Modelo autonómico, financiación territorial, Ceuta y Melilla, presencia del Estado y mercado único.
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Participación andaluza en la gestión de los centros del CSIC y del Instituto Español de Oceanografía en Andalucía.
Porque los centros estatales en Andalucía deben contar con Andalucía.
El nuevo sistema no garantizará a las comunidades más ricas que sigan recibiendo más.
Porque la ordinalidad asegura más a quien más tiene y perpetúa la desigualdad entre territorios.
Contar la población de 0 a 18 años, el alumnado universitario, el riesgo de pobreza, el paro y la temporalidad.
Porque prestar servicios cuesta más donde hay más población joven, más pobreza y más paro.
Al menos el 55 % del IRPF y el 70 % del IVA y de los impuestos especiales para las comunidades, todo en el fondo de garantía.
Porque las comunidades pagan la sanidad y la educación con unos ingresos insuficientes.
Recursos inmediatos mientras se aprueba el nuevo sistema, con calendario plurianual.
Porque Andalucía no puede esperar años a que se apruebe un nuevo sistema.
Condonación de la parte de la deuda causada por la falta de financiación, quita del FLA e intereses hacia el 0 %.
Porque esa deuda se debe a la infrafinanciación, no a una mala gestión.
Cuantificar y pagar el déficit de inversión con el que Andalucía llegó a la autonomía, como obliga la disposición adicional segunda del Estatuto, y compensar la nueva deuda que ha dejado la infrafinanciación.
Porque el Estatuto la reconoce y nadie la ha pagado entera.
Cálculo contrastado de lo que Andalucía ha dejado de recibir desde 2009: Fedea estima unos 1.634 millones al año, y en 2024 cada persona andaluza recibió 193 euros menos que la media.
Porque hace falta un cálculo independiente de lo que Andalucía ha dejado de recibir.
Dotación suficiente para que cumpla su función constitucional.
Porque el fondo creado para corregir desigualdades apenas tiene dinero.
El máximo nivel de autonomía, competencias y financiación en cualquier reforma constitucional.
Porque Andalucía conquistó en 1980 el mismo autogobierno que las nacionalidades históricas.
Un Estado de pueblos libres e iguales como horizonte del andalucismo.
Porque los pueblos que forman el Estado deben relacionarse como iguales.
Informe público de su cumplimiento y calendario de todos los traspasos pendientes, cada uno con su financiación.
Porque hay competencias reconocidas en el Estatuto que todavía no se han traspasado.
Con su financiación y participación real de Andalucía en la planificación ferroviaria.
Porque los trenes que usa la gente cada día deben gestionarse desde Andalucía.
Gestión exclusiva de la cuenca por la Junta.
Porque el Guadalquivir es un río andaluz y el Estatuto lo reconoce.
Despliegue progresivo, coordinado con el resto de cuerpos.
Porque otras comunidades ya tienen su policía autonómica.
Más competencias y medios en justicia y constitución del Consejo de Justicia de Andalucía.
Porque la justicia necesita más medios y más cercanía.
Más capacidad sobre los impuestos de competencia autonómica.
Porque una agencia tributaria propia mejora la gestión de los impuestos andaluces.
Voz andaluza propia en las decisiones estatales que afectan a Andalucía.
Porque las decisiones del Estado que afectan a Andalucía se toman sin Andalucía.
Traspaso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como ya tienen Cataluña y el País Vasco, coordinada con la estatal.
Porque Cataluña y el País Vasco ya la tienen, y aquí el fraude laboral es mayor.
Gestión de las prestaciones por desempleo junto a las políticas activas de empleo que ya lleva la Junta, sin romper la caja única de la Seguridad Social.
Porque la Junta ya gestiona el empleo y tiene sentido que gestione también el paro.
Gestión de las becas y ayudas al estudio estatales, como ha avalado el Tribunal Constitucional.
Porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que las comunidades pueden gestionarlas.
Traspaso de las vías de alta capacidad que discurren solo por Andalucía y vuelven al Estado al acabar su concesión, como la AP-4, con la financiación de su mantenimiento.
Porque si la autovía es solo andaluza, su gestión también debe serlo.
Participación real de Andalucía en la planificación y gestión de los aeropuertos de AENA y de los puertos de interés general de su territorio.
Porque los puertos y aeropuertos andaluces se deciden en Madrid.
Participación en la gestión de los seguros agrarios y en la organización del mercado pesquero y acuícola del litoral andaluz.
Porque el campo y el mar andaluces necesitan decisiones tomadas desde aquí.
Que una parte de las ayudas estatales a la cinematografía se gestione desde Andalucía.
Porque el cine andaluz necesita recursos gestionados desde Andalucía.
Objetivos medibles para acercar a Andalucía a las regiones más prósperas en renta, productividad y salarios.
Porque Andalucía sigue a la cola en renta y salarios desde hace décadas.
Partidas identificables, comisión de seguimiento e informe anual al Congreso de lo presupuestado frente a lo ejecutado.
Porque el Estado presupuesta inversiones en Andalucía que luego no ejecuta.
Plan para compensar el déficit de inversión estatal acumulado en Andalucía.
Porque años de inversión por debajo de lo prometido han dejado un déficit enorme.
Traslado de sedes de organismos estatales, empezando por el Instituto Español de Oceanografía, el IDAE y la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Porque los organismos del Estado se concentran casi todos en Madrid.
Participación andaluza en las decisiones sobre empresas públicas que operan en Andalucía.
Porque las empresas públicas que operan en Andalucía deben contar con Andalucía.
Estable y financiado en los Presupuestos Generales del Estado, con más aportación estatal al Programa de Fomento del Empleo Agrario y transferencias en plazo.
Porque el paro andaluz es el más alto del Estado.
Campo de Gibraltar, Costa Noroeste, La Janda, Sierra de Cádiz y las que se identifiquen en cada provincia.
Porque hay comarcas con un paro que dobla la media.
Recursos suficientes e incondicionados para los ayuntamientos, superando el modelo actual de participación en los ingresos del Estado.
Porque los ayuntamientos prestan muchos servicios sin recibir el dinero que cuestan.
Más financiación y personal fuera de la tasa de reposición para los pueblos de menos de 20.000 habitantes con gran parte de su suelo protegido por patrimonio o espacios naturales.
Porque proteger el territorio no puede dejar a esos pueblos sin recursos.
Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y flexibilizar la regla de gasto, para que los ayuntamientos vuelvan a prestar los servicios que la ciudadanía necesita y puedan usar su superávit en servicios y vivienda.
Porque la reforma local de 2013 quitó competencias y margen a los ayuntamientos.
Las comarcas como base de la organización territorial, con servicios repartidos y no concentrados en las capitales.
Porque las comarcas son la forma natural de organizar los servicios en Andalucía.
Apoyo y descuentos en el transporte para las andaluzas y andaluces emigrados que quieran volver.
Porque miles de jóvenes andaluces se fueron y quieren volver.
Restauración y protección legal del antiguo humedal, en colaboración con la Junta.
Porque la Laguna de la Janda fue uno de los grandes humedales de Europa y se puede recuperar.
Seguimiento público de las prospecciones y evaluación de su impacto sobre el parque natural, los pastos y la trashumancia.
Porque las prospecciones de tierras raras amenazan un parque natural.
Incorporarla al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, y apoyo a la declaración de la Sierra de Mijas y Alpujata como parque natural, que corresponde a la Junta.
Porque Sierra Bermeja tiene valores únicos que merecen la máxima protección.
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Resolver la crisis de Ceuta será una prioridad desde el primer Consejo de Ministros. Procederemos a las devoluciones de quienes entraron ilegalmente y no tengan derecho a permanecer en España. Fortaleceremos físicamente la frontera y reclamaremos la cooperación de Marruecos en las readmisiones. Aprobaremos el Plan de Reactivación de Ceuta para que el respaldo del Estado continúe después de la emergencia. Reforzaremos la plantilla del hospital público e impulsaremos la construcción de nuevas viviendas para atender las necesidades de la población ceutí. Construiremos nuevas dependencias para la Policía Nacional y la Guardia Civil y desarrollaremos una base militar única.
Aprobaremos un nuevo modelo de financiación para ambas ciudades, blindando su marco fiscal e inversor y las bonificaciones en las cotizaciones de las actividades esenciales. Fortaleceremos los servicios estatales y sus plantillas. Una nueva ley permitirá adaptar la normativa urbanística y de suelo a las necesidades de Ceuta y Melilla. Impulsaremos su incorporación al Comité Europeo de las Regiones, para que las dos ciudades tengan voz propia en Europa.
En los primeros seis meses revisaremos oficinas, plantillas e instalaciones por Comunidad Autónoma, provincia, isla y ciudad autónoma, y con ese diagnóstico aprobaremos un Plan Nacional de Presencia del Estado con recursos y calendario. Actuaremos primero donde esa presencia se haya debilitado, con especial atención al País Vasco, Navarra y Cataluña. Cubriremos vacantes, incentivaremos los destinos de difícil cobertura, rehabilitaremos oficinas, comisarías y cuarteles y reforzaremos delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Defendemos el Estado de las Autonomías y el autogobierno de las Comunidades Autónomas en el marco de la Constitución. Cada Administración debe ejercer sus competencias y responder por ellas. El Estado ejercerá por sí mismo, en todo el territorio, las competencias exclusivas que la Constitución le atribuye. En las competencias que ya gestionan las Comunidades Autónomas, impulsaremos estándares comunes y sistemas digitales que se comuniquen entre sí.
Recuperaremos en el Código Penal el delito de sedición, adaptado a la legislación contemporánea, y el de convocatoria de referéndum ilegal. Las ideas pueden defenderse democráticamente, pero ningún proyecto político está por encima de la ley.
La gestión de los tributos del Estado no se fragmentará más. Reforzaremos la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos de dirección de la Agencia Tributaria para hacer más transparentes sus decisiones, preservando su unidad. Blindaremos legalmente la caja única de la Seguridad Social: las cotizaciones seguirán financiando las pensiones y prestaciones en toda España, sin dividir los recursos por territorios.
No habrá cesiones en materia de igualdad básica, Hacienda general, Seguridad Social, Defensa y Fuerzas Armadas, política exterior y política migratoria y fronteras a cambio de apoyos para formar o sostener un Gobierno. Preservaremos la capacidad del Estado para cumplir sus responsabilidades y evaluaremos cualquier transferencia por sus efectos sobre la igualdad de los españoles.
Cambiar de Comunidad Autónoma no significará perder prestaciones, empezar de cero un trámite o recibir peor atención. Fortaleceremos la Alta Inspección del Estado para que compruebe que los derechos reconocidos por ley nacional se ejercen en toda España.
Fijaremos por ley, sector a sector y de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los requisitos comunes para ejercer una actividad en España, de modo que una licencia, una autorización o una inscripción obtenidas en una comunidad sirvan en todas las que compartan esos requisitos. Cualquier exigencia autonómica adicional tendrá que ser necesaria y proporcionada, y quien encuentre una traba injustificada podrá denunciarla, con respuesta en un plazo breve y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia legitimada para llevarla a los tribunales.
Estableceremos criterios de prioridad en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos para procurar la asignación prioritaria a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con España. Se tendrán en cuenta, entre otros elementos, el empadronamiento, la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. Estos criterios se aplicarán dentro de los límites constitucionales y europeos, por lo que no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad.
Convocaremos la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para sentar las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica, que se acordará de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se llevará a las Cortes. Se aprobará un fondo de nivelación transitorio, financiado con recursos del Estado, que estará vigente hasta el momento en que entre en vigor el nuevo sistema de financiación. El nuevo sistema ampliará los recursos del conjunto de las Comunidades Autónomas y garantizará recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, de forma muy particular en el ámbito de la sanidad. Las autonomías podrán definir sus propias políticas tributarias dentro de sus competencias y responderán de sus gastos. La AIReF y el Ministerio de Hacienda participarán en el análisis del modelo.
Ninguna de las Comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema. Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello.
. Cada Comunidad responderá de sus decisiones y de su deuda. Trabajaremos de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las mismas reglas para todas, en una reestructuración de la deuda de las Comunidades Autónomas. Retiraremos de forma gradual los mecanismos extraordinarios de financiación a medida que las Comunidades recuperen su autonomía financiera y vuelvan a acudir a los mercados. Los mecanismos excepcionales para situaciones de crisis tendrán reglas previas, transparentes y comunes para todos. Las Comunidades y Ciudades Autónomas tendrán un tratamiento específico en caso de emergencias o grandes catástrofes, como en el caso de Ceuta o Valencia.
Pondremos en marcha un nuevo sistema de financiación local, estable, equitativo y coordinado con el autonómico. La financiación local premiará a los ayuntamientos que faciliten suelo y vivienda asequible. Revisaremos las transferencias y los tributos locales o cedidos, teniendo en cuenta también la población estacional y la dispersión poblacional. Reformaremos la Ley de Residuos para que los ayuntamientos puedan decidir sobre la tasa. Trabajaremos con los ayuntamientos que se encuentran en una peor situación financiera, estableciendo un nuevo marco para su deuda que les dé un nuevo horizonte de gestión e inversión. Revisaremos las competencias impropias que han ido asumiendo los ayuntamientos, regulándolas y dotándolas de financiación donde resulte necesario.
Aprobaremos el Estatuto de los Pequeños Municipios para reducir su burocracia, agilizar la contratación y facilitar que compartan personal y servicios. Aumentaremos el apoyo de las diputaciones en la gestión y la prestación de servicios. Ninguna obligación nueva del Estado llegará a un ayuntamiento sin financiación para cumplirla.
Destinaremos ayudas directas para los municipios de menos de 250 habitantes, para sostener sus servicios básicos, mantener sus infraestructuras y acceder a proyectos europeos y subvenciones. Estas ayudas reforzarán el abastecimiento de agua, la recogida de residuos, el alumbrado y la asistencia técnica al personal municipal. Esta inversión permitirá atender también los aumentos de población durante las vacaciones. Su tramitación será sencilla y adaptada a los medios de los ayuntamientos más pequeños.
Compensaremos las desventajas de la insularidad y la ultraperiferia y tendremos en cuenta sus costes en las leyes, los planes y las inversiones del Estado. Aseguraremos conexiones marítimas y aéreas regulares y suficientes para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, tanto para viajeros como para mercancías, con obligaciones de servicio público en las rutas justificadas y alternativas ante interrupciones. Adecuaremos los aeropuertos insulares a la demanda e impulsaremos mejoras en las infraestructuras de agua, energía y telecomunicaciones para garantizar los suministros. Estableceremos incentivos para atraer y retener empleados públicos en destinos insulares y ultraperiféricos de difícil cobertura, atendiendo al coste de la vida y la lejanía.
Las Comunidades Autónomas seguirán decidiendo con libertad sobre sus impuestos propios y cedidos, dentro de sus competencias, y podrán bajarlos cuanto quieran.
Ver en el exploradorFicha de BNG
Un novo modelo de financiamento baseado no concerto económico e na bilateralidade co Estado. Trátase de que Galiza recade todos os impostos e teña capacidade para decidir como os inviste, na perspectiva de poder desenvolver políticas sociais, de desenvolvemento económico autocentrado e de blindaxe de servizos públicos universais e de calidade.
Impulsar, no inmediato, a revisión do modelo de financiamento local, reformando o sistema de Participación nos Ingresos do Estado para que deixe de penalizar e
discriminar os concellos galegos e atenda a realidade poboacional e xeográfica do noso País.
Posta en marcha dunha Facenda Galega, como instrumento esencial do novo modelo de financiamento. En consonancia, capacidade plena de Galiza para implantar unha política fiscal propia, que responda a criterios de xustiza e redistribución social e que garanta que todas as empresas que operan no noso país paguen aquí os tributos que corresponder, de forma que permita facer uso pleno dos nosos recursos económicos para os colocar ao servizo do pobo galego.
Transferencia das competencias en materia de relacións laborais, co obxectivo de que Galiza teña plena capacidade lexislativa e normativa para estabelecer un marco galego de relacións laborais visando blindar a negociación colectiva e garantir traballo digno e con dereitos para toda a poboación. Tamén para poder estabelecer unha renda social básica que permita desfrutar de condicións de vida dignas e participación social plena a toda a poboación galega, sen exclusións de ningún tipo.
Transferencia das competencias en materia de Seguranza Social e pensións, co obxectivo de garantir un sistema sanitario e de atención social ben financiado e unhas pensións dignas para as persoas xubiladas.
Traspaso das competencias en materia de seguranza pública, policía xudicial e fiscal, así como garda de tránsito, para o que será despregado o corpo da Policía Galega.
Traspaso das competencias en infraestruturas de transporte de interese xeral: portos de interese xeral, aeroportos e control de tráfico aéreo en Galiza, alén de estradas e camiños de ferro que discorren por territorio galego.
Transferencia das competencias en materia de costas e do dominio público marítimo-terrestre, tanto as normativas en materia de protección do litoral como aquelas de intervención e xestión (autorizacións de instalacións na costa galega). Tamén se afrontará o traspaso das competencias sobre as
bacías hidrográficas (transferencia plena da Confederación Hidrográfica Miño-Sil).
Transferencia das competencias e servizos de salvamento marítimo e gardacostas, así como dos centros do Instituto Español de Oceanografía na Coruña e en Vigo.
Traspaso AP-9 (Ferrol-A Coruña-Vigo) e AP-53 (Santiago-Lalín) e nacionalización destas infraestruturas para acabar co espolio económico que representan actualmente.
Traspaso dos fondos e competencias relacionadas co fomento da industria cinematográfica e audiovisual galega.
Traspaso a Galiza dos arquivos, bens e fondos documentais, culturais e históricos, que se achan espallados en diversas institucións e organismos do Estado.
Traspaso das competencias en materia deportiva do Consello Superior de Deportes e das federacións deportivas. Galiza participará, con pleno dereito, en todas as disciplinas, nas competicións deportivas internacionais oficiais.
En todo o caso, traspaso á Administración Galega de todas aquelas competencia previstas e que aínda detén a Administración do Estado.
Ver en el exploradorFicha de SY
Incentivación positiva en todas las líneas de subvenciones para beneficiarios ubicados en zonas muy despobladas.
Consecución de nuestro objetivo 100 megas/30 kilómetros/30 minutos para las zonas rurales. 100 megas de acceso a internet de alta velocidad (100 Mbps) en los pueblos, 30 kilómetros de distancia a los servicios esenciales (sanidad, educación, administración, comercio básico), 30 minutos de acceso a una vía de alta capacidad.
Establecer que la provincia de Soria sea la mayor receptora de los fondos de compensación interterritorial gestionados desde la Junta de Castilla y León, al objeto de compensar las diferencias existentes entre Soria y el resto de la Comunidad.
Introducir incentivos (profesionales, económicos, de promoción, formación,…) para plazas de difícil cobertura en la provincia de Soria. Para el reparto de fondos públicos, desechar como único criterio el número de habitantes, introduciendo otros como el componente de la despoblación, el envejecimiento, la evolución demográfica en los últimos años y el coste de la dispersión.
En fondos públicos cuyo reparto provincializado se hace atendiendo a criterios de población, para el caso de provincias despobladas como Soria,
partir siempre de un presupuesto mínimo, con independencia de que no sea el que correspondería por número de habitantes.
Establecer, con la dotación presupuestaria y de medios acorde a la dispersión demográfica, una serie de oficinas móviles de servicios que actualmente sólo se dan en la capital de provincia, para que puedan ofrecerse en las cabeceras de comarca coincidiendo con los días de mercado.
En el caso concreto de Soria, la provincia más afectada por la despoblación en España, la falta de una ordenación territorial agrava todavía más sus problemas. La dispersión de pequeños municipios, la escasez de infraestructuras estratégicas y la limitada atracción de inversiones encuentran mayores obstáculos cuando no existe una planificación que priorice el reequilibrio territorial. La falta de ordenación territorial condiciona el desarrollo futuro de Soria y su capacidad para frenar la despoblación y fortalecer su tejido económico y social. Por ello trabajaremos para exigir al futuro gobierno de Castilla y León.
La aprobación de una Ley específica de Ordenación Territorial consensuada, con participación real de ayuntamientos, diputaciones y sociedad civil,
reformando de forma profunda el actual modelo de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios, que se diseñó pero luego se metió en un cajón.
Inclusión en la ordenación territorial de Castilla y León de criterios demográficos, geográficos y socioeconómicos como base legal (densidad, envejecimiento, dispersión, accesibilidad, evolución demográfica).
Elaboración de un Mapa de Desequilibrios Territoriales, que contenga una auditoría de servicios públicos por municipio. Creación de comarcas administrativas reales, no solo mapas teóricos, basadas en la movilidad real de la población, en las relaciones económicas y sociales, en la accesibilidad a servicios (máximo 30 minutos), con cabeceras comarcales reforzadas como nodos administrativos, sanitarios y educativos.
En el caso de Soria, reconocimiento de su singularidad por la baja densidad poblacional.
Este nuevo modelo de ordenación territorial se diseñará a través de un proceso de participación comarcal (no solo provincial), realizando una evaluación independiente del impacto económico y demográfico y basándose en criterios demográficos reales. El mapa territorial resultante ha de priorizar la cohesión y no solo la eficiencia administrativa, garantizando los servicios básicos en todos los municipios, independientemente de su tamaño.
Y en definitiva trabajaremos por todo aquello que haga que los ciudadanos sorianos, disfrutemos de los mismos servicios y de las mismas oportunidades que el resto de castellanos y leoneses.
Ver en el exploradorFicha de ERC
Esquerra Republicana va arrencar el compromís del PSC i de l’executiva federal del PSOE d’impulsar un sistema de finançament singular basat en els ingressos, pel qual Catalunya recaptés tots els impostos generats a Catalunya i l’Estat espanyol en sufragués els costos mitjançant un percentatge de participació en aquests impostos. Prenent aquest punt de partida, el passat gener de 2026 es va acordar un nou model de finançament amb el Govern de l’Estat que, per primer cop, garantia l’ingrés directe dels impostos i el compliment del principi d’ordinalitat de la despesa per població ajustada, i suposava uns ingressos addicionals de 4.700 MEUR anuals per a Catalunya. El bloqueig parlamentari ha impedit que aquests acords polítics es poguessin posar en funcionament durant l’anterior legislatura. Ara, resulta urgent combatre el dèficit fiscal i garantir el finançament de les institucions catalanes per mitjà de canvis de model en el sentit dels acords esmentats.
Dur a terme la tramitació del projecte de llei impulsat per Esquerra Republicana, que suposa una reducció de deute de la Generalitat equivalent a la inversió que fa en quatre anys. A més, l’eliminació d’aquest deute suposarà un estalvi entorn de 1.500 milions d’euros anuals en interessos abonats per la Generalitat de Catalunya.
Els ens locals són unes de les administracions més mal finançades de l’Estat. Cal reformar el model d’ingressos i augmentar els recursos propis de què disposen per reduir la dependència de l’Estat i permetre’ls dur a terme inversions clau en mobilitat, habitatge o transició ecològica.
Garantir que la Zona Franca, un pol industrial estratègic que representa gairebé el 4% del PIB del país, depengui de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Les institucions catalanes necessiten controlar aquest ens, que genera prop de 140.000 llocs de feina, per impulsar els canvis necessaris en el model productiu sense dependre del govern espanyol.
Complir amb els acords de la Comissió Bilateral Generalitat Estat de juliol de 2025 sobre l’assumpció de competències en l’IRPF per part de la Generalitat, fent efectius els canvis legislatius pertinents per a la recaptació no només d’aquest tribut sinó de tots els impostos que es generen a Catalunya.
Diversos departaments del govern espanyol i altres organismes de l’Administració General de l’Estat (AGE) retenen la propietat de dotzenes d’edificis de diverses naturaleses i ubicacions. Des del front litoral de Barcelona fins a les casernes abandonades de la Guàrdia Civil, passant pels edificis de la Tresoreria General de la Seguretat Social no destinats a cap finalitat relacionada amb aquesta entitat. És necessari que se’n faci el traspàs a la Generalitat de Catalunya i, si escau, als ajuntaments, a títol gratuït per posar-los al servei de la ciutadania del nostre país. Molt especialment, cal que el govern espanyol, donant compliment a les competències exclusives en habitatge de la Generalitat de Catalunya, traspassi tots els habitatges de la SAREB i la resta d’organismes que depenen de l’AGE situats a Catalunya, conjuntament amb els recursos necessaris per rehabilitar-los i destinar-los a habitatge de protecció oficial.
Culminar el traspàs previst a l’Estatut d’Autonomia, incloent-hi totes les funcions inspectores que encara romanen en l’àmbit estatal, com també el personal inspector i subinspector necessari per exercir-les, garantint-ne la dependència orgànica i funcional de la Generalitat de Catalunya, i dotant-la dels recursos econòmics, materials i organitzatius corresponents. Cal que el govern del país disposi de la capacitat plena per planificar, dirigir, organitzar i executar la funció inspectora en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social a Catalunya, amb un model integral, coordinat i adaptat a les necessitats del mercat de treball català.
Acordar amb l’Estat les cessions, delegacions i traspassos de competències i de béns patrimonials i personals necessaris a la Generalitat de Catalunya per fer efectiu el pagament de les prestacions contributives per atur i les prestacions assistencials per desocupació des del SOC. La ciutadania ha de poder accedir a un servei públic d’ocupació únic tant per a les polítiques actives com per a les polítiques passives d’ocupació.
Ver en el exploradorFicha de CC
Exigiremos un calendario verificable para completar los traspasos y desarrollos pendientes del Estatuto de Autonomía, con medios económicos, personal y recursos materiales suficientes. Incluiremos la gestión del transporte aéreo interinsular y las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras previstas en el Estatuto. Nos opondremos a la recentralización y a cualquier retroceso en la capacidad de Canarias para decidir sobre sus asuntos.
Defenderemos que una eventual reforma constitucional recoja las singularidades derivadas de la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia. Las garantías que necesita Canarias deben mantenerse con independencia de los cambios de Gobierno.
Impediremos que los recursos del REF se computen como financiación ordinaria de la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales. La compensación por la lejanía y la insularidad no puede restarse de lo que corresponde a Canarias para atender a su población.
Exigiremos un sistema de financiación autonómica suficiente y estable que reconozca el coste real de prestar servicios en un archipiélago alejado. Deberá tener en cuenta la población efectiva y su evolución, la fragmentación territorial, la pobreza y el envejecimiento, para planificar de forma estable los centros, las plantillas y las prestaciones.
Reclamaremos al Estado el desarrollo y la ampliación de los traspasos de competencias ejecutivas y de gestión sobre el litoral previstos en el Estatuto y en la propuesta de Decreto Canarias, con medios suficientes. La gestión deberá atender a las singularidades de las islas, proteger el dominio público y coordinarse con los cabildos y ayuntamientos.
Incorporaremos sus propuestas a la acción común en las Cortes Generales. Defenderemos recursos suficientes y competencias claras para que puedan responder a las necesidades de su población. Reclamaremos estabilidad en su participación en los tributos del Estado y en los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial que correspondan a Canarias. La experiencia de los pueblos, los barrios y cada isla debe contar al fijar nuestras prioridades.
Ver en el exploradorFicha de VOX
• Expulsión de todos los invasores con carácter inmediato. Defender la españolidad de Ceuta y Melilla, y a los trabajadores, familias y empresas de estas dos ciudades españolas.
• Militarización de la frontera para repeler cualquier intento futuro de invasión o ataque híbrido. Refuerzo de la protección de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, sus aguas bajo soberanía española y su espacio aéreo.
• Realizar un plan de inversiones que garantice el futuro y la prosperidad de ambas ciudades y su protección. Garantizar la libertad y seguridad de las familias españolas residentes en territorio nacional atacado y establecer medidas para evitar futuras invasiones así como reparar las consecuencias sociales, económicas y psicológicas de la producida en Ceuta.
• Promover ante la Justicia el procesamiento a Pedro Sánchez y su gobierno por traición y delitos contra la seguridad del Estado por su actuación durante la invasión sufrida en Ceuta.
• Impulsar sanciones, suspender acuerdos internacionales y revisar las relaciones diplomáticas hasta que Marruecos respete las fronteras y la soberanía de España.
Poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la calidad de los servicios públicos, la igualdad y los derechos de todos los españoles con independencia del lugar de España en el que residan, especialmente en los ámbitos de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.
Ley de Unidad de Mercado. Lo que es legal en una región de España, lo es en toda España. Una misma actividad económica no debe quedar sometida a requisitos administrativos diferentes e injustificados por razón del territorio en el que se ejerza. Cualquier empresa, profesional o producto que ya opere legalmente en una Comunidad Autónoma podrá hacerlo en el resto del territorio nacional sin trámites, licencias ni registros adicionales. Garantizar la unidad del mercado nacional mediante la eliminación de trabas administrativas y duplicidades regulatorias: no puede ser que un autónomo, un comerciante o un fabricante tenga que pedir diecisiete permisos distintos para vender lo mismo.
Recuperar el delito de sedición, agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales públicos y prohibir los indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial. Ilegalización de los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que atenten contra la soberanía e independencia de España, su unidad e integridad territorial.
Ver en el exploradorFicha de EAJ-PNV
Exigir las transferencias pendientes y calendarios concretos para completarlas.
Para qué: Para que Euskadi pueda gestionar directamente las políticas y servicios que le corresponden, con decisiones más cercanas a sus necesidades.
Defender y ampliar la capacidad de las instituciones vascas para gestionar recursos y tomar decisiones fiscales.
Para qué: Para que los recursos recaudados y las decisiones fiscales respondan a las prioridades de Euskadi y de sus instituciones.
Defender el reconocimiento nacional de Euskadi, la bilateralidad y el respeto a la voluntad democrática.
Para qué: Para que Euskadi tenga capacidad efectiva de decidir y sus acuerdos con el Estado no puedan dejarse sin efecto unilateralmente.
Ver en el exploradorFicha de FO
Se acabaron las desigualdades entre regiones.
Ver en el exploradorFicha de SALF
Nos batiremos por una financiación interterritorial justa, solidaria y responsable. Frente a modelos de financiación improvisados ad hoc por el sanchismo para contentar a sus socios separatistas y mantenerse un día más en el poder, defenderemos un sistema justo, solidario y responsable, regido por criterios objetivos y transparentes, iguales para todas las Comunidades Autónomas. Presionaremos con firmeza en esta dirección y denunciaremos incansablemente la utilización de la financiación autonómica, y por tanto de la riqueza, las necesidades y el futuro de los españoles, como moneda de cambio al servicio de intereses políticos. Nos opondremos a las condonaciones de deuda entre administraciones, salvo en caso de catástrofe.
Hoy la bonificación es del 60 % en IRPF y Sociedades y del 75 % en cotizaciones; aun así, Melilla y Ceuta tienen el PIB por habitante más bajo de España (un 35 % y un 28 % por debajo de la media) y un paro del 18,5 %. Con SALF, el residente no paga IRPF, la empresa que crea empleo allí no paga Sociedades durante diez años y la cotización empresarial queda al 0 %. Puerto franco y aduana comercial abierta por España, con o sin Marruecos. Quien invierta en las dos ciudades más castigadas de España no paga por hacerlo. Coste: ≈ 280 M€/año (156 de IRPF, 44 de Sociedades, 73 de cotizaciones): menos de lo que España regala en ayuda exterior en un mes.
Deducción de 1.000 euros en la cuota del IRPF para cada contribuyente residente en Canarias desde la renta de 2027: 1,09 millones de canarios. Zona Especial Canaria al 0 % de Sociedades (hoy, 4 %) para la empresa que cree cinco empleos en las islas. Y el 75 % de residente en avión y barco, pagado a las compañías en 30 días: el Estado debe hoy 810 millones y pone en riesgo las rutas. La distancia a la Península no puede ser también una factura fiscal. Coste: ≈ 880 M€/año (870 de IRPF, 11 de la ZEC).
Ver en el exploradorFicha de PH
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