ≈ 250 M€/año.
Ver en el exploradorFicha de VOX
Reválidas y EVAU única. Se garantizará la educación en español en todo el territorio nacional. Fin a las diferencias en los contenidos curriculares e impulso de la exigencia académica. Revisión de las homologaciones de títulos extranjeros.
Garantizar la libre elección de centro educativo en todos los niveles para que las familias elijan libremente el modelo educativo que desean, sin que su situación económica o social sea un impedimento para ello.
Mejorar el sistema de becas en las etapas universitaria y preuniversitaria para que la educación sea un verdadero ascensor social en el que la situación económica no sea un obstáculo para el esfuerzo, el mérito y la capacidad.
Derogación de la LOMLOE y recuperación de una enseñanza basada en el esfuerzo, el saber, el mérito, la exigencia, la disciplina y la responsabilidad personal. Potenciación de las matemáticas, la lectura, las humanidades y las ciencias. Respeto en las aulas. Fin de los móviles en clase, refuerzo de la autoridad del profesor y plan nacional contra el acoso escolar y el ciberacoso.
Establecimiento de un número máximo por aula de alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español. Creación de aulas específicas de nivelación, donde los alumnos que se incorporen tarde al sistema español alcancen el nivel requerido antes de integrarse en su clase, sin ralentizar a sus compañeros y con más posibilidades de éxito para ellos mismos.
Distrito único y libre elección de centro escolar para los padres. Apuesta decidida por la Formación Profesional.
Garantizar la libertad de cátedra de los profesores en las aulas frente a las imposiciones de la corrección política.
Ver en el exploradorFicha de PACMA
Es indispensable una intervención educativa dirigida a la ciudadanía que fomente de manera preventiva una conducta más cívica y una tenencia responsable de los animales.
Maltratar no consiste solo en emplear violencia, sino que comprende situaciones tristemente cotidianas de nuestra geografía como mantener a los animales en deficientes condiciones higiénicosanitarias, no proporcionarles un alimento adecuado y suficiente, un alojamiento cómodo y seguro, o mantenerlos permanentemente encadenados o encerrados.
Quien decide tener un animal a su cargo se convierte en responsable de su salud y de su bienestar, y debe ser consciente de las obligaciones y compromisos que ello conlleva, para así poder asumirlos de manera reflexiva y responsable.
Desde PACMA impulsaremos el desarrollo de programas de información y educación para promover entre la ciudadanía el respeto por los animales, prevenir el abandono y fomentar la adopción responsable de los mismos, destacando los siguientes aspectos:
– Obligaciones que conlleva la tenencia de animales.
– Consecuencias negativas derivadas de la adquisición irresponsable, la cría y compraventa de animales de compañía.
– Consecuencias negativas de la adquisición e introducción de animales silvestres, salvajes y/o exóticos como animales de compañía.
Además, una actitud respetuosa hacia los animales debe inculcarse desde la infancia. Por ello, consideramos imprescindible el fomento de materias y/o contenidos relacionados con el respeto, el bienestar y la protección de los animales en los sistemas educativos.
Desde PACMA queremos promover que las personas que trabajan y colaboran en protectoras y otras entidades de protección y defensa de los animales, sean invitadas a dar charlas informativas y educativas en las escuelas, así como las visitas a refugios y santuarios de animales en lugar de las visitas a “granjas escuela” y lugares similares, en los que la finalidad no es el bienestar y la protección de los animales.
La educación pública de calidad es un derecho de todos y todas, imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa. Sin embargo, en España, no es una cuestión de Estado o, al menos, no lo parece.
En las últimas décadas, el sistema educativo se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos de derecha e izquierda. Continuos choques han impedido llegar a un necesario acuerdo para una cuestión que en otros países no genera esta discusión.
Sea por el motivo que sea, la realidad es que el Pacto de Estado por la Educación no ha sido una cuestión prioritaria para los partidos con representación en el Congreso en los últimos años y que todas las normas se han aprobado sin acuerdo alguno, con la imposición del partido mayoritario que controlaba el Gobierno.
Ninguna de estas normas ha logrado solucionar asuntos como los cambios de libros de texto de un año para otro, las diferencias de rendimiento, asignaturas o materias entre comunidades autónomas, el alto fracaso escolar o la digitalización completa del sistema.
Desde PACMA consideramos que los niños y niñas merecen una educación de calidad, estable en el tiempo y en recursos. Para ello, es fundamental llegar a un consenso educativo que les ponga en el centro de este debate y que asegure su derecho a la educación y su interés superior.
Un Pacto de Estado por la Educación es imprescindible desde muchos enfoques. El primero y más importante, el derecho a una educación de calidad, pero, además, por la necesidad de contribuir a la cohesión social, a través de una educación equitativa e inclusiva, acabar con el fracaso y el abandono escolar, garantizar la suficiencia y estabilidad de los recursos en el sistema educativo, avanzar en la gratuidad real, promover la educación universal de 0 a 3 años y poder educar valores, derechos y responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas.
Desde el Partido Animalista defendemos, en concreto, el desarrollo de las siguientes medidas:
– Aumento de los fondos destinados a becas en todo el tramo educativo.
– Asignación de plazas públicas suficientes para niños y niñas de 0 a 3 años.
– Gratuidad y libre acceso a libros de texto. Defendemos la puesta en marcha de un proyecto de colaboración entre comunidades autónomas para la elaboración de libros de texto con licencia copyleft, de distribución y copia libre.
– Transporte y menú escolar gratuito para los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.
– Reducción de la ratio de alumnos y alumnas por profesor/a en todo el tramo educativo, para alcanzar una verdadera educación de calidad, con la suficiente atención personalizada al alumnado y una mejora de las condiciones de trabajo del profesorado.
– Desarrollo de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, atractivas y adaptadas a la sociedad de hoy en día, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
– Fomento de una formación integral, diversificada e intercultural.
– Garantía de desarrollo de una escuela pública realmente laica.
– Refuerzo de los mecanismos de participación y representación estudiantil.
– Disponibilidad de opción de menú 100% vegetal en todos los comedores de los centros educativos.
En el Partido Animalista creemos en la promoción de la excelencia y el desarrollo del talento, a través del fomento de la lectura y de la educación artística desde la educación primaria.
Es necesaria la implantación en los colegios e institutos de métodos pedagógicos integrales adecuados a las necesidades actuales, basados en el aprendizaje cooperativo, la detección y potenciación de las inteligencias múltiples, la creatividad y la innovación, la educación emocional, así como la no directividad, para garantizar la plena autonomía y excelencia de la diversidad del alumnado.
Proponemos el fomento de actividades extraescolares de calidad que promuevan el desarrollo de las diferentes capacidades y talentos de los niños y niñas y jóvenes y la creación de centros de desarrollo del talento destinados a localizar, promover y desarrollar en la juventud sus capacidades en ámbitos que ahora se encuentran marginados, o en un segundo plano, dentro de los programas educativos, ya sea en la realización de actividades artísticas, deportivas, científicas o de otra índole.
La prevención es fundamental en el ámbito educativo, pues permite detectar problemas, averiguar sus causas, intervenir cuando sea necesario y paliar las consecuencias negativas.
Para lograr la integración educativa de todo el alumnado es necesaria una educación inclusiva, mediante un aprendizaje personalizado, orientado al grupo, pero atendiendo a las necesidades individuales de aprendizaje, habilidades y niveles de competencia de cada alumno/a.
PACMA propone las siguientes medidas en el ámbito de la prevención y la integración social en los centros educativos:
– Medidas para garantizar la atención temprana a menores con discapacidad y sus familias, destinando recursos a la detección precoz, el diagnóstico y la atención de trastornos del desarrollo o situaciones de riesgo en la población infantil de 0 a 6 años.
– Promoción de la detección precoz del maltrato infantil, el acoso escolar, y la discriminación en el ámbito escolar, a través de la creación de equipos multidisciplinares que asesoren, informen y formen a los y las profesionales que trabajan con niños y niñas y adolescentes.
– Lucha efectiva contra el absentismo y el abandono escolar a través de la implantación de programas específicos.
– Revisión de los criterios de concertación con la enseñanza privada para garantizar que los conciertos respeten criterios de servicio público y evitar que se fomente la segregación.
– Ampliación del servicio de orientación de los centros de secundaria públicos con plazas de psicología y pedagogía.
– Implantación de programas de mediación intercultural.
La educación en valores va mucho más allá de la enseñanza de materias relacionadas con el funcionamiento de las sociedades y la naturaleza. Si éstas nos explican el qué y el cómo, la educación en valores nos descubre el para qué.
Se trata del conjunto de estrategias y dinámicas de relaciones con el objetivo de formar en civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la igualdad.
La educación en valores debe ser un objetivo transversal en todo el sistema educativo, impactando no solo en el currículum establecido, sino también en la cultura escolar y en todos los actores que forman parte de ella.
PACMA propone en este ámbito la adopción de, al menos, las siguientes medidas:
– Fomento y desarrollo del respeto y la empatía hacia los animales en los objetivos educativos transversales de todas las etapas educativas.
– Promoción en los sistemas educativos de la participación de los y las estudiantes en el desarrollo y cambio de la ciudadanía hacia un modelo sostenible.
– Implantación de programas específicos que desarrollen la corresponsabilidad y el reparto equitativo de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares a fin de fomentar y educar desde la infancia en la igualdad de género.
– Revisión de los planes de estudio y libros de texto con la finalidad de revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos e incluir como referentes formativos a las mujeres relevantes de la historia, la ciencia, la literatura, la filosofía y demás materias.
– Desarrollo de planes de educación en los centros que den acceso a formación e información sobre la diversidad sexual, de género y familiar.
– Enfoque de la educación sexual no sólo respecto a la prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, sino también en su esfera emocional y afectiva.
– Promoción del voluntariado como herramienta para potenciar la empatía y la solidaridad en la juventud. Establecer convenios con todas las entidades sociales, culturales, ambientales y animalistas para hacer extensivo el programa que garantice que el alumnado participe en servicios de voluntariado con el aprendizaje de educación en valores que esto conlleva.
– Formación del profesorado en las materias referidas.
Durante la Educación Secundaria, los jóvenes deben ser capaces de empezar a identificar sus capacidades, intereses y aptitudes, pues tienen que tomar decisiones cruciales en materia de educación y formación de cara a su primera elección profesional en el futuro.
Sin embargo, en el contexto educativo actual, la orientación profesional no se está desarrollando de manera que realmente se capacite al alumnado para analizar y valorar estos extremos. Es necesario sustituir la acción puntual que se está llevando a cabo en los últimos cursos por un proceso continuo de acompañamiento desde el inicio de la Educación Secundaria.
En esta etapa, los y las jóvenes se encuentran en una intensa búsqueda de identidad personal y social. Por esta razón, la orientación debe acompañarlos frente los cambios que se producen en su entorno, y ayudarles a ir construyendo su proyecto profesional y de vida, facilitando la adaptación a las nuevas situaciones y exigencias que conlleva la transición a la vida adulta.
Apostamos por la creación de departamentos de orientación académica y profesional en los centros de Educación Secundaria, que elaboren y pongan en marcha planes de actuación para cada curso, ciclo y etapa, con diferentes acciones que deberán ser implementadas. Además de ofrecer una orientación personalizada e individualizada a los alumnos y alumnas, organizarán e impulsarán talleres y jornadas de orientación profesional en los centros, de manera que el alumnado reciba la información y tenga el conocimiento suficiente sobre la oferta de las diferentes enseñanzas, ciclos formativos y formaciones profesionales, así como de sus diferentes salidas laborales. El objetivo es dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para poder identificar y elegir entre las alternativas formativas y profesionales, de acuerdo con su potencial.
La lucha contra el desempleo debe fijar sus cimientos en la formación de ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de dar un vuelco a esta situación, preparándolos para poder hacer frente a los nuevos retos que plantea la evolución de la sociedad actual.
Aunque la tasa de abandono escolar temprano ha bajado en España, situándose en un 12,8%, seguimos siendo uno de los países europeos con las peores cifras, muy por encima de la media que se sitúa en torno al 9,4%.
Es importante tener en cuenta dos datos. El primero, que la brecha de género sigue siendo favorable a las mujeres, con una tasa del 9,5% frente al 15,9% en hombres. El segundo, que el abandono en la población sin nacionalidad española sube hasta el 30,7%, triplicando la tasa de la población con nacionalidad española (9,8%).
Por todo ello, desde PACMA proponemos:
– Fomento de un sistema de formación profesional que responda a las exigencias presentes y futuras del mercado laboral, potenciando la formación en nuevas tecnologías y la adaptación de los sectores tradicionales (agricultura, turismo, construcción).
– Sistema de becas que apueste por una mayor preparación y cualificación de los jóvenes, y desincentive la incorporación a edades muy tempranas al mercado laboral.
– Intervenciones específicas que atiendan las barreras lingüísticas, socioeconómicas, culturales y burocráticas.
– Medidas contra la segregación escolar residencial, reformulando los algoritmos y criterios de matriculación y reparto de plazas para evitar la concentración excesiva de alumnado extranjero en determinados centros públicos, dado que la diversidad equilibrada mejora el rendimiento de los entornos vulnerables.
– Incorporación a las plantillas de los colegios e institutos de mediadores interculturales que compartan el idioma y contexto de las comunidades mayoritarias del barrio, claves para generar confianza mutua, resolver conflictos y conectar a las familias con el centro escolar.
– Agilización en la homologación de títulos, flexibilizando y acelerando la burocracia para convalidar los estudios que los/as jóvenes hayan realizado en sus países de origen, puesto que el retraso en estos trámites provoca que sean escolarizados en cursos inferiores, lo que fomenta el desinterés y el abandono por desfase madurativo.
Ver en el exploradorFicha de PH
Fijación por ley de un suelo presupuestario del 7% del PIB destinado de forma exclusiva a la red pública de enseñanza. Integración progresiva y voluntaria de los centros concertados en la Red Única Pública, Laica y Gratuita.
Reducción legal del número máximo de estudiantes por aula a 15 alumnos en todas las etapas obligatorias (Infantil, Primaria y Secundaria), garantizando una educación personalizada, comprensiva y atenta a las diversas necesidades madurativas.
Introducción transversal en el currículo escolar de asignaturas prácticas de resolución pacífica de conflictos, educación emocional, pensamiento crítico, filosofía y ecología social. Garantía de laicidad absoluta en el entorno escolar.
Supresión total de las tasas de matriculación en las Universidades Públicas y en los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Sistema de becas de mantenimiento directas para estudiantes de familias de rentas medias y bajas.
No renovación de los conciertos educativos al expirar sus plazos y supresión de deducciones fiscales a la enseñanza privada. El 100% del dinero público liberado se transferirá de forma blindada y directa a la red estatal para modernizar infraestructuras, financiar materiales y reforzar el personal de apoyo.
Ver en el exploradorFicha de 3e
Promover un marco educativo fruto de acuerdos amplios y evaluación pública, dentro de las competencias constitucionales y autonómicas.
Mejorar la Formación Profesional y su conexión con empleo de calidad.
Extender competencias digitales, financieras, cívicas y de seguridad en internet.
Preparar a estudiantes y trabajadores para la inteligencia artificial, fomentando su uso seguro y responsable.
Ver en el exploradorFicha de CC
Recuperaremos programas estatales de inversión para corregir los déficits de las infraestructuras educativas y adaptar los centros a las nuevas necesidades. Una educación accesible y de calidad requiere instalaciones adecuadas y recursos que se puedan planificar con estabilidad.
Reclamaremos financiación estatal para la formación profesional y la formación dual, incluidas las infraestructuras y el apoyo a las empresas que participan en la formación. Reforzaremos las primeras experiencias laborales de calidad y las vías para el retorno del talento. Orientaremos la cualificación profesional hacia las energías renovables, el almacenamiento energético, la economía azul, la industria, la digitalización, el sector audiovisual, la rehabilitación, los cuidados y los combustibles sostenibles.
Defenderemos una formación profesional y una universidad accesibles. Exigiremos el cumplimiento y el refuerzo de las previsiones del REF para las becas de quienes deben desplazarse porque sus estudios no se ofrecen en su isla. La distancia no debe reducir las posibilidades de elegir una formación.
Reclamaremos criterios que corrijan las desventajas de la ultraperiferia en las convocatorias estatales de investigación, desarrollo e innovación. Defenderemos financiación plurianual del Estado para modernizar las universidades públicas canarias y reforzar la astrofísica, las ciencias marinas y la biotecnología. Los grandes proyectos científicos en Canarias deberán incorporar formación, transferencia de conocimiento y creación de actividad empresarial local, con la participación de las universidades y los centros de investigación.
Ver en el exploradorFicha de EAJ-PNV
Fortalecer la Formación Profesional, las universidades y su conexión con las oportunidades laborales.
Para qué: Que terminar unos estudios te acerque a un empleo relacionado con lo que has aprendido y puedas desarrollar tu carrera en Euskadi.
Ver en el exploradorFicha de IE
Propone revisar el currículo escolar, retirar contenidos que califica de ideológicos, reforzar la autoridad del profesorado y ampliar la libertad educativa de las familias.
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