Construcción, suelo, compra, alquiler y ocupación.
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Reforma constitucional para llevar el artículo 47 al capítulo de derechos fundamentales, con recurso de amparo.
Porque si la vivienda fuera un derecho fundamental se podría exigir ante los tribunales.
Declaración de emergencia de vivienda y pobreza energética con definición legal de la especulación y de la función social de la propiedad.
Porque la situación de la vivienda es ya una emergencia para miles de familias.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para paralizar los lanzamientos de hogares vulnerables mientras no haya alternativa, y ninguno de personas en situación de dependencia; ilegalización de las empresas de desokupación.
Porque ninguna familia debería acabar en la calle sin una alternativa.
Bancos, fondos y grandes tenedores deberán ofrecerlo antes de cualquier demanda que pueda acabar en desahucio.
Porque los bancos y fondos tienen viviendas de sobra para ofrecer un alquiler social.
Índice estatal de referencia por barrio o municipio para que ningún alquiler supere el 20 % de la renta media de la zona.
Porque muchas familias dedican al alquiler casi la mitad de lo que ganan.
Alquileres de duración indefinida y prórroga sin subida, para acabar con los desahucios silenciosos, y registro obligatorio de los contratos conectado con Hacienda contra el alquiler en negro.
Porque no renovar un contrato se ha convertido en una forma de echar a la gente.
Los mismos límites y garantías que el alquiler de vivienda habitual.
Porque los alquileres de temporada y por habitaciones se usan para saltarse la ley.
Declaración automática por indicadores objetivos, sin depender de cada comunidad.
Porque la Junta no ha querido declarar zonas tensionadas para no limitar los precios.
En todo el Estado, con límites a sus nuevas compras en zonas tensionadas.
Porque con el límite actual muchos grandes tenedores quedan fuera de las obligaciones.
Llevar el parque público en alquiler a la media europea, hasta el 20 % en las zonas de más demanda, con un gasto del 1,5 % del PIB.
Porque en España apenas hay vivienda pública en alquiler comparado con Europa.
El 100 % de sus viviendas y suelos al alquiler asequible, con gestión pública.
Porque las viviendas de la Sareb se rescataron con dinero público y deben volver a lo público.
Cuarteles y suelos de Defensa, Adif y Puertos del Estado sin uso, cedidos a la Junta y a los ayuntamientos para vivienda pública en alquiler.
Porque el Estado tiene edificios y suelos vacíos donde podría haber viviendas.
Prohibida por ley la venta de vivienda pública, siguiendo el modelo de Viena.
Porque vender la vivienda pública es perderla para siempre.
Al menos la mitad de cada nueva promoción, y de ella un 60 % en alquiler social.
Porque sin vivienda protegida en cada promoción solo se construye para quien puede pagar.
Las de grandes tenedores vacías más de un año, alquiladas a precio limitado o al parque público.
Porque hay miles de viviendas vacías mientras miles de familias no encuentran dónde vivir.
Ninguna licencia nueva en zonas tensionadas, retirada progresiva y cierre de los que funcionan sin licencia.
Porque los pisos turísticos están expulsando al vecindario de los barrios.
Obligatorio en edificios de más de dos plantas, con financiación para las comunidades con menos recursos.
Porque muchas personas mayores no pueden salir de casa por no tener ascensor.
Más inversión en rehabilitación energética y regeneración de barrios, con prioridad para hogares en pobreza energética.
Porque rehabilitar baja las facturas y mejora la vida sin gastar más suelo.
Plan estatal de realojo en dos años en los asentamientos de temporeras y temporeros de Almería y Huelva.
Porque en pleno siglo XXI hay miles de personas viviendo en chabolas en Huelva y Almería.
Vivienda primero para las personas sin hogar, con pisos y pequeñas residencias en lugar de macroalbergues, una red pública de inclusión que coordine atención social, sanitaria y laboral, recursos especializados repartidos por igual en todo el territorio y albergues públicos dignos en todas las capitales de provincia.
Porque las personas sin hogar necesitan una casa, no un albergue masificado.
Prohibición de nuevas hipotecas a tipo variable para vivienda habitual.
Porque las hipotecas variables arruinaron a muchas familias cuando subieron los tipos.
Nulas las cláusulas que prohíben convivir con animales de compañía.
Porque nadie debería tener que elegir entre su casa y su animal.
Títulos de deuda que cualquier persona pueda comprar, dedicados solo a construir o adquirir vivienda pública en alquiler.
Porque así se puede financiar vivienda pública con el ahorro de la ciudadanía.
Recuperar para el parque público las viviendas protegidas vendidas a fondos y grandes tenedores, con alquiler social.
Porque vender vivienda protegida a fondos fue un regalo con dinero público.
Límite por zona según la población, como en farmacias y estancos.
Porque sin límites, los pisos turísticos acaban ocupando barrios enteros.
Que los ayuntamientos puedan aplicar recargos a las viviendas turísticas y de inversión.
Porque quien especula con la vivienda debe pagar más que quien vive en ella.
Gestión urbanística pública en primer lugar, protección del suelo residencial de la población empadronada y valoración del suelo a favor del interés general.
Porque el urbanismo debe servir a quien vive en un lugar, no a quien especula con él.
Prohibición de la compra de vivienda residencial por fondos de inversión y sociedades mercantiles, salvo cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, y de toda compra especulativa.
Porque los fondos y las sociedades compran vivienda para invertir, no para vivir.
Prohibir la venta del patrimonio público de suelo y edificios y promover la cesión temporal de los que están en desuso para uso social.
Porque el suelo público vendido ya no vuelve.
Préstamo sin intereses para la fianza y aval público gratuito ante la propiedad, como el sistema francés, con seguro público de impago para quien alquile a precio de referencia.
Porque reunir varios meses de fianza es imposible para muchas familias.
Oferta de alquiler sin comisiones, con cédula de vivienda digna e inspección previa de la habitabilidad.
Porque las comisiones de las agencias encarecen el acceso al alquiler.
El Estado alquila a quien tiene una pequeña propiedad con garantía de cobro y subarrienda a precio social.
Porque mucha gente con una pequeña propiedad no alquila por miedo a no cobrar.
Preaviso de un mes y sin penalización en caso de despido, traslado laboral o enfermedad, y persecución de los falsos contratos de temporada.
Porque quien pierde el empleo o enferma no debería ser castigado por dejar su casa.
Que el Bono Alquiler Joven cubra la habitación y el piso compartido, que es como vive la mayoría de la juventud.
Porque la mayoría de la juventud no puede pagar un piso entero.
Financiación estatal de alojamiento digno para temporeros y temporeras.
Porque las temporeras y los temporeros de la aceituna duermen muchas veces en la calle.
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Transferencia dos activos da SAREB (entidade de xestión de activos inmobiliarios das entidades financeiras saneadas) situados en Galiza, para incorporación nunha bolsa de vivendas e inmóbeis para fomento da vivenda pública social en Galiza.
Topar por lei os prezos dos alugueiros e prohibir os desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade, así como decretar a suspensión automática e indefinida de calquera lanzamento sen alternativa habitacional
Impulsar a protección e estabilidade das persoas arrendatarias ante as dinámicas especulativas, estabelecendo a renovación automática dos alugueiros, blindando por lei o carácter indefinido dos contratos de alugueiro e impulsando mecanismos e recursos para a persecución das prácticas de acoso, discriminación e abuso inmobiliario.
Facilitar a expropiación forzosa de vivendas de promoción públicas adquiridas por fondos de investimento.
Estabelecer mecanismos eficaces para frear a fuxida de vivenda habitual cara o alugueiro de tempada, por habitacións e de uso turístico.
Destinar o 3% dos Orzamentos Xerais do Estado para financiar mediante o Plan estatal de vivenda a creación dun parque público de alugueiro permanente.
Estender o requisito de cualificación permanente como vivenda protexida a aquelas vivendas adquiridas por entidades sen ánimo de lucro ou de lucro limitado especializadas en vivenda que recibisen financiación pública para tal fin.
Incrementar as reservas mínimas de solo de vivenda protexida para actuacións de renovación e rexeneración urbanas impedindo a diminución do porcentaxe da reserva xeral de solo da edificabilidade residencial en solo urbano non consolidado e solo urbanizable destinado a vivenda protexida.
Garantir legalmente o carácter permanentemente público das vivendas financiadas con recursos públicos e impedir a súa privatización.
Modificar as liñas de axudas do Plan estatal de vivenda dirixidas ao fomento da rehabilitación para que se outorguen
polas CCAA mediante criterios de concorrencia competitiva, tales como parámetros de renda e patrimonio.
Modificar as axudas do Plan estatal de vivenda destinadas á rehabilitación, accesibilidade e renovación urbana e rural para que se condicionen á duración dos contratos vixentes e futuros das vivendas ou edificios subvencionados ou ben ao control de rendas durante un período de tempo determinado, co fin de evitar que as melloras, en ámbitos con forte presión especulativa, deriven en finalización de contratos ou subas abusivas.
Estabelecer mecanismos eficaces que garantan o acceso das persoas vulnerábeis ás axudas para a mellora da eficiencia enerxética e da accesibilidade.
Reformular a fiscalidade sobre a vivenda para frear o seu uso especulativo con accións como:
Inclusión das vítimas de violencia machista como colectivo prioritario no deseño das políticas públicas de garantía de acceso á vivenda.
Garantir o acceso da mocidade como un dos actores prioritarios ao parque de vivenda pública. Esixindo urxentemente ao Estado a transferencia de todos os activos da SAREB á Xunta de Galiza para destinalos á promoción de vivenda pública, sobre todo en réxime de aluguer, sendo a mocidade un dos actores de acceso prioritario a estas vivendas.
Estabelecer medidas contra a discriminación de persoas novas no acceso á vivenda por non dispoñeren de avais familiares ou por ter contratos laborais temporais.
Ver en el exploradorFicha de MUNDO+JUSTO
Incrementar sustancialmente el parque de vivienda social que permanecerá, bajo algún tipo de control público o social, destinado al alquiler. Las personas inquilinas de estas viviendas pagarán un alquiler en función de su renta, que se revisará anualmente adecuándolo a las condiciones económicas en ese momento, ya sea al alza o a la baja, y que nunca superaría el 30% de la renta familiar. Objetivo 5% (desde el 1,1% actual): alcanzar al menos 1,35 millones de viviendas sociales y asequibles de carácter permanente en 2030, como primera etapa hacia un parque social del 10% durante la década siguiente. E L E S F U E R Z O E N C I F R A S Hoja de ruta del parque público y social de vivienda 1,1 % 5 % → 1,35 M 30 % ≤ × 12–18 del parque de vivienda en viviendas sociales y de la renta familiar como la aportación estatal anual 2030 asequibles permanentes alquiler máximo actual Porcentaje del parque de vivienda en alquiler social y asequible por horizonte, con el esfuerzo presupuestario estatal recomendado. OBJETIVO HORIZONTE ESFUERZO PRESUPUESTARIO ESTATAL RECOMENDADO 5 % 2030 10–15.000 M€/año 10 % 2035 8–12.000 M€/año 15 % 2040-45 6–10.000 M€/año 20 % largo plazo progresivamente mediante reinversión y financiación Cuanto mayor sea el parque público, menor necesidad habrá de financiarlo exclusivamente con impuestos: las rentas sociales generan ingresos recurrentes. (Actualmente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza 7.000 M€ en cinco años, de los cuales 4.200 M€ son estatales. Esta propuesta de 10.000–15.000 M€ estatales/año supondría aproximadamente 12–18 veces la aportación estatal media anual del actual Plan Estatal de Vivienda. Eso supondría un cambio de escala en la política española de vivienda). Esfuerzo presupuestario estatal anual Aportación estatal media del Plan Estatal 2026-2030 (4.200 M€ en cinco años) frente a la propuesta de M+J.
• Toda vivienda protegida mantendrá esa calificación de forma permanente. Su precio máximo de venta se actualizará según el Índice de Precios de Consumo (IPC), desvinculado de las fluctuaciones del mercado inmobiliario, y lo determinará y supervisará la Administración competente. • La Administración tendrá derecho de tanteo y retracto en cada venta de una vivienda protegida, de modo que pueda adquirirla o facilitar su transmisión a otra persona demandante, garantizando que siga destinada a vivienda protegida. • Prohibiremos la venta, cesión o transferencia de viviendas públicas en alquiler a empresas privadas, bajo cualquier fórmula jurídica, garantizando su permanencia en el patrimonio público y su destino al alquiler social y asequible.
• Priorizar la construcción de vivienda social y asequible y la rehabilitación de edificios públicos para habilitarlos como viviendas facilitando el cambio de uso. • Inventariar los edificios públicos infrautilizados, en especial los de gran tamaño situados en las zonas más céntricas de las ciudades, y destinar a vivienda social y asequible los que no sean imprescindibles para prestar un servicio público, aplicando criterios de austeridad y eficiencia en el uso del patrimonio público. • Prohibir la venta de suelo público, y la monetización de los aprovechamientos urbanísticos, acompañándolo de una financiación extraordinaria a los Ayuntamientos. • Fijar reservas de suelo real y derecho de Tanteo y Retracto para suelo e inmuebles públicos para el tercer sector. • Controlar y auditar valoraciones de edificios públicos, e inversiones en activos inmobiliarios públicos que pueden estar interviniendo en el valor del activo inmobiliario privado.
• Establecer un alquiler de referencia y limitar el precio en función de las características y localización de la vivienda. • Crear un organismo independiente que permita el control y la denuncia por el incumplimiento del cobro de los precios de alquiler de referencia marcados por la Administración. • Los contratos de alquiler de vivienda habitual serán indefinidos y sólo podrán terminar por necesidad acreditada de la vivienda para la persona propietaria o sus familiares directos, o por incumplimiento de la persona inquilina. La venta de la vivienda no extinguirá el contrato, y la persona inquilina tendrá derecho preferente de compra.
Proteger a las personas inquilinas es compatible con dar seguridad a quienes alquilan una o dos viviendas como personas físicas. Para ellas proponemos: • Incentivar, mediante medidas fiscales, el alquiler social, tanto para la persona propietaria como para la persona inquilina, y establecer mecanismos que diferencien estas medidas entre grandes y pequeñas propietarias, evitando el perjuicio desproporcionado de estas últimas. • Crear un seguro público de alquiler, garantizado por la Administración, que cubra los impagos y los desperfectos a las personas físicas propietarias que alquilen su vivienda a un precio igual o inferior al de referencia. • Ofrecer incentivos y garantías públicas a las personas propietarias que pongan en el mercado de alquiler sus viviendas vacías (medida 7). • Evitar que el coste de una política de protección frente a los desahucios recaiga injustamente sobre pequeñas propietarias. Establecer mecanismos públicos de compensación cuando la persona propietaria sea una persona física que dependa significativamente de la renta para su subsistencia.
• Simplificar los trámites, la burocracia y la normativa, flexibilizando las condiciones del CTE (Código Técnico de la Edificación) siempre que quede asegurada la habitabilidad y la calidad. • Establecer convenios de colaboración con los colegios profesionales para facilitar la aplicación del punto anterior. • Crear un registro de empresas promotoras/constructoras, acreditadas, colaboradoras de la Administración, para el desarrollo de vivienda pública. • Bonificar la promoción de vivienda pública, desarrollada por promotoras privadas, asegurando el beneficio por parte de la Administración sin la preocupación de las ventas o los alquileres.
• Poner en el mercado la vivienda vacía (incentivando, y con garantías públicas, a las personas propietarias que las movilicen y penalizando con medidas fiscalmente proporcionadas a quien no las ponga en el mercado de alquiler o venta). • Propiciar la recuperación y puesta en el mercado de edificios infrautilizados y fomentar la transformación de usos. • Crear un censo de viviendas vacías y una relación de demandantes de vivienda. • Disponer una línea de financiación favorable para la rehabilitación de viviendas o edificios siempre que se asegure su vinculación final a un uso social de la vivienda. • Incentivar la rehabilitación, la colmatación de la edificabilidad en edificios existentes y el desarrollo de solares en los cascos urbanos, frente al desarrollo de nuevos sectores.
• Establecer un régimen impositivo exponencial al número de compras de viviendas, ya sean de particulares o sociedades, y limitar mediante fiscalidades extraordinarias la acumulación de vivienda bajo una misma propiedad, especialmente vivienda turística. • Investigar la titularidad de las sociedades para evitar eludir la fiscalidad correspondiente y el uso de sociedades pantalla e interpuestas. • Establecer un régimen impositivo especial en la compra o el alquiler de viviendas con precios por encima de un límite establecido, para las personas extranjeras.
Crear una herramienta nacional, coordinada con Comunidades Autónomas y municipios, que permita a cualquier persona conocer gratuitamente: alquiler medio de su zona, alquiler de referencia, precio máximo legal cuando exista regulación, derechos de la persona inquilina, ayudas disponibles, condiciones de su contrato, vías de reclamación. Y, sobre todo: que denunciar un alquiler ilegal o abusivo no obligue a la ciudadanía a convertirse en personas expertas jurídicas.
• Las ciudades deben privilegiar tejidos urbanos donde la proximidad y la habitabilidad reduzcan las necesidades de movilidad. • Preservar el comercio de proximidad y evitar procesos de sustitución comercial que deterioren la diversidad económica y social, incluso limitando la implantación de comercios gentrificantes en determinadas zonas. • Recuperar el espacio público para crear sociedad. • En los nuevos desarrollos urbanísticos, garantizar su desarrollo en un plazo determinado, de modo que, si éste no se cumple, sea la Administración quien pueda desarrollar las parcelas que no lo han hecho, destinándolas a la ejecución de vivienda pública, únicamente justificando el incumplimiento del plazo, adquiriéndolas a la propiedad por el valor del suelo según su derecho.
• Suspender la ejecución de los desahucios cuando la persona o familia se encuentre acreditádamente en situación de vulnerabilidad económica, o de cualquier otro tipo y/o carezca de alternativa habitacional adecuada. El lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que exista una solución habitacional efectiva avalada por la Administración o entidad social competente. • Crear una Oficina pública de defensa habitacional y un Sistema de Alerta Temprana. La actuación de la Administración pública debe producirse antes del desahucio, no cuando ya existe una fecha de lanzamiento. • Crear un Fondo de Emergencia Habitacional destinado a evitar que un desahucio se convierta en sinhogarismo. • Aplicar en estos casos los mecanismos de compensación a pequeñas propietarias previstos en la medida 5.
. Para ello se impulsarán viviendas colaborativas o cohousing, apartamentos con servicios compartidos, viviendas intergeneracionales, viviendas tuteladas, centros de convivencia comunitaria y residencias de pequeño tamaño integradas en los barrios y municipios. La financiación pública deberá orientarse a favorecer la diversidad de modelos y no exclusivamente una única modalidad residencial.
digna y adecuada, priorizando a las familias con menores en situación de vulnerabilidad en el acceso al parque público de vivienda y evitando los desalojos que afecten a menores sin una alternativa habitacional adecuada.
Reservar para menores de 35 años una parte del nuevo parque público de alquiler, dentro del sistema de acceso en función de la renta y con un alquiler ajustado a sus ingresos en los términos de la medida 1 de Vivienda, dando prioridad a rehabilitar viviendas vacías frente a construir de nuevo. Regular el alquiler de habitaciones, hoy la única salida para miles de jóvenes y prácticamente sin control, con contrato por escrito, derechos claros y precios sujetos a los índices de referencia.
, sustituyendo progresivamente las respuestas basadas en recursos residenciales temporales o institucionales por alternativas estables de vivienda y acompañamiento, que favorezcan la autonomía personal, la inclusión social y el desarrollo de una vida plena en la comunidad, con el objetivo último de que las personas puedan salir del sistema de atención. Promover una comunicación pública respetuosa que combata los prejuicios y la estigmatización de las personas en situación de pobreza.
Estatal de Vivienda, con presupuesto propio y reservas de vivienda pública y financiación en colaboración con las comunidades autónomas. Ampliar los programas de titularidad pública basados en la vivienda, como Housing First y Housing Led, y otras soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades de cada persona, financiando la adquisición y rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda social y garantizando acompañamiento personalizado, reconociendo la vivienda como un derecho fundamental y un punto de partida para la recuperación de la autonomía, la inclusión social y el acceso efectivo al resto de derechos y servicios.
El acceso a la vivienda social no dependerá de haber superado antes un proceso de inserción laboral u otros requisitos: ambos procesos irán a la par. La vivienda no se condiciona a que la persona resuelva previamente sus problemas de salud, empleo, adicciones o situación social, y se ofrece acompañamiento profesional personalizado, respetando su autonomía y sus decisiones. Housing First (Primero el hogar) facilita una vivienda individual y estable a personas en situación de sinhogarismo, especialmente a quienes presentan situaciones de exclusión prolongada o necesidades complejas. Housing Led ofrece soluciones de vivienda para favorecer la autonomía de personas adultas y jóvenes en situación de sinhogarismo: alojamientos temporales, viviendas compartidas o individuales y acompañamiento para recuperar o desarrollar un proyecto de vida autónomo. La vivienda no es solo un derecho básico: abre la puerta al acceso a otros derechos y servicios.
Ver en el exploradorFicha de PP
Movilizaremos suelo público y privado en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Aprobaremos una nueva Ley del Suelo para agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica. Publicaremos todas las parcelas públicas destinadas a vivienda para que cualquier promotor o cooperativa pueda conocerlas. Se abrirá la posibilidad de construir vivienda social en suelo dotacional y se permitirá el cambio de uso en suelo de oficinas y locales para transformarlo en vivienda asequible. Facilitaremos la segregación de viviendas grandes, siguiendo la experiencia de otros países europeos. Las licencias de obra nueva y de rehabilitación se resolverán en tres meses, con silencio positivo. Incentivaremos la financiación de las entidades que cumplan con los objetivos nacionales de creación de suelo y movilización de suelo público. Cada año publicaremos cuántas viviendas se han iniciado y cuántas se han terminado, tanto en suelo público como privado.
Recuperaremos la seguridad jurídica que necesitan propietarios e inquilinos. Eliminaremos las zonas tensionadas y el índice de precios, que han introducido más intervención, más incertidumbre y menos oferta en el mercado del alquiler.
Crearemos, con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, una figura urbanística que unifique los trámites de planeamiento, gestión y ejecución de los grandes desarrollos de vivienda, con declaración implícita de utilidad pública. Reduciremos la tramitación necesaria para iniciar las obras. Eliminaremos trámites e informes duplicados, fijaremos plazos máximos de resolución y facilitaremos la tramitación en paralelo. Coordinaremos las actuaciones de las administraciones para reducir las esperas entre cada fase del desarrollo del suelo.
Necesitamos construir más viviendas y hacerlo en menos tiempo. La vivienda industrializada permite reducir plazos, mejorar la calidad y la eficiencia de los edificios y aliviar la falta de trabajadores en la construcción. Suprimiremos las barreras normativas y financieras que hoy frenan su desarrollo.
Queremos aprovechar mejor la vivienda que ya existe, recuperar edificios degradados y devolver vida a barrios y cascos históricos. La rehabilitación de vivienda habitual tendrá un IVA superreducido del 4%, contará con ayudas, financiación pública y avales preferentes, y podrá apoyarse en la figura del agente rehabilitador. Cuando sea necesario para hacer viable una actuación, se facilitará una mayor densidad y edificabilidad.
Facilitaremos la renovación de barrios y edificios aprovechando mejor el suelo ya urbanizado. Impulsaremos con las Comunidades Autónomas los cambios necesarios en sus leyes de suelo para facilitar los ajustes de edificabilidad y altura, las transferencias de aprovechamiento entre parcelas, el uso de la edificabilidad que no se haya consumido y las remontas para añadir plantas a edificios existentes priorizando estos cambios en la vivienda de carácter social. Estas operaciones se desarrollarán dentro del mismo ámbito de actuación, con las debidas garantías de seguridad y habitabilidad.
Pondremos en marcha instrumentos de financiación para las fases necesarias en la construcción de la vivienda: el desarrollo del suelo, su urbanización y la construcción de vivienda asequible. Para ello movilizaremos el ICO, el Banco Europeo de Inversiones, los fondos europeos y fondos propios.
Vincularemos las mejoras de financiación y la flexibilización del uso de los superávits y los remanentes de tesorería al cumplimiento de objetivos de suelo, construcción y puesta a disposición de vivienda pública y a precio asequible.
Impulsaremos un plan de formación y empleo para atender las necesidades del sector y evitar que la falta de trabajadores frene la construcción de viviendas. Potenciaremos los planes formativos y la recualificación hacia los oficios de la construcción. Las necesidades de mano de obra del sector se podrán tener en cuenta al fijar los cupos de inmigración laboral, facilitando la contratación en origen.
Reduciremos el IVA de la compra de primera vivienda del 10% al 4% para menores de 40 años y permitiremos que se pague de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca. Acordaremos con las Comunidades Autónomas un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido para la primera vivienda de los jóvenes cuando esta sea usada y se permitirá igualmente pagar fraccionadamente. Ampliaremos a cuatro años el plazo para reinvertir el importe de la venta de la vivienda habitual y mantener la exención en el IRPF.
Ampliaremos el aval público, que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, a los compradores menores de 40 años, con la posibilidad de ampliar el límite de edad hasta los 50, para que tener unos padres con ahorros deje de ser condición para comprar una vivienda. El aval público facilitará que la hipoteca cubra también la entrada que hoy muchos jóvenes no pueden reunir.
Los jóvenes menores de 40 años podrán aportar hasta 2.000 euros al año a una cuenta de ahorro para la compra de su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20% de lo aportado. El límite de aportaciones acumuladas será de 40.000 euros. Los rendimientos generados estarán exentos de tributación siempre que el ahorro se destine a la compra de la primera vivienda. Además, podrán acceder a un aval por un importe equivalente al ahorro acumulado, hasta un máximo de 40.000 euros, para obtener financiación a un tipo de interés bonificado.
Daremos a las familias que viven de alquiler la posibilidad de estabilidad que hoy pierden cada vez que vence su contrato. Los inquilinos tendrán una deducción en el IRPF por el alquiler de su vivienda habitual, graduada según sus ingresos, con más apoyo para quien menos gana. El propietario particular que, al vencer el contrato de una vivienda habitual, lo renueve a su inquilino por tres años más subiendo la renta por debajo del IPC tendrá una deducción en el IRPF o un crédito fiscal que compense ese esfuerzo. Las familias tendrán la tranquilidad de seguir en su casa y quien se la ofrezca verá reconocido su compromiso.
Aprobaremos una ley para que el propietario pueda recuperar su vivienda en 48 horas desde el primer día. Reformaremos la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan pedir al juez el desalojo. Quien tenga su vivienda ocupada no estará obligado a pagar el agua, la luz, el gas ni los impuestos de esa vivienda mientras dure la ocupación. Se declarará nulo el empadronamiento del ocupa. Endureceremos las penas para las mafias que promuevan la ocupación ilegal de viviendas.
Ver en el exploradorFicha de ERC
Impulsar l’aprovació d’una legislació estatal, per la via de l’article 150.1 de la Constitució espanyola, que delegui formalment a la Generalitat de Catalunya la facultat de legislar de manera plena i integral en matèria d’arrendaments urbans. Aquest nou marc normatiu hauria de permetre solucionar el bloqueig de competències en matèria de dret civil i habitatge, que impedeix a la Generalitat un desplegament efectiu de les seves competències en habitatge mitjançant les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, i respondre a la realitat socioeconòmica singular del mercat de l’habitatge a Catalunya, als consensos socials del país i a les necessitats de les persones treballadores.
Cal garantir un finançament públic adequat a les polítiques d’habitatge i incloure’l als pressupostos generals de l’Estat, que dediqui a aquestes polítiques almenys l’1,5 % del Producte Interior Brut (PIB), la qual cosa implica multiplicar els recursos que actualment es dediquen a les polítiques d’habitatge a l’Estat espanyol. S’ha de garantir que aquests recursos es transfereixen a les comunitats autònomes i es posen al servei d’incrementar el parc públic d’habitatges de lloguer als estàndards europeus.
Resulta urgent el traspàs immediat i gratuït de la titularitat d’aquests immobles a la Generalitat com a administració competent en matèria d’habitatge per poder-los destinar a l’ampliació del parc públic d’habitatge. Alhora, cal garantir el traspàs dels recursos necessaris per a la rehabilitació dels immobles.
S’ha d’incorporar a la legislació bàsica en matèria de sòl el deure legal de transformar el sòl en el termini que fixi el planejament urbanístic o, subsidiàriament, la legislació urbanística, habilitant la possibilitat de recórrer als mecanismes de venda i substitució forçosa als propietaris que incompleixin aquest deure o establint l’obligació de les administracions públiques de revisar el sòl no construït en el termini legalment previst. Es tracta d’un mecanisme essencial per evitar la retenció de sòl, que actualment impedeix la construcció de milions d’habitatges, i que és fonamental per obtenir habitatges assequibles i garantir l’exercici del dret a un habitatge digne.
L’increment dels tipus d’IVA i l’ITP cal associar-lo als usos turístics, al lloguer de temporada, a les segones residències i als habitatges buits. Alhora, cal que es redueixin els tipus impositius quan l’ús final de l’habitatge sigui la primera residència, del propietari o de l’arrendatari..
Elevar el tipus d’IVA aplicable al lloguer turístic al 21 %, inclosos els habitatges oferts o gestionats per plataformes digitals.
Establir l’obligació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de publicar anualment, de manera desagregada territorialment, les dades relatives a les operacions de compravenda i als arrendaments d’immobles declarats, incloent-hi els imports i les principals característiques de les operacions. Així mateix, obligar l’AEAT a facilitar trimestralment a les administracions competents en matèria d’habitatge i drets socials informació sobre els immobles propietat de grans tenidors, incloent-hi la ubicació, la titularitat i la situació d’ús, amb les garanties legals de protecció de dades i confidencialitat tributària.
Establir l’obligació de les empreses subministradores d’aigua, electricitat i gas de facilitar a les administracions competents en matèria d’habitatge i drets socials la informació necessària per millorar la planificació, la gestió i l’eficàcia de les polítiques públiques, garantint la protecció de les dades personals.
Ver en el exploradorFicha de VOX
El punto de partida de todo programa de vivienda es el control férreo de las fronteras.
Las casas, en España, para los españoles. Prioridad nacional para acceder a una vivienda protegida, social o a una ayuda al alquiler. Modificación o derogación de cuantas normativas pudieran dificultar la consecución plena y efectiva del principio de prioridad nacional.
Volver a ver grúas en los cielos. Incrementar de manera sustancial y sostenida en el tiempo la construcción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias, simplificación administrativa.
Aumentar con urgencia la construcción de vivienda protegida para las familias españolas mediante su promoción y colaboración público-privada: cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales a financiación y créditos blandos. Ningún español vulnerable quedará sin hogar.
Derogación de la Ley de Vivienda. Incentivos fiscales al alquiler de larga duración y deducciones para inquilinos españoles. Regulación de la proliferación masiva de VUT y refuerzo del servicio de inspección de pisos turísticos ilegales.
Desalojo de la vivienda okupada en menos de 24 horas y recuperación inmediata de la posesión por su legítimo titular, el propietario. Asistencia jurídica gratuita para los afectados y exención de impuestos y de las cargas fiscales y de suministros del inmueble mientras dure la okupación. Endurecimiento del Código penal. Tipificación de la inquiocupación como delito de estafa.
Exigir la verificación previa de la residencia legal como requisito obligatorio para la formalización de contratos de alquiler, control del fraude en el empadronamiento por parte de okupas e inmigrantes ilegales, impidiendo que disfruten de los derechos que ello concede y fin de los pisos patera, domicilios ficticios y alojamientos ilegales.
Reducción drástica de los impuestos que gravan todo el proceso edificatorio y mejora de los instrumentos de financiación para promotores y constructores.
Tipo 0% de IVA para la compra de tu primera vivienda habitual -de nueva construcción- y bonificación 100% del ITP para la compra de tu primera vivienda habitual -de segunda mano-. Recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual.
Fiscalidad media para operaciones de personas físicas o jurídicas destinadas a incrementar la oferta en alquiler residencial de larga duración. Fiscalidad agravada y disuasoria para compradores no comunitarios y operaciones especulativas de fondos o sociedades. La recaudación resultante se destinará a bonificaciones para la compra de vivienda y a la construcción de vivienda protegida.
Ver en el exploradorFicha de D21
Se limitarán de forma general y temporal los alquileres en zonas tensionadas, con el índice estatal SERPAVI. La medida se levantará de forma gradual cuando aumente la oferta de vivienda.
El Servicio Social de Garantía de Arrendamientos asegurará el cobro del alquiler al propietario si un inquilino vulnerable no tiene alternativa habitacional de la Administración.
El alquiler por habitaciones se incorporará a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con estándares de habitabilidad. Los contratos se cruzarán con el padrón municipal para evitar falsos alquileres temporales.
Se reasignarán a un Fondo Público Soberano de Vivienda los fondos europeos no ejecutados o en riesgo de devolución. El fondo solo financiará vivienda protegida y asequible.
Se eliminarán el IVA, el ITP y el AJD en la compra de vivienda habitual para menores de 35 años, hasta un máximo de 400.000 €.
La Administración avalará acuerdos de usufructo temporal. Empresas rehabilitadoras reformarán viviendas antiguas a cambio de alquilarlas a precio asequible durante un tiempo pactado.
El suelo público se cederá mediante concesiones o derechos de superficie a 75 años. Empresas públicas y privadas construirán barrios de mil viviendas, con el Fondo Soberano de Vivienda.
Los barrios integrarán transporte público, colegios, centros de salud y zonas verdes. Una demanda pública estable durante una década permitirá industrializar la construcción.
Las Administraciones y empresas públicas deberán auditar y liberar su suelo parado. Los propietarios que activen parcelas para vivienda asequible tendrán bonificaciones en la plusvalía y el IBI.
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Cero impuestos (ITP y AJD al 0 %; IVA al 4 % devuelto íntegro en la renta), licencia en plazo y suelo público sin coste. Resultado garantizado por ley: el comprador de primera vivienda paga, como mínimo, un 35 % menos que hoy. Coste: ≈ 5.000 M€/año. Lo paga el sobrecoste autonómico.
La vivienda deja 52.000 millones al año a las administraciones; cada subida del 10 % del precio son 1.200 millones más para ellos. Ley de neutralidad: la recaudación por vivienda no puede crecer más que el IPC y el exceso se devuelve bajando tipos. Y nadie legisla sobre vivienda sin publicar sus pisos: 19 miembros del Gobierno suman 39 viviendas.
Con denuncia y título de propiedad, la Policía desaloja en 48 horas. Al que deja de pagar, juicio verbal y lanzamiento en 30 días, sin excusas de 'vulnerabilidad': a los vulnerables los atiende el Estado, no tu casa.
Todo el suelo de la Sareb y del Estado, en 12 meses, a concurso para construir vivienda protegida en propiedad a precio tasado. El joven que compra es dueño, no inquilino del Ayuntamiento.
Un mes obra menor, dos obra mayor, tres grandes desarrollos. Pasado el plazo, licencia concedida y el ayuntamiento paga el retraso. Las reformas no requerirán declaración responsable.
Las SOCIMI con más de 100 viviendas en alquiler tributan al 25 %, como cualquier empresa. Y el Estado deja de contratar a los fondos que dice combatir.
Aval público del 20 % de entrada para menores de 40 en su primera vivienda. Con un 35 % de ahorro y la entrada avalada, comprar vuelve a ser posible con un sueldo normal. Garantía de 2.000 M€; no es gasto.
Seguro público de impago: doce meses de renta y daños garantizados; después, el Estado persigue al moroso. A cambio, se alquila sin exigir tres nóminas y un aval bancario. Prioridad a menores de 45 y familias con hijos. Coste: ≈ 150 M€/año.
Vivienda industrializada en suelo público y urbano consolidado con licencia automática y estándar técnico único: lo que vale en Sevilla vale en Bilbao. Registro único de alquiler turístico con cumplimiento fiscal, sin prohibiciones.
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Invertir en vivienda pública en todas las comarcas de la provincia para compra y para alquiler con opción a compra, dirigidas especialmente a jóvenes.
El objetivo debe ser construir al menos 4 viviendas públicas en cada municipio, por pequeño que sea. Poner en marcha un programa eficaz de mediación en el alquiler de viviendas, que suponga una garantía jurídica para los propietarios y un incremento del parque de viviendas en alquiler.
Elaborar y ejecutar un plan para catalogación e inventario pormenorizado de las edificaciones en ruinas en todos los municipios de Castilla y León, con el
objetivo de encontrar soluciones, en colaboración con las administraciones locales, para esas viviendas.
Preparar en las zonas rurales en las que se detecten problemas de vivienda disponible Planes de Vivienda de Áreas Rurales específicos para esas áreas, que incluyan como tipo especial la vivienda de protección pública en el medio rural.
Poner en marcha una línea de subvenciones destinadas a menores de 36 años para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño.
Establecer una línea de ayudas destinadas a la rehabilitación y reforma de viviendas ubicadas en núcleos de población de menos de 500 habitantes con la condición de que dichas viviendas se destinen a residencia habitual al menos durante 6 meses al año o, en su defecto, se incorporen al programa de alquiler de la Junta de Castilla y León por un periodo mínimo de 5 años.
Creación de una oficina técnica itinerante, encargada de facilitar a los propietarios de viviendas la rehabilitación de viviendas en el medio rural. Poner en marcha un plan de inspección para asegurar que las viviendas municipales financiadas a través del programa Rehabitare se destinan al uso social para el que fueron previstas.
Apoyar firmemente el fomento de la construcción industrializada como herramienta para acelerar la creación de vivienda, reducir costes y plazos, mejorar la eficiencia energética y generar empleo innovador en el territorio.
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Impulsaremos un fondo estatal de ocho años para cofinanciar vivienda pública y asequible, con una asignación para Canarias ajustada a sus necesidades. Permitirá construir, adquirir y rehabilitar viviendas, además de comprar suelo, edificios y promociones disponibles. Promoveremos un inventario de los suelos y edificios del Estado y de sus entidades en Canarias que puedan destinarse a vivienda asequible y reclamaremos su cesión a las administraciones canarias competentes.
Impulsaremos un plan estatal de reposición y regeneración de barrios que incluya demolición y reposición cuando la rehabilitación sea insuficiente. Reforzaremos las ayudas para conservación, ascensores, eliminación de barreras, aislamiento, fachadas, cubiertas, eficiencia energética, autoconsumo y adaptación climática, priorizando las necesidades de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida.
Mejoraremos los incentivos fiscales estatales para pequeños propietarios que incorporen voluntariamente viviendas a programas de alquiler asequible, con garantías públicas de cobro y conservación. La financiación de la rehabilitación de viviendas vacías se vinculará a su incorporación a esos programas durante un periodo suficiente. Defenderemos una regulación estatal estable que proteja a inquilinos y propietarios y facilite el alquiler de larga duración.
Defenderemos una línea estatal reforzada de vivienda joven, alquiler asequible y cooperativas. Incluirá fórmulas residenciales para estudiantes, alumnado de formación profesional, jóvenes investigadores y trabajadores, de manera que formarse o empezar a trabajar permita construir un proyecto de vida en Canarias.
Impulsaremos en las Cortes Generales las reformas necesarias para limitar la compra de vivienda en Canarias por extranjeros, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a quienes viven en las islas. Reclamaremos al Estado que defienda ante la Unión Europea un régimen específico para Canarias, atendiendo a nuestra condición de región ultraperiférica, con medidas justificadas, proporcionadas y compatibles con el marco jurídico europeo. Promoveremos las reformas estatales y europeas necesarias para hacer viable una Ley Canaria de Residencia que permita ordenar el crecimiento poblacional y respetar los límites del territorio.
Defenderemos la cobertura jurídica estatal y europea necesaria para que Canarias y sus municipios puedan modular y limitar los usos turísticos donde exista presión acreditada sobre la vivienda residencial. La normativa diferenciará el uso ocasional de una vivienda de la explotación profesional o intensiva.
Impulsaremos reformas de los procedimientos estatales y de los informes sectoriales para acortar los plazos. La reducción de trámites deberá mantener las garantías ambientales, urbanísticas y de seguridad. Reclamaremos incentivos fiscales estatales a la primera vivienda para jóvenes y familias con ingresos medios y bajos, y apoyo a la construcción industrializada para reducir los costes y los plazos de construcción de vivienda protegida.
Reclamaremos ayudas estatales para protección solar, aislamiento, ventilación, toldos, cerramientos y climatización eficiente en las viviendas de los hogares con menos recursos. Adaptar la casa al calor debe estar al alcance de quienes más lo necesitan.
Ver en el exploradorFicha de FO
Ayudas económicas para jóvenes estudiantes y trabajadores en el proceso de emanciparse.
Construir vivienda pública de calidad para aumentar el número de inmuebles existentes y lograr que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna y asequible económicamente.
Luchar contra la especulación de bancos, fondos buitre y grandes rentistas; la vivienda no es una mercancía con la que hacer negocio. Aplicar medidas que detengan la gentrificación, el auge de los pisos turísticos y las consecuencias negativas del turismo destructivo.
Paralizar inmediatamente todos los procesos de desahucio de las familias trabajadoras en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago del alquiler/ hipoteca hasta encontrar una alternativa habitacional. Se deben conceder segundas oportunidades para deudas hipotecarias y garantizar la posibilidad de dación en pago en todas las situaciones.
Luchar por terminar con las mafias de la ocupación y de la delincuencia relacionada con el uso indebido de inmuebles, acabando con la lacra de los narcopisos. Se actuará a su vez contra la ocupación de viviendas de particulares, que no debe ser permitida en ningún caso. También se actuará contra los inquiokupas, que han hecho de la estafa su modo de vida.
No permitir que suceda como con las ayudas, que, como se ha visto en el programa, también deben cambiar, pues se suele priorizar al extranjero.
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Inversión pública sostenida durante 10 años para incorporar 2,5 millones de viviendas al Parque Público de Alquiler Social, mediante edificación ecológica en suelo público, rehabilitación urbana y la incorporación forzosa de viviendas en manos de entidades financieras y Sareb.
SOCIMIs Prohibición por ley de la adquisición de viviendas residenciales por parte de fondos de capital riesgo y fondos buitre. Derogación del régimen fiscal privilegiado de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), equiparando su tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades.
Establecimiento de un límite máximo legal al precio del alquiler residencial: ningún contrato podrá superar el 30% de la renta media disponible del código postal correspondiente. Publicación obligatoria del Índice de Renta Máxima Residencial.
Las personas jurídicas y grandes tenedores (poseedores de más de 4 inmuebles residenciales) que mantengan viviendas desocupadas de forma injustificada por más de 12 meses deberán ceder temporalmente el uso del inmueble al parque público de alquiler por un período de hasta 8 años, garantizándoles una compensación basada en el mantenimiento de la propiedad.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para prohibir de forma absoluta cualquier lanzamiento o desahucio por motivos socioeconómicos sin que los servicios públicos garanticen con carácter previo una alternativa habitacional digna en la misma localidad.
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Aumentar la oferta de vivienda asequible mediante colaboración entre administraciones, movilización de suelo disponible y rehabilitación, respetando competencias.
Reducir plazos de planeamiento y licencias con procesos transparentes y criterios de calidad urbana y ambiental.
Facilitar vivienda adaptada para mayores y personas con discapacidad, así como soluciones de emancipación juvenil.
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Facilitar la construcción y rehabilitación, movilizar vivienda vacía y ofrecer seguridad jurídica tanto a quienes necesitan alquilar como a los pequeños propietarios que ponen una vivienda en el mercado.
Para qué: Que haya más vivienda disponible, más opciones para quien busca casa y más seguridad para quien alquila una vivienda con todas las garantías.
Evitar el uso de contratos de temporada para eludir los derechos de quienes necesitan una vivienda habitual.
Para qué: Que puedas alquilar tu casa con estabilidad y sin miedo a que un contrato pensado para estancias temporales te deje sin garantías.
Facilitar a las personas jóvenes el acceso a su primera vivienda, tanto en alquiler como en propiedad.
Para qué: Que independizarte sea una decisión tuya y no algo que debas aplazar indefinidamente porque no puedes afrontar la entrada o la renta.
Ver en el exploradorFicha de PACMA
La construcción es uno de los sectores en los que más destaca la falta de profesionales en España. Según las estimaciones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) serían necesarios 700.000 profesionales para cubrir la demanda actual y el relevo generacional. Y es que menos del 11 % de los trabajadores de la construcción en nuestro país tiene menos de 30 años, mientras que más de la mitad supera los 45 años y se prevé que más de 139.000 abandonen el mercado laboral en los próximos 5 años por jubilación.
Desde PACMA apostamos por impulsar la oferta y el número de plazas de las acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en las diferentes ramas de la construcción, así como por una transformación del propio sector, que pase por la rehabilitación energética de viviendas y edificios, para hacerlos más eficientes y sostenibles.
Esta medida debe combinarse con un esfuerzo en particular hacia la rehabilitación de inmuebles ubicados en los centros de las ciudades, con el objetivo de:
– Transformar el entorno urbano para hacerlo más sostenible, habitable, atractivo y accesible.
– Ampliar la oferta de viviendas, evitando la gentrificación.
– Mejorar la movilidad de los residentes, para reducir la dependencia de los vehículos motorizados.
– Mejorar la imagen de las ciudades.
Cada vez más personas se ven en serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea como compradoras o como inquilinas, abocadas a compartirla o a vivir en la periferia.
En la última década, el imparable auge del alquiler turístico ha reducido enormemente la oferta del alquiler de larga duración, provocando un desmedido aumento de los precios para los residentes. El precio medio del alquiler en España ha acumulado un incremento del 94% en los últimos 10 años, lo que provoca que las personas que arriendan tengan que destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler.
Sin embargo, la gravedad de la crisis habitacional es especialmente aguda en nuestro país, no sólo debido a la turistificación, sino también al escaso parque de vivienda social. Para que nos hagamos una idea, en España sólo el 3,4% del parque residencial es vivienda social. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea, cuya media ronda el 9%, destacando Países Bajos, con un 34%, Austria, con un 25% o Dinamarca, con un 20%.
Además, este escaso volumen de vivienda pública o protegida reduce la capacidad del Estado para regular los precios del mercado libre frente a tensiones de demanda e inversión extranjera.
El Gobierno, que no ha sido capaz de resolver esta situación a lo largo de dos legislaturas, no ha reaccionado hasta que la calle ha explotado. Sólo tras masivas manifestaciones y una nueva acampada en Sol por el derecho a la vivienda, ha aprobado dos normas de manera urgente que, por el momento, lo que han provocado es la retirada de viviendas del mercado y una consecuente subida de precios en las escasas disponibles.
Ante la falta de vivienda pública para alquiler, la carga de su inacción recae ahora, en gran parte, sobre los propietarios particulares, con prórrogas de contratos y suspensiones de lanzamientos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los inquilinos e inquilinas no quiere permanecer meses y meses en una vivienda que no puede pagar. Lo que quiere es poder pagar la vivienda que necesitan para vivir: que la renta sea asequible para su nivel de ingresos, y retrasar la recuperación de las viviendas en casos de impago, no ayuda a bajar los precios del alquiler. Puede suponer un parche momentáneo, pero conduce a una ampliación de la oferta y, por tanto, no soluciona la cronificación de esta problemática.
La solución real pasa por la construcción masiva de vivienda pública, así como por la adquisición de viviendas vacías, para destinarlas tanto a compra como a alquiler social. Con la misma finalidad, se deben perseguir acuerdos con las entidades financieras que dispongan de viviendas deshabitadas para destinarlas también al alquiler a precios sociales.
Otras medidas para reducir el precio de la vivienda son:
– Incentivos fiscales, ofreciendo bonificaciones del 100% en el IRPF o exenciones del IBI a los pequeños propietarios/as que pongan su vivienda en el mercado un 10% o 15% por debajo del precio medio de la zona; reduciendo temporalmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en viviendas de segunda mano y el IVA en viviendas de obra nueva, para compradores de primera vivienda habitual.
– Seguridad jurídica ante impagos, mediante seguros o avales públicos.
– Persecución efectiva del fraude, blindando legalmente el uso del alquiler por habitaciones y de temporada mediante un registro obligatorio, evitando que se utilicen de forma fraudulenta para sortear la Ley de Vivienda.
– Descentralización y teletrabajo, potenciando las infraestructuras de transporte (AVE, cercanías) y la conectividad digital en ciudades medianas y zonas rurales, para distribuir el empleo y la habitabilidad, rebajando la presión de demanda en capitales saturadas.
– Desincentivar la compra especulativa, aplicando recargos fiscales a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y no residentes.
– Restringir las licencias de pisos turísticos en cascos históricos y barrios tensionados.
Con relación al acceso a la vivienda de alquiler, debemos destacar que, si ya es complicado para cualquiera, para las familias interespecie, mucho más. Los datos que reflejan los propios portales de anuncios no dejan lugar a dudas: sólo un 7% admite animales. Por ello, desde PACMA impulsaremos una reforma de la Ley Arrendamientos Urbanos que, de manera expresa, declare nulas las cláusulas que prohíban la tenencia de animales de compañía en los contratos.
Ver en el exploradorFicha de PFAC
Limitación del precio de los alquileres y prórroga automática de contratos, creación de una bolsa de viviendas de alquiler público, prohibición de todas las formas de especulación con la vivienda (fondos buitre), limitando el alquiler turístico, con garantías económicas y de recuperación a la pequeña propiedad en los supuestos habituales en otros países de la UE.
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