Crimen organizado, reincidencia, disturbios, violencia contra las mujeres y Fuerzas de Seguridad.
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Juzgados especializados en el Campo de Gibraltar, control patrimonial y prevención en los barrios con policía de proximidad, deporte y FP.
Porque el narcotráfico está blanqueando dinero y captando jóvenes en el Campo de Gibraltar.
Más financiación, finalista y plurianual, que llegue a los ayuntamientos.
Porque la violencia machista no se combate sin dinero.
Ampliar la Ley Integral contra la Violencia de Género y la de libertad sexual, con el acento en la prevención.
Porque la prevención es la forma más eficaz de evitar víctimas.
Más personal especializado, con Trabajo Social en todos los equipos, revisión periódica de los criterios de riesgo con expertas y control telemático del agresor desde el riesgo medio.
Porque muchas mujeres asesinadas tenían un riesgo valorado como bajo.
Que la reconozca en todas sus formas y proteja a hijas e hijos desde el primer indicio.
Porque los maltratadores usan a hijas e hijos para hacer daño a las madres.
Suspensión cautelar del régimen de visitas con orden de alejamiento o en recurso de acogida.
Porque un maltratador no puede ser un buen padre.
Prestación específica, compatible con el alquiler protegido, y orfandad completa para hijas e hijos de víctimas.
Porque salir de la violencia es más difícil si no hay ingresos.
Ayudas de hasta el 100 % del alquiler y viviendas transitorias.
Porque muchas mujeres no dejan al maltratador por no tener a dónde ir.
Asistencia jurídica antes, durante y después del juicio y formación permanente de la judicatura y las fuerzas de seguridad.
Porque las víctimas necesitan acompañamiento durante todo el proceso.
Juzgados de violencia y unidades de valoración forense descentralizados por comarcas.
Porque denunciar no puede obligar a recorrer la provincia.
Tipificarlo como delito propio.
Porque nombrar el feminicidio es reconocer que se mata a las mujeres por ser mujeres.
Equiparar las ayudas e indemnizaciones a las víctimas de violencia machista y a sus huérfanos con las de las víctimas del terrorismo.
Porque las víctimas de la violencia machista merecen la misma reparación que otras víctimas.
Protocolos para mujeres mayores, con discapacidad, migrantes, gitanas y del medio rural.
Porque las mujeres más vulnerables son las que menos acceden a la protección.
Las víctimas podrán entrar con sus animales de compañía en las casas de acogida.
Porque muchas mujeres no dejan su casa por no abandonar a sus animales.
Y refuerzo de la adopción pública.
Porque los cuerpos de las mujeres no se compran ni se alquilan.
Todas sus formas, sexual y laboral, con protección y reparación integral de las víctimas, alternativas de vida e ingresos y asistencia sin condicionarla a la denuncia.
Porque la trata es una forma de esclavitud que hay que combatir en todas sus formas.
Prohibición expresa en la ley, formularios de identificación con datos públicos y un mecanismo independiente de quejas.
Porque parar a alguien por su color de piel es discriminación.
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Reforzaremos las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur. Renovaremos y mejoraremos la calidad de la flota marítima y aumentaremos el número de helicópteros de patrulla nocturna y drones. Los agentes tendrán protección jurídica y medios para detener narcolanchas sin poner en riesgo sus vidas. Invertiremos en equipos de inspección más avanzados para escanear los contenedores de las rutas de mayor riesgo en Algeciras, Valencia, Barcelona y Vigo, y para reforzar el control de mercancías en los puertos pesqueros andaluces. Utilizaremos georradar para localizar los túneles del narco. Declararemos zona de especial singularidad el litoral andaluz, con refuerzos de plantilla e incentivos para los agentes. Haremos las reformas legales precisas para asfixiar económicamente al crimen organizado. Impulsaremos, con las administraciones competentes, un plan de empleo, formación y vivienda con un horizonte mínimo de diez años para frenar el reclutamiento de jóvenes por las mafias. Los medios que sean aprehendidos a las mafias serán destinados a reforzar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a fines de rehabilitación de personas.
Impediremos que nadie haga del hurto y la ocupación un modo de vida. Impulsaremos los juicios rápidos, facilitaremos la tramitación conjunta de delitos leves relacionados y mejoraremos el acceso policial a los antecedentes necesarios para investigar, con las garantías legales.
Manifestarse es un derecho; sembrar el caos, participar en disturbios violentos y atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es un delito. Reformaremos el delito de desórdenes públicos para ampliar las conductas castigadas y endurecer las penas por participar en disturbios violentos que atenten contra las personas, los agentes de la autoridad y el patrimonio público y privado. Fortaleceremos la cobertura legal y la seguridad jurídica de la actuación policial preventiva ante indicios objetivos de violencia organizada, con reglas claras que protejan los derechos y libertades individuales, y regulen la incautación anticipada de instrumentos peligrosos, la identificación de quienes ocultan su rostro y la disolución de concentraciones violentas.
Actuar con el rostro cubierto para evitar la identificación durante la comisión de actos violentos, vandálicos o delictivos tendrá consecuencias más graves. Esta circunstancia agravará la responsabilidad penal, recuperando la agravante que el Gobierno eliminó del Código Penal en 2022.
Ampliaremos el castigo de la provocación, la conspiración y la proposición para que alcance a todas las modalidades de desórdenes públicos violentos, así como a quienes preparen incendios o daños graves en el marco de estos disturbios. Recuperaremos y ampliaremos el castigo específico de la difusión pública de mensajes o consignas que inciten a cometer actos violentos o refuercen la decisión de hacerlo. Cuando se utilicen redes sociales, plataformas digitales o páginas web para incitar, convocar, organizar o coordinar estos actos, la pena será mayor. También elevaremos las penas ya previstas para las multitudes organizadas capaces de alterar gravemente el orden público.
Elevaremos la multa mínima a 3.000 euros para quienes participen activamente en actos de vandalismo contra bienes públicos o privados durante desórdenes multitudinarios que alteren gravemente la seguridad ciudadana, cuando su conducta no constituya delito. Agilizaremos la valoración de los daños y el pago de las indemnizaciones que correspondan a los comerciantes afectados, reforzando la coordinación entre el Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades aseguradoras.
Además de la responsabilidad civil que ya corresponda por los daños causados, estableceremos consecuencias para los padres o tutores que, con conocimiento de la participación reiterada del menor en actos violentos y pudiendo razonablemente impedirla, incumplan de forma grave sus deberes de guarda y vigilancia.
Castigaremos como delito propio la captación y utilización de menores para cometer delitos. Aprobaremos un plan contra las bandas juveniles y las armas blancas. Reformaremos la Ley del Menor para que en delitos graves cometidos con violencia, armas o en el seno de bandas o grupos organizados se incremente el tiempo de internamiento en centros cerrados, acompañado de formación y educación.
Lo haremos con una presencia policial visible y sostenida y con las reformas legales necesarias para luchar contra la ocupación y para el desalojo inmediato y la eliminación de los narcopisos. Ayudaremos a los ayuntamientos, especialmente a los medianos y pequeños, a financiar videovigilancia en los espacios de mayor riesgo. Actuaremos también para prevenir la degradación del espacio público. Pondremos en marcha un programa de prevención en los colegios frente a las drogas y las bandas. Impulsaremos la formación profesional para los jóvenes en riesgo.
Garantizaremos la fiabilidad de los dispositivos que vigilan las órdenes de alejamiento. El sistema pasará a depender del Ministerio del Interior, con supervisión continua de las fuerzas de seguridad, y conservaremos íntegros sus datos para que sirvan como prueba. Dotaremos de más medios a las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil y reforzaremos la valoración del riesgo y los planes individuales de seguridad, con protección también para los hijos de las víctimas de violencia de género. Integraremos los servicios asistenciales autonómicos y municipales en VioGen para que Policía, Justicia y asistencia actúen sin dejar espacios de desprotección. Cada año rendiremos cuentas del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Dotaremos de más medios y mayor especialización a las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales.
Aprobaremos una ley integral contra la trata de seres humanos para proteger a las víctimas y perseguir a las redes que se lucran con ellas. Fijaremos criterios comunes en toda España para detectar, prevenir y actuar ante la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados, y puertos, aeropuertos y fronteras dispondrán de un protocolo para identificar los viajes de riesgo.
Se aplicará al asesino que oculte el cadáver o se niegue a revelar dónde está, y a los depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan en defensa de la ley, el orden y la convivencia. Estableceremos que la actuación de los agentes se valore conforme a las circunstancias, información y nivel de amenaza que el agente conocía en el momento de intervenir. La Administración prestará defensa jurídica efectiva y desde el primer momento a los agentes y se personará en todos los procedimientos por agresiones, amenazas y coacciones sufridas con ocasión del servicio.
Reconoceremos a Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo, culminaremos el acuerdo de equiparación salarial y actualizaremos las dietas. Planificaremos las convocatorias de plazas, renovaremos sus medios y reforzaremos la atención a su salud mental. Seguiremos avanzando en la mejora de las condiciones profesionales de los funcionarios de prisiones, con protocolos eficaces frente a las agresiones, asistencia jurídica y psicológica y mejora de los medios materiales y humanos.
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Máxima seguridad para asesinos, agresores sexuales, narcotraficantes, crimen organizado, terroristas, multirreincidentes violentos y políticos corruptos. Sin permisos, sin tercer grado, sin teléfono. Donde se ha hecho, los homicidios cayeron de 105 a 1 por 100.000 habitantes. Coste de obra: ≈ 3.000 M€, pagados con lo decomisado al narco y al crimen organizado.
Violadores, asesinos, narcos y corruptos: cumplimiento íntegro, sin reducción ninguna ni permisos. Prisión permanente revisable por violación a menores o con lesiones graves. Tres condenas: prisión sin suspensión.
Registro público de reincidentes, pulsera telemática de por vida y castración química voluntaria como condición de cualquier beneficio penitenciario.
Equiparación salarial real en dos años, jubilación a los 60 sin penalización y reconocimiento de profesión de riesgo. Hoy cobran 7.500 euros menos al año y trabajan 130 horas más.
Apoyo permanente de la Armada y el Ejército del Aire, 180 millones en lanchas, drones y medios aéreos, y decomiso civil de todo bien del narcotráfico. Cuatro guardias civiles muertos por narcolanchas desde 2024.
Presunción legal de legítima defensa en tu vivienda o negocio, incluido el uso de armas de fuego legalmente tenidas: quien irrumpe por la fuerza o de noche asume las consecuencias. La acusación tiene que probar el exceso, no la víctima. Licencia de arma para defensa del domicilio sin trabas para ciudadanos sin antecedentes.
El agente que investiga a un político obedece al juez, no al ministro. La injerencia política es delito. Ningún policía vuelve a fichar periodistas por encargo.
La UCO tiene 580 plazas y 3,5 millones de presupuesto propio; la UDEF ha perdido la mitad de sus agentes desde 2022. Resultado: 600 cuentas bancarias y 300 móviles sin analizar, informes con meses de retraso y causas que prescriben por falta de manos. Plan 2027-2029: UCO de 580 a 1.800 agentes, UDEF de 320 a 1.000, 1.200 más en UDYCO y Vigilancia Aduanera, peritos contables y laboratorio forense propio. Partida finalista blindada por ley: ningún ministro puede recortarla ni apartar a un investigador. Coste: ≈ 400 M€/año. Lo paga el decomiso al narco y al corrupto.
94.400 vigilantes cobran 1.161 euros de salario base y 24 euros de plus de peligrosidad, y seis de cada diez han sido agredidos. Reforma de la Ley de Seguridad Privada: estatuto de colaborador de la seguridad pública, con la misma protección penal que bomberos y personal sanitario: agredirlos es atentado, sin ser agentes de la autoridad ni invadir una sola competencia de la Policía y la Guardia Civil. Chaleco, guantes anticorte y defensa a cargo de la empresa; binomio obligatorio en transporte, hospitales y centros de menores; TIP en 30 días, no en nueve meses; título oficial de FP y reglamento nuevo en seis meses: el vigente es de 1994.
El Estado no vuelve a adjudicar vigilancia a precio de nómina impagada: precio mínimo de licitación igual al coste del convenio más estructura, pago directo al trabajador si la empresa no paga y exclusión de la contratación pública a quien incumpla. Plus de peligrosidad de 150 euros en todo contrato público. Coeficientes reductores para jubilarse a los 60 con 35 años cotizados, financiados con cotización adicional, como la policía local. Coste para el Estado: 0. Lo financia la cotización adicional, como en la policía local.
Ilegalización e inclusión en la lista terrorista: Hamás, su rama, ya está. Prohibición de la financiación extranjera del culto, registro público de donaciones y cierre de quien no cumpla. Imanes que prediquen contra la Constitución, expulsados.
Ley de agentes extranjeros: quien trabaje para un gobierno, fundación o empresa extranjera se inscribe o comete delito. Prohibida la financiación extranjera de partidos, fundaciones políticas, medios y ONG que hagan política. El CNI contabilizó 108 actuaciones de espionaje extranjero en 2025 y España no tiene registro: lo tendrá.
Ver en el exploradorFicha de VOX
Las leyes de género no han contribuido a proteger a las mujeres o reducir el número de víctimas, sino a disparar el despilfarro y han terminado beneficiando y soltando a violadores y criminales sexuales y desprotegiendo con pulseras defectuosas a mujeres maltratadas. Hay que revertir las consecuencias nefastas de todas las normas que han abandonado a las verdaderas víctimas, y añadido otras nuevas. Poner fin a la criminalización de la mitad de la población y al desamparo que sufren familias enteras expuestas a ser perjudicadas por el fenómeno creciente de denuncias falsas. En su lugar, impulsar la aprobación de leyes y normas que protejan de verdad a las mujeres víctimas de violencia, en especial a aquellas que sufran maltrato, y que no dejen a ninguna víctima desamparada.
Reducción de la edad de responsabilidad penal del menor y plantear la eliminación de inimputabilidad para ciertos delitos violentos como los homicidios o las agresiones sexuales.
Los que cometen los peores delitos deben tener las máximas condenas.
Asegurar que los directores generales de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía sean personas con amplia experiencia en el ámbito de la seguridad, y no políticos con carné del partido.
Dotar de suficientes medios humanos y recursos materiales, técnicos, tecnológicos, jurídicos, organizativos y presupuestarios, así como de las infraestructuras, instalaciones y demás capacidades a las Fuerzas Armadas, Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire; al Centro Nacional de Inteligencia (CNI); a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil (GC) y Cuerpo Nacional de Policía (CNP); así como al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) e Instituciones Penitenciarias (IIPP).
Aumento de la inversión, equiparación salarial y sueldos dignos, dignificación de la profesión y programas de modernización y actualización formativa y tecnológica. Reconocimiento de la profesión y servicio en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía como profesión de riesgo.
Plantillas adecuadamente dimensionadas, equiparación salarial y sueldos dignos, medios materiales y formación frente a los módulos conflictivos y reconocimiento como profesión de riesgo.
Refuerzo urgente de los medios humanos y recursos materiales, técnicos y operativos dedicados a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada que operan en el territorio y costas españolas. Restablecimiento inmediato del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur.
Reforzar la prevención, la protección policial y judicial y la asistencia integral a las víctimas, evitando que ninguna mujer quede desamparada.
Ver en el exploradorFicha de BNG
Cumprir as obrigas internacionais en materia de prevención e loita contra todas as formas de violencia machista, nomeadamente do Convenio de Istambul corrixindo os problemas sinalados nos Informes Grevio e, singularmente, realizar unha reforma lexislativa integral que garanta a cobertura de todos os tipos de violencias contra as mulleres na lei orgánica correspondente e que outorgue rango de lei efectivo á violencia vicaria.
Impulsar e executar as medidas do Pacto de Estado contra a violencia machista que dependen do goberno do Estado e seguen sen se desenvolver.
Garantir a xestión pública e directa dos mecanismos de control telemático para a protección de vítimas de violencia machista e realizar as melloras oportunas para rematar cos problemas de cobertura e revitimización existentes no noso país.
Xeneralizar a elaboración de informes forenses de valoración de risco complementarios aos policiais, así como revisar periodicamente o sistema VioGén para mellorar o seu grao de eficiencia e eficacia así como estender os mecanismos de xeolocalización do agresor a partir daqueles casos con valoración de risco medio.
Redución do importe das sancións previstas para as infraccións de seguridade cidadá na Lei contra a Violencia no Deporte.
Promover e elaboración dun plan de prevención e erradicación das violencias machistas e LGBTIfóbicas.
Derrogación íntegra da Lei Mordaza por favorecer a discrecionalidade policial, a criminalización do dereito de reunión e manifestación e afondar na indefensión das e dos cidadáns. Especialmente a supresión da desobediencia e resistencia á autoridade, que é considerada unha infracción grave, igual que a negativa a identificarse ou a falta de consideración a algún axente das Forzas e Corpos de Seguranza do Estado. Debe tamén prohibirse o uso de pelotas de goma, as devolucións en quente e eliminarse o principio de
presunción de veracidade que se outorga ás declaracións (denuncias, actas ou atestados) das e dos axentes.
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Cal garantir la competència del Cos de Mossos d’Esquadra com a policia integral al conjunt del país, sense excepcions. A dia d’avui, els Mossos actuen com a policia integral i tenen plenes competències en seguretat a tot Catalunya, menys als ports i aeroports de l’Estat, fet que distorsiona i treu eficiència a la lluita contra la delinqüència perquè es fracciona el territori.
Reforçar la prevenció, la persecució dels delictes i la protecció i reparació de les víctimes, especialment dones i nenes explotades sexualment. Garantir-ne els drets independentment de la situació administrativa, reformant la legislació d’estrangeria, i crear un fons estatal que asseguri les indemnitzacions judicials quan els responsables no les paguin.
Reclamar l’execució efectiva del traspàs de les funcions de seguretat ciutadana, prevenció i investigació de delictes i manteniment de les infraestructures crítiques als ports i aeroports de Catalunya. Establir un calendari concret de desplegament amb la dotació d’efectius i recursos necessaris per garantir una correcta prestació del servei.
Atenent que el Cos de Mossos d’Esquadra, com a policia integral, és també encarregat de la lluita i prevenció en matèria antiterrorista i del crim organitzat, és imprescindible la plena integració del CME a organismes d’àmbit internacional com són la Interpol i l’Europol en pla d’igualtat amb els cossos policials espanyols.
Promoure una revisió del tractament penal de la tinença i l’ús il·lícit d’armes de foc, la possessió d’armes blanques prohibides i els robatoris de cable, amb l’objectiu d’incrementar-ne les penes.
Reclamar el traspàs immediat de les competències plenes en matèria de trànsit i seguretat viària als governs de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, referides al control de la matriculació i l’expedició de permisos o llicències de conducció i circulació, la capacitat per autoritzar transferències, duplicats i baixes de vehicles, per poder fixar la velocitat en totes les vies del territori català, per la pèrdua i la devolució de punts del carnet de conduir i pel registre de la inspecció tècnica de vehicles. Resulta urgent, a més, incrementar els examinadors i alliberar-los de sobrecàrrega burocràtica.
Impulsar la modificació de la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat, desenvolupada per l’Ordre INT/2944/2010, per flexibilitzar els requisits que dificulten la prestació conjunta de serveis policials entre municipis. Promoure l’eliminació del límit poblacional màxim i la simplificació dels procediments d’autorització, mantenint garanties adequades de coordinació i responsabilitat.
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Persecución y condena a altas penas de cárcel a aquellos que juegan con la vida de miles de jóvenes.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado deben poder actuar con contundencia para implantar las medidas de resolución.
Depuración de mandos policiales corruptos al servicio de los intereses de la partitocracia y a aquellos al servicio de la reacción más rancia.
Incluyendo la posibilidad de sindicarse en la Guardia Civil.
Deben ser integradas en la Policía Nacional, ya no tiene ningún sentido práctico que haya un desdoblamiento
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organizaciones de la sociedad civil elemento indispensable para constituir sociedades democráticas. Esto se traduce en promover la participación, protección y financiación de organizaciones sociales, feministas y defensoras de derechos y del planeta; reformar la Ley estatal de Seguridad Ciudadana; implementar la Recomendación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre entornos habilitantes para la sociedad civil y la Estrategia de Sociedad Civil de la Unión Europea. También significa incidir para garantizar una mayor representación de la sociedad civil, especialmente del sur global, en la gobernanza global.
y violencia sexual, asegurando la aplicación de las 461 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Directiva Europea sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Reforzar la prevención, la atención y la protección de las víctimas, garantizando una respuesta coordinada de las instituciones públicas.
de género, facilitando el acceso a ayudas económicas suficientes y a recursos residenciales, incluso cuando no exista riesgo vital. Equiparar la vigencia y el alcance de las acreditaciones de violencia de género a las de violencia sexual, ampliar la cobertura temporal de los subsidios y garantizar el reconocimiento de las ayudas y derechos de las víctimas en toda la Unión Europea. Establecer, asimismo, una protección económica y social estable y prolongada para los huérfanos y huérfanas de la violencia de género.
directamente con personas, especialmente en los ámbitos educativo, sanitario, judicial, de servicios sociales y de las administraciones públicas, para mejorar la prevención, detección y atención de las situaciones de discriminación y violencia.
aumentando los recursos destinados a la prevención, persecución de estos delitos y protección y reparación de las víctimas. Avanzar hacia la abolición de la prostitución, garantizando que las personas que la ejercen no queden desprotegidas y facilitando alternativas de empleo digno y acompañamiento social.
Reforzar la aplicación efectiva de la legislación de protección de los derechos de las personas LGTBI, garantizando mecanismos accesibles de prevención, denuncia y protección frente a la discriminación y la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género. Impulsar la coordinación entre administraciones para asegurar una protección efectiva en todo el territorio.
, en todas sus categorías profesionales, incorporando, además de las pruebas de conocimientos, la evaluación de las aptitudes personales, la empatía y la capacidad para ofrecer un trato digno y respetuoso a las personas internas. Asimismo, garantizar que todo el personal, sin excepciones por razón de su categoría o cargo, esté sujeto a los mismos controles de seguridad en el acceso a los centros penitenciarios.
Ver en el exploradorFicha de EAJ-PNV
Reforzar su capacidad operativa y su participación directa en la cooperación policial europea.
Para qué: Para que, ante un delito o una situación de riesgo, nuestra policía disponga de información y herramientas para actuar con rapidez.
Impulsar reformas legales para una respuesta judicial ágil, eficaz y proporcionada ante delitos reiterados y reforzar la protección de las víctimas.
Para qué: Para que quien sufre robos repetidos en su comercio o en su barrio encuentre una respuesta efectiva y no sienta que denunciar no sirve de nada.
Reforzar la prevención de la delincuencia y la coordinación frente al crimen organizado, impulsando al mismo tiempo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la revisión de los delitos que limitan la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia.
Para qué: Para que puedas vivir con seguridad, ejercer tus derechos y libertades sin restricciones injustificadas y contar con una justicia eficaz que respete los derechos de todas las personas.
Mejorar la atención a las víctimas y reforzar los recursos judiciales especializados.
Para qué: Para que una mujer que denuncia una agresión encuentre protección, acompañamiento y una respuesta judicial sin demoras evitables.
Ver en el exploradorFicha de 3e
Reforzar prevención y coordinación policial y la protección frente a ciberdelitos, estafas y delitos contra personas mayores.
Prevenir y atender la violencia y proteger a personas vulnerables, con actuaciones respetuosas con la ley y la dignidad humana.
Ver en el exploradorFicha de CC
Reclamaremos financiación estatal suficiente para aplicar el Pacto de Estado contra la violencia de género en todas las islas, reforzar la prevención y proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas. Los recursos deberán tener en cuenta la dispersión territorial y facilitar el acceso a los servicios desde cualquier municipio.
Reclamaremos al Estado la financiación de las 1.400 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria previstas en la propuesta de Decreto Canarias. La Comisión Bilateral deberá acordar el coste efectivo de este despliegue y su desarrollo progresivo en las islas, en coordinación y complementariedad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Ver en el exploradorFicha de PACMA
Desde PACMA defendemos la necesidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con unidades especializadas en el bienestar y la protección de los animales.
Estas unidades estarán integradas por agentes instruidos en bienestar y protección animal, incluyendo el adecuado manejo de los animales, y deberán estar equipadas con los medios y recursos materiales necesarios, como armas anestésicas y dardos tranquilizantes.
Entre otras funciones, les corresponderá velar por el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de bienestar y protección de los animales, y, en particular, se encargarán de la vigilancia, inspección, control y formulación de informes, denuncias y levantamiento de actas, así como de la adopción de medidas urgentes y cautelares.
La violencia machista, como manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder, se ha cobrado la vida de más de mil trescientas mujeres en España desde 2003, año en el que en nuestro país se empezó a contabilizar el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Las encuestas de Sanidad indican que más de ochocientos mil hijos e hijas de mujeres maltratadas sufren anualmente las consecuencias de la violencia machista en España; la mayoría, de manera directa.
No podemos olvidar que, además de los hijos e hijas, muchos animales también son víctimas de la violencia vicaria, siendo amenazados, maltratados o matados por los agresores para causar daño y sufrimiento a la mujer.
La sociedad en general y las Administraciones Públicas en particular, deben participar en la erradicación de esta lacra social.
La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza y de las listas de desempleo; cuando dejen de sufrir los problemas de conciliación de su vida personal, familiar y laboral; cuando exista una verdadera educación no sexista en la que las niñas y los niños tengan un presente y un futuro con las mismas oportunidades; cuando en los hogares haya realmente una corresponsabilidad y un reparto equitativo de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares; cuando se combata la discriminación salarial todavía existente y se promueva la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad de manera eficaz.
Además de las medidas de igualdad y equidad propuestas en anteriores epígrafes, desde PACMA proponemos medidas específicas contra la violencia sobre la mujer, como:
– Programas educativos de prevención de violencia sobre la mujer en todas las etapas educativas.
– Formación específica en la materia de todos los/as profesionales que intervengan en el proceso educativo, procurándoles las herramientas necesarias para la detección de situaciones de violencia machista en jóvenes.
– Protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, con formación especializada para el personal sanitario.
– Unidades policiales especializadas y disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para atender los casos de violencia machista.
– Potenciación de las unidades de valoración forense integral, con personal especializado.
– Mejora de los mecanismos de protección para las víctimas. Estas mejoras han de pasar por articular en los presupuestos planes de ayudas económicas que les permitan rehacer sus vidas y que no se tramiten solo a través de las rentas activas de reinserción en casos muy graves de máxima necesidad.
– Más recursos asistenciales y sociales para las víctimas con independencia del momento procesal en el que se encuentre su caso.
– Fortalecimiento de la tutela judicial y del acceso a la justicia.
– Formación especializada en violencia machista de todos los estamentos de la Justicia (judicatura, fiscalía, abogacía, medicina forense y personal al servicio de la administración de justicia).
– Implantación de equipos multidisciplinares con formación específica integrados por profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, medicina y psicología forense y policía, para ofrecer una respuesta integral a los casos de violencia machista durante todas las fases del proceso.
– Mayor protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Debe darse a los/as menores un tratamiento y protección específicos, incluida la asistencia social integral, con la previsión de dotarles de asistencia letrada autónoma y defensor judicial en caso de conflicto de intereses.
– Equipos especializados en menores víctimas de violencia de género en los órganos judiciales.
– Reconocimiento legal de la violencia vicaria ejercida sobre los animales.
– Incremento del número de casas de acogida, pisos tutelados y puntos de encuentro familiar.
– Admisión de los animales a cargo de las mujeres víctimas de violencia machista a las casas de acogida y pisos tutelados.
– Implantación de planes y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general y a los/as jóvenes en particular, con la finalidad de eliminar los prejuicios y estereotipos de género y prevenir conductas de violencia machista.
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Una Ley Estatal de Protección del Personal Sanitario endurecerá las penas, impondrá órdenes de alejamiento inmediatas y creará un Registro Nacional de Agresores.
Ver en el exploradorFicha de IE
Propone someter a referéndum interno la desmilitarización de la Guardia Civil y modificar la organización policial y la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad.
Ver en el exploradorFicha de PFAC
Compromiso real para acabar con la violencia machista en todas sus formas, con recursos suficientes y máxima protección a las víctimas y a sus hijas e hijos, formación contra las prácticas machistas de judicatura y policía, y coeducación real para prevenirla desde la escuela.
Ver en el exploradorFicha de SY
Apoyar la puesta en marcha de un complemento para los agentes de la Guardia Civil que presten sus servicios y residan en municipios rurales con problemas de despoblación.
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