Tamaño del Estado, burocracia, auditoría, deuda, subvenciones y empleo público.
15 programas tienen medidas en esta categoría. Abre uno para leerlas, o busca el partido que te interesa.
Ver en el exploradorFicha de SY
Inclusión en los planes regionales de desarrollo de la provincia de Soria actuaciones y proyectos de verdad extraordinarios, eliminando de los mismos los gastos y acciones ordinarias.
Descentralización de servicios centrales públicos de la Junta de Castilla y León en Soria, con un número de funcionarios importante. La creación en Soria de un Organismo Autonómico del Reto Demográfico y Desarrollo Rural de Castilla y León con rango de dirección general o agencia pública.
Implantación en Soria del Centro de Procesamiento de Datos de la Junta de Castilla y León.
Convocar plazas de función pública de aquellos funcionarios próximos a jubilar en nuestra provincia.
Garantizar que todas las plazas de empleados públicos de la Junta de Castilla y León y de sus organismos adscritos en la provincia de Soria estén cubiertas, sobre todo las situadas en el medio rural como Unidades Veterinarias y Secciones Agrarias Comarcales. Muchas veces estas unidades administrativas situadas en el medio rural son la única administración en la que realizar trámites muy necesarios en zonas despobladas.
Reforzar el esfuerzo público en servicios básicos especialmente en el mundo rural, rechazando la primacía de criterios de rentabilidad.
Reconocer la provincia de Soria como lugar en el que se pongan en marcha proyectos piloto autonómicos. De forma que se pongan en marcha proyectos, planes o normas, que se vea como funcionan y luego se puedan trasladar a nivel autonómico.
De esta forma se podrían implantar grados universitarios piloto, únicos, para ver si funcionan , universidad gratuita, reducir plazos en autorizaciones de licencias para viviendas, etc.
Establecer un sistema para que la carrera profesional de los empleados públicos en Castilla y León se reconozca y otorgue de forma automática, sin necesidad de convocatoria específica por parte de la Junta.
Implantar de un Concurso de Traslados abierto y permanente para el personal funcionario de la Junta de Castilla y León, que permita la movilidad sin necesidad de convocatorias puntuales.
Promover la apertura inmediata de un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos para elaborar y aprobar una nueva Ley de Función Pública en Castilla y León.
Garantizar que la Junta de Castilla y León cubra con carácter general todas las bajas del personal empleado público sin demoras injustificadas, y no solo en los servicios considerados esenciales.
Recuperar el programa de Acción Social de la Junta de Castilla y León para sus empleados públicos con ayudas reales y suficientes.
Facilitar el acceso a la vivienda a los empleados públicos que presten sus servicios en municipios despoblados.
Considerar al personal que trabaja en las zonas rurales despobladas como personal esencial, por que lo son, de forma que así se logre agilizar la ágil cobertura de las bajas laborales que se vayan produciendo.
Mejorar el sistema de bolsas de empleo de personal laboral, de forma que los aspirantes puedan elegir entre diversas categorías profesionales a las que quieren optar sin tener que renunciar a ellas si ya están trabajando.
Llevar a cabo una correcta clasificación de cuerpos y escalas de funcionarios y de categorías profesionales en el caso del personal laboral, atendiendo a los requisitos de titulación exigidos para el acceso, algo que en la actualidad no se hace.
Garantizar que el acceso a la carrera profesional del personal público en Castilla y León sea automático y de oficio, eliminando convocatorias periódicas innecesarias y poniendo fin a un procedimiento incoherente e injustificado que genera desigualdad e inseguridad administrativa.
Elaborar una nueva Ley de la Función Pública negociada con las organizaciones sindicales y retomar los procesos de funcionarización paralizados desde 2007.
Impulsar un modelo público de formación inmediata para el personal de la Junta de Castilla y León, que asegure que cualquier empleado o empleada que acceda a un nuevo puesto, o vea modificadas sus funciones por cambios normativos o tecnológicos, reciba la formación necesaria desde el primer momento.
Crear un sistema de formación unificado y coordinado desde los Servicios Centrales, que combine teleformación interactiva con formación presencial en cada una de las provincias, asegurando los mismos criterios y conocimientos en todo el territorio. Cada empleado público contará con tutorías personalizadas durante los procesos de adaptación.
Ver en el exploradorFicha de AA
Plan estatal de estabilización conforme a la justicia europea, con fijeza para quien sufre abuso, fin de los ceses en verano y reforma del Estatuto Básico.
Porque la Administración ha abusado de la temporalidad durante años, y así lo ha dicho la justicia europea.
Supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado en los servicios esenciales, y fin de las subcontratas en todas las administraciones.
Porque sin reponer a quien se jubila los servicios públicos se van vaciando.
Preparación pública y gratuita, temarios oficiales y becas para opositar.
Porque opositar no puede depender de poder pagar una academia.
Las oposiciones estatales, con sede de examen en cada comunidad autónoma.
Porque viajar a Madrid para examinarse cuesta un dinero que no todo el mundo tiene.
Oferta de la Administración General del Estado en Andalucía en proporción a su población.
Porque Andalucía tiene menos empleo estatal del que le corresponde por población.
Devolver al personal público los derechos retributivos perdidos desde los recortes.
Porque los recortes al personal público se hicieron para una crisis que ya pasó.
Identificar la deuda ilegítima generada por corrupción o rescates privados.
Porque la ciudadanía no tiene por qué pagar la deuda de la corrupción.
Reformar la senda de estabilidad para que no obligue a recortar servicios públicos.
Porque las reglas de gasto no pueden obligar a recortar la sanidad o la educación.
Acceso facilitado a personas autónomas, pymes locales y economía social, con una reserva mínima obligatoria para cooperativas y un sello estatal de comercio de proximidad y kilómetro cero con ventajas fiscales.
Porque la contratación pública suele favorecer a las grandes empresas.
Fuera de la contratación pública las empresas sancionadas en firme por infracciones graves de consumo o que incumplan laudos arbitrales.
Porque quien estafa a las personas consumidoras no puede recibir contratos públicos.
En la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria y el resto de oficinas del Estado.
Porque muchas personas no consiguen cita y se quedan sin hacer sus trámites.
Un solo sistema en lugar de Cl@ve, DNI electrónico y certificado, con asistencia telefónica y puntos de ayuda.
Porque tener tres sistemas distintos para identificarse es un caos.
Siempre una alternativa presencial y alfabetización digital para las personas mayores, y nadie tendrá que aportar documentos que la Administración ya tiene.
Porque no todo el mundo sabe o puede hacer los trámites por internet.
Servicios permanentes con personal público, plan de reinternalización con calendario empezando por los esenciales, auditoría pública de las externalizaciones y subrogación de sus plantillas; mientras tanto, contratos que valoren la calidad y las cláusulas sociales por encima del precio, sin bajas que precaricen a las plantillas.
Porque externalizar servicios públicos ha empeorado la calidad y las condiciones laborales.
Ver en el exploradorFicha de PP
Realizaremos una auditoría de todo el gasto que se ha hecho estos años y del funcionamiento de la Administración, de los organismos y de las empresas del Estado. Explicaremos en qué se ha gastado cada euro, para qué ha servido, qué criterios se han utilizado para la dotación de personal e inversión y el grado de mantenimiento en el que se encuentran los servicios públicos. Revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas: los fraudulentos serán denunciados y los que no estén cumpliendo su objetivo serán corregidos o eliminados. El primer presupuesto tendrá en cuenta las conclusiones de esta auditoría: qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos.
Tenemos grandes proyectos para España, pero no vamos a prometer que todo puede hacerse a la vez. Daremos prioridad a recuperar la calidad de los servicios públicos y a garantizar la seguridad y el mantenimiento de las redes de transporte, agua, energía y comunicaciones. La conservación irá por delante de las obras nuevas, y acometeremos las inversiones que generan empleo y riqueza conforme dispongamos de recursos para financiarlas. Diremos la verdad a los españoles: qué haremos primero, qué tendrá que esperar y cómo se pagará.
Habrá menos ministerios, altos cargos y asesores. Fusionaremos organismos con funciones duplicadas, eliminando estructuras y gastos administrativos innecesarios. Cerraremos los organismos que hayan perdido su finalidad, incluidos los creados para proyectos temporales ya concluidos. Cada nuevo organismo, agencia o fundación del Estado tendrá fecha de caducidad y sólo podrá prorrogarse cuando las Cortes voten mantenerlo. Los gestores de las empresas públicas serán elegidos por su experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política. Revisaremos todas las participaciones empresariales del Estado y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado.
Gobernar no da derecho a comprometer el dinero de mañana para resolver los problemas políticos de hoy. Por eso, reduciremos la deuda con objetivos para los próximos años conforme a las reglas europeas. Ningún gasto nuevo se aprobará sin garantizar cómo se financiará, también en el futuro. Además, ampliaremos las competencias de la AIReF para evaluar el gasto y la sostenibilidad de la deuda y reforzar su papel de control en el cumplimiento de las reglas fiscales en todas las administraciones.
La revisión del gasto no terminará con la auditoría. Cada año, antes de aprobar el presupuesto, se evaluará con criterios independientes un conjunto de programas de gasto, con un calendario que cubra todo el presupuesto a lo largo de la legislatura. Los programas que no cumplan su objetivo perderán sus recursos en favor de los que sí lo cumplen. Las conclusiones se publicarán con el proyecto de presupuestos, para que los españoles sepan qué se financia, qué no y por qué.
Casi la mitad de los empleados de la Administración General del Estado se jubilará en los próximos diez años. Tenemos la oportunidad de repensar qué debemos hacer con cada servicio, cómo reforzar su neutralidad e imparcialidad y cómo cubrir cada vacante con el perfil que hace falta hoy. Mantendremos las oposiciones como vía única de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Protegeremos a los funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones y preservaremos su estabilidad e independencia. La tecnología liberará a los empleados públicos de tareas repetitivas para que dediquen su tiempo a atender a las personas en la prestación de servicios públicos.
Cada nueva regulación irá acompañada de la supresión de tres normas innecesarias, obsoletas o duplicadas. Aprobaremos un decreto de simplificación para eliminar la burocracia que hace perder tiempo y dinero a ciudadanos y empresas. Antes de 2029 reduciremos las cargas administrativas generales un 25% y un 35% para las pymes. Nos sumaremos a la petición de varios países europeos de hacer una pausa de un año para que la Unión no genere nuevas normas hasta revisar todas las existentes.
Reformaremos la normativa estatal para que más actividades de bajo riesgo puedan iniciarse mediante declaración responsable. Ampliaremos los supuestos de silencio administrativo positivo en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales, para que más solicitudes se entiendan aprobadas cuando venza el plazo sin que se haya notificado una resolución expresa, preservando las garantías de seguridad. Facilitaremos la subsanación de errores de buena fe. La Administración ayudará a corregir las equivocaciones y perseguirá a quien actúe fraudulentamente.
Garantizaremos atención presencial, telefónica y digital. La cita previa servirá para organizar la atención, no para impedirla. Se extenderá la asistencia digital las 24 horas a todos los servicios para resolver las consultas más habituales. Las personas mayores, con discapacidad o sin medios digitales tendrán más ayuda para completar sus gestiones.
Revisaremos uno a uno los procedimientos de la Administración del Estado para suprimir los que no hagan falta y automatizar de principio a fin los repetitivos, con inteligencia artificial y con supervisión humana en toda decisión que afecte a derechos. Cuando la Administración ya tenga los datos, las ayudas y prestaciones a las que un ciudadano tenga derecho se le reconocerán sin que tenga que pedirlas.
Acortaremos los plazos legales de devolución de impuestos, optimizaremos la diferencia entre retención y recaudación y agilizaremos el pago de las ayudas reconocidas. El Estado será tan diligente para devolver y pagar como para cobrar. Integraremos en un mismo expediente la tramitación de todas las autorizaciones o informes que necesite un proyecto o prestación (estatales, autonómicos y locales) y los que no dependan unos de otros se solicitarán simultáneamente. Reformaremos las reglas de suspensión para que los informes no vinculantes dejen de paralizar los expedientes cuando llegan tarde.
Las subvenciones sólo se prorrogarán tras una evaluación positiva de sus resultados. Las ayudas se repartirán con baremos públicos y objetivos, y las de mayor importe incorporarán indicadores obligatorios de resultado. Reforzaremos con más recursos aquellas que son útiles y eliminaremos las que no lo son. Sustituiremos las ayudas directas por procesos competitivos siempre que sea posible, para eliminar la discrecionalidad. También priorizaremos las reducciones, exenciones o créditos fiscales sobre la subvención, para incentivar que el beneficiario se haga responsable de su éxito.
Ver en el exploradorFicha de D21
Los ministros tendrán como máximo 4 asesores, los vicepresidentes 7 y el gabinete del Presidente 20. Los asesores no tendrán chóferes ni otras prebendas, y sus datos serán públicos.
Todos los cargos de la Administración y de las empresas públicas se asignarán por mérito y capacidad. El enchufismo será delito. Los nombramientos existentes se revisarán en un plazo de 6 meses.
La IGAE tendrá los mismos medios tecnológicos, de cruce de datos e inteligencia artificial que la Agencia Tributaria. Sus funcionarios tendrán pluses ligados a resultados de control.
Los programas de gasto se evaluarán. Cada Ministerio explicará qué prometió, qué recursos usó y qué resultados obtuvo. Un Portal de Evaluación será accesible para toda la ciudadanía.
Los cargos políticos cumplirán el Código Ético del Gobierno de España. Una Comisión Ética y un experto independiente vigilarán su cumplimiento.
Si un Ayuntamiento retiene suelo público, paraliza proyectos o bloquea licencias, su competencia urbanística pasará a la Comunidad Autónoma de forma automática.
Los Ayuntamientos tendrán 30 días para revisar las licencias de obra mayor. Si no cumplen el plazo, la solicitud pasará a una Oficina Central Autonómica de Urbanismo.
Las obras menores que no requieran proyecto arquitectónico no necesitarán licencia previa. Bastará una declaración responsable digital.
Un defecto formal no anulará un Plan General de Ordenación Urbana. Habrá silencio administrativo positivo de tres meses para autorizaciones sectoriales.
La dirección de hospitales y áreas de salud se cubrirá solo por concurso público de mérito y capacidad. Los mandatos se evaluarán según resultados y satisfacción.
Una Red Sanitaria Compartida digitalizará los procesos de gestión. Una IA de auditoría continua, con supervisión humana, detectará ineficiencias y cuellos de botella.
Ver en el exploradorFicha de BNG
Aposta polo emprego público fronte a privatización:
Eliminación da taxa de reposición.
Reestruturación administrativa e adelgazamento do aparello do Estado. Supresión da administración periférica do Estado e tamén dos departamentos ministeriais con competencias transferidas.
Supresión das deputacións provinciais, co traspaso de competencias e funcións a Galiza e aos concellos, evitando a creación de estruturas institucionais substitutivas.
Transitoriamente, en tanto non se abordaren as anteditas reformas de maior alcance, derrogación da reforma local que limita a autonomía neste ámbito e a prestación de servizos públicos municipais.
Reclamar, como vimos facendo, que se permita a utilización incondicional dos remanentes municipais para o despregamento de políticas públicas para a mellor atención das necesidades da veciñanza dos nosos concellos, co seu desbloqueo definitivo.
Seguiremos a reclamar que se permita a utilización incondicional dos remanentes municipais para o despregamento de políticas públicas para a mellor atención das necesidades da veciñanza dos nosos concellos, co seu desbloqueo definitivo.
Destinar 1 % dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) a políticas para a mocidade, transferindo os fondos ás comunidades autónomas para que estas poidan deseñar políticas adaptadas aos intereses da súa mocidade.
Ver en el exploradorFicha de VOX
Compatibilizar la rebaja de impuestos con la financiación de los servicios públicos esenciales, mediante el control del déficit, la eliminación del gasto superfluo e ideológico y el impulso del crecimiento económico.
Toda actuación administrativa deberá justificar su existencia, su utilidad y su proporcionalidad. Lo que no sea estrictamente necesario, se suprime. Lo que sea necesario, se simplifica al máximo. Esta revisión será permanente, transversal y afectará a todos los niveles administrativos, sin excepción y sin sectores blindados.
Creación de un expediente digital único y centralizado que unifique la gestión de trámites para ciudadanos y empresas, obligando a las diferentes administraciones a compartir los datos entre sí.
Derecho a ser atendido presencialmente en cualquier oficina pública de forma inmediata sin necesidad de solicitar turno por internet.
Si la Administración no contesta en plazo, el ciudadano ha de poder seguir adelante con su proyecto. Y si una actividad no entraña riesgo, basta con declararla para empezar a ejercerla. Quedan fuera, como excepción tasada, algunas materias que afectan a la soberanía nacional y al control de quién entra y se queda en España: nacionalidad, residencia, permisos de trabajo a extranjeros y, en general, inmigración. Ahí el silencio jamás jugará a favor de quien pretenda burlar nuestras leyes.
Para compensar la bajada masiva de impuestos, se recortarán todos los gastos superfluos de la Administración hasta el mínimo imprescindible.
• Promover una auditoría sistemática de todos los gastos no imprescindibles de las administraciones públicas que serán susceptibles de supresión. Los análisis de esta auditoría se irán haciendo públicos.
• Reducir al mínimo estrictamente necesario el tamaño de la Administración Pública. Reducir progresivamente hasta su eliminación total las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONGs, observatorios y otros organismos ideológicos.
Revisar y reducir las sanciones económicas desproporcionadas, garantizando que su cuantía responda a la gravedad de la infracción y no a criterios recaudatorios.
Los bienes inmuebles del Estado han de estar al servicio de las necesidades de la vivienda o de la mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos de los españoles. No se ha de permitir por más tiempo que se conviertan en saunas de corrupción, se cedan gratuitamente para la ubicación de inmigrantes ilegales o se mantengan en estado de ruina. Plan Nacional de Rehabilitación del Patrimonio Inmobiliario para la revitalización y creación de empleo.
Ver en el exploradorFicha de ERC
Actualment les administracions locals es troben infrafinançades i no disposen dels recursos necessaris per fer front a les necessitats i, moltes vegades, quan tenen els recursos, es troben limitades en la capacitat de disposar-ne. En aquest sentit, cal autoritzar l’endeutament gradual dels ajuntaments per a inversions fins a un límit del 50 % dels ingressos corrents, permetent distribuir el cost de les grans infraestructures al llarg del temps.
Aquesta reforma ha de permetre incrementar els ingressos per la participació en els ingressos de l’Estat i que tots els ajuntaments, no només els més grans de 75.000 habitants, puguin rebre un percentatge dels grans impostos com l’IRPF i l’IVA. També ha de servir per assegurar la viabilitat econòmica de l’AMB i d’altres àrees que es puguin crear en un futur, permetent establir exempcions, reduccions i tipus de gravàmens diferenciats en l’aplicació de l’IBI, assegurant la justícia fiscal del tribut. Cal modificar la legislació relativa a l’IBI per equiparar els beneficis per les famílies monoparentals als previstos per les famílies nombroses. I també calen canvis en el finançament dels municipis turístics. Atès la pressió real que l’activitat turística exerceix sobre els serveis municipals, cal redefinir el concepte de municipi turístic rebaixant el llindar poblacional actual de 20.000 a 10.000 habitants i establint altres criteris alternatius més enllà del poblacional.
És urgent acabar amb les reformes del Partit Popular que van imposar les polítiques d’austeritat la dècada passada. Cal dotar de més flexibilitat pressupostària els ajuntaments sanejats econòmicament, facilitar l’ús d’excedents i romanents, anticipar recursos per respondre a emergències, actualitzar la regla de despesa al nou marc fiscal europeu, facilitar la inversió en habitatge i establir uns objectius de deute i dèficit justos per a la Generalitat i els ajuntaments.
Recuperar i desplegar les competències de la Generalitat en la selecció i formació dels funcionaris d’habilitació nacional per adaptar els processos a la realitat catalana, agilitzar la cobertura de vacants i reduir el dèficit estructural de professionals que tant dificulta el funcionament dels ajuntaments.
Ver en el exploradorFicha de AUTÓNOMOS
Tanto para montar un nuevo negocio como para la gestión de los mismos, siempre se ha mirado con desconfianza al Autónomo, imponiendo muchos trámites burocráticos que no favorecen el Emprendimiento ni el desarrollo de negocios. Queremos adoptar el tratamiento de otros países donde se confía en la buena fe del Autónomo y basta una declaración jurada para poder iniciar una actividad empresarial o profesional… que posteriormente será revisada por la Administración.
La Administración y las entidades públicas deberían estar gestionadas por profesionales, que apliquen criterios profesionales totalmente alejados de influencias ideológicas.
El dinero público es de todos y por ello debería gestionarse con eficiencia, eliminando gastos superfluos y priorizando aquellas inversiones que mayor valor aporten al desarrollo socioeconómico; así mismo, se debe evaluar el desempeño de los trabajadores de la función pública, de modo que se evite y se castigue la ineficiencia, a la vez que se premie la excelencia.
Ver en el exploradorFicha de PACMA
Sustituiremos la actual Dirección General de Derechos de los Animales, incoherentemente dependiente de un ministerio cuyas competencias no tienen relación alguna con la mayoría de los animales, como es el Ministerio de Derechos Sociales, lo que desde su creación ha limitado toda capacidad de actuación más allá de los considerados de compañía, por una Dirección General de Bienestar y Protección de los Animales, dependiente del ministerio competente en Medio Ambiente, a la que corresponderá la dirección, coordinación, propuesta y ejecución de las políticas nacionales en materia de bienestar y protección animal.
La misma deberá contar con el asesoramiento de las entidades de protección y defensa animal más representativas del país, así como de personas especializadas y con amplia experiencia en estas materias.
Apostamos por establecer la previsión de creación de centros de recuperación y rescate suficientes y adecuados para alojar a las especies de animales silvestres, salvajes y/o exóticos, tras haber sufrido un accidente o agresión, haber sido rescatadas del tráfico ilegal, del abandono o de la cautividad de circos, zoológicos o particulares.
Su finalidad será la de proporcionar atención y cuidados a los animales que ingresen, de manera que sean recuperados, rehabilitados y, en la medida de lo posible, reintroducidos en la naturaleza.
Desde el Partido Animalista consideramos que los centros de acogida de animales abandonados no están correctamente proyectados, tanto a nivel estructural, como de recursos humanos y materiales, de manera que los animales puedan socializar adecuadamente, lo que, sin duda, dificulta su adopción. La masificación, el excesivo uso de cheniles y jaulas, junto a la habitual escasa o nula formación del personal contratado, impide un correcto desarrollo del comportamiento de los animales, lo que, a su vez, puede conducir a un deterioro de su salud física y/o mental.
Es por tanto necesario establecer unas pautas para una reforma integral de todos los centros de acogida, además de fomentar la adopción de los animales acogidos mediante la prestación de un servicio de atención veterinaria social, al que puedan acogerse las personas que hayan adoptado en la red de centros de acogida municipales, de manera que los animales adoptados reciban una asistencia y tratamiento veterinarios a precios reducidos.
Para prevenir los problemas de comportamiento que pueden derivar del abandono y/o maltrato sufridos por los animales, consideramos imprescindible que se impartan cursos de etología y educación canina y felina, dirigidos tanto a profesionales como a cuidadores/as, lo que, sin duda, redundará en una mejora de la calidad de la vida de las personas adoptantes y, especialmente, de los animales.
Ver en el exploradorFicha de SALF
El rescate de las cajas ha costado 66.617 millones según el Tribunal de Cuentas; sumando lo que falta por recuperar, los intereses y el agujero de la Sareb, la factura real del contribuyente ronda los 70.000. La banca ha devuelto el 11 %. Ley de Devolución del Rescate: las entidades que se quedaron con las cajas rescatadas (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Unicaja y Abanca) pagan 4.700 millones al año durante 15 años, en proporción a las ayudas que absorbieron, con tope del 40 % de su beneficio anual y el exceso aplazado con interés. No deducible, prohibido repercutirlo al cliente (multa del triple) y heredable por quien compre la entidad. Ganan 20.000 millones al año: pueden. Ingreso: ≈ 4.700 M€/año, contado en 'Cómo se paga'.
Fondo soberano con gestión profesional independiente y mandato de rentabilidad. Ningún ministro vuelve a usar la hucha para cuadrar un presupuesto.
Todas las oposiciones y concursos 100 % anónimos y digitales, con tribunales sorteados y grabados. Mérito, no carné.
Ver en el exploradorFicha de 3e
Implantar una revisión periódica de programas y organismos para identificar duplicidades y gasto ineficaz; reorientar los recursos liberados a servicios prioritarios.
Simplificar trámites y fijar plazos de respuesta, con seguimiento del expediente y atención presencial para quien la necesite.
Ver en el exploradorFicha de FO
Revisión exhaustiva y supresión de todas las subvenciones de carácter ideológico, así como de entidades públicas o asociaciones ineficaces que sirven a intereses políticos y no tienen utilidad alguna para los españoles.
Ver en el exploradorFicha de CC
Defenderemos las reformas y los acuerdos estatales que permitan al Gobierno de Canarias, a los cabildos y a los ayuntamientos emplear sus remanentes de tesorería en vivienda, sanidad, educación y
Ver en el exploradorFicha de IE
Reúne medidas para reducir cargos y gasto administrativo, reformar las subvenciones y publicar las partidas presupuestarias. También aborda pensiones, cuotas de autónomos y acceso a la vivienda.
Ver en el exploradorFicha de MUNDO+JUSTO
de las entidades sociales, impulsando una reforma integral del sistema de financiación del Tercer Sector que favorezca las convocatorias plurianuales, la cobertura de costes estructurales reales, la simplificación administrativa y la sostenibilidad de las entidades que desarrollan actividades de interés general.
Ningún partido con medidas en esta categoría coincide con la búsqueda.
En las medidas de esta categoría.