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Publicar contratos, subvenciones, presupuestos, ejecución y declaraciones de bienes de altos cargos en formatos claros y reutilizables.
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63 medidas
Publicar contratos, subvenciones, presupuestos, ejecución y declaraciones de bienes de altos cargos en formatos claros y reutilizables.
Implantar una revisión periódica de programas y organismos para identificar duplicidades y gasto ineficaz; reorientar los recursos liberados a servicios prioritarios.
Simplificar trámites y fijar plazos de respuesta, con seguimiento del expediente y atención presencial para quien la necesite.
Reforzar auditorías, canales protegidos de denuncia y controles de conflicto de interés, con garantías para denunciantes.
Acompañar las principales iniciativas de memoria de impacto, calendario, coste estimado e indicadores públicos.
Defender un sistema público de pensiones sostenible con información periódica y transparente sobre sus perspectivas y opciones de equilibrio.
Garantizar la revalorización automática anual de las pensiones contributivas conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Equiparar progresivamente las pensiones mínimas de jubilación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), comparando los importes brutos anuales. Aplicar la equiparación en tres fases anuales, cerrando en cada fase un tercio de la brecha inicial y actualizando la referencia si cambia el SMI. La memoria económica concretará los requisitos de acceso y la financiación.
Proponer la exención del IRPF para las pensiones bajas según la renta total anual de la persona y estudiar un alivio fiscal que disminuya gradualmente a medida que aumente dicha renta, de acuerdo con el apartado 7.
Vigilar el coste de la alimentación, la vivienda, la energía y los medicamentos para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. Publicar un seguimiento trimestral de estos gastos. Abrir una evaluación de compensaciones cuando su coste conjunto crezca por encima del IPC general durante dos trimestres consecutivos. Priorizar a los hogares pensionistas de menor renta y tener en cuenta el tamaño del hogar.
Revisar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada en casos de largas carreras de cotización o de trabajos especialmente penosos, peligrosos o insalubres. Estudiar su reducción gradual según los años cotizados y su supresión al alcanzar los requisitos de edad y cotización que fije la reforma. En trabajos penosos, peligrosos o insalubres, acreditar la exposición mediante la actividad desempeñada y el tiempo efectivo en el puesto. La memoria de impacto justificará los requisitos y su aplicación en condiciones de igualdad.
Publicar antes de la aprobación una ficha por medida con los requisitos y umbrales pendientes, el calendario, el coste anual previsto, la fuente de financiación y el indicador de seguimiento. Medir la variación real de las pensiones, la brecha con el SMI, el ahorro fiscal por nivel de renta, la cobertura de las compensaciones y la reducción media de las penalizaciones. Revisar los resultados cada año.
Priorizar la atención a la dependencia, reducir listas de espera y coordinar sanidad, servicios sociales y cuidados de larga duración.
Ampliar centros de día, atención domiciliaria y alternativas residenciales de calidad, sujetas a inspección y estándares públicos.
Impulsar adaptación de viviendas, accesibilidad universal, viviendas colaborativas y programas comunitarios contra la soledad no deseada.
Combatir el edadismo y facilitar, dentro de reglas claras, que quienes lo deseen compartan experiencia o sigan trabajando y emprendiendo.
Reforzar atención primaria, salud mental, prevención y atención a enfermedades crónicas.
Mejorar la planificación y estabilidad de las plantillas sanitarias y publicar indicadores comparables de esperas, calidad y resultados.
Facilitar que la información clínica acompañe al paciente entre territorios, con garantías estrictas de privacidad y seguridad.
Coordinar la asistencia sanitaria con dependencia y servicios sociales, y extender cuidados domiciliarios cuando sean adecuados.
Reducir trámites y cargas evitables para autónomos, microempresas y pymes y mejorar su acceso a orientación y financiación.
Ampliar la Formación Profesional y la formación dual, conectándolas con necesidades verificables de empresas y territorios.
Ofrecer recualificación en competencias digitales, inteligencia artificial, energía y otros cambios que transforman los empleos.
Impulsar el empleo de larga duración y la participación laboral de mayores de 50 años, incluida la transmisión de conocimiento.
Favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, evaluando sus efectos sobre empleo, cuidados y bienestar familiar.
Aumentar la oferta de vivienda asequible mediante colaboración entre administraciones, movilización de suelo disponible y rehabilitación, respetando competencias.
Reducir plazos de planeamiento y licencias con procesos transparentes y criterios de calidad urbana y ambiental.
Facilitar vivienda adaptada para mayores y personas con discapacidad, así como soluciones de emancipación juvenil.
Reforzar escuelas infantiles y servicios de conciliación y evaluar las ayudas familiares según sus resultados y equidad.
Promover un marco educativo fruto de acuerdos amplios y evaluación pública, dentro de las competencias constitucionales y autonómicas.
Mejorar la Formación Profesional y su conexión con empleo de calidad.
Extender competencias digitales, financieras, cívicas y de seguridad en internet.
Preparar a estudiantes y trabajadores para la inteligencia artificial, fomentando su uso seguro y responsable.
Evaluar impuestos y beneficios fiscales por equidad, eficacia y coste, publicando sus resultados.
Estudiar ajustes tributarios para rentas bajas y medias de pensionistas y hogares vulnerables, con estimación de impacto y financiación.
En el marco de estos ajustes, fijar los umbrales según la renta total anual de la persona, incluidos los ingresos distintos de la pensión. Diseñar un tramo de retirada gradual del alivio fiscal para que un aumento de renta no reduzca la renta disponible. Estimar el impacto y la financiación de ambas medidas, en coordinación con el apartado 2.
Revisar cargas sobre vivienda habitual, ahorro y transmisiones patrimoniales con criterios de seguridad jurídica y protección de hogares vulnerables.
Simplificar obligaciones de autónomos y pequeñas empresas, especialmente cuando contratan y crean actividad.
Mejorar medios y organización judicial para reducir demoras y facilitar atención a víctimas.
Reforzar prevención y coordinación policial y la protección frente a ciberdelitos, estafas y delitos contra personas mayores.
Garantizar el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho.
Proteger privacidad y datos personales en los servicios públicos y en el uso de nuevas tecnologías.
Combatir las redes de tráfico y explotación de personas y cooperar con países de origen y tránsito y con la Unión Europea.
Coordinar acogida e integración con itinerarios de idioma, formación, acceso al empleo y conocimiento de las leyes.
Publicar costes, objetivos y resultados de programas de acogida e integración con indicadores claros.
Mejorar la transparencia de la cadena alimentaria y la capacidad negociadora de productores.
Promover controles sanitarios y de calidad equivalentes dentro del marco europeo.
Modernizar regadíos y fomentar ahorro, reutilización y gestión eficiente del agua.
Planificar el agua con cooperación territorial, evidencia técnica y evaluación ambiental, utilizando desalación cuando resulte adecuada.
Combatir la despoblación acercando conectividad, servicios públicos y actividad económica al medio rural.
Favorecer eficiencia energética, autoconsumo, almacenamiento y modernización de redes.
Promover transporte público y electrificación donde sean eficaces, accesibles y adecuados al territorio.
Compatibilizar protección ambiental, actividad económica y seguridad de suministro.
Apoyar a pymes y ciudadanía en la adopción tecnológica y ampliar competencias digitales para todas las edades.
Exigir seguridad, transparencia, supervisión humana adecuada y protección de datos en sistemas de inteligencia artificial de uso público.
Proteger libertad de prensa, pluralismo e independencia profesional de los medios.
Publicar criterios objetivos de asignación de publicidad institucional.
Promover educación mediática y herramientas contra estafas y contenidos fraudulentos, respetando la libertad de expresión.
Prevenir y atender la violencia y proteger a personas vulnerables, con actuaciones respetuosas con la ley y la dignidad humana.
Impulsar diálogo intergeneracional y participación ciudadana en la evaluación de servicios.
Coordinar posiciones europeas en energía, agricultura, seguridad, tecnología, migración y bienestar.
Promover cooperación internacional orientada a prevenir conflictos, defender derechos humanos y crear oportunidades de desarrollo.
Asegurar que las propuestas nacionales identifiquen competencias, instrumentos de financiación y coordinación europea.
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