Las 102 propuestas

Atendiendo a los títulos, objetos y ámbitos de aplicación de las leyes de protección animal, podemos distinguir las que se limitan a proteger a los a animales de compañía, las que protegen a los animales de compañía y a los domésticos, otras que abarcan a los de compañía, a los domésticos y a los silvestres en cautividad, y otras que protegen a todos los animales.

Sin embargo, incluso las que, en principio, protegen a todos los animales, excluyen expresamente de su ámbito de aplicación a determinados animales, como la fauna silvestre, o determinadas prácticas con animales, como los espectáculos y festejos taurinos.

¿Responden a alguna fundamentación científica o ética estas exclusiones? ¿Son menos merecedores de protección o, acaso, tienen una menor capacidad de sufrimiento estos animales? La respuesta, evidentemente, es no. Se trata de excepciones legales al maltrato cuya única finalidad es la de permitir que los animales sean cazados en los montes y torturados en las plazas.

La finalidad de una Ley de ámbito nacional era, en teoría, la de homogeneizar la legislación autonómica. Sin embargo, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales excluye de su ámbito de aplicación a la inmensa mayoría de los animales: por supuesto, a los animales utilizados en espectáculos taurinos y a la fauna silvestre, pero también, a todos los animales considerados de producción, a los destinados a experimentación, actividades específicas, como las deportivas y las profesionales, a los perros utilizados para la caza y la guarda de ganado, y un largo etcétera.

Desde PACMA lucharemos por tener una verdadera Ley de Bienestar y Protección de los Animales que proteja a todos los animales, sin distinciones, excepciones, ni exclusiones, como es la proposición de Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, conocida popularmente como “Ley Cero”, que el Partido Animalista presentó ya en 2017 a las Cortes Generales.

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 7

Desde hace muchos años se vienen denunciando las condiciones de explotación e insalubridad de la cría comercial de animales de compañía, así como el incierto destino que sufren aquellos que nunca llegan a ser vendidos, pero lo más inconcebible es que se siga permitiendo su comercialización mientras las protectoras y las perreras municipales se encuentran abarrotadas de animales abandonados.

Continuar permitiendo la compraventa de animales de compañía fomenta su cosificación, otorgándoles la categoría de mercancía con la que lucrarse, algo a lo que también contribuye el hecho de que la recogida de animales abandonados siga asignándose en muchos municipios a las mismas empresas encargadas de retirar los residuos urbanos. Los animales, al margen de razones de salubridad e higiene, deben recogerse por razones morales.

Hasta ahora han sido las entidades de protección animal las que han ido paliando esta situación, siempre saturadas y desbordadas, asumiendo una responsabilidad que no les corresponde, en la mayoría de los casos sin ayuda ni apoyo de las administraciones públicas.

Incomprensiblemente, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales no solo no ha restringido, sino que ha reforzado la cría y compraventa de animales como compañía, estableciendo como único requisito que la venta de perros, gatos y hurones se realice directamente desde la persona criadora. Ni siquiera se ha prohibido la venta de animales en establecimientos comerciales, por lo que aún seguimos viendo animales expuestos en tiendas, como si de juguetes se tratara.

Desde PACMA proponemos la prohibición del comercio de animales como compañía, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales, de manera que solo puedan ser adoptados.

Colectivos

Empresas e industria

Palancas

Cambio legalGasto e inversión

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PDF, pág. 8

Las camadas indeseadas son la principal causa de abandono de animales. Por ello, PACMA lleva años exponiendo la necesidad de introducir la esterilización obligatoria de los animales de compañía.

Aunque las primeras versiones del borrador de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales preveían la esterilización obligatoria tanto de perros como de gatos, antes de la exclusión de los perros utilizados para la caza, el Gobierno ya había cedido en determinadas cuestiones ante la presión del sector cinegético, quedando como obligatoria solo la de los gatos: vía libre para que los cazadores puedan seguir criando y, al mismo tiempo, abandonando.

Desde PACMA proponemos la esterilización obligatoria también de los perros, que, en todos los casos, deben realizarse por profesionales veterinarios. En aquellos casos en los que no sea aconsejable por razones de salud del animal, se valorarán otras medidas anticonceptivas, teniendo siempre como prioridad su salud y bienestar.

Además, queremos impulsar que las diferentes administraciones públicas desarrollen campañas subvencionadas de esterilización de animales destinadas preferentemente a protectoras y personas con recursos insuficientes para afrontar la esterilización de los animales que tengan a su cargo.

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 8

PACMA lleva muchos años trabajando para establecer el sacrificio cero, diferenciándolo de los supuestos de eutanasia del animal, con la finalidad de evitar un sufrimiento grave e irremediable, como consecuencia de padecer una enfermedad o lesión sin posibilidad de curación que no permita tener una calidad de vida compatible con los parámetros mínimos de bienestar animal, y que, en todos los casos, debe ser prescrita y realizada por profesionales veterinarios, mediante métodos no crueles e indoloros, evitando causarles estrés u otros sufrimientos psíquicos, y suministrándoles sedación previamente.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, lamentablemente, solo ampara a los animales considerados de compañía y sobre éstos venía a prohibir, supuestamente, su sacrificio. Sin embargo, tras su entrada en vigor, la Dirección General de Derechos de los Animales daba el visto bueno a la propuesta de la Organización Colegial Veterinaria de incluir entre los supuestos contemplados para el certificado de eutanasia la ausencia de disponibilidad de los medios necesarios, tales como los económicos, la naturaleza no manejable del animal, la incapacidad física para atender las necesidades del animal y un indeterminado “etcétera”.

Evidentemente, matar a un animal cuya patología tiene posibilidad de cura, por semejantes motivos, no es una eutanasia; es un sacrificio.

Pero PACMA no es un partido ajeno a la realidad sino, por el contrario, plenamente consciente de que mientras se continúe permitiendo la compraventa de animales como compañía y su uso como herramientas de caza, es arduo complicado que los ayuntamientos puedan afrontar el abandono de miles de animales cada año.

Por ello, como venimos denunciando, es necesario abordar y solucionar la problemática del abandono en su origen, con medidas valientes y efectivas como la esterilización obligatoria, la prohibición del comercio de animales como compañía y de su uso como herramientas de caza. Solo así se reducirá drásticamente el abandono y se fomentará, consecuentemente, su adopción. Establecer el sacrificio cero sin adoptar estas medidas, conduce a una masificación de los centros, lo que se traduce en menos bienestar para los animales acogidos y en la falta de recogida de animales abandonados, como sucede en muchos municipios.

Palancas

Cambio legalReorganizar el Estado

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PDF, pág. 8

A lo largo de la última década, el Partido Animalista, que ha mantenido reuniones con cada ayuntamiento para presentar y tratar de implementar el CER (Captura-Esterilización-Retorno) para el control poblacional de las colonias felinas en el mayor número de municipios posible, junto a las personas que, de manera voluntaria y altruista, han ido aplicando este método a costa, en la mayoría de los casos, de su propio bolsillo, hemos conseguido demostrar que una gestión ética no sólo es posible, sino que es más eficaz que capturar y sacrificar a los gatos, como se venía haciendo, y convertirlo en una realidad de ámbito nacional.

Sin embargo, muchos ayuntamientos aún no lo han puesto en marcha o pretenden limitar su aplicación a su conveniencia. Recientemente, PACMA ha conseguido una sentencia muy importante, especialmente de cara a la gestión de las colonias ubicadas en entornos privados, sobre las que muchos ayuntamientos tratan de eludir su responsabilidad, como era el caso del Ayuntamiento de Bilbao. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sin embargo, nos ha dado la razón, confirmando en su sentencia que todas las colonias, se encuentren tanto en ubicaciones públicas como privadas, son responsabilidad de los ayuntamientos.

El método CER es el más ético y efectivo y supone un trabajo conjunto entre la Administración, las entidades de defensa y protección animal y el voluntariado. Sin embargo, aún quedan muchos pasos que dar y muchos aspectos que mejorar en torno a esta gestión.

En primer lugar, es imprescindible articular mecanismos para que, por un lado, los ayuntamientos cumplan de manera efectiva con la Ley y, por otro, impedir que la gestión de las colonias se convierta en un negocio para empresas que nada tienen que ver con la protección de los animales, como ya sucede en muchos casos con el servicio de recogida y acogida de animales abandonados.

Además, se debe asegurar que los ayuntamientos se hagan cargo tanto de la alimentación como de la atención y los tratamientos veterinarios que los gatos integrantes de las colonias requieran.

Para ello, es necesario que las líneas de subvención que prevé la Ley estatal sean de una dotación suficiente y estable, dado que la efectividad del método requiere continuidad.

Para un buen desarrollo, es igualmente necesaria la implementación de campañas de información dirigidas a la ciudadanía sobre el control poblacional de las colonias mediante el CER y sus beneficios, aún desconocidos para gran parte de la población.

Colectivos

Empresas e industria

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 9

En los parques zoológicos se mantiene cautivos a los animales fuera de su hábitat, en contra de su naturaleza, con fines de exposición, exhibición y entretenimiento para los humanos.

Resulta imposible reproducir el entorno de los animales en un zoológico. Animales como los leones o los tigres tienen diez mil veces menos espacio que en libertad.

Debido a la inactividad, a la frustración, al hostigamiento de los visitantes y a la pérdida de vida en grupo social o de estatus solitario, los animales cautivos desarrollan con frecuencia patrones de comportamiento anómalo como las estereotipias, el acicalamiento excesivo o las autolesiones.

Son múltiples las denuncias sobre recintos inadecuados, alimentación deficiente o malos tratos.

Un argumento esgrimido a favor de los zoológicos es el trabajo de conservación que supuestamente realizan. Sin embargo, la realidad es que menos de un uno por ciento de las especies se debe al esfuerzo de conservación y que, lejos de volver a integrar a los animales en la naturaleza, la gran mayoría son arrancados de su hábitat. Además, de ese uno por ciento, muchos son fruto de la endogamia y carecerían por tanto de ese "valor de conservación".

Hace unos años se generó una gran alarma social tras conocer, a raíz del caso de Marius, una joven jirafa que fue sacrificada, descuartizada en público y dada como alimento a otros animales en el Zoo de Copenhague, que, solo entre los zoológicos pertenecientes a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), de entre los que, en España, lamentablemente, tenemos más de veinte, se sacrifica cada año a miles de animales sanos por cuestiones de genética y espacio. Muchos centros alegan que se trata de satisfacer una necesidad tan natural en los animales como es procrear, mientras no les preocupa en absoluto no cubrir otros instintos naturales como pueden ser vivir en manadas, nadar o recorrer largas distancias.

Por todo ello, el Partido Animalista propone la prohibición de mantener animales cautivos con fines de exposición, exhibición y/o entretenimiento, y que los zoológicos, acuarios y otros recintos con animales que no tengan como finalidad su cuidado, recuperación, custodia, reintroducción o mantenimiento, sean reconvertidos en centros de recuperación y rescate o reservas.

En su lugar, propondremos el fomento de proyectos donde el uso de las últimas tecnologías permita contemplar y estudiar a los animales en sus entornos naturales, sin necesidad de interferir en el curso normal de su vida silvestre.

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 10

España es conocida mundialmente por sus tradiciones y festejos crueles con los animales, particularmente con los toros. No podremos considerarnos un país avanzado mientras esto no cambie.

La mayor parte de la sociedad española no se identifica con estas prácticas atroces, sino que, por el contrario, se avergüenza de un concepto de cultura y tradiciones basadas en el maltrato hacia los animales.

El patrimonio cultural, que se transmite de generación en generación, debe infundir un sentimiento de identidad hacia el pueblo al que pertenece, por lo que una tradición que la gran mayoría rechaza no debería formar parte de este de ninguna manera. Más allá, el dolor, el maltrato, la tortura o la muerte no deberían formar parte de ninguna tradición que represente a un pueblo civilizado.

Sin embargo, los partidos que conforman el actual Gobierno, a pesar de autoproclamarse como “el más progresista de la historia”, no solo no han hecho nada en contra, sino que, por un lado, el Grupo Parlamentario Socialista impidió con su abstención en el Congreso que se debatiera la ILP “No es mi cultura”, ninguneando más de 700.000 firmas ciudadanas que solicitaban la derogación de la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural y, por otro, SUMAR, al frente del ministerio de Infancia, dejó fuera de la reforma de la LOPIVI la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de la tauromaquia, a pesar de haberse comprometido a ello ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU tras la denuncia presentada por PACMA.

Y es que, en un primer momento, este Gobierno aseguró ante el Comité que carecía de competencia para prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos y festejos taurinos. Sin embargo, PACMA presentó alegaciones al respecto, demostrando que eso era absolutamente falso y que el Gobierno sí que tiene dicha competencia.

Desde el Partido Animalista exigimos proteger a la infancia de la violencia de la tauromaquia y la caza, prohibiendo su asistencia y participación en estas actividades en las que se ejerce violencia extrema contra los animales, y avanzar hacia la supresión de las excepciones legales al maltrato y sufrimiento de los propios animales, permitidos también en otros espectáculos, como circos y delfinarios.

Mientras la tendencia mundial es considerar moralmente inaceptable el cautiverio de cetáceos para fines de entretenimiento, prohibiendo su cautividad e importación, estableciendo estándares tan estrictos que hacen imposible la construcción de delfinarios o prohibiendo todos los espectáculos con animales, España se ha convertido en el “delfinario de Europa”, siendo el país europeo con mayor número de delfinarios y de cetáceos en cautiverio, ocupando un deshonroso séptimo puesto en el ranking mundial.

No solo tenemos el mayor número de delfinarios y de cetáceos en cautividad, sino que, ante la inacción y la pasividad del Gobierno, nos estamos convirtiendo en el país receptor de todos los delfines y orcas procedentes de los delfinarios de los países que están prohibiendo su utilización en espectáculos.

Por todo ello, desde PACMA hemos explicado al Gobierno que España debe liderar e impulsar la habilitación y puesta en marcha de alguno de los proyectos de santuarios para cetáceos en Europa.

La mayoría de los países europeos y, en España, multitud de municipios y cuatro comunidades autónomas, han vetado, asimismo, la utilización de animales en espectáculos circenses.

La deficiente Ley nacional solo prohíbe la utilización de animales silvestres, ignorando deliberadamente que los animales domésticos explotados en circos, como perros, caballos o dromedarios, sufren igualmente la privación de libertad, pasando la mayor parte de su vida viajando enjaulados, careciendo de espacio suficiente para desarrollar sus necesidades y comportamientos naturales. Además, son sometidos a un duro entrenamiento, consistente en repeticiones incesantes de ejercicios antinaturales que les resultan difíciles e incómodos, con técnicas de adiestramiento de largo cuestionadas: los animales nunca atravesarían aros de fuego, andarían a dos patas o montarían en bicicleta, salvo por temor a las represalias que pueda suponer no hacerlo.

El trato que reciben, el cautiverio, la frustración, la falta de ejercicio y de interacción con otros animales de su especie, les hacen padecer con frecuencia graves trastornos mentales. Es común observar en ellos los mismos síntomas agravados que padecen los animales encerrados en zoológicos.

Es hora de que todos los espectáculos con los animales sean prohibidos. Por ello, propondremos establecer la prohibición de utilización de animales en todo tipo de espectáculos, tradiciones y festejos, tanto privados como públicos.

Mientras conseguimos una prohibición real, exigiremos la prohibición de su retransmisión televisiva o radiofónica, la retirada inmediata de toda subvención pública que reciban directa o indirectamente, así como de cualquier reconocimiento que los proteja como patrimonio o bien de interés cultural, empezando por derogar la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, cuya finalidad fue la de impedir que las comunidades autónomas pudieran prohibir las corridas de toros, como quisieron hacer en Cataluña, o, incluso, regularlas sin herir ni matar a los animales, como intentaron llevar a cabo en Baleares.

Colectivos

Menores y alumnosAutónomos, pymes y emprendedores

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Cambio legalGasto e inversión

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PDF, pág. 10

Cada año, millones de animales son abatidos por los cazadores mientras PACMA es el único partido que se opone a ello.

La actividad cinegética no es una herramienta necesaria para la gestión y el equilibrio medio ambiental, como los gobiernos central y autonómicos están tratando de “vendernos” en los últimos años. Muy al contrario, como ya ha advertido el Parlamento Europeo, la caza es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad.

Cada temporada, además, los cazadores dejan tras de sí miles de toneladas de plomo en el agua y el suelo, que permanecen en el sustrato cientos de años, prolongando su efecto tóxico en la naturaleza. Miles de aves, acuáticas y rapaces, mueren cada año por su ingestión directa.

A pesar de ello, los diferentes gobiernos no tienen ningún reparo en establecer beneficios y bonificaciones fiscales para el fomento de la práctica de esta actividad minoritaria, que suponen reducciones de millones de euros de ingreso en las arcas públicas, y, a su vez, la inversión de millones de euros de todos los contribuyentes en el desarrollo de una actividad que no practica la enorme mayoría.

De la misma manera, en el ámbito legislativo han puesto todo su empeño para que prácticas como la montería con rehala o la cetrería sean declaradas Bien de Interés Cultural.

En cualquier caso, ninguna medida les servirá para salvar una actividad que se encuentra en un proceso de desaparición irreversible. Como reconocen los propios planes de caza autonómicos y la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, el número de licencias ha disminuido, de forma pausada pero inexorable y la edad media de los cazadores ha aumentado en torno a diez años en la última década, estando ya muy por encima de los cincuenta años.

Por ello, además de las medidas mencionadas, están adoptando otras encaminadas a captar niños, jóvenes y mujeres que se sumen a la práctica de esta actividad.

Su intención es la de inculcar desde la infancia una visión de la caza como supuesta herramienta de gestión y equilibrio del medio natural, y de conservación de la biodiversidad, considerando necesario advertir a la sociedad que de no existir la caza como actividad desarrollada voluntariamente sería preciso tener unos servicios de control de las poblaciones de determinadas especies por parte de las administraciones con cargo al erario público.

Argumentos que no son más que patrañas, cuando, como llevamos años denunciando desde PACMA, España está plagada de granjas cinegéticas, cuya única finalidad es la de criar animales para después soltarlos y cazarlos. Negocios que los gobiernos no solo autorizan, sino que fomentan, beneficiándolos también fiscalmente.

Desde el Partido Animalista les indicamos que, por el contrario, sería conveniente que estimaran cuánto cuesta y ha costado, durante todos estos años, mantener el servicio de recogida y mantenimiento de los cientos de miles de perros desechados por los cazadores, las acciones para mitigar los efectos de la contaminación por el plomo de sus cartuchos o los programas de recuperación de las especies que, como el lince, han llevado al borde la extinción.

Desde los mismos gobiernos aseguran, también, que la caza es una actividad esencial para el mantenimiento del medio rural, cuando la realidad es que las zonas con mayor actividad cinegética son las más despobladas. Se trata de una actividad claramente masculinizada y con escaso relevo generacional, y que, por tanto, contribuye al envejecimiento poblacional, a la masculinización del territorio, a las migraciones, a la baja natalidad y densidad, y a las poblaciones estacionales, que son, precisamente, los grandes desafíos que debe enfrentar el medio rural.

PACMA trabajará por que España no sea el gran coto de caza en el que, gobierno tras gobierno, han convertido este país, cuya legislación permite que más del 85% del territorio sea terreno cinegético.

Miles de cotos que ocupan millones de hectáreas, privilegiando al 1% de la población que tiene licencia de caza, frente al 99% que nos vemos privados del derecho recogido en la Constitución a poder disfrutar de un medio ambiente adecuado; a poder disfrutar de la naturaleza que nos rodea con libertad y sin miedo.

Mientras que se continúe fomentando y tratando de proteger la caza, desde PACMA seguiremos dando voz a los millones de animales que son abatidos cada año por “deporte” o bajo justificación de supuestas sobrepoblaciones y emergencia cinegéticas declaradas por los mismos gobiernos que permiten e incentivan la cría de esas mismas especies en granjas cinegéticas y autorizan las posteriores sueltas.

Seguiremos luchando cada día hasta abolir esta práctica cruel e innecesaria, e impulsaremos medidas como la prohibición definitiva de la utilización de balines de plomo, la ampliación de la extensión de los perímetros de seguridad alrededor de los terrenos cinegéticos, la creación de un registro nacional sobre accidentes relacionados con la actividad cinegética y la obligatoriedad de realizar controles de alcoholemia y estupefacientes a los cazadores de manera regular, aleatoria y sin previo aviso, dado que se trata de personas que portan armas y suponen un peligro para el resto de la población.

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JóvenesMujeresMenores y alumnosMundo rural y mar

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Cambio legalImpuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

Territorios

Unión Europea

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PDF, pág. 12

Cada año, cuando termina la temporada de caza, miles de perros son abandonados y matados de maneras terribles.

El fin de la temporada de caza es la segunda causa de abandono, tras las camadas indeseadas que, a su vez, proceden en gran parte de estos animales explotados por los cazadores.

Las condiciones en las que muchos cazadores mantienen a los perros en los meses previos a la caza, como venimos denunciando desde hace años, son pésimas: permanentemente atados a cortas cadenas, bebiendo agua insalubre y durmiendo sobre sus propios excrementos.

En 2021, el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales envió una misiva al Gobierno en la que expresaba su preocupación, precisamente, por el trato que se da a los animales utilizados como herramientas de caza en España.

Sin embargo, al Gobierno no solo no le pareció vergonzoso que desde la Unión Europea le llamaran la atención sobre el enorme atraso de la legislación respecto de la conciencia sobre protección y bienestar animal de la sociedad española, ni que se le advirtiera que el trato que permite que se dé a estos animales está en contradicción con los valores europeos, o que no haya nada que justifique que se les dé un amparo legal diferente al del resto de animales considerados de compañía, sino que, haciendo exactamente lo opuesto a lo que desde el Intergrupo se solicitaba, el Gobierno excluyó a los perros y demás animales utilizados como herramientas de caza del ámbito de aplicación de la Ley de protección animal.

Todo ello a pesar de que los eurodiputados y eurodiputadas denunciaran que en España no se está protegiendo a estos animales del sufrimiento, del abandono y del maltrato por parte de quienes los explotan, señalando que, en el resto de países europeos, modalidades de caza como la montería con rehala están prohibidas por su extrema crueldad, mientras que la legislación española no solo no las prohíbe, sino que, encima, las protege y las fomenta mediante subvenciones y declaraciones como las de bien de interés cultural.

Son estos gobiernos los que hacen que España siga a la cola en bienestar y protección animal, siendo la vergüenza de Europa.

Desde PACMA, mientras conseguimos la prohibición de la caza, impulsaremos la inclusión de los perros de caza en la Ley de protección animal con vistas siempre a la prohibición del empleo de animales como instrumentos para cazar, ya sean perros, aves, hurones u otros animales.

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Cambio legalGasto e inversión

Territorios

Unión Europea

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PDF, pág. 13

Ahorcados, envenenados, atropellados o expuestos como trofeos de caza. Así ha acababa la vida de cientos de lobos ibéricos, cada año, en España.

Las justificaciones esgrimidas para autorizar su caza, como reducir el conflicto con el ganado o paliar el furtivismo, son falsas. El lobo ha sido víctima de la estigmatización administrativa y social, causada principalmente por las instituciones que han promovido su caza a instancias del sector cinegético y al amparo de las denuncias del sector ganadero, cuyos intereses se ven beneficiados por planes específicos de indemnizaciones.

El lobo ibérico habitó una vez la mayor parte de la Península. Sin embargo, durante los años 70, la especie estuvo sometida a un tremendo estrés poblacional por presión humana, como las campañas de “extinción de alimañas” promovidas desde la Administración, que ofrecía recompensas para todas aquellas personas que entregaran uno muerto, los envenenamientos indiscriminados o la destrucción de sus hábitats. Su número se redujo entonces a tan solo 400 animales en toda España, convirtiéndose en una especie en peligro de extinción.

En las últimas décadas, ha sido una especie designada “de especial conservación” únicamente en la región sur del Duero, pero el resto de las comunidades autónomas han continuado autorizando su caza, provocando una regresión de la especie hacia la zona noroccidental, debida a una brutal persecución que le ha impedido extenderse hacia sus territorios históricos meridionales.

En septiembre de 2021, pasó a ser una especie designada “de especial conservación” en todo el territorio nacional, pero esta medida llegaba muy tarde. Tras décadas de desprotección, pocos ejemplares, aislados, víctimas de la endogamia, en territorios con grandes terrenos cinegéticos vallados, con una supervivencia que pendía de un hilo y sin planes específicos de recuperación, los lobos desaparecieron ya de muchas comunidades autónomas.

Tristemente, la especie se encuentra ahora más en peligro que nunca. En marzo de 2025, durante la tramitación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, de manera inesperada y vergonzosa, el Grupo Parlamentario Popular introducía una serie de enmiendas que han supuesto la desprotección del lobo en todo el país. Es tan ridículo que el lobo ya ni siquiera se encuentra protegido allí donde está extinto y el Gobierno no ha hecho nada para evitarlo.

Al carecer de legitimación para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad, desde PACMA interpelamos a quiénes sí la tienen para que lo interpusieran, como el Presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios que forman parte de este y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, solo este último respondió favorablemente a nuestra petición. La problemática es que la resolución del Tribunal Constitucional puede tardar años en llegar, y ya es tarde para los muchos lobos que están matando en comunidades como Cantabria y Asturias. Por ello, desde el Partido Animalista estamos destinando nuestros escasos recursos para intentar frenar los planes de caza de estas comunidades, tanto en vía administrativa como judicial.

Otra especie víctima de la estigmatización promovida por el sector cinegético es el zorro. El hecho de alimentarse de algunas especies que los cazadores consideran “sus presas”, les ha mantenido durante décadas en el punto de mira de sus escopetas.

La caza deportiva de zorros con perros entrenados para perseguirlos y acosarlos hasta en sus propias madrigueras, fue una actividad recreativa popular durante los siglos pasados, en países como Inglaterra, Gales o Escocia, pero la civilización de estas sociedades llevó a que esta práctica, terriblemente cruel, fuera prohibida.

En España, sin embargo, aún se continúa permitiendo, a pesar de que la caza del zorro esté afectando, además, de manera negativa al equilibrio ecológico.

En los últimos años por fin hemos empezado a ver cómo algún gobierno autonómico reconoce estos efectos negativos en la naturaleza y establece restricciones a su caza. En Castilla-La Mancha, se limitó la caza del zorro tras constatar, en base a los datos obtenidos por un programa de monitorización y censo de esta especie, que, en los municipios con una media de daños por conejo de monte superior a 100 hectáreas por año, había una evidente escasez de zorros.

Desde PACMA queremos que se proteja a estas especies emblemáticas, tan injustamente criminalizadas y señaladas a expensas de los intereses de los sectores cinegético y ganadero, de manera que la caza del lobo y del zorro sean expresamente prohibidas.

Abogaremos, además, por el desarrollo de campañas de educación ambiental que sensibilicen a la población sobre la importancia de la conservación de la fauna silvestre y, especialmente, de especies como el lobo y el zorro, de manera que se erradiquen todas las falacias y la animadversión que cazadores y ganaderos han infundido durante décadas sobre ellas para tratar de justificar la persecución y el maltrato de estos animales.

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Autónomos, pymes y emprendedoresMundo rural y marVíctimas

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Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 14

Otra actividad cada día más censurada por la ciudadanía es la cría y explotación de animales para el aprovechamiento de sus pieles, debido a la crueldad extrema a la que son sometidos en las granjas peleteras.

El cautiverio resulta muy estresante para animales como los visones, que en estado silvestre pueden llegar a ocupar un territorio de diez kilómetros cuadrados. Desde que nacen, se les cría hacinados en diminutas jaulas. Viven, moviéndose en círculos de manera frenética, entre sus propios excrementos, cadáveres y restos de otros animales, con escasa atención veterinaria, padeciendo infecciones que agravan su sufrimiento.

El miedo, el estrés y la ausencia de toda posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales más básicas, les genera tal estado de ansiedad que se autolesionan, mordiéndose la piel, la cola y las patas, rompiéndose los dientes con los barrotes de las jaulas, agrediéndose unos a otros.

Dado que el objetivo de sus criadores es arrancarles la piel, sobre los siete meses, son gaseados, desnucados o electrocutados, de manera que ésta no resulte dañada. Debido al ritmo industrial de las granjas, algunos aún están vivos cuando son despellejados.

Es intolerable e injustificable todo este sufrimiento para confeccionar abrigos y complementos.

Además, la cría intensiva conlleva la fuga de visones americanos de las granjas peleteras. Es absurdo que se sigan destinando millones de euros a proteger el visón europeo, declarado como especie en peligro crítico de extinción en España, mientras se continúa incentivando la apertura de granjas de visón americano, que constituye su principal amenaza.

Por todo ello, PACMA propone prohibir la cría y explotación de animales para el aprovechamiento de sus pieles.

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 15

Sustituiremos la actual Dirección General de Derechos de los Animales, incoherentemente dependiente de un ministerio cuyas competencias no tienen relación alguna con la mayoría de los animales, como es el Ministerio de Derechos Sociales, lo que desde su creación ha limitado toda capacidad de actuación más allá de los considerados de compañía, por una Dirección General de Bienestar y Protección de los Animales, dependiente del ministerio competente en Medio Ambiente, a la que corresponderá la dirección, coordinación, propuesta y ejecución de las políticas nacionales en materia de bienestar y protección animal.

La misma deberá contar con el asesoramiento de las entidades de protección y defensa animal más representativas del país, así como de personas especializadas y con amplia experiencia en estas materias.

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Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 16

Consideramos prever por ley el deber de auxilio a animales que se encuentren desamparados, heridos o en peligro manifiesto. La persona que lo advierta deberá comunicar los hechos a los servicios de emergencia o autoridad competente, que se encargarán de prestar la asistencia oportuna. En la medida de sus posibilidades, y en tanto se personan dichos servicios, ayudará al animal para evitar daños mayores o irreversibles.

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 16

Desde PACMA defendemos que las entidades dedicadas a la protección animal, cuyas actividades pasan por defender, rescatar, recuperar, cuidar y/o acoger a los animales que han sido abandonados y/o maltratados, realizan una labor de importante utilidad pública, que aún no está lo suficientemente valorada, reconocida y apoyada.

Las entidades de protección y defensa de los animales deben ser consideradas, cuando así lo soliciten, como entidades de utilidad pública, a todos los efectos.

Desde PACMA impulsaremos que los departamentos competentes en materia de protección animal establezcan ayudas para las entidades que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras, destinadas a las actividades que lleven a cabo con relación a la protección y la defensa de los animales, a su cuidado y mantenimiento, a la ejecución de programas de adopción, a la promoción de campañas y programas de esterilización o a la promoción de campañas de sensibilización de la ciudadanía.

Además, deben tener la consideración de interesados cualificados en los procedimientos sancionadores en los casos en que hayan formulado la denuncia correspondiente o hayan formalizado la comparecencia en el expediente sancionador.

Otra propuesta de PACMA, que ya presentamos formalmente al Gobierno, es la inclusión de la protección animal como una de las actividades consideradas de interés social a tener en cuenta en la determinación de las bases reguladoras de las ayudas financiadas con el porcentaje fijado del rendimiento del IRPF, el conocido 0,7%, que los y las contribuyentes deciden destinar a actividades de interés general consideradas de interés social, marcando la casilla al efecto al realizar su declaración de la Renta.

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 16

Desde PACMA llevamos una década luchando por el reconocimiento legal de los santuarios como entidades de protección y defensa de los animales, en los que se recupera y acoge a animales rescatados principalmente de la explotación de la industria ganadera y que, como tales, tengan la consideración y el apoyo recogidos en el anterior apartado.

Los animales acogidos por los santuarios no son animales criados o mantenidos para la producción de alimentos, lana o pieles, y, por consiguiente, no se les deben aplicar las normas y protocolos establecidos para los animales en las explotaciones ganaderas.

Colectivos

Empresas e industriaMundo rural y mar

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 17

Apostamos por establecer la previsión de creación de centros de recuperación y rescate suficientes y adecuados para alojar a las especies de animales silvestres, salvajes y/o exóticos, tras haber sufrido un accidente o agresión, haber sido rescatadas del tráfico ilegal, del abandono o de la cautividad de circos, zoológicos o particulares.

Su finalidad será la de proporcionar atención y cuidados a los animales que ingresen, de manera que sean recuperados, rehabilitados y, en la medida de lo posible, reintroducidos en la naturaleza.

Palancas

Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 17

La falta de políticas medioambientales adecuadas y la especulación urbanística prenden fuego a nuestros bosques y desbordan nuestros ríos, matando de la manera más terrible a miles de animales que quedan atrapados en explotaciones y en cotos de caza, ahogados, asfixiados o quemados. Estas muertes podrían evitarse mediante protocolos de evacuación y rescate.

Defendemos la obligatoriedad por ley de la elaboración de protocolos de evacuación y rescate de animales que se encuentren en explotaciones de toda índole y terrenos cinegéticos vallados, así como en centros, recintos, instalaciones o establecimientos dedicados al cuidado, mantenimiento, educación, guardería, residencia, recogida, acogida de animales y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, ante situaciones climatológicas extremas y ante fenómenos o desastres naturales o provocados por personas.

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 17

Las fluctuaciones de temperatura y del aumento del nivel del mar son cada vez más acusadas a causa del calentamiento global. Cada año empeoran los fenómenos climatológicos extremos, como fuertes olas de calor, lluvias torrenciales, calimas o sequías, que agravan los incendios e inundaciones, y que, según las previsiones, seguirán en aumento significativo en los próximos años.

Los animales silvestres se enfrentan cada vez a mayores dificultades para adaptarse a estos cambios climáticos que son consecuencia del comportamiento irresponsable y abusivo de los seres humanos sobre el planeta.

En el Partido Animalista consideramos una obligación moral y ética, y una necesidad para la sostenibilidad de los ecosistemas, proteger y ayudar a la fauna silvestre, facilitando su adaptación ante estas circunstancias. Por ello propondremos la obligatoriedad de contar con protocolos de asistencia a la fauna silvestre en condiciones climatológicas extremas.

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 17

La caza no es un control poblacional eficaz. Como demuestran ya los estudios científicos, aumentar la presión cinegética sobre determinadas especies, como los jabalís, solo está provocando que éstas aumenten su reproducción, incrementando el número de camadas cada año y el número de crías en cada camada, lo que supone el efecto contrario al que supuestamente se pretende conseguir con su persecución y matanza.

Desde PACMA defendemos el uso de métodos de control poblacional no letales por ser más éticos, pero también efectivos, como las vacunas anticonceptivas que ya se han probado con éxito, pero, sobre todo, defendemos que, si dejáramos a los animales vivir en paz en lo que debería ser su entorno natural y no un coto de caza, no tendrían la necesidad de adentrarse en los entornos urbanos para tratar de proteger sus vidas.

Dentro del entorno urbano, defendemos igualmente el empleo de técnicas y métodos éticos de control de reproducción de la fauna urbana, como la esterilización o el suministro de vacunas y piensos anticonceptivos.

Fuente

PDF, pág. 18

El concepto de los “cinco dominios” (alimentación, entorno físico, salud, interacciones conductuales y estado mental), que empezamos a ver plasmado en normativas europeas, se ha desarrollado a través de pruebas científicas para describir las diferentes dimensiones del bienestar animal.

Toda persona que esté en posesión de un animal sea de compañía o doméstico, en una casa o en una explotación, debe ser responsable de su salud, protección y bienestar. Debe procurarle cuidados y atención conforme a su etología y características físicas, de conformidad con su especie y raza.

Por ello, es fundamental establecer en la Ley de protección animal, al menos, las siguientes obligaciones para las personas poseedoras de animales:

– Proporcionarle agua fresca, limpia y potable, y un alimento completo en cantidad suficiente.

– Proporcionarle un alojamiento cómodo y seguro, a resguardo de las inclemencias meteorológicas, que será sometido a una limpieza periódica.

– Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias y ambientales.

– Proporcionarle oportunidades de ejercicio y descanso adecuadas.

– Proporcionarle las revisiones veterinarias necesarias y prestarle todos aquellos tratamientos que sean precisos para un buen estado de salud y que le eviten sufrimientos.

– Someterlo a los tratamientos preventivos que sean declarados obligatorios para su salud y bienestar.

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 18

Desde el Partido Animalista consideramos que los centros de acogida de animales abandonados no están correctamente proyectados, tanto a nivel estructural, como de recursos humanos y materiales, de manera que los animales puedan socializar adecuadamente, lo que, sin duda, dificulta su adopción. La masificación, el excesivo uso de cheniles y jaulas, junto a la habitual escasa o nula formación del personal contratado, impide un correcto desarrollo del comportamiento de los animales, lo que, a su vez, puede conducir a un deterioro de su salud física y/o mental.

Es por tanto necesario establecer unas pautas para una reforma integral de todos los centros de acogida, además de fomentar la adopción de los animales acogidos mediante la prestación de un servicio de atención veterinaria social, al que puedan acogerse las personas que hayan adoptado en la red de centros de acogida municipales, de manera que los animales adoptados reciban una asistencia y tratamiento veterinarios a precios reducidos.

Para prevenir los problemas de comportamiento que pueden derivar del abandono y/o maltrato sufridos por los animales, consideramos imprescindible que se impartan cursos de etología y educación canina y felina, dirigidos tanto a profesionales como a cuidadores/as, lo que, sin duda, redundará en una mejora de la calidad de la vida de las personas adoptantes y, especialmente, de los animales.

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 19

Abogaremos para se permita y regule el acceso de los animales al transporte público, a los albergues para personas sin hogar, a las residencias para mayores y a las casas de acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género, de manera que las personas que tengan que alojarse en estos lugares no se vean abocadas, además, a tener que separarse de ellos, dejarlos atrás o dormir en la calle.

Colectivos

Mayores y pensionistasMujeresVíctimas

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PDF, pág. 19

Los animales que conviven con nosotros en nuestros hogares son parte de la familia. Además de compañía, aportan efectos beneficiosos para la salud, importantes en el tratamiento y recuperación de dolencias físicas y psíquicas.

Los pacientes ingresados en los hospitales se ven privados de poder recibir la visita de sus animales de compañía. Esta separación puede afectar negativamente a su estado anímico y recuperación.

Por ello, desde PACMA proponemos que los hospitales permitan el acceso de animales, habilitando una zona o sala, donde las personas que se encuentren ingresadas puedan recibir la visita de sus animales de compañía.

Para ello, promoveremos un plan conjunto entre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Estado y las comunidades autónomas, con los protocolos de seguridad e higiene adecuados.

Colectivos

FamiliasAutónomos, pymes y emprendedoresPacientes

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 19

En España contamos con un catálogo de mal llamadas especies exóticas “invasoras” definidas como aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, para las que se prevé su control y erradicación.

Sin embargo, la mayoría de estas especies alóctonas, que están siendo víctimas de métodos letales y crueles de eliminación, son especies que, gobierno tras gobierno, han permitido que sean importadas desde otros países para ser vendidas en España como animales de compañía -como en los casos del galápago americano, la cotorra argentina, el cerdo vietnamita o el mapache-, para la cría y aprovechamiento de sus pieles -como en el caso del visón americano-, o para la explotación cinegética -como en los casos del muflón o el arruí-.

Los animales pertenecientes a estas especies no han llegado a nuestro entorno por sí mismos, ni, desde luego, por su propia voluntad. Muy al contrario, son animales que han sido arrancados de sus hábitats naturales para ser importados con fines lucrativos, comerciales o de entretenimiento, muchos pereciendo en el trayecto.

Es intolerable que, tras todo este padecimiento y de realizar un enorme esfuerzo por adaptarse y sobrevivir en un entorno impropio, desconocido y hostil, encima sean considerados especies “invasoras” y tengan que pagar la explotación y la irresponsabilidad humana, literalmente, con sus vidas.

Continuar permitiendo la introducción, comercialización e, incluso, la liberación de especies alóctonas demuestra la hipocresía, la incoherencia y la falta de responsabilidad de los sucesivos gobiernos que, durante décadas, han autorizado la importación de muchas de las especies que hoy se califican de invasoras y para las que se prevé su erradicación.

Según afirman desde el actual Gobierno, la creación de un listado positivo de animales de compañía sería una herramienta preventiva destinada a evitar los impactos económicos, ecológicos y sanitarios que generan estas especies. Otro parche cuando la verdadera prevención, la medida valiente que sólo PACMA defiende, es la prohibición de la importación e introducción de especies alóctonas, de manera absoluta. Un listado que atañe exclusivamente a la tenencia de animales como compañía, no solucionaría una problemática cuyo mayor impacto proviene de las explotaciones ganadera, piscícola, peletera y cinegética.

La primera medida que se debe tomar para prevenir los problemas que pueden derivarse de la introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, que pueden llegar a constituir una amenaza para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, es prohibir la importación de especies y subespecies alóctonas, tanto para su comercialización y tenencia como animales de compañía, como para su explotación ganadera, piscícola, peletera y cinegética.

Desde PACMA llevamos años reclamando que se prohíba de manera absoluta la importación de especies alóctonas y que la tenencia de animales silvestres en cautividad debe estar condicionada a que el animal no pueda ser devuelto y reintroducido en su medio natural.

Para el control poblacional de aquellas especies alóctonas que ya han sido introducidas, comercializadas y/o liberadas, que pueden llegar a constituir una amenaza para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, defendemos el uso de técnicas y métodos no letales de control de reproducción, por ser más ético, pero también efectivo a la larga, como la esterilización o el suministro de vacunas y/o piensos anticonceptivos.

Colectivos

Víctimas

Palancas

Cambio legalReorganizar el Estado

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PDF, pág. 19

Además de las ya expuestas en los anteriores epígrafes, propondremos incluir las siguientes prohibiciones:

– Tener animales salvajes como animales de compañía.

– Mantener a los animales atados, encerrados o enjaulados.

– Tener de forma continuada animales en terrazas o patios, u otros lugares inapropiados.

– Matar, dañar o molestar a animales silvestres.

– Suministrar a los animales sustancias hormonales o químicas que puedan causarles alteraciones de la salud, del metabolismo o del comportamiento, excepto por prescripción veterinaria.

– Marcar a los animales a fuego o mediante cualquier otro método lacerante.

– Practicar mutilaciones a los animales cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir otros fines no curativos.

– Utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir la movilidad de los animales, salvo por prescripción veterinaria.

– Servirse de animales como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.

– Practicar actividades consideradas deportivas que impliquen el sufrimiento, la captura y/o la muerte de animales.

– Matar, causar daño, sufrimiento o estrés a los animales en producciones audiovisuales, cinematográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, espectáculos, actividades culturales, religiosas o cualquier otra similar, o bien hacer degradación, parodias, burlas o tratamientos antinaturales.

– Filmar con animales silvestres y/o salvajes para el cine, la televisión u otros medios de difusión, salvo que sea en su medio natural y siempre que no se interfiera en el curso normal de su vida silvestre.

– Practicar sacrificios rituales de animales por motivos religiosos.

– Utilizar animales en atracciones feriales y otras asimilables.

– Adiestrar o entrenar a los animales mediante métodos que puedan perjudicar su salud y bienestar, obligándoles a superar sus fuerzas o capacidades naturales o utilizando medios que puedan provocar lesiones, dolores, sufrimientos o angustia.

– Dar a los animales una educación agresiva, de ataque o defensa.

– Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.

– Organizar, participar y/o asistir a peleas organizadas de animales, sin excepciones.

– Valerse de animales como instrumentos de defensa, tanto personal como de propiedades.

– Utilizar animales como tracción de vehículos.

– Someter a los animales a trabajos de carga.

– Explotar animales como transporte turístico.

– Sortear o hacer donación de un animal como premio, recompensa, gratificación o regalo de compensación.

– Exhibir animales con finalidades lucrativas o de reclamo.

– Llevar a cabo actuaciones o prácticas de selección genética de las que se deriven problemas o alteraciones graves en la salud de los animales.

– Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete.

– Emplear instrumentos o métodos dañinos de sujeción, retención o educación.

– Usar instrumentos o aperos que puedan originar daños a los animales que los utilicen o porten.

– Imponer a los animales la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o que impliquen trato vejatorio.

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 20

Consideramos necesario un endurecimiento de las sanciones previstas, mediante un aumento considerable de la cuantía de las multas, así como de la duración y clasificación de las inhabilitaciones previstas.

Fuente

PDF, pág. 22

La reforma del delito de maltrato animal en 2023 no solo supuso un insuficiente e inefectivo incremento de las penas, sino un retroceso respecto a la regulación anterior.

Por un lado, las penas de prisión, incluso en los casos más graves en los que el maltrato cause la muerte del animal, siguen sin superar los 24 meses, por lo que, como hasta ahora, continuarán siendo suspendidas y ningún maltratador de animales pisará la cárcel. Además, se introdujo la pena de multa como alternativa a la de prisión, lo que nos conduce a un escenario aún mayor de impunidad.

Hasta la reforma, para que los maltratadores de animales acabaran pagando una multa, los jueces o tribunales debían suspender las penas de prisión impuestas, para lo que es necesario una resolución motivada, valorando las circunstancias del delito cometido y las personales del penado, como si se ha esforzado por reparar el daño, los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que sean impuestas, siendo condición necesaria, entre otras, que el condenado no sea reincidente.

Tras la modificación realizada en 2023, los jueces y tribunales pueden imponer una pena de multa, directamente, sin necesidad de suspender la pena de prisión, incluso en los casos de reincidencia.

Durante muchos años, desde PACMA hemos insistido a las personas sobre la importancia de denunciar el maltrato a los animales, muchas veces desalentadas para hacerlo al saber que el resultado, como mucho, sería una multa para el maltratador. Siempre hemos recalcado que la primera condena quedaría suspendida, pero que esa primera condena evitaría que en los casos de reincidencia el maltratador pudiera eludir la prisión. Tras la reforma de 2023, ni siquiera está ya asegurada la entrada en prisión en los casos de reincidencia.

Otra deficiencia de la pésima redacción jurídica de la reforma es que los animales invertebrados quedan amparados solo cuando se encuentran bajo control humano. El maltrato a animales tan inteligentes y sensibles como pulpos y otros cefalópodos que vivan en libertad sigue siendo impune.

Pero lo peor ha sido el grave retroceso sufrido respecto a la regulación anterior -y que no se corrigió por el Gobierno, a pesar de las reiteradas advertencias de PACMA- es que para que el abuso o explotación sexual de un animal sea punible, debe provocarle una lesión que requiera tratamiento veterinario, algo que no se exigía por el artículo 337, que castigaba someter a un animal a explotación sexual, con independencia de si esa explotación le causaba o no lesiones. Que la explotación sexual de un animal, que hasta 2023 era delito, hoy sea impune, es inaceptable.

Respecto al abandono, no solo no se aumentó la pena de multa, sino que se introdujo como pena alternativa la de trabajos en beneficios de la comunidad. Algo incomprensible cuando lo que se está sancionando no es el abandono de un animal, sino su abandono en condiciones en las que pueda peligrar su vida o integridad, lo que debería ser severamente castigado; más teniendo la posibilidad de poder entregarlo a cualquier protectora o perrera municipal, lo que, en España, además, no conlleva coste alguno.

Nos sentimos engañados y estafados por un Gobierno que prometió una reforma efectiva contra el maltrato animal, con penas contundentes y que, en otra nueva legislatura, ni siquiera ha sido capaz de corregir los retrocesos que provocó con su nefasta reforma.

Desde PACMA no nos cansaremos de reclamar que es apremiante otorgar a los animales una protección especial en consonancia a su evidente y manifiesta vulnerabilidad, toda vez que un maltrato sobre un animal no solo revela un acto de crueldad sobre un ser sensible, sino que se realiza ejerciendo siempre un abuso de superioridad, aprovechando su imposibilidad de defensa y, por supuesto, de denuncia.

Es indiscutible que las penas previstas tienen un efecto disuasorio nulo, y que la idea de que maltratar animales “sale gratis” está cada vez más extendida, dado que nos enfrentamos continuamente a atroces casos de maltrato animal en los que las condenas impuestas resultan ridículas.

Son necesarios cambios contundentes y efectivos para erradicar la terrible lacra del maltrato animal en nuestro país. Por todo ello, desde PACMA trabajaremos por la supresión de la pena de multa como alternativa a la pena de prisión, así como por un aumento de la pena de prisión que, en el tipo agravado, esté por encima de los cinco años. Consideramos fundamental, además, una ampliación de la inhabilitación para la tenencia o ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales del máximo posible, pues, quién ha maltratado cruelmente a un animal no debería volver a tener otro animal bajo su cuidado nunca.

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 22

Consideramos necesaria la creación de una unidad especializada en protección animal en la Fiscalía General del Estado, responsable de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en esta materia, unificando los criterios de actuación, para lo que podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones, con la finalidad de ofrecer una respuesta efectiva frente a los ilícitos penales contra los animales.

Asimismo, ejercitará la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones impartidas a los delegados, exigiendo las responsabilidades que procedan, y elaborará un informe anual sobre los procedimientos seguidos y las actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de protección animal, que será incorporado a la memoria anual presentada por el Fiscal General del Estado.

Palancas

Impuestos y cotizacionesReorganizar el Estado

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PDF, pág. 23

Desde PACMA defendemos la necesidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con unidades especializadas en el bienestar y la protección de los animales.

Estas unidades estarán integradas por agentes instruidos en bienestar y protección animal, incluyendo el adecuado manejo de los animales, y deberán estar equipadas con los medios y recursos materiales necesarios, como armas anestésicas y dardos tranquilizantes.

Entre otras funciones, les corresponderá velar por el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de bienestar y protección de los animales, y, en particular, se encargarán de la vigilancia, inspección, control y formulación de informes, denuncias y levantamiento de actas, así como de la adopción de medidas urgentes y cautelares.

Colectivos

Policías, guardias civiles y militares

Palancas

Cambio legalReorganizar el Estado

Fuente

PDF, pág. 23

Es indispensable una intervención educativa dirigida a la ciudadanía que fomente de manera preventiva una conducta más cívica y una tenencia responsable de los animales.

Maltratar no consiste solo en emplear violencia, sino que comprende situaciones tristemente cotidianas de nuestra geografía como mantener a los animales en deficientes condiciones higiénicosanitarias, no proporcionarles un alimento adecuado y suficiente, un alojamiento cómodo y seguro, o mantenerlos permanentemente encadenados o encerrados.

Quien decide tener un animal a su cargo se convierte en responsable de su salud y de su bienestar, y debe ser consciente de las obligaciones y compromisos que ello conlleva, para así poder asumirlos de manera reflexiva y responsable.

Desde PACMA impulsaremos el desarrollo de programas de información y educación para promover entre la ciudadanía el respeto por los animales, prevenir el abandono y fomentar la adopción responsable de los mismos, destacando los siguientes aspectos:

– Obligaciones que conlleva la tenencia de animales.

– Consecuencias negativas derivadas de la adquisición irresponsable, la cría y compraventa de animales de compañía.

– Consecuencias negativas de la adquisición e introducción de animales silvestres, salvajes y/o exóticos como animales de compañía.

Además, una actitud respetuosa hacia los animales debe inculcarse desde la infancia. Por ello, consideramos imprescindible el fomento de materias y/o contenidos relacionados con el respeto, el bienestar y la protección de los animales en los sistemas educativos.

Desde PACMA queremos promover que las personas que trabajan y colaboran en protectoras y otras entidades de protección y defensa de los animales, sean invitadas a dar charlas informativas y educativas en las escuelas, así como las visitas a refugios y santuarios de animales en lugar de las visitas a “granjas escuela” y lugares similares, en los que la finalidad no es el bienestar y la protección de los animales.

Colectivos

Menores y alumnos

Palancas

Plan o pacto

Fuente

PDF, pág. 24

Millones de animales se mantienen en jaulas o cajones durante toda o la mayor parte de sus vidas: conejos, gallinas, codornices, patos, gansos, ... Especialmente crueles son las jaulas para gestación y lactancia para cerdas y los cajones individuales para terneros.

En 2018, PACMA se adhirió a la Iniciativa Ciudadana Europea “End the Cage Age/No Más Jaulas”, como entidad promotora en España de esta iniciativa de Compassion in World Farming, que consiguió su objetivo de recolectar más de un millón de firmas en apoyo de una Directiva de la Unión Europea que acabara con las jaulas en todas las explotaciones ganaderas.

El Parlamento Europeo secundó la iniciativa por una abrumadora mayoría y, en 2021, la Comisión Europea anunció su compromiso histórico de revisar la legislación de la UE, prometiendo presentar una propuesta legislativa antes de finales de 2023, para eliminar progresivamente el uso de jaulas en la ganadería antes de 2027.

Sin embargo, la Comisión ha incumplido, por el momento, con este compromiso, sin duda, por la presión de la industria ganadera.

Desde PACMA nos comprometemos a promover cuanto antes la eliminación de las jaulas en España.

Colectivos

Empresas e industriaMundo rural y mar

Palancas

Cambio legal

Territorios

Unión Europea

Fuente

PDF, pág. 25

Los animales de las explotaciones ganaderas sufren prácticas terribles como la amputación del pico a los pollos, del rabo y los dientes a los cerdos o el quemado de los cuernos a los terneros, con la finalidad de evitar que los animales, debido al estrés que soportan por las pésimas condiciones de confinamiento y hacinamiento, se agredan entre ellos. Algunos veterinarios denuncian que estas prácticas, además, se realizan a menudo incumpliendo la normativa que establece la obligatoriedad de utilizar anestesia.

Por ello, el Partido Animalista instará a prohibir la práctica de amputaciones a los animales que no tengan ninguna finalidad curativa.

Colectivos

Mundo rural y mar

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 25

El foie gras es producto del hígado hipertrofiado de un pato o de un ganso sobrealimentado. Existen múltiples investigaciones que muestran el terrible sufrimiento que padecen estos animales durante toda su vida para su producción.

Las aves son inmovilizadas y alimentadas mediante embudos por los que se introduce el alimento a presión varias veces al día. Algunos criadores colocan un elástico alrededor del cuello de las aves para evitar que estas vomiten. Los animales suelen vivir en diminutas jaulas de manera que no puedan moverse, gasten la menor energía posible y se deposite tejido graso en todo su cuerpo, especialmente en el hígado. Este aumenta diez veces su peso normal. Un aumento exagerado que les genera trastornos de todo tipo, sobre todo respiratorios, ya que existe una compresión pulmonar, a la vez que sienten un intenso y constante dolor hepático.

Dieciocho países europeos han prohibido ya la alimentación forzosa. España, como siempre, a la cola en bienestar y protección animal, es uno de los cinco que aún lo permite. Desde PACMA impulsaremos la prohibición de la alimentación forzosa de los animales, así como la comercialización de los productos derivados de esta cruel técnica.

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 25

Como se reconoce en el propio Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, las recomendaciones de eliminar progresivamente el uso de dióxido de carbono para cerdos, así como del uso de equipamientos de aturdimiento por baño de agua para las aves de corral, se descartaron del mismo pues, según la evaluación de impacto, no resultaban económicamente “viables”.

Desde el Partido Animalista consideramos inaceptable que se supedite el bienestar de los animales al beneficio económico que supondría reducir el sufrimiento que provocan las técnicas de aturdimiento y sacrificio.

Por ello, trabajaremos por la prohibición de, al menos, los métodos de aturdimiento que no garanticen la ausencia de sufrimiento para los animales.

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 26

La legislación de la Unión Europea establece que los animales se matarán únicamente previo aturdimiento, manteniendo la pérdida de consciencia y sensibilidad hasta su muerte. Sin embargo, prevé una excepción para los métodos particulares de sacrificio prescritos por ritos religiosos.

El sacrificio ritual que realizan algunas religiones, como la musulmana (halal) y la judía (kosher), exige que los animales estén en perfecto estado de salud en el momento del sacrificio y, en base a algunas interpretaciones, un animal aturdido puede considerarse “enfermo”.

En estos casos, el método de sacrificio general utilizado es por degüello, cortando los vasos sanguíneos de ambas partes del cuello, sin dañar la espina dorsal. También se cortan tráquea, esófago y paquete nervioso.

Mediante degüello la consciencia se pierde de forma gradual, provocando una agonía durante la cual los animales están expuestos a dolor y sufrimiento innecesarios.

En 2017 conocíamos a través de una investigación periodística que, en los mataderos, casi la mitad de la ternera y el cordero eran, ya entonces, sacrificados por el rito halal. La explicación es que la clientela musulmana suele comprar partes del ternero que no consumen otros clientes, como las patas delanteras. Para sacar el mayor provecho y beneficio de la explotación y matanza de los animales, se les sacrifica sin aturdimiento previo, para poder vender esas partes en las carnicerías halal y el resto en las carnicerías convencionales. Un abuso cada vez más extendido que la mayoría de los consumidores desconoce, dado que la legislación no obliga a informar sobre el método de sacrificio. De esta manera, lo que la legislación establece como excepción – el sacrificio de animales sin aturdimiento previo- se ha convertido en la regla.

Por respeto a los animales como seres sensibles, el sacrificio de animales sin aturdimiento previo debería considerarse inaceptable.

Es hora de que esta crueldad y maltrato sobre los animales deje de ser consentida. El bienestar y la protección de los animales deberían estar siempre por encima de cualquier consideración de carácter religioso, cultural, artístico o económico.

Desde el Partido Animalista propondremos la prohibición de los sacrificios rituales de animales por motivos religiosos.

Palancas

Cambio legal

Territorios

Unión Europea

Fuente

PDF, pág. 26

Los pollitos macho no resultan rentables para las granjas avícolas de gallinas ponedoras, porque no ponen huevos y porque pertenecen a razas de crecimiento lento, no rentables para la producción de carne.

Por ello, es habitual que sean sacrificados por trituración, algo que, incomprensiblemente, aún permite la legislación hasta sus 72 horas de vida.

Este método es una práctica extremadamente cruel para los animales, tanto durante el sacrificio como en los momentos previos, en los cuales, los animales son arrastrados mediante cintas transportadoras, ocasionándoles altos niveles de estrés y lesiones.

Algunos países europeos, como Alemania, Austria, Luxemburgo, Francia e Italia han prohibido ya el sacrificio por trituración, sustituyéndolo por prácticas alternativas, como las diseñadas para determinar el sexo de los polluelos pocos días después de que el huevo haya sido fertilizado, y antes de que esté formado el sistema nervioso, lo que permite que los huevos fecundados masculinos sean descartados y dejen de ser incubados.

Es hora de que España también lo haga.

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 27

Según el Eurobarómetro sobre bienestar animal, una inmensa mayoría de europeos y europeas cree que el bienestar de los animales de granja debe protegerse mejor en su país de lo que se protege en la actualidad, considera que las prácticas ganaderas y de cría deben cumplir unos requisitos éticos básicos y manifiesta un alto nivel de preocupación por el bienestar de los animales en los mataderos.

Todo ello, a pesar de que, como ya hemos mencionado, sigue existiendo una gran desinformación sobre el sistema de producción y cría de los animales, y, especialmente, sobre la manera en la que son sacrificados.

Además, la Unión Europea no dispone de los sistemas o normativas básicas para rastrear y etiquetar las importaciones de alimentos derivadas de animales clonados. Mientras no se apruebe una legislación específica sobre clonación, los alimentos derivados de animales clonados seguirán rigiéndose por el Reglamento Relativo a los Nuevos Alimentos. De acuerdo con este, no quedan prohibidos, sino simplemente sujetos a una autorización para nuevos alimentos previa a su comercialización, no tienen la obligación de tener un etiquetado especial y están sujetos a las mismas normas que se aplican a todos los demás alimentos, de acuerdo con los Reglamentos de información alimentaria de la Unión Europea.

Hoy en día, para los consumidores es imposible saber si los alimentos que adquieren y consumen provienen de crías de animales clonados o si han sido sacrificados sin aturdimiento previo.

Por todo ello, propondremos una modificación de la legislación sobre etiquetado en España, que establezca que el etiquetado de los productos de origen animal deba indicar si proviene de animales clonados, el sistema de cría y el método de sacrificio. De esta manera las personas podrán ejercer su derecho a la libre elección, rechazar estos alimentos por motivos éticos y no consumirlos por desconocimiento, al no disponer de información sobre cómo son criados y sacrificados los animales.

Colectivos

Mundo rural y mar

Palancas

Cambio legal

Territorios

Unión Europea

Fuente

PDF, pág. 27

Millones de animales son transportados cada año en España, para su comercio, engorde o sacrificio, con destino, tanto a otros países europeos, como a otros países más allá de las fronteras de la Unión Europea. A la crueldad de su vida de confinamiento en las granjas, se suman la ansiedad y el sufrimiento de largas horas, días, semanas e, incluso, meses de desplazamientos.

Durante estos interminables trayectos en barcos, camiones y aviones, los animales sufren terribles condiciones higiénico-sanitarias, de hacinamiento, temperaturas extremas, falta de ventilación, ausencia de luz natural, y un largo etcétera, que provoca que miles de ellos sufran lesiones, golpes de calor, hipotermias, e, incluso, la muerte, antes de llegar al destino.

Actualmente hay una propuesta de revisión de las normas vigentes de la UE sobre el transporte de animales, que se remontan a veinte años atrás. Si la misma sale adelante, se acortará la duración de los traslados y, durante los viajes largos, los animales deberán ser descargados para permitirles descansar, alimentarse y beber agua. Se prevén normas especiales para los animales destinados al sacrificio y para los animales más vulnerables, como los terneros no destetados y las hembras en estado de gestación. También se pretende aumentar el espacio disponible para garantizar un espacio mínimo para los distintos animales, en función de su especie y limitar el transporte a temperaturas extremas, con medidas como que el transporte solo pueda llevarse a cabo por la noche si las temperaturas superan los 30 °C, que los vehículos se cubran cuando las temperaturas sean inferiores a 0 °C y limitar los viajes a un máximo de 9 horas cuando sean inferiores a -5 °C.

Si bien desde el Partido Animalista desearíamos que los animales no tuvieran que sufrir experiencias como el transporte con destino a su explotación, reproducción, engorde y sacrificio, apoyaremos toda reforma que mejore las lamentables condiciones de vida que padecen los animales en la industria ganadera y, por supuesto, trataremos de mejorarlas.

Consideramos fundamental eliminar los viajes largos y, sobre todo, prohibir las exportaciones de animales vivos a otros países. Como reconocen los propios gobiernos, las operaciones de exportación de animales vivos a través de puertos y aeropuertos son muy complejas. En ellas intervienen un gran número de operadores de naturaleza diferente y la falta de responsabilidades claramente definidas afecta de manera negativa al bienestar de los animales.

Los hechos acaecidos en 2021 en torno a los barcos Karim Allah y Elbeik, pusieron en evidencia que en la exportación de animales vivos no se puede garantizar el bienestar de los mismos.

Estos dos buques, asiduos en el transporte de animales desde España a Oriente Medio, salieron en el mes de diciembre de 2020, desde Cartagena y Tarragona, respectivamente, transportando a 2.671 vacas, toros y terneros, con destino a Turquía y, posteriormente, a Libia.

2.671 animales que pasaron meses navegando sin rumbo por el Mediterráneo, después de que esos países rechazaran la entrega de los animales por sospechas de estar afectados por la enfermedad conocida como lengua azul.

Hicieron falta varias denuncias de organizaciones internacionales y una misiva enviada al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España desde el Comité de Investigación sobre Transporte Animal del Parlamento Europeo para que, tras más de tres meses abandonados en el Karim Allah y en el Elbeik, estos buques pudieran atracar en el muelle de Escombreras de Cartagena.

Tras vivir un infierno, los 2.671 toros, vacas y terneros, fueron sacrificados.

Estos hechos pusieron de manifiesto que por mucha normativa sobre “protección” y “bienestar” animal que se desarrolle, nada puede garantizar el bienestar de esos animales si España y otros países europeos continúan exportando a países fuera de la UE.

Organizaciones como Animal International y TSV documentaron los métodos de transporte y los estremecedores métodos de sacrificio del ganado procedente de España en países como Arabia Saudí, Egipto, Líbano o Jordania. En algunos de estos países ni siquiera existe normativa sobre bienestar animal.

Conscientes de que es imposible garantizar las condiciones de bienestar de los animales durante el transporte y, aún menos, en los lugares de destino, ya hay países que han decidido prohibir la exportación de animales vivos para su engorde y sacrificio, como Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bélgica y Dinamarca. Estos países han solicitado una prohibición a nivel europeo, pero otros países, entre los que se encuentra, como no, España, se han opuesto.

El Partido Animalista trabajará por la prohibición de las exportaciones de animales vivos para su reproducción, engorde y/o sacrificio. Al mismo tiempo, impulsaremos la eliminación de las ayudas que, en la actualidad, reciben los ganaderos por estas exportaciones.

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PDF, pág. 27

De todos los animales que sufren la explotación y el abuso, sin duda, los animales utilizados en experimentación son los más maltratados. El término, en su caso, sería torturados.

Condenados a vivir padeciendo lesiones, daños, dolores, sufrimientos y angustia, son sometidos a terribles prácticas y pruebas cuya severidad es clasificada de la siguiente manera: leve (los animales experimentan dolor, sufrimiento o angustia leves de corta duración), moderada (los animales experimentan dolor, sufrimiento o angustia moderados de corta duración, o leves pero duraderos), severa (los animales experimentan dolor, sufrimiento o angustia intensos o moderados pero duraderos) y sin recuperación (el animal no recupera la consciencia).

Muchos de estos animales son reutilizados en diferentes experimentos una y otra vez. Otros son directamente sacrificados.

Desde PACMA nos oponemos firmemente a la experimentación en animales y fuimos una de las entidades impulsoras de la Iniciativa Ciudadana Europea que reclamaba su fin.

La prohibición en la Unión Europea de la comercialización de productos cosméticos y de higiene personal testados en animales, así como de los productos que contuvieran ingredientes que habían sido testados en animales, supuso un gran avance, pero desde el Partido Animalista consideramos necesario ir más allá, proponiendo la prohibición de utilizar ingredientes de origen animal en la elaboración de los productos cosméticos y de higiene personal.

De la misma manera, es inapelable avanzar hacia la prohibición de la experimentación científica con animales.

Existen laboratorios que demuestran que es posible, utilizando exclusivamente tejidos humanos y modelos por ordenador en el desarrollo de medicamentos y pruebas de productos. Estudian cómo los medicamentos afectan a los genes humanos y sus proteínas, mediante biología molecular, bioquímica y farmacología analítica. Un proceso que, por consiguiente, es más eficiente que las investigaciones con animales y sus tejidos.

Desde PACMA proponemos:

– Elaboración de una Estrategia nacional para el fin de la experimentación en animales y el desarrollo, promoción, difusión y uso de métodos sustitutivos.

– Aumento de la financiación de proyectos de investigación dirigidos a encontrar métodos sustitutivos de la experimentación con animales.

– Promooción y fomento del uso de los métodos sustitutivos éticos, como los modelos y herramientas bioinformáticas, el uso de big data, la bioingeniería, la tecnología de fluidos, los tejidos humanos, los cultivos celulares, los modelos tridimensionales y la IA.

– Exigencia de la divulgación de los resultados de los experimentos realizados con animales, para evitar su duplicidad o repetición.

– Agilización de los procesos de evaluación, validación y autorización de proyectos de nuevos métodos sustitutivos.

– Apoyo a la labor de la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal.

– Financiación por parte de la industria química y farmacéutica de la investigación de métodos sustitutivos, destinando parte de sus beneficios, tal y como hicieron en su momento las principales empresas y grupos comerciales de cosméticos.

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PDF, pág. 29

En 2007, un juez del estado de Bahía, Brasil, admitió por primera vez el recurso procesal de hábeas corpus para una chimpancé llamada Suiza, que vivía recluida en el zoológico de esa ciudad, ordenando su puesta en libertad.

En 2014, la Justicia argentina concedió la misma institución jurídica a una orangutana que vivía confinada en otro zoológico. La resolución reconocía a Sandra la condición de sujeto no humano titular de derechos.

A finales de 2016, una jueza vuelve a conceder el hábeas corpus a otra chimpancé, Cecilia, también en Argentina. En su sentencia aseguraba que estos seres vivos son sujetos de derechos y que les asiste, entre otros, el derecho fundamental a nacer, a vivir, a crecer y morir en el medio que les es propio.

En España, en 2026, aún no se ha aprobado un Proyecto de Ley de Grandes Simios, que inició su tramitación en el Congreso hace ya casi dos décadas.

Y es que, en 2008, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso acordaba aprobar la Proposición No de Ley sobre el Proyecto Gran Simio, impulsada por la organización del mismo nombre, en la que, entre otras cuestiones, se acordaba que en el plazo de un año se llevarían a cabo los trámites para la adecuación de la legislación española a los principios del Proyecto. Compromiso que no se cumplió.

No fue hasta 2013 que se cumplió con uno de esos principios, al incluir en el Real Decreto que regula la experimentación en animales, la prohibición de la experimentación con gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes.

Una década más tarde, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establecía, en su Disposición adicional cuarta, que el Gobierno debía presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un proyecto de Ley de Grandes Simios. Hicieron falta, no tres meses, sino, tres años, para que se presentara un proyecto que, una vez más, se ha quedado a medias en su tramitación.

Desde PACMA hacemos nuestras las reivindicaciones de Proyecto Gran Simio y haremos todo lo posible por que se apruebe, por fin, una Ley de Grandes Simios, que les otorgue la dignidad y la protección que merecen; que preserve su especie; que proscriba su maltrato, su cautividad, su tráfico y comercialización.

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PDF, pág. 30

A pesar de que los partidos del Gobierno se comprometieron a reducir el IVA por los servicios veterinarios para animales de compañía, este continúa siendo del 21%.

Estamos hablando de la salud, de la vida de los animales que forman parte de nuestras familias. Es inadmisible que se siga considerando un tratamiento o una operación quirúrgica, del que depende su salud, su calidad de vida o su propia vida, como un lujo.

Además, este IVA de lujo se traduce en un sobrecoste que desincentiva las vacunaciones, los tratamientos preventivos y los diagnósticos tempranos, con el consiguiente riesgo sanitario para todos.

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias reconoce expresamente a la Veterinaria como profesión sanitaria. Sin embargo, ese reconocimiento no se ha trasladado con coherencia en el sistema. Desde PACMA reclamamos el reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios, dado que están directamente relacionados, no solo con la salud y bienestar de los animales, sino también con la salud pública, debido a su importancia en la prevención y vigilancia de las zoonosis y la seguridad sanitaria desde el enfoque de Una sola salud (One Health).

Este reconocimiento permitiría una necesaria reducción del IVA de los servicios veterinarios, no al tipo reducido del 10%, sino al tipo superreducido del 4% e, incluso, a su exención.

Consideramos fundamental aliviar la carga financiera de las familias interespecie, para lo que planteamos la introducción de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) estableciendo un límite de renta y permitiendo deducciones en la cuota a pagar, con la colaboración de los centros veterinarios, de manera que las familias interespecie se puedan deducir hasta un 10% de los gastos veterinarios, con un ahorro máximo de hasta 500€ anuales.

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PDF, pág. 31

Desde PACMA queremos impulsar una modificación del Real Decreto que tanto malestar está provocando a veterinarios y propietarios de animales de compañía.

Nos referimos al Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que se aprobó, en teoría, para adaptar la normativa nacional al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios, pero que, como ya denunciamos en su momento, no es coherente con lo que establece el mismo.

Y es que, si bien es cierto que el citado Reglamento obliga a los Estados a recabar los datos sobre el uso de antibióticos en animales -que España ha decidido hacer a través de los veterinarios, estableciendo la obligación de notificar cada prescripción a través del sistema informático PRESVET-, desde PACMA ya explicamos al Gobierno que no se debían incluir las prescripciones realizadas a los animales considerados de compañía, dado que el Reglamento Europeo los excluye.

Como se puede comprobar en nuestros programas electorales, desde PACMA llevábamos muchos años advirtiendo del uso rutinario de antibióticos con fines profilácticos y metafilácticos en la industria ganadera y de las consecuencias que eso traería, como la resistencia a los antimicrobianos; algo que, por fin, ha reconocido la UE como un problema de salud mundial.

Sin embargo, este mal uso y abuso de los antibióticos, evidentemente, no se estaba produciendo en los animales de compañía, motivo por el que el Reglamento Europeo, lógicamente, los excluye a la hora de establecer la obligación de recabar dicha información.

El RD 666/2023, por el contrario, no solo los incluye, sino que exige, además, la realización de pruebas de identificación de patógenos y de sensibilidad al antibiótico para la administración de aquellos categorizados por la Agencia Europea de Medicamentos como “restringidos”.

Desde PACMA presentamos alegaciones en contra y denunciamos la muerte de varios animales de compañía a los que no se pudo administrar los antibióticos en espera de los resultados de dichas pruebas. Solo tras estos hechos, el Gobierno accedió a añadir un “siempre que sea posible”, que resulta insuficiente, pues sigue resultando una redacción que crea inseguridad jurídica a los veterinarios.

Desde PACMA insistimos en que la normativa europea, por un lado, es clara al establecer que no es necesario esperar a los resultados de dichas pruebas para administrar el antibiótico que el veterinario considere más oportuno y, por otro, que estas pruebas no son necesarias cuando el antibiótico está contenido en un medicamento autorizado en la UE, y así debería reflejarlo el RD 666/2023.

Otra de las problemáticas generadas por el RD 666/2023 es que, para la administración de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción, exige la identificación de los animales y sus responsables, lo que supone un gran problema para el tratamiento de animales que muchas veces no están identificados, como los gatos comunitarios o los animales abandonados. Significativamente la regulación prevista por el Reglamento Europeo no impide el tratamiento de estos animales, puesto que, al contrario que el RD 666/2023, no exige la identificación cuando el medicamento es administrado por el veterinario.

Aunque los ministerios de Agricultura y Derechos Sociales emitieron una nota en la que reconocían que se había creado una situación de incertidumbre, indicando que, en estos casos, el veterinario debía realizar una reseña indicando que el animal no está identificado, la realidad es que una “nota aclaratoria”, además de referirse únicamente a animales de compañía no identificados, dejando desamparados, en este sentido, a los animales silvestres, carece de rango jurídico como para determinar la antijuricidad de una conducta o cuando concurre dolo o culpa, como llega a afirmar la propia nota.

Por último, queremos destacar una vez más la incoherencia y la hipocresía absolutas de este Gobierno al aprobar normas como el RD 666/2023 para garantizar, según su preámbulo, el más alto nivel de protección de la sanidad animal, cuándo, al mismo tiempo, está gravando esa sanidad con un 21% de IVA como si fuera un lujo, inaccesible para muchas familias.

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PDF, pág. 31

Gran parte de la sociedad española percibe la energía como un bien abundante, inocuo e ilimitado, cuando la realidad es que importamos la mayor parte de la energía que consumimos.

El modelo energético basado en el uso masivo de los combustibles fósiles y la energía nuclear es insostenible, provoca daños irreversibles al medioambiente y conlleva riesgos y catástrofes evitables.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente apuesta por avanzar hacia un modelo más eficiente y autosuficiente, con una política energética que fomente las renovables, pero manteniendo la seguridad en el abastecimiento y permitiendo la entrega de energía al consumidor a precios asequibles.

Las energías renovables constituyen la única fuente de energía que, por su carácter autóctono e inagotable y su disponibilidad en muchas fuentes a coste cero en la naturaleza, puede garantizar un suministro sostenible para toda la ciudadanía. Además, tienen un impacto socioeconómico positivo, tanto en la renta nacional, por reducir las importaciones de gas y petróleo y por su creciente aportación al PIB, como en la renta disponible de los consumidores, pues generan actividad económica y empleo, y contribuyen al desarrollo de la industria y la tecnología.

Apostamos por integrar las renovables en el urbanismo, en la edificación y en el transporte, por una cultura de la energía en el espacio urbano, en el que todas las tecnologías renovables se complementen, con edificios de consumo de energía casi nulo, sistemas alternativos de calefacción y refrigeración, un cambio modal del transporte de mercancías hacia el ferrocarril eléctrico y la expansión de los vehículos eléctricos.

El gran apagón expuso que la alta introducción de renovables exige sistemas de almacenamiento y tecnologías de control avanzadas, así como una mayor flexibilidad para gestionar la variabilidad y evitar desequilibrios. Es fundamental una coordinación entre las diferentes energías, invertir en digitalización y herramientas de monitorización en tiempo real, además de desarrollar medidas de predicción, capaces de anticipar escenarios de riesgo y simular respuestas del sistema para evitar futuros incidentes.

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PDF, pág. 34

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente cifra en alrededor de 25.000 las muertes anuales en el España por esta causa.

Prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación de las administraciones en España, son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en 2022, condenaba a nuestro país por el incumplimiento reiterado y sistemático del límite legal anual de dióxido de nitrógeno en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona desde 2010.

La contaminación del aire debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La principal consecuencia es el agravamiento de enfermedades respiratorias o pulmonares.

Es urgente un nuevo Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire que no se limite a un catálogo de medidas genéricas, sino que, por un lado, incremente el esfuerzo por mejorar la medición y la información de la calidad del aire en nuestro país y, por otro, aborde las fuentes más nocivas de contaminación del aire y de cambio climático, incluyendo la combustión de combustibles fósiles, la ganadería y la agricultura intensivas, el transporte y la calefacción residencial.

Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono pasan por disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua en los procesos industriales, el ahorro energético, la ordenación del actual despliegue de las energías renovables y el freno a las autorizaciones para nuevas macrogranjas o la ampliación de las existentes.

Además de los efectos nocivos para la salud humana, la contaminación también es perjudicial para los ecosistemas.

Es necesario abordar las fuentes más nocivas de contaminación del aire y de cambio climático, incluyendo la combustión de combustibles fósiles, la ganadería y la agricultura intensivas, el transporte y la calefacción residencial.

La respuesta debe darse desde diferentes ámbitos, más allá de la capacidad de las propias ciudades y comunidades autónomas. El Gobierno debe involucrarse impulsando políticas específicas para cada sector, adaptadas a las circunstancias y singularidades de cada entorno, que aborden las distintas fuentes de contaminación.

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PDF, pág. 35

El transporte es un sector altamente contaminante y de gran impacto climático. PACMA apuesta por una movilidad basada en energías limpias, producidas a nivel regional y local.

La descarbonización supone un enorme reto, pero con voluntad política, inversiones en infraestructura y nuevas tecnologías, se pueden reducir emisiones y contaminación a la vez que se genera empleo y se reducen costes para el consumidor.

Las investigaciones más recientes sobre la descarbonización del transporte señalan que el aumento del coche eléctrico como propone la UE sólo reduciría las emisiones en un 15%. El escenario e-bike, definido por un 60% de motos eléctricas, un 20% de bicis eléctricas, un 8% de otros medios no motorizados y un 12% de coches eléctricos, apenas alcanzaría para reducir un 30%.

PACMA apuesta por medidas que reduzcan la demanda del transporte urbano, facilitando y fomentando el desplazamiento peatonal, el uso de transporte público y el de medios no motorizados, como la bicicleta, como medio de locomoción sostenible y saludable.

Para reducir significativamente el tráfico rodado, descongestionar carreteras y transportes públicos, apostamos por el fomento del teletrabajo, con medidas que faciliten, incentiven y promuevan esta modalidad laboral, ya sea de manera continuada o con jornadas mixtas, tanto en la empresa pública como en la privada, autónomos/as y pymes, mediante un sistema de incentivos fiscales, ayudas directas para la contratación y/o el equipamiento de los puestos remotos, así como de un servicio de intermediación, entre empresas y personas trabajadoras.

Otra de nuestras propuestas es el impulso para la creación de centros de trabajo intermedios, en forma de coworking públicos, que se proyecten en zonas que necesiten ser revitalizadas y reactivadas económicamente, para reducir los trayectos y, a su vez, la densidad en las zonas congestionadas.

Todas estas medidas supondrían una importante reducción del número de desplazamientos y trayectos diarios, tanto en transporte privado como público, lo que conllevaría aparejada una disminución del consumo de combustibles fósiles y una consecuente minoración de la contaminación atmosférica. De manera colateral, también se estaría reduciendo el riesgo de accidentes de tráfico y se favorecería, al mismo tiempo, la conciliación familiar. En definitiva, un mayor bienestar y calidad de vida para las personas, en múltiples dimensiones.

Con la finalidad de reducir el transporte de mercancías, es necesario promover la relocalización, fomentando el consumo de productos de cercanía, tanto de alimentos como de ropa, calzado y otros enseres necesarios para la vida diaria y apostar por el ferrocarril electrificado, que es uno de los principales aliados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con una concepción de servicio público y social, con un mayor uso de cercanías y medias distancias, que permitan la comunicación entre las diferentes comarcas, que atienda las necesidades de los residentes y que sea intermodal.

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PDF, pág. 35

El consumo de alimentos de origen animal es, sin duda, uno de los principales contribuyentes al calentamiento global debido, no sólo a las emisiones generadas por los cultivos con los que se alimenta a los animales, sino también a la fermentación que se produce en el sistema digestivo de los mismos. Se trata de la segunda causa de emisiones de CO2 a la atmósfera, sólo por detrás de las industrias energética y manufacturera, y muy por delante del transporte y emisiones de vehículos.

Así lo evidenció el Informe Sostenibilidad del Consumo en España, elaborado por el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre) de la Comisión Europea y el Ministerio de Consumo: el sector de la alimentación genera el 52% del impacto ambiental de la huella de consumo de España, destacando la producción de los productos cárnicos y los lácteos. Además, de entre las 16 categorías de impactos analizados, la alimentación también es el principal vector en una gran mayoría de ellas, sobre todo, en lo que se refiere a la eutrofización terrestre (87%) y marina (80%), al agotamiento de la capa de ozono (80%) y los usos del suelo (77%).

Se estima que los cambios en los usos del suelo y el calentamiento global asociados a nuestros modos de consumo son responsables de cerca del 80% del daño a la integridad de los ecosistemas terrestres. La alimentación es el área de consumo que más contribuye a la pérdida de calidad de los ecosistemas y, por ende, a la pérdida de biodiversidad, además de ser también la que más efectos dañinos tiene sobre la salud humana.

El citado informe concluye que los "elevados impactos asociados a los alimentos se deben, fundamentalmente, al carácter altamente intensivo e industrial que presenta el sistema agropecuario, fuertemente dependiente del uso de recursos fósiles, de fertilizantes químicos y de grandes cantidades de agua".

La Comisión Europea ha confirmado que una sustitución del 25% de productos de origen animal por productos de origen vegetal en la dieta diaria disminuiría un 20% el agotamiento de la capa de ozono y un 15% el cambio climático. Si el escenario de sustitución de productos consumidos fuese del 50%, el grado de disminución se situaría entre el 30% y 40%.

Ya lo llevaban advirtiendo muchos años las personas expertas: no es necesario producir más alimento, hay suficiente para 7.000 y también para 9.000 millones de personas en el mundo, pero no para consumir carne todos los días. En palabras de la ONU "un cambio global hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático”.

Además, la carga ganadera y avícola que soportan las comunidades autónomas se traduce en problemas medioambientales de primer orden. Entre otros, toneladas de purines altamente contaminantes, con elevada presencia de nitrógeno, fósforo y potasio, que, para ser eliminadas, suelen ser dispersadas en las áreas de cultivo colindantes. Esto supone una amenaza constante de contaminación para arroyos, ríos y acuíferos.

También existen evidencias claras sobre la relación entre el consumo de alimentos de origen animal y la tasa creciente de obesidad y enfermedades asociadas.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, institución especializada en esta enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el consumo de carne roja como "probable carcinógeno para humanos" y de la carne procesada como "carcinógeno para humanos".

Por otro lado, está la problemática de la resistencia a los antimicrobianos, transmitida principalmente los sistemas alimentarios y, especialmente, por la ganadería, en la que, durante décadas, animales sanos han recibido de manera masiva antibióticos cruciales para la salud humana.

Por todo ello, es imprescindible minimizar el consumo de alimentos de origen animal y fomentar una dieta basada en plantas.

En esta línea, PACMA ha suscrito el Plant Based Treaty, una iniciativa ciudadana que trabaja para impulsar la elaboración de un tratado de ámbito global, como complemento del Acuerdo de París, cuya finalidad es la de colocar los sistemas alimentarios a la vanguardia de la lucha contra la crisis climática, para detener la degradación generalizada de los ecosistemas, causada por la ganadería intensiva, y promover un cambio hacia dietas basadas en plantas, más saludables y sostenibles.

Desde PACMA defendemos la puesta en marcha de las siguientes medidas en España:

– Mayor carga impositiva a los productos de origen animal, aplicando un impuesto climático, cuyo gravamen se calcule en función de las emisiones generadas asociadas a la producción de cada alimento y cuya recaudación se destine a compensar el daño climático que causa su producción.

– Etiquetado de los productos alimenticios que incluya la huella de carbono asociada a su producción, así como una advertencia en todas las carnes procesadas que hayan sido declaradas cancerígenas por la OMS.

– Cese de campañas institucionales de promoción y publicidad del sector y sus productos.

– Puesta en marcha de campañas sobre los beneficios para la salud de una dieta vegetal, así como de campañas que muestren la situación real en la que viven los animales en las granjas y las consecuencias medioambientales de la ganadería intensiva.

– Subvenciones a los alimentos vegetales saludables, cuya producción es más respetuosa con el medio ambiente, como frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales o algas.

– Mayor tipo impositivo a las leches, yogures, quesos y demás productos lácteos de origen animal y menor a sus equivalentes de origen vegetal, dado que, actualmente, los de origen animal tienen un IVA superreducido del 4%, mientras que los de origen vegetal tributan al 10%.

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PDF, pág. 36

A través de un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2018, supimos que, ya entonces, el número de cerdos sacrificados cada año en España superaba al de habitantes.

Desde entonces, la situación ha empeorado mucho más. España es ya el primer productor de carne de cerdo de la UE y el tercer productor a nivel mundial, solo por detrás de países como China y Estados Unidos. Esto se explica porque la mayor parte de la carne procedente de estos animales no es consumida en España, sino que es exportada a otros países, como la propia China, Francia o Japón.

Lo peor es que, para nuestro Gobierno, parece que se trata de un triunfo. Así relata el MAPA:

Dentro de la Unión Europea, España se mantiene en primera posición, con un 23,9% de la producción comunitaria, superando a Alemania, que se mantiene en segundo lugar con un 19,9%. La importancia de la producción española en el conjunto de la UE se ha ido incrementando durante las últimas campañas, puesto que hace solo 5 años la producción española apenas alcanzaba el 18% del total de la UE, como consecuencia del espectacular desarrollo del sector en España, claramente por encima de la media de la UE. Así, si durante los últimos cinco años la producción de carne en la UE ha ascendido ligeramente, un 0,3%, la producción en España ha crecido casi un 24% en el mismo periodo, lo que da una idea del enorme crecimiento que ha experimentado el sector a nivel nacional.

Este enfoque nos da una idea de en qué manos estamos. Dirigentes que ven como un logro que España se haya convertido en el “estercolero” de Europa. Dirigentes que ni siquiera son conscientes o no les importan las consecuencias medioambientales de ser el tercer país en el que más cerdos se crían y sacrifican del mundo, solo por detrás de gigantes como China y EEUU, teniendo una superficie 19 veces menor.

Somos el primer productor de carne de cerdo en Europa y tercero del mundo, no porque seamos los “mejores”, sino porque los dirigentes de otros países son más “listos” que los nuestros o les importa algo el futuro de sus países y, mientras ellos se comen la carne que aquí se produce, nosotros nos quedamos con los purines y la contaminación del suelo y los acuíferos.

Hoy, los ganaderos españoles se estarán haciendo de oro exportando carne de cerdo a otros países. Mañana, los españoles y españolas tendremos que importar agua potable para poder subsistir.

En los últimos años, las macrogranjas no han dejado de extenderse por nuestro país, incrementando el número de las cerca de 170.000 granjas censadas en España. Las zonas despobladas se han entregado a la explotación de animales. Donde antes había naturaleza, hoy hay gigantes instalaciones de cemento, hormigón y metal, en las que nacen millones de animales cada año, que son cebados hasta ser trasladados a los mataderos.

Las macrogranjas son fábricas industriales de carne, leche y huevos, pero también de sufrimiento, contaminación y cambio climático. Emiten toneladas de metano (gas de efecto invernadero que calienta la atmósfera 30 veces más que el CO2), amoniaco y óxido nitroso, con emisiones comparables a la contaminación que puede generar una refinería de petróleo o un centro de tratamiento de residuos de una capital de provincia.

Además, generan cantidades ingentes de purines altamente contaminantes, con elevada presencia de nitrógeno, fósforo y potasio, lo que supone una enorme problemática alrededor de la contaminación de las aguas, con terribles consecuencias para el medio ambiente y la salud.

Son ya muchos los municipios con concentraciones elevadas de nitratos en la red de abastecimiento de agua potable, en su mayoría procedentes del purín. La contaminación que genera la ganadería industrial hace que la presencia de este contaminante duplique, e incluso triplique en muchos pueblos, los niveles tolerables para la salud, por lo que se ven actualmente privados de agua potable.

Como reconocen las propias autoridades autonómicas, más del 45% de las masas de agua subterráneas están afectadas por concentraciones elevadas de nitratos (superiores a 50 mg/L) y, en el caso de las aguas superficiales, más de un 20% incumplen los objetivos ambientales de nitratos (25 mg/L).

Sin embargo, el Gobierno no sólo ha continuado permitiendo la proliferación de macrogranjas de engorde de cerdos, vacas y corderos, sino que las ha incentivado.

Algunas de estas macrogranjas llegan a ocupar la superficie de 25 campos de fútbol, como la explotación porcina Finca Dehesa del Rey, ubicada en Castilléjar, Granada, que genera por sí sola más de 500.000 metros cúbicos de purines y tiene un consumo de agua, obtenida de pozos, de algo más de 240.000 metros cúbicos.

En 2025, el Tribunal Supremo paralizó su ampliación, que había sido aprobada por el Ayuntamiento, gracias a un recurso de la plataforma vecinal “Salvemos Castilléjar”. A este punto hemos llegado, en el que los vecinos y vecinas tienen que recurrir ante los tribunales las decisiones de los gobiernos locales, autonómicos y estatal para frenar estos despropósitos.

Greenpeace denunció a través de su informe 'Viaje al interior de las macrogranjas' el gran impacto ambiental de estas explotaciones y las condiciones en las que se mantiene en ellas a los animales, con imágenes de su interior, en las que se puede observar la falta de espacio e higiene para los animales.

PACMA es el único partido que lleva años denunciando la explotación intensiva y sus devastadoras consecuencias para los animales y el medio ambiente, y el único que propone medidas contundentes para frenar la proliferación de las macrogranjas en España:

– Cese de autorizaciones para la instalación de nuevas explotaciones ganaderas y avícolas, y/o para la ampliación de las existentes.

– Revisión de las autorizaciones concedidas con evaluaciones de impacto ambiental acumulado sobre el conjunto de proyectos.

– Normativa estatal que limite el tamaño y el número de animales de las explotaciones ganaderas y avícolas; que establezca como requisito la presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio, así como de planes de abonado en todos los casos; y que regule la gestión de los purines.

– Implantación de un mayor número de controles e inspecciones de las instalaciones, más exhaustivos, estrictos y regulares.

– Cese de las subvenciones al sector.

– Impuesto climático a las explotaciones ganaderas y avícolas, cuyo gravamen se calcule en función de las emisiones generadas asociadas a su producción, y cuya recaudación se destine a compensar el daño climático que causan.

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PDF, pág. 38

La mayor parte de las especies de peces que se comercializan y consumen no provienen de ríos o mares, sino de piscifactorías. Son las macrogranjas de peces.

Estas granjas industriales pueden estar ubicadas tanto en ríos y mares, como en tierra. En el primer caso, los peces viven recluidos en jaulas sumergidas. En el segundo, en tanques. En ambos casos, las condiciones de cautividad y hacinamiento son extremadamente estresantes, y los métodos de sacrificio suelen ser muy crueles (electrocución, asfixia, golpeo…).

Las piscifactorías de acuicultura se “vendieron” inicialmente como algo muy ecológico, que permitiría reducir la presión pesquera sobre los caladeros, de manera que pudieran regenerarse. Sin embargo, la realidad es que se han convertido en una actividad industrial equivalente a las macrogranjas ganaderas, con terribles impactos medioambientales.

Por un lado, los niveles de antibióticos utilizados, así como otras soluciones antibacterianas y antiparasitarias, como los baños de formol, son uno de los problemas ambientales más denunciados por las personas expertas. Al tener a los peces hacinados, del mismo modo que a los animales en la ganadería, en cuanto aparece un patógeno en uno de ellos se expande rápidamente al resto. Esta masificación, a la vez que provoca estrés a los peces disminuyendo su respuesta inmunitaria, facilita también la propagación de las enfermedades infecciosas al resto del ecosistema fluvial o marino. El uso de antibióticos para paliar la propagación de algunas de esas enfermedades puede afectar al medio, provocando que aparezcan cepas resistentes.

Otro de los impactos ambientales es la proliferación de nutrientes. La suma del pienso en forma de sólidos en suspensión, unida a los excrementos con grandes cantidades de nitrógeno, da lugar a problemas de eutrofización (pérdida de oxígeno del agua).

Pero, más allá de los impactos locales y contaminantes, el principal problema de la acuicultura, que desmonta el mito de su supuesta sostenibilidad, es que, para alimentar y engordar a los peces criados en estas instalaciones, es necesario capturar en el mar a otros tantos peces en estado salvaje. Por poner un ejemplo, para que un salmón engorde un kilo, requiere la ingesta de entre cuatro y cinco kilos de peces de otras especies. En el caso del atún rojo, esa cifra se eleva hasta los veinte o veinticinco kilos de peces de otras especies.

Desde PACMA apostamos también por una reconversión de la industria pesquera hacia otros sectores, y el cese de las subvenciones al sector.

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Empresas e industriaMundo rural y mar

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Gasto e inversión

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PDF, pág. 40

La población de tiburones se ha reducido un 70% en los últimos 50 años. 81 especies ya se encuentran amenazadas y de otras muchas ni siquiera tenemos datos.

El auge de su demanda ha provocado un incremento exponencial de la pesca de tiburones, no solo en los países asiáticos.

Un grupo de veinte países, entre los que se encuentran España, Portugal, Reino Unido y Francia, concentra el 80% de las capturas a nivel mundial. España, concretamente, es el mayor exportador de tiburones y rayas del mundo.

La mayoría de las capturas de tiburones de la flota europea en todos los océanos se transportan a Vigo, donde se separa la aleta del cuerpo. La carne se vende en otros países de la UE y América del Sur, mientras que las aletas se envían a países asiáticos y Estados Unidos.

Hace escasos meses, Greenpeace denunciaba la actuación de un pesquero español al que había grabado capturando tiburones, cortándoles las aletas y arrojando los restos sin vida en una zona del Atlántico con alto valor ecológico.

Estos hechos demuestran que, aunque esta práctica está expresamente prohibida por la legislación europea, las medidas adoptadas son insuficientes. Por ello, desde PACMA defendemos el fin de la comercialización de carne y aletas de tiburón.

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Cambio legal

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PDF, pág. 40

Tras varios años de lucha, el pasado mes de julio, Nueva Pescanova comunicaba de manera oficial su desistimiento del proyecto para construir la primera macrogranja de pulpos del mundo en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, los pulpos no están a salvo, puesto que no existe ninguna normativa, ni nacional ni europea, que prohíba la cría de pulpos en cautividad. De hecho, existe un segundo proyecto en fase experimental en España, concretamente en Moaña, Pontevedra.

En octubre de 2023, PACMA, junto a otros partidos y organizaciones afines, presentamos una solicitud al Parlamento Europeo para prohibir tanto la producción como la importación de pulpos criados en cautividad.

Desde que medios de comunicación de todo el mundo se hicieran eco de la noticia sobre el proyecto de Nueva Pescanova para criar y engordar un millón de pulpos cada año, tanto las entidades más representativas dedicadas a la defensa del bienestar y la protección de los animales y del medio ambiente, como gran parte de la comunidad científica, denunciamos el sufrimiento y el maltrato que conllevaría la apertura de esta granja, así como los graves perjuicios medioambientales.

Tal y como denunciaba Compassion In World Farming International, existen graves problemas de sostenibilidad y de bienestar animal asociados a esta industria. En su informe “Cría intensiva de pulpo: una receta para el desastre” ponía de relieve, desde una perspectiva científica, las graves consecuencias que tendría el cultivo de pulpos, dado que se trata de animales muy inteligentes, sensibles y curiosos, por lo que, mantenerlos en tanques resultaría extremadamente cruel. Condenar a estos animales, solitarios por naturaleza, a vivir hacinados en tanques, les provocaría un sufrimiento inimaginable.

Criar pulpos con un nivel de bienestar alto es imposible, dado que mantener un gran número de pulpos juntos, generaría estrés, conflicto y una alta mortalidad. Ni el método de sacrificio previsto por el proyecto de Nueva Pescanova era aceptable - en lodo de hielo -, ni tampoco lo era la cifra de mortalidad prevista - del 15% -.

Además, para alimentar a estos animales en granjas, ya sea con alimentos naturales vivos o congelados, como con harina y aceite procedentes de pescado, sería necesario capturar una gran cantidad de crustáceos y peces, lo que supondría una presión adicional insostenible. Los pulpos comen tres veces su propio peso en alimentos, lo que hace que la acuicultura basada en especies carnívoras no solo no sea una solución para proteger al medio marino, como pretenden hacer creer empresas como Nueva Pescanova, sino que, en realidad, agravaría la problemática existente.

La multinacional expresó en declaraciones a la BBC que “Los niveles de bienestar requeridos para la producción de pulpo o cualquier otro animal en nuestras granjas de cultivo garantizan el correcto manejo de los animales”. Nos preguntamos a qué “niveles de bienestar requeridos” se refieren cuando no existe legislación alguna, ni en España, ni en la Unión Europea, que regule el bienestar de los pulpos u otros cefalópodos en granjas y establezca algún requisito.

La Directiva 2010/63/UE fue el primer texto legal en el que la Unión Europea reconocía expresamente la sintiencia de los cefalópodos, otorgándoles, por primera vez, algún tipo de protección, aunque referida únicamente al ámbito de la experimentación.

Esta Directiva supuso un antes y un después en la legislación de bienestar animal en la UE, en tanto que se protegía, por primera vez, a una clase de invertebrados. La razón para incluirlos en su ámbito de aplicación fue, según el considerando nº8 de la misma, la existencia de pruebas científicas que acreditan la capacidad de estos animales de experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero.

Los pulpos exhiben personalidades, juegan, exploran y solucionan problemas. Además, existen evidencias comportamentales de que los cefalópodos tienen conciencia, siendo capaces de exteriorizar, incluso, la decepción.

Habiendo transcurrido más de quince años desde la mencionada Directiva, y ante las abundantes evidencias científicas, nos encontramos ante un momento oportuno e inaplazable para proteger a estos animales frente a la explotación, el abuso y el maltrato.

Por ello, desde PACMA impulsaremos, por un lado, una norma nacional que prohíba tanto la producción como la importación de pulpos criados en cautividad. Por otro, la modificación del delito de maltrato animal de manera que los invertebrados queden protegidos en todos los casos, puesto que, como hemos señalado anteriormente, la pésima redacción de la reforma realizada en 2023 protege a los animales invertebrados solo cuando se encuentran bajo control humano y el maltrato a animales tan inteligentes y sensibles como pulpos y otros cefalópodos que viven en libertad continúa siendo impune.

Por los mismos motivos, es una necesidad urgente proteger a los crustáceos que se destinan al consumo humano, al menos, prohibiendo que sean mantenidos en hielo y/o con las pinzas atadas, y que sean cocidos vivos.

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Empresas e industria

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Cambio legal

Territorios

Unión Europea

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PDF, pág. 41

La contaminación química es otro de los grandes problemas ambientales de nuestro tiempo. Algunas de las sustancias que resultan especialmente peligrosas son los compuestos orgánicos persistentes, los metales pesados o los alteradores hormonales. Estos últimos se encuentran en plaguicidas, plásticos, cosméticos, productos de higiene y otros artículos de uso cotidiano. Otras sustancias, como los neonicotinoides acaban con las abejas y otros insectos, imprescindibles para la polinización.

A pesar de haber sido declarado por la OMS como “probablemente cancerígeno”, uno de los herbicidas más utilizados ha sido el glifosato. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Se encuentra, por tanto, en lo que comemos y en el agua que bebemos.

Aunque su utilización ya está desautorizada en otros países europeos, en España su uso continúa siendo generalizado. Según las administraciones, sólo se usa en el talud de las carreteras, pero algunas de estas zonas están muy próximas a acequias, por lo que el agua se acaba contaminando.

Organizaciones ecologistas denuncian que se están viendo afectados, incluso, los ecosistemas marinos. Advierten, además, que hay agricultores que continúan utilizando el glifosato para limpiar sus tierras de “malas” hierbas con lo que las frutas, verduras y hortalizas que crecen posteriormente pueden llegar a contaminarse.

Durante décadas, las administraciones públicas han justificado continuar utilizando y autorizando el uso del glifosato, argumentando que se trata de un herbicida que se degrada con rapidez. Sin embargo, estudios como el realizado por Ecologistas en Acción, advierten de una presencia generalizada de glifosato en nuestros ríos, embalses y acuíferos, lo que demuestra su persistencia, sobre todo en los ecosistemas acuáticos, los más vulnerables.

PACMA quiere impulsar la prohibición del uso del glifosato, así como el de otros herbicidas y plaguicidas peligrosos.

En contrapartida, queremos fomentar y apoyar la producción orgánica, como sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales.

A pesar de que la industria química haya pretendido convencernos de que no es posible mantener la agricultura sin recurrir a fertilizantes, herbicidas y plaguicidas sintéticos, la agricultura ecológica demuestra cada día que sí es posible, convirtiéndose en la mejor opción para proteger nuestra salud y el medio ambiente, generando también empleo verde de manera creciente.

Además, las técnicas utilizadas en la agricultura, silvicultura y jardinería ecológicas para controlar las plantas espontáneas (rotación de cultivos, eliminación manual y mecánica o acolchados), constituyen una fuente de alimento diverso para especies polinizadoras como las abejas, y son refugio de especies que ayudan a controlar las potenciales plagas de insectos que afectan a los propios cultivos.

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Empresas e industriaMundo rural y mar

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 42

Apostamos por la defensa y el apoyo a la agricultura, en contraposición a las millonarias subvenciones que se conceden actualmente a la ganadería y a la pesca.

Desde PACMA apostamos por el desarrollo de la agricultura local, orientada a la comercialización de ámbito comarcal.

El sector agrícola vinculado a los productos locales ofrece una gran oportunidad para el crecimiento económico. Por ello, es fundamental la implicación del Estado y las comunidades autónomas en su desarrollo, mediante una oferta estructurada de apoyos técnicos y tecnológicos.

Defendemos una agricultura al servicio de la ciudadanía, en la que se favorezcan las explotaciones agrícolas frente a los grandes latifundios, y que permita recuperar los espacios rurales tradicionales.

Apoyamos los principios básicos de la Soberanía Alimentaria, que coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica, como forma de avanzar hacia un modelo sostenible, ecológico, respetuoso con el medio ambiente y los animales, garante de alimento de calidad para todas las personas, que dinamice las economías locales.

Es necesario poner en marcha medidas para garantizar el futuro de la agricultura, como el impulso de la innovación, la formación y la puesta en marcha de ayudas a la inversión.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente aboga por impulsar un sector agrícola competitivo, sostenible y ético.

En particular, defendemos las siguientes medidas:

– Incrementar las subvenciones a la agricultura en detrimento de las que recibe la ganadería.

– Redistribuir las ayudas directas hacia las explotaciones más pequeñas y respetuosas con el medio ambiente.

– Preservar los métodos de producción tradicionales, regionales y locales.

– Impulsar la creación de canales cooperativos y solidarios para la comercialización de productos, al margen de las multinacionales.

– Favorecer la puesta en marcha de medidas de apoyo para el almacenamiento, la conservación y transformación de los productos hortofrutícolas.

– Promover medidas de apoyo técnico a los/as profesionales del sector.

– Reforzar los sistemas para la vigilancia, el análisis de alimentos y la alerta temprana.

– Impulsar la formación a través de cursos de especialización y de formación profesional agrícola.

– Garantizar una mayor transparencia en la comercialización de los productos agrícolas, con un aumento en el grado de participación del sector en el proceso.

– Fomentar la revitalización de los suelos de uso agrícola perjudicados por la actividad industrial.

– Desincentivar la agricultura basada en monocultivos que agota el suelo y perjudica la biodiversidad, y reorientarla hacia una agricultura diversificada y agroecológica, que utilice los principios regenerativos, de permacultura y naturales que restauran el suelo y los ecosistemas, mejoran la seguridad alimentaria y proporcionan alimentos ricos en nutrientes.

– Incentivar el consumo de producto local, evitando costes de transporte y perjuicios al medio ambiente.

– Implementar que los servicios de bares, cafeterías, restaurantes y comedores de dependencias públicas sean abastecidos por productos locales, procedentes de la agricultura ecológica.

– Apoyar y subvencionar las energías renovables en las que se sustenten los sistemas de riego inteligentes de presión y caudal constante, que ahorran agua, son más eficientes y ecológicos.

Colectivos

Autónomos, pymes y emprendedores

Palancas

Gasto e inversiónReorganizar el Estado

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PDF, pág. 43

Cada año, la humanidad consume una cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6 planetas. La huella ecológica del planeta ha aumentado casi un 190 por ciento en los últimos cincuenta años. Se han alcanzado niveles insostenibles de extracción y sobrexplotación de unos recursos naturales que son limitados y finitos. La generación masiva de residuos, desperdicios y desechos no orgánicos e incluso tóxicos para el medio ambiente, y la agresión constante a los ecosistemas, están abocando al planeta a un punto crítico de no retorno. Nuestro país, en concreto, consume tres veces más recursos de los que puede producir para satisfacer sus demandas.

PACMA apuesta por el consumo responsable y sostenible. Para ello es necesario poner en marcha políticas para desincentivar la producción y compraventa de los productos que tienen un mayor impacto ambiental, encarecer y limitar el sobre-embalaje y el uso de materiales no reciclables.

Muchos productos son poco duraderos, e incluso de usar y tirar, lo que conlleva a una excesiva generación de residuos que crea serios problemas a las comunidades autónomas y municipios, encargados de su gestión final. Es necesario incentivar la utilización de productos biodegradables, la reutilización de los consumibles y el reciclaje de los residuos como materias primas, implantando sistemas de retorno de envases. Este método de reciclaje, usado con éxito en otros países como Alemania, Noruega o Países Bajos, llega a niveles de recuperación de entre el 80 y el 90%.

En España, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, solo establece la obligación de incorporar sistemas de depósito, devolución y retorno, en caso de incumplir los objetivos fijados de recogida separada y, aunque contempla extender esta posibilidad a otro tipo de envases, solo se refiere a las botellas de plástico.

A pesar de determinados avances en aspectos como la limitación del uso de productos de plástico de usar y tirar, la referida norma no va más allá del mandato establecido por las directivas europeas sobre residuos y reducción del impacto de determinados productos de plástico. Apenas hace referencia a dos cuestiones que son de vital importancia: el ecodiseño y la obsolescencia programada.

Teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, impresoras… Aparatos de corta vida útil, que apenas duran unos años y dejan de funcionar. Es la obsolescencia programada: la programación del fin de la vida útil de un producto tras un período de tiempo predeterminado por el fabricante, durante la fase de diseño. Su finalidad, evidentemente, es el beneficio económico de fabricantes y empresas, sin tener en cuenta los perjuicios para los consumidores y para el medio ambiente: una industria que genera ingentes cantidades de residuos contaminantes.

España se encuentra entre los cinco países europeos que más residuos electrónicos generan. Por ello, desde el Partido Animalista proponemos políticas que impulsen la puesta en el mercado de productos duraderos, reparables, reutilizables y reciclables, con el objetivo de reducir el uso y consumo de recursos naturales, disminuir la producción de residuos, impulsar el sector de la reparación, relocalizar la creación de empleo y la generación de riqueza.

Para combatir la obsolescencia programada, la legislación debe exigir a los fabricantes que amplíen las garantías, permitan extraer y sustituir piezas fácilmente para reparar los dispositivos, y que los usuarios puedan acudir a cualquier tienda de reparación para arreglar sus productos, sin verse obligados a acudir necesariamente a los servicios oficiales de los fabricantes.

Por su parte, las grandes corporaciones han conseguido introducir en la ciudadanía la falsa percepción de que la calidad de vida está relacionada con el sobreconsumo de productos y servicios. Por ello es fundamental también la puesta en marcha de campañas de difusión y reeducación hacia un consumo responsable, planificado y sostenible.

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Autónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industria

Palancas

Cambio legalReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 44

A lo largo de este siglo, el cambio climático traerá consigo considerables reducciones de los recursos hídricos. Los distintos escenarios que prevé el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático van desde una reducción de entre un 20%, en el escenario más favorable, a un 80%, en el peor posible.

Por otro lado, al ritmo actual de uso del agua, para 2050, más de la mitad de la población mundial correrá el riesgo de escasez de agua, según Make Every Drop Count, un informe de las Naciones Unidas y el Banco Mundial sobre la crisis mundial del agua.

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) resalta algo cada vez más evidente: el agua y el cambio climático están intrínsecamente vinculados. En los próximos años se prevén disminuciones de hasta el 25% del recurso en todo el país y del 40% en el sureste peninsular para finales de siglo.

La correcta gestión de los recursos, de las aportaciones por aguas superficiales y subterráneas, es fundamental para cubrir la demanda en el futuro. Esta debe guiarse por parámetros de eficiencia y ahorro. En este sentido, para proteger y recuperar acuíferos, humedales y ríos, como ya hemos advertido en anteriores epígrafes, es imprescindible reducir el consumo de alimentos de origen animal y desterrar la ganadería intensiva, pero también promover tecnologías innovadoras y eficientes en la agricultura, la industria, el transporte, la energía, el turismo o el urbanismo, como la utilización de la IA para la predicción de consumos, la sectorización y digitalización de las redes de distribución para la detección de las fugas.

En España, más del 80% del agua utilizada se destina al regadío y los usos agrarios, seguido del abastecimiento del ciclo urbano, que representa alrededor del 15%. Por ello, debemos insistir en la indispensable reducción de la producción y el consumo de alimentos de origen animal, recordando que casi el 80% de los cultivos que son regados con ese agua se destina a alimentar a los animales que se encuentran en las explotaciones ganaderas.

Para garantizar el buen estado de las masas de agua son necesarias políticas sectoriales que minimicen su consumo, garanticen caudales ambientales parecidos al régimen natural y aseguren la calidad del agua disponible.

Las administraciones responsables deben respetar las llanuras de inundación y evitar la contaminación difusa o los usos excesivos. Es necesario promover el ahorro y la depuración del agua y garantizar una buena gestión pública.

Asimismo, consideramos fundamental implicar a la ciudadanía contra la contaminación del agua, ya que nuestra huella medioambiental puede ser crítica, incluso sin salir de casa. Son necesarias campañas informativas destinadas a concienciar sobre los perjuicios medioambientales de utilizar detergentes y químicos tóxicos en el ámbito doméstico, como en la limpieza del hogar y la ropa, y fomentar, en su lugar, el uso de productos ecológicos o inocuos. Se deben evitar los vertidos de sustancias no biodegradables en los desagües, como pinturas, disolventes o aceites, y el uso de los inodoros como papeleras. Arrojar objetos que no se degradan como toallitas húmedas, bastoncillos, compresas o tampones, no solo provoca serios problemas en los sistemas de alcantarillado, sino que, con el tiempo, estos objetos pueden terminar en arroyos, ríos y otras masas de agua.

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Plan o pacto

Territorios

Unión Europea

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PDF, pág. 45

Los ecosistemas saludables nos brindan muchos elementos esenciales que damos por sentado: aire limpio, agua dulce, suelos de buena calidad y polinización de cultivos. Las plantas convierten la energía del sol y la ponen a disposición de otras formas de vida. Las bacterias y otros organismos vivos descomponen la materia orgánica en nutrientes, proporcionando a las plantas un suelo sano para crecer. Los polinizadores son esenciales en la reproducción de las plantas, lo que garantiza nuestra producción de alimentos. Las plantas y los océanos actúan como grandes sumideros de carbono. El ciclo del agua, a su vez, depende en gran medida de los organismos vivos.

Lamentablemente, una constante tendencia de pérdida de biodiversidad se mantiene desde los años 70. Según el Informe Planeta Vivo, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las poblaciones mundiales de vertebrados - mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles - se han reducido en un 60% en poco más de cuarenta años. Las especies de agua dulce son las que más han sufrido, con una disminución del 80%.

Un informe de la ONU advirtió en 2019 que un millón de especies, del total estimado de ocho millones, están en peligro de extinción, y muchas de ellas podrían extinguirse en unas décadas.

Además de la contaminación y el cambio climático, la principal causa de este terrible descenso de la biodiversidad es el incontrolado modelo de consumo del ser humano, responsable de la sobreexplotación de los ecosistemas, principalmente por los cambios en el uso del suelo (por deforestación, monocultivo intensivo, urbanización, …) y la explotación directa, como la caza y la sobrepesca.

Es necesario asumir de manera seria estas competencias y compatibilizar los modelos territorial y económico con la naturaleza, no poniendo en riesgo el cumplimiento de objetivos europeos y el acceso a fondos comunitarios, reduciendo la capacidad de mitigación del cambio climático y de adaptación a sus impactos, y no perjudicando el bienestar de las personas y el atractivo de los paisajes naturales.

PACMA propone ampliar las zonas marinas y terrestres protegidas, de manera que las áreas naturales protegidas de bosques, humedales, turberas, pastizales y ecosistemas costeros, que, actualmente solo suponen un 18% del territorio, abarquen, al menos, un 30% para 2030.

Este objetivo debe ser vinculante a nivel nacional, en cooperación con los gobiernos autonómicos y locales, siendo fundamental, además, que la protección de la biodiversidad se tenga en cuenta en todas las políticas, de manera transversal.

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Gasto e inversión

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PDF, pág. 46

El pasado mes de agosto se hallaron los cuerpos sin vida de tres linces ibéricos en una balsa de regadío ubicada en la pedanía hellinera de Isso, Albacete. Se trataba de Urze, una hembra de lince ibérico, y sus dos cachorros.

Urze había sido introducida en la zona hacía tan sólo dos años. Apenas había comenzado su nueva vida cuando perdió a su compañero, Libre, que murió atropellado. A pesar del duro golpe, Urze consiguió sacar adelante sola a su primera camada. Este año había vuelto a criar, pero una balsa de riego acabó con su vida, al quedar atrapada en una infraestructura de paredes lisas y una fuerte pendiente imposible de salvar. Urze no sólo ha perdió la vida de manera agónica, sino que tuvo que presenciar, impotente, cómo la perdían sus dos cachorros.

Lo peor es saber que se trata de otra tragedia que se podría haber evitado con la colocación de una simple rampa o malla de escape.

Las balsas y canales de riego son auténticas trampas mortales para los animales silvestres. No sólo se llevan por delante la vida de linces. También caen y perecen corzos, jabalís, ciervos, ginetas, garduñas, tejones, zorros, gatos, erizos, azulones, reptiles, anfibios, culebras…

Cada año, millones de animales mueren debido a la falta de medidas de protección en estos y otros tipos de infraestructuras humanas como carreteras, pozos, aljibes, piscinas, mamparas, cristaleras, aerogeneradores, tendidos eléctricos o catenarias ferroviarias.

Muchos de estos animales, además, pertenecen a especies amenazadas.

Según las estimaciones del proyecto SAFE - Stop Atropellos de Fauna en España, sólo en las carreteras españolas podrían morir hasta 55 millones de vertebrados cada año, entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

No podemos olvidar que, además de las carreteras y las vías de tren, las construcciones hidráulicas, como presas, diques o azudes, y los vallados y cercados de terrenos, también fragmentan los espacios naturales, impidiendo el paso de los animales. Y no sólo el paso, también cualquier posibilidad de huida frente a inundaciones o incendios. Cada verano, que los incendios asolan los montes y bosques de nuestro país, tenemos que volver a ver impotentes imágenes de animales como ciervos, corzos o cabras montesas intentando escapar de las llamas, presos de cercados y vallados de terrenos cinegéticos.

Para todas estas trampas mortales existen soluciones, algunas muy sencillas:

– Balsas de regadío: limitación de profundidad y pendiente de las paredes y colocación de rampas de escape.

– Canales de regadío: instalación de barreras flotantes y rampas de salida suficientes.

– Pozos y aljibes: colocación de cerramientos adecuados.

– Piscinas: instalación de plataformas flotantes con rampas de salida.

– Carreteras: construcción de puentes o túneles de paso naturalizados; reducción de velocidad, señalización de alto impacto visual y sistemas inteligentes de señalización dinámica en los puntos sensibles.

– Pantallas acústicas en carreteras, grandes cristaleras en edificios, pistas de pádel y similares: opacidad o colocación de elementos que las hagan visibles para las aves y los murciélagos, evitando las colisiones.

– Aerogeneradores: sustitución de los aerogeneradores de aspas por aerogeneradores de vibración.

– Tendidos eléctricos y catenarias ferroviarias: señalización, separadores de fases, recubrimiento aislante y soterramiento en los puntos de mayor impacto, que eviten la colisión y/o electrocución de aves.

– Construcciones hidráulicas: habilitación de pasos o escaleras para peces, como escalas de estanques sucesivos, ranuras verticales y rampas naturalizadas.

– Cercados y vallados de terrenos cinegéticos: eliminación o, al menos, habilitación de zonas sin cerramiento que permitan el paso y/o la huida de los animales frente a los incendios.

Es necesario abordar esta cuestión de manera decidida. Desde PACMA impulsaremos el desarrollo de una norma que aborde las distintas problemáticas derivadas de las diferentes infraestructuras, que prevea medidas de protección de la fauna silvestre y establezca la obligatoriedad de adoptarlas, ya se trate de infraestructuras de titularidad pública como privada, adaptando las existentes y exigiendo que las nuevas las incorporen desde su construcción o instalación, con la finalidad de evitar o, al menos, reducir la mortalidad de la fauna silvestre.

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PDF, pág. 47

Los bosques albergan cerca del 80% de la biodiversidad. Protegerlos es, sin duda, la mejor estrategia posible para conservarla. Además, desarrollan un papel fundamental como sumideros naturales de CO2 y son nuestros mejores aliados para asegurar los recursos de agua dulce, por la capacidad que tienen los árboles para hacer llover.

En nuestro país, urge una política forestal que ponga en valor los montes, que proteja los bosques y a los animales que los habitan; que ponga fin a la deforestación, combatiendo la tala ilegal e impulsando la reforestación con especies autóctonas; que prevenga los incendios forestales y recupere las zonas degradadas; que promueva en la sociedad los valores ambientales y sociales que atesoran.

Los incendios forestales son hoy uno de los principales problemas medioambientales. Este 2026, han ardido un total de 301.681 hectáreas en España, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS). Esta cifra supone el 42,9% de la superficie que ha ardido en toda la UE.

En julio sufrimos el incendio de Los Gallardos, Almería, que se cobró la vida de 13 personas. Poco después se producía el mayor incendio de la historia de nuestro país, que se inició en Burgohondo, Ávila, con más de 50.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de unos 160 kilómetros.

No cabe lugar a dudas de que los incendios son más devastadores que nunca. Hablamos de lo que se han denominado como “incendios extremos”, cuya intensidad y velocidad de propagación superan a la capacidad habitual de extinción. De hecho, estos incendios se suelen extinguir principalmente por cambios en la meteorología (lluvia, bajada de temperaturas, cambio del viento) o cuando alcanzan zonas en las que no hay vegetación que quemar. Y ahí está la clave: la gestión de la vegetación.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - IPCC señala que el calentamiento global ha incrementado la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo, favoreciendo la desecación de la vegetación. De inviernos o primaveras especialmente lluviosos, que favorecen el crecimiento de hierbas y arbustos, pasamos a muchas semanas seguidas de altas temperaturas, escasas precipitaciones y baja humedad, en las que toda esa vegetación se seca y pasa a convertirse en combustible disponible para el fuego.

Desde PACMA insistimos en la necesidad de reforzar las políticas de prevención puesto que, como se suele decir, los incendios se apagan en invierno, previniéndolos. La mayoría son provocados por la mano del hombre, ya sea de manera negligente o intencionada, pero su propagación depende de la correcta gestión de los montes.

Muchas personas apuntan a que las leyes “ecologistas” no permiten “limpiar” el monte. Sin embargo, esto es totalmente falso. La Ley de Montes exige que, a la hora de elaborar los Planes de ordenación de los recursos forestales (PORF), las CCAA incluyan las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, entre los que se encuentra la prevención de incendios. Además, deben elaborar y aprobar planes anuales específicos para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que se deben aplicar de manera continuada a lo largo de todo el año, incluyendo, entre otros, los trabajos de carácter preventivo a realizar y, en particular, los tratamientos selvícolas que procedan, las áreas cortafuegos, las vías de acceso y los puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes, así como los plazos de ejecución y el establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie de la Comunidad, previendo la ejecución subsidiaria por parte de la Administración.

Otras muchas personas suelen señalar que la acumulación de vegetación que se seca y pasa a convertirse en combustible disponible para el fuego, se debe a la desaparición de la ganadería extensiva. Aunque es innegable que el incremento desmedido del consumo de productos de origen animal ha provocado la sustitución de una ganadería extensiva por otra intensiva y que, dónde antes pastaban cientos de animales domésticos, ahora hay millones hacinados en el interior de macrogranjas, que no llegan a ver nunca la luz del sol, la ganadería extensiva no es la solución a los incendios. De hecho, es parte del problema. Como sabemos, el peor incendio de la historia de nuestro país lo provocaron, precisamente, unos trabajos relacionados con la ganadería extensiva, cuando un operario contratado por la Asociación de Ganaderos de Burgohondo originó el fuego, al picar piedra con maquinaria pesada para abrir un nuevo camino para el ganado vacuno junto a la cresta de la sierra de Gredos.

Y es que la ganadería y las prácticas asociadas están detrás de muchos incendios. Según los datos del MITECO, más del 80% de los incendios se producen por acción humana, ya sea de manera negligente o intencionada. Respecto a las negligencias, la mayor parte se debe a quemas agrícolas y uso de motores y maquinaria pesada en los montes, que, como en el caso de Ávila, muchas veces se trata de trabajos relacionados con la ganadería. Respecto a los intencionados, cerca de un 60% se debe a “prácticas tradicionales”, entre las que destacan las quemas realizadas en el desempeño de prácticas ganaderas.

La falta de animales pastando en los montes tiene una sencilla solución: prohibir la caza. Y es que mientras cada vez más ayuntamientos están introduciendo animales en sus entornos, como cabras o, incluso, bisontes, para que realicen esa función a modo de prevención de incendios, las CCAA no sólo permiten sino que fomentan que se persiga y se mate por deporte a millones de herbívoros silvestres, pertenecientes a especies que sí son autóctonas, impidiendo así que cumplan con esta función natural, de consumir la hierba, los matorrales y la maleza que luego se seca y provoca la devastación de los incendios.

Tal y como ha confirmado la Asociación Española de Ecología Terrestre, la introducción de animales como el bisonte europeo no recuperaría esta función ecológica pues, como herbívoro, es un consumidor intermedio, que tanto ramonea como pasta. En cambio, herbívoros como el ciervo, el corzo, el gamo, la cabra montesa, el rebeco, el conejo y la liebre, sí cumplirían con esta función, pero todas estas especies están siendo cazadas y sus poblaciones esquilmadas.

Además, la caza es uno de los motivos por los que se provocan incendios de manera intencionada, por lo que prohibiéndola no sólo se recuperarían las poblaciones de especies que evitarían la propagación de los incendios, sino que se evitaría la provocación de los muchos incendios relacionados directamente con la actividad cinegética.

Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC concluyó que los espacios donde está prohibida la actividad cinegética, como son los parques nacionales, experimentan menos cambios de uso de suelo y menos incendios forestales que sus zonas periféricas.

Por todo ello, desde PACMA queremos impulsar la prohibición de la caza deportiva, con la finalidad de recuperar la biodiversidad y restaurar los ecosistemas naturales y el equilibrio medioambiental, para evitar así la devastadora propagación de los incendios forestales.

Como ya hemos mencionado, el origen de la mayoría de los incendios se atribuye a la mano del hombre, ya sea de manera intencionada o negligente. Por ello, además de intensificar las labores de investigación tras los incendios para determinar su origen, para combatirlos es fundamental tener muy en cuenta el alto componente sociológico. Y es que, en el ámbito rural, el fuego se ha usado de manera inveterada, por un lado, para la quema de rastrojeras y la regeneración de pastos y, por otro, por intereses vinculados a la caza. La explicación es que, al quemar una determinada zona de bosque, se provoca que los animales huyan a un coto colindante, incrementando así las posibilidades de caza en ese terreno.

Para evitar estas situaciones, de la misma manera que la Ley prohíbe el cambio de uso forestal durante 30 años de terrenos forestales incendiados, para evitar su quema por intereses urbanísticos, agrícolas, mineros…, así como toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determine la legislación autonómica, desde PACMA proponemos prohibir la práctica de la actividad cinegética durante 30 años en terrenos afectados por incendios vinculados a intereses relacionados con esta actividad, en términos extensivos. Es decir, en las zonas directamente devastadas y en las colindantes a dónde se hayan desplazado los animales.

En la misma línea, PACMA apuesta por el impulso de otras medidas como realizar estudios para encontrar alternativas al uso del fuego en el medio rural y fomentar esas alternativas, recompensando las buenas prácticas y haciendo mayores esfuerzos para sensibilizar a la población sobre el creciente peligro de incendio; incidir en las medidas de selvicultura preventiva, cuya finalidad es conseguir bosques con menor grado de combustibilidad, creando más áreas cortafuegos, mediante el clareo, la poda y el desbroce, de manera que se dificulte el paso del fuego y se facilite la circulación de los equipos de extinción; adoptar medidas de prevención en los núcleos urbanos, urbanizaciones y residencias cercanas a zonas forestales; y prohibir la pirotecnia y los farolillos voladores, por el elevado riesgo que su uso supone en la provocación de incendios, realizando campañas informativas destinadas a concienciar a la ciudadanía sobre los perjuicios que entraña el uso de estos dispositivos.

Colectivos

Mundo rural y mar

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

Territorios

Unión Europea

Fuente

PDF, pág. 48

Defendemos una revisión de la normativa para proteger eficazmente nuestro patrimonio natural, la conservación de hábitats y de la flora y fauna silvestres. Es necesario preservar los parques naturales, reservas, parajes y monumentos naturales, zonas de especial conservación y costas, así como de los animales que los habitan.

Para ello, proponemos una actualización de las directrices contenidas en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, para actualizar, a su vez, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los Planes de Gestión, con una mayor representación de las entidades vinculadas a la protección, la defensa y el cuidado del medio ambiente y los animales, así como de los municipios afectados y sus entidades sociales.

El Estado y las comunidades autónomas deben estar dotados de las herramientas necesarias que permitan conocer el estado de conservación de todo el patrimonio natural y de su biodiversidad. Se deben diseñar medidas para asegurar su conservación, disponer de los medios adecuados para afrontar los posibles episodios de contaminación, sancionarlos de manera contundente y, en caso necesario, restaurar la integridad de los ecosistemas.

Colectivos

Autónomos, pymes y emprendedores

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 51

España es líder mundial en el sector turístico, que constituye uno de los principales pilares de nuestra economía. Como fuente de ingresos, aporta el 12,6% del PIB, y en relación a la generación de empleo, supone el 12,3% del total de afiliados.

Es innegable la importancia del turismo para un país como España, pero no puede ser más importante que la calidad de vida de los propios españoles y españolas, que estamos siendo desplazados de las ciudades y pueblos en los que crecimos, debido a la turistificación. Y es que, durante 40 años, se ha estado impulsando el crecimiento de este sector sin prestar especial atención a cómo iba a afectar a la calidad de vida de la ciudadanía española.

Disponemos de un patrimonio cultural y natural, así como de recursos suficientes, para promover un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con los espacios naturales, el medio ambiente y los animales, con las ciudades y sus vecinos, y que, además, esté distribuido por todo el territorio y no concentrado en determinadas zonas, ni ligado necesariamente a la estacionalidad.

Desde PACMA proponemos:

– Elaboración de una Estrategia nacional de turismo sostenible y respetuoso con los espacios naturales, el medio ambiente y los animales, con las ciudades y sus vecinos.

– Puesta en marcha de un Observatorio de Turismo y Sostenibilidad.

– Retirada de las declaraciones de Fiesta de Interés Turístico Nacional o Internacional a todos aquellos eventos en los que se utilicen animales. Las Fiestas podrán mantener estas declaraciones si dejan de utilizar animales.

– Fomento de la labor de las empresas públicas que gestionan el turismo, basando la oferta en la promoción de un turismo sostenible, diversificado y respetuoso.

– Potenciación de la actividad turística sostenible.

– Realización de trabajos de investigación, estadística y asesoramiento en turismo sostenible y respetuoso.

– Análisis de nuevos productos y mercados sostenibles.

– Producción y distribución de información turística con criterios éticos de sostenibilidad.

– Estudio y adopción de medidas para impulsar la distribución del turismo por todo el territorio y en otras épocas del año, más allá del periodo estival.

– Limitar la frecuencia y el volumen de las visitas a los espacios naturales.

Colectivos

Empresas e industria

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 51

La contaminación acústica puede provocar efectos muy negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas, y también de la de los animales.

El ruido provocado por el tráfico, la industria y las actividades recreativas es un problema en aumento. Millones de personas residentes en ciudades se encuentran expuestas a niveles de ruido superiores a 55 decibelios generados. El mayor problema es la pérdida de sueño, pero el ruido también puede causar problemas de audición, como los acúfenos, afectar a la salud mental y provocar estrés, además de incidir en el rendimiento laboral y dificultar las tareas escolares. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición a largo plazo a estos niveles puede elevar la presión arterial y provocar ataques cardíacos.

Proponemos una legislación nacional que controle y regule la contaminación acústica, protegiendo nuestra calidad de vida, estableciendo niveles óptimos de confort acústico, de manera que el ruido no resulte pernicioso para el descanso y la comunicación.

Para ello, se debe tratar de eliminar, en la medida de lo posible, las fuentes molestas que producen el ruido, controlar la producción de este en el origen o llevar a cabo su reducción con medidas en el entorno.

En particular, desde el Partido Animalista Con el Medio Ambiente consideramos necesario prohibir el uso de artificios pirotécnicos (petardos, fuegos artificiales, cohetes, …) y sus simulaciones. El ruido de las explosiones de estos elementos afecta muy negativamente, sobre todo a personas especialmente sensibles, mayores, niños y niñas, y animales.

En los animales puede provocar miedo, temblores, taquicardia, aturdimiento, falta de aire, náuseas e, incluso, la muerte.

Por otro lado, estudios como el liderado por los investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), nos advierten de que muchas de las partículas metalíferas que contiene el humo de los fuegos artificiales son bio-reactivas y pueden afectar la salud humana, con efectos más agudos en personas con antecedentes de asma o problemas cardiovasculares.

Además, en zonas cercanas a espacios naturales, los espectáculos pirotécnicos tienen otros impactos negativos. Por un lado, suponen una fuente de estrés para la fauna silvestre, pero también, como apuntábamos anteriormente, constituyen un grave riesgo de incendios forestales.

Mientras conseguimos su prohibición absoluta, desde PACMA impulsaremos una reforma de la Ley de evaluación ambiental, para que los espectáculos con artificios pirotécnicos de, al menos, 100 o más kilos de pólvora deban someterse a una evaluación de impacto ambiental.

Otra de las afectaciones negativas de la actividad humana es la contaminación lumínica.

La iluminación artificial durante la noche es imprescindible para la habitabilidad de las zonas urbanas y rurales. Además de mejorar la seguridad ciudadana, reforzar la prevención de los riesgos laborales y garantizar la seguridad industrial de determinadas instalaciones, es también necesaria para llevar a cabo un gran número de actividades lúdicas, comerciales o productivas.

Sin embargo, la contaminación lumínica dificulta la visión del cielo nocturno, que es también un bien inmaterial y patrimonio común que hay que proteger.

En PACMA nos preocupa especialmente sus efectos adversos sobre la fauna silvestre y la biodiversidad, que es necesario prevenir y minimizar. En cada latitud existen unos patrones de luz y oscuridad estacionales, que determinan los ciclos circadianos a los que casi todos los seres vivos se han adaptado, condicionando sus patrones de comportamiento: horas de actividad, reproducción, polinización, hibernación, etc. La ruptura de estos patrones naturales tiene consecuencias adversas sobre la biodiversidad. Las especies nocturnas son, lógicamente, las más afectadas, pero también las crepusculares y las diurnas, que ven distorsionado su patrón de comportamiento al variar las horas de iluminación diarias, a consecuencia de las fuentes artificiales durante la noche.

También la vegetación puede verse afectada negativamente. La alteración de las horas de oscuridad y los ciclos día/noche afectan al patrón de floración de multitud de especies, así como a su relación con las especies que las polinizan.

Para prevenir y minimizar estos efectos adversos, proponemos el desarrollo de una normativa nacional que controle y regule la contaminación lumínica, en base a un diseño de alumbrado nocturno que responda a criterios coherentes y racionales - que implicaría, además, un importante ahorro energético y, de manera indirecta, una disminución de las emisiones de gases contaminantes de la atmósfera - a través de medidas sencillas como ajustar la cantidad de luz a la estrictamente necesaria para desarrollar la actividad concreta; iluminar de arriba hacia abajo; apantallar los haces de luz; mantener las luces apagadas cuando no se desarrolle ninguna actividad; utilizar lámparas de alta eficacia lumínica adecuadas a la visión humana y a la actividad que se desarrolle; y emplear preferentemente luz naranja o blanca cálidas.

Colectivos

Menores y alumnosEmpresas e industria

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 52

España ratificó en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y, más aún, el derecho a disfrutar de una alimentación adecuada en cantidad y calidad.

En su interpretación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) ha afirmado que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Entre otras obligaciones de los Estados parte del tratado, se prevé la de aprobar una estrategia nacional que garantice la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada para todas las personas. Sin embargo, el enfoque de la normativa española relacionada con la seguridad alimentaria está más orientada a la salubridad de los alimentos que a la garantía del derecho a comer y lo más próximo al cumplimiento de esa obligación fue la Estrategia NAOS (nutrición, actividad física y prevención de la obesidad), aprobada en 2005.

Para garantizar una alimentación adecuada para todas las personas, desde PACMA proponemos la elaboración de una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prevea medidas como el establecimiento de economatos sociales y el desarrollo de acuerdos con los comercios locales para garantizar el acceso a productos de alimentación con precios bonificados en función de la renta disponible, lo que, a su vez, dinamizaría el comercio local.

Otra de nuestras propuestas es el impulso de programas de huertos urbanos ecológicos, destinados a personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social, como una manera de garantizar, mediante la autogestión de esos huertos, una canasta básica de productos alimenticios y/o como ayuda para disponer de productos frescos de temporada.

El acceso al agua, junto al saneamiento, es considerado por la Asamblea General de la ONU como derecho humano. Desde PACMA defendemos que se garantice su acceso a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante el establecimiento de un mínimo vital de agua.

Con relación a la energía, si bien contamos ya con una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030, hemos de señalar que se mantiene un modelo asistencialista y que no contiene grandes reformas estructurales para resolver un problema que, según datos del Eurostat, afecta a cerca del 20% de la población española.

En este sentido, es necesario introducir objetivos específicos de reducción, así como nuevos indicadores actualizados y mecanismos de evaluación y monitorización. La ausencia de estas medidas impide mejorar la transparencia y la medición del impacto de las políticas públicas en esta materia.

Además, según los datos de ESADE y Oxfam Intermón, ocho de cada diez potenciales beneficiarios del bono no logran acceder a este debido a la burocratización y falta de información. Por ello, también son importantes políticas públicas que prevean mecanismos de comunicación entre los potenciales beneficiarios, los servicios sociales, las administraciones y/o las suministradoras, y otras medidas que faciliten el acceso al bono social eléctrico, que, actualmente, no llega a muchas personas en situación de pobreza severa, debido, sobre todo, a déficits de la información y a dificultades en la tramitación.

Desde PACMA también consideramos conveniente el impulso y fomento de comunidades energéticas, especialmente, en zonas rurales, a través de la creación de cooperativas que involucren a la comunidad local.

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 54

Defendemos un uso eficiente de la sanidad, que garantice la cobertura sanitaria a toda persona que lo necesite.

Los continuos recortes, el desmantelamiento y la privatización de los últimos años han perjudicado seriamente la calidad de la sanidad pública, poniendo en jaque el acceso universal de las personas a los servicios sanitarios. La reducción del personal sanitario, el cierre de plantas en hospitales, la reducción del número de camas o el aumento de los tiempos de espera para consultas, pruebas y/o intervenciones quirúrgicas, son solo algunas de las consecuencias.

Entre las competencias exclusivas del Estado, en el ámbito sanitario, se encuentran las bases y coordinación general de la sanidad, para establecer normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos, persiguiendo una igualación básica de condiciones en el funcionamiento de los servicios públicos.

Por ello, desde PACMA consideramos que el Estado debe impulsar el desarrollo de las siguientes medidas:

– Análisis de la situación actual de las infraestructuras sanitarias y evaluación de las necesidades para la mejora de la calidad asistencial.

– Reintegración al sistema sanitario público los servicios privatizados.

– Refuerzo de la atención primaria y de su conexión con el sistema sanitario.

– Implementación de programas autonómicos de I+D+i, con financiación, gestión y recursos públicos.

– Puesta en marcha de números gratuitos de información sanitaria.

– Desarrollo de planes de atención sanitaria domiciliaria.

– Elaboración de planes de mejora de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

– Actualización de los planes de contingencia ante posibles epidemias y pandemias.

Colectivos

Pacientes

Palancas

Gasto e inversiónPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 55

Un sistema de salud pública, por definición, debe garantizar una sanidad de calidad y sin costes adicionales para una ciudadanía que ya la financia a través de sus impuestos y con el porcentaje de sus salarios destinados a la Seguridad Social.

Tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, la práctica del copago, a la larga, termina suponiendo un mayor gasto sanitario, a la vez que perjudica la salud de la población, pues la disuade de utilizar los servicios sanitarios, sobre todo a la más desfavorecida, acrecentando por tanto las desigualdades.

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversión

Fuente

PDF, pág. 56

Impulsaremos el desarrollo de campañas que promuevan el conocimiento, las aptitudes y actitudes necesarias entre la ciudadanía, para el cuidado de la salud mediante actividades educativas, comunicativas y de participación social, que fomenten hábitos saludables. Es algo que redundará en beneficio de la salud de la ciudadanía y, por ende, reducirá el gasto sanitario.

En estas campañas se ofrecerá información sobre cuestiones de salubridad, se darán recomendaciones sobre alimentación y ejercicio físico para mejorar la calidad de vida, pero, sobre todo, se tratará de implementar en el conjunto de la población hábitos capaces de modificar aquellos comportamientos perjudiciales para su salud.

Consideramos importante priorizar la promoción de hábitos de vida saludables desde una edad temprana y concienciar a su vez a la población adulta, a través de los niños y niñas, sobre la importancia para la salud de unos hábitos alimentarios adecuados.

Colectivos

Menores y alumnos

Palancas

Plan o pacto

Fuente

PDF, pág. 56

Desde PACMA llevamos años reivindicando una mayor presencia de la figura del dietistanutricionista, dado que, en contraposición a la mayoría de los países europeos, España apenas cuenta con estos profesionales en el sistema público de salud.

Esto implica, además, que el sistema universitario español está invirtiendo unos recursos económicos en formación que, posteriormente, son aprovechados por otros países o por el ámbito privado.

Algunas comunidades ni siquiera han incorporado aún a estos/as profesionales, cuando las intervenciones dietético-nutricionales son coste-efectivas y mejoran la eficiencia de los sistemas sanitarios.

Los/as dietistas-nutricionistas son esenciales para mejorar resultados clínicos y reducir costes sanitarios en patologías como la enfermedad celíaca, el síndrome de intestino irritable, el hígado graso, la prevención del cáncer digestivo o los déficits nutricionales tras cirugía bariátrica y en enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn y colitis ulcerosa.

En los hospitales se encargan de supervisar el manual de dietas del centro y de establecer la atención personalizada que necesitan determinados pacientes. Esta figura no sólo ayuda a evaluar y realizar un diagnóstico nutricional, intervenir y asegurar la adherencia al tratamiento o monitorizar adecuadamente el estado nutricional, sino que también previene la desnutrición hospitalaria y reduce el tiempo de estancia de los/as pacientes.

Todo ello redunda en una mejora de la eficiencia del sistema sanitario. Diferentes estudios reflejan las ventajas económicas de incorporar dietistas-nutricionistas a la sanidad pública, concluyendo que la incorporación de los tratamientos ofrecidos por dietistas-nutricionistas no sólo mejora la salud y calidad de vida de los pacientes, sino que, por cada euro invertido se ahorran cuatro en otros cuidados de la salud.

Colectivos

Pacientes

Palancas

Gasto e inversión

Fuente

PDF, pág. 56

En 2025 fallecieron 735 personas por accidentes laborales en España. Destacan determinados sectores, como la construcción, que está empeorando sus cifras, con un 21,5% más que en 2024.

Los accidentes y las enfermedades laborales son evitables si se adopta una adecuada política de prevención.

La inclusión de la salud laboral en los convenios colectivos es fundamental para la salud de los trabajadores. Si nos fijamos en los países con una mejor salud laboral, tienen, por un lado, un marco normativo y reglamentario sólido sobre esta materia, un amplio y experto cuerpo de inspectores públicos para examinar su observancia y sancionar su incumplimiento, en su caso, pero también una importante tradición de diálogo y negociación entre empresas y sindicatos.

Por ello, es necesario desde las administraciones públicas fomentar y favorecer el diálogo y la negociación colectiva en torno a la salud laboral entre empresarios/as y sindicatos, así como difundir las buenas prácticas.

Apostamos por la puesta en marcha de una intensa actividad negociadora para la consecución de acuerdos que desarrollen y complementen el marco normativo nacional, así como de la ampliación de las competencias de los delegados y delegadas, y miembros de los comités de prevención de riesgos laborales en las empresas, dotándoles de las herramientas necesarias que faciliten su labor.

Colectivos

Empresas e industria

Fuente

PDF, pág. 57

La salud mental es reconocida como una prioridad de salud pública y un derecho humano fundamental por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien, por fin, contamos con un primer Plan de acción para la prevención del suicidio desde 2025 y un Observatorio para la Prevención del Suicidio desde este 2026, el suicidio sigue siendo la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años en nuestro país. Cada día, más de 200 personas tratan de quitarse la vida y 11 lo consiguen.

La Línea 024 para la prevención del suicidio ha atendido más de 500.000 llamadas desde su puesta en marcha en mayo de 2022, registrando, sólo en 2025, más de 162.000, además de más de 42.000 consultas por chat.

Sin duda, se trata de un valioso instrumento, pero es sólo el principio de la cadena. Muchas personas necesitan otros recursos que hoy no existen. Es necesario un dar una respuesta rápida pero también continuada a las personas con riesgo, a través de la detección protocolizada, la atención inmediata y el seguimiento proactivo. Es necesario un plan vertebrado de prevención e intervención, con un abordaje transversal.

El Gobierno debe abordar y afrontar esta problemática como un problema de salud pública que va más allá de la atención sanitaria, siendo necesario ofrecer una respuesta integral, con estrategias complementarias en otros ámbitos, como el educativo.

En esta línea, desde PACMA proponemos:

– Ampliar el conocimiento de la ciudadanía sobre la salud mental y, en especial, sobre el suicidio.

– Luchar contra la estigmatización de los problemas relacionados con la salud mental.

– Elaborar estrategias para la detección y atención del bullying y ciberbullying.

– Promover servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados y con la capacidad de respuesta necesaria.

– Fortalecer los sistemas de información.

– Desarrollar programas para la detección precoz de la depresión y del riesgo suicida, prestando especial atención a las víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas; a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo; a las personas mayores; a las que padecen alguna patología crónica, discapacidad y/o dolor; a las que no tienen hogar y a las que se encuentren en situación de cumplimiento penitenciario.

– Implementar acciones formativas dirigidas a mejorar la detección del suicidio para profesionales de los diferentes sectores: sanitario, educativo, servicios sociales, policía, etc.

– Mejorar la atención a las personas con problemas de salud mental.

– Mantener una continuidad asistencial a las personas con conductas suicidas y supervivientes del suicidio.

– Fomentar programas que contribuyan a la inclusión y participación en la comunidad, favoreciendo el mantenimiento de las relaciones sociales y la autonomía personal, la adquisición de habilidades y competencias mediante actividades de ocio, deportivas, culturales, etc.

– Impulsar las investigaciones sobre salud mental.

– Incrementar el número de especialistas en psiquiatría y psicología en la sanidad pública.

Colectivos

Mayores y pensionistasMujeresMenores y alumnosDiscapacidad y dependenciaVíctimasPacientesPolicías, guardias civiles y militares

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 57

La salud bucodental es la gran olvidada de nuestra sanidad pública, que sólo cubre el 2 % del gasto bucodental, frente al 31 % de media europea. La atención bucodental se encuentra así, en mayor parte, en manos del sector privado, convirtiendo a la odontología en un lujo en España.

Según analiza la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, la atención que el Sistema Nacional de Salud ofrece a los dientes es parcial y desigual en las diferentes comunidades autónomas. La caries dental, que es la enfermedad reconocida como más prevalente en el ser humano, no tiene amparo en el sistema público más que para los más jóvenes y sólo parcialmente.

Las afecciones en la boca y la falta de piezas agravan patologías como la diabetes o los problemas cardíacos, lo que a la larga supone un coste superior al sistema sanitario.

Desde PACMA defendemos el impulso de una atención bucodental gratuita, con una asistencia dental básica para todas las personas, un sistema terapéutico y preventivo para las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la financiación de los elementos básicos para pacientes a los que les suponga una mejora en su calidad de vida.

Colectivos

JóvenesAutónomos, pymes y emprendedoresPacientes

Palancas

Gasto e inversión

Fuente

PDF, pág. 58

La educación pública de calidad es un derecho de todos y todas, imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa. Sin embargo, en España, no es una cuestión de Estado o, al menos, no lo parece.

En las últimas décadas, el sistema educativo se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos de derecha e izquierda. Continuos choques han impedido llegar a un necesario acuerdo para una cuestión que en otros países no genera esta discusión.

Sea por el motivo que sea, la realidad es que el Pacto de Estado por la Educación no ha sido una cuestión prioritaria para los partidos con representación en el Congreso en los últimos años y que todas las normas se han aprobado sin acuerdo alguno, con la imposición del partido mayoritario que controlaba el Gobierno.

Ninguna de estas normas ha logrado solucionar asuntos como los cambios de libros de texto de un año para otro, las diferencias de rendimiento, asignaturas o materias entre comunidades autónomas, el alto fracaso escolar o la digitalización completa del sistema.

Desde PACMA consideramos que los niños y niñas merecen una educación de calidad, estable en el tiempo y en recursos. Para ello, es fundamental llegar a un consenso educativo que les ponga en el centro de este debate y que asegure su derecho a la educación y su interés superior.

Un Pacto de Estado por la Educación es imprescindible desde muchos enfoques. El primero y más importante, el derecho a una educación de calidad, pero, además, por la necesidad de contribuir a la cohesión social, a través de una educación equitativa e inclusiva, acabar con el fracaso y el abandono escolar, garantizar la suficiencia y estabilidad de los recursos en el sistema educativo, avanzar en la gratuidad real, promover la educación universal de 0 a 3 años y poder educar valores, derechos y responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas.

Desde el Partido Animalista defendemos, en concreto, el desarrollo de las siguientes medidas:

– Aumento de los fondos destinados a becas en todo el tramo educativo.

– Asignación de plazas públicas suficientes para niños y niñas de 0 a 3 años.

– Gratuidad y libre acceso a libros de texto. Defendemos la puesta en marcha de un proyecto de colaboración entre comunidades autónomas para la elaboración de libros de texto con licencia copyleft, de distribución y copia libre.

– Transporte y menú escolar gratuito para los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.

– Reducción de la ratio de alumnos y alumnas por profesor/a en todo el tramo educativo, para alcanzar una verdadera educación de calidad, con la suficiente atención personalizada al alumnado y una mejora de las condiciones de trabajo del profesorado.

– Desarrollo de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, atractivas y adaptadas a la sociedad de hoy en día, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

– Fomento de una formación integral, diversificada e intercultural.

– Garantía de desarrollo de una escuela pública realmente laica.

– Refuerzo de los mecanismos de participación y representación estudiantil.

– Disponibilidad de opción de menú 100% vegetal en todos los comedores de los centros educativos.

Colectivos

FamiliasMenores y alumnosAutónomos, pymes y emprendedores

Palancas

Gasto e inversiónPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 59

En el Partido Animalista creemos en la promoción de la excelencia y el desarrollo del talento, a través del fomento de la lectura y de la educación artística desde la educación primaria.

Es necesaria la implantación en los colegios e institutos de métodos pedagógicos integrales adecuados a las necesidades actuales, basados en el aprendizaje cooperativo, la detección y potenciación de las inteligencias múltiples, la creatividad y la innovación, la educación emocional, así como la no directividad, para garantizar la plena autonomía y excelencia de la diversidad del alumnado.

Proponemos el fomento de actividades extraescolares de calidad que promuevan el desarrollo de las diferentes capacidades y talentos de los niños y niñas y jóvenes y la creación de centros de desarrollo del talento destinados a localizar, promover y desarrollar en la juventud sus capacidades en ámbitos que ahora se encuentran marginados, o en un segundo plano, dentro de los programas educativos, ya sea en la realización de actividades artísticas, deportivas, científicas o de otra índole.

Colectivos

JóvenesMenores y alumnos

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 60

La prevención es fundamental en el ámbito educativo, pues permite detectar problemas, averiguar sus causas, intervenir cuando sea necesario y paliar las consecuencias negativas.

Para lograr la integración educativa de todo el alumnado es necesaria una educación inclusiva, mediante un aprendizaje personalizado, orientado al grupo, pero atendiendo a las necesidades individuales de aprendizaje, habilidades y niveles de competencia de cada alumno/a.

PACMA propone las siguientes medidas en el ámbito de la prevención y la integración social en los centros educativos:

– Medidas para garantizar la atención temprana a menores con discapacidad y sus familias, destinando recursos a la detección precoz, el diagnóstico y la atención de trastornos del desarrollo o situaciones de riesgo en la población infantil de 0 a 6 años.

– Promoción de la detección precoz del maltrato infantil, el acoso escolar, y la discriminación en el ámbito escolar, a través de la creación de equipos multidisciplinares que asesoren, informen y formen a los y las profesionales que trabajan con niños y niñas y adolescentes.

– Lucha efectiva contra el absentismo y el abandono escolar a través de la implantación de programas específicos.

– Revisión de los criterios de concertación con la enseñanza privada para garantizar que los conciertos respeten criterios de servicio público y evitar que se fomente la segregación.

– Ampliación del servicio de orientación de los centros de secundaria públicos con plazas de psicología y pedagogía.

– Implantación de programas de mediación intercultural.

Colectivos

FamiliasMenores y alumnosDiscapacidad y dependencia

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 60

La educación en valores va mucho más allá de la enseñanza de materias relacionadas con el funcionamiento de las sociedades y la naturaleza. Si éstas nos explican el qué y el cómo, la educación en valores nos descubre el para qué.

Se trata del conjunto de estrategias y dinámicas de relaciones con el objetivo de formar en civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la igualdad.

La educación en valores debe ser un objetivo transversal en todo el sistema educativo, impactando no solo en el currículum establecido, sino también en la cultura escolar y en todos los actores que forman parte de ella.

PACMA propone en este ámbito la adopción de, al menos, las siguientes medidas:

– Fomento y desarrollo del respeto y la empatía hacia los animales en los objetivos educativos transversales de todas las etapas educativas.

– Promoción en los sistemas educativos de la participación de los y las estudiantes en el desarrollo y cambio de la ciudadanía hacia un modelo sostenible.

– Implantación de programas específicos que desarrollen la corresponsabilidad y el reparto equitativo de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares a fin de fomentar y educar desde la infancia en la igualdad de género.

– Revisión de los planes de estudio y libros de texto con la finalidad de revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos e incluir como referentes formativos a las mujeres relevantes de la historia, la ciencia, la literatura, la filosofía y demás materias.

– Desarrollo de planes de educación en los centros que den acceso a formación e información sobre la diversidad sexual, de género y familiar.

– Enfoque de la educación sexual no sólo respecto a la prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, sino también en su esfera emocional y afectiva.

– Promoción del voluntariado como herramienta para potenciar la empatía y la solidaridad en la juventud. Establecer convenios con todas las entidades sociales, culturales, ambientales y animalistas para hacer extensivo el programa que garantice que el alumnado participe en servicios de voluntariado con el aprendizaje de educación en valores que esto conlleva.

– Formación del profesorado en las materias referidas.

Colectivos

JóvenesMujeresMenores y alumnos

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 61

Durante la Educación Secundaria, los jóvenes deben ser capaces de empezar a identificar sus capacidades, intereses y aptitudes, pues tienen que tomar decisiones cruciales en materia de educación y formación de cara a su primera elección profesional en el futuro.

Sin embargo, en el contexto educativo actual, la orientación profesional no se está desarrollando de manera que realmente se capacite al alumnado para analizar y valorar estos extremos. Es necesario sustituir la acción puntual que se está llevando a cabo en los últimos cursos por un proceso continuo de acompañamiento desde el inicio de la Educación Secundaria.

En esta etapa, los y las jóvenes se encuentran en una intensa búsqueda de identidad personal y social. Por esta razón, la orientación debe acompañarlos frente los cambios que se producen en su entorno, y ayudarles a ir construyendo su proyecto profesional y de vida, facilitando la adaptación a las nuevas situaciones y exigencias que conlleva la transición a la vida adulta.

Apostamos por la creación de departamentos de orientación académica y profesional en los centros de Educación Secundaria, que elaboren y pongan en marcha planes de actuación para cada curso, ciclo y etapa, con diferentes acciones que deberán ser implementadas. Además de ofrecer una orientación personalizada e individualizada a los alumnos y alumnas, organizarán e impulsarán talleres y jornadas de orientación profesional en los centros, de manera que el alumnado reciba la información y tenga el conocimiento suficiente sobre la oferta de las diferentes enseñanzas, ciclos formativos y formaciones profesionales, así como de sus diferentes salidas laborales. El objetivo es dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para poder identificar y elegir entre las alternativas formativas y profesionales, de acuerdo con su potencial.

Colectivos

JóvenesMenores y alumnos

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 62

La cultura es fundamental en la evolución de la sociedad. A su vez, el arte es fundamental para la cultura, como medio, forma y fuente de expresión.

El desarrollo artístico aporta múltiples beneficios a nuestra sociedad. Por un lado, sirve como terapia, ejerciendo un efecto liberador para quien lo practica y para quien lo disfruta. Por otro, es motor para el desarrollo personal, promoviendo el autoconocimiento y mejorando las habilidades sociales y comunicativas.

Además, cuando no se promueven la cultura y el arte, se pierden la esencia y las costumbres de un pueblo.

Por ello consideramos muy valioso apoyar y fomentar el arte y la cultura a través de medidas como:

– Fomento de la enseñanza de disciplinas artísticas, promocionando su oferta en los centros de educación públicos.

– Incentivo de la creación artística, mediante subvenciones y programas de apoyo a las entidades culturales y a los artistas, que les faciliten las herramientas necesarias para su desarrollo: cesión de espacios e instalaciones, aportación de medios técnicos y de asesoramiento artístico para la preparación de sus proyectos.

– Apoyo a la inversión y producción cinematográfica, así como promoción de la atracción de rodajes, producción y postproducción mediante incentivos fiscales.

– Respaldo y acompañamiento en las diferentes fases de creación, producción y exhibición artística, con la creación de residencias artísticas, colaboración en la difusión del trabajo de los artistas y una oferta formativa de especialización, con profesionales de prestigio o a través de la realización de encuentros y foros.

– Promoción e internacionalización de creadores y compañías de artes escénicas para la realización de giras nacionales e internacionales.

– Elaboración de planes que ayuden a consolidar en nuestro país un sector de las artes escénicas y musicales de primer nivel.

– Establecimiento de programas de apoyo a las músicas y danzas populares y contemporáneas que promuevan la creación, la visibilidad de nuevos talentos, la formación y la distribución en medios de comunicación, especialmente en radios y televisiones públicas.

– Puesta en marcha y apoyo de iniciativas de protección, estudio y difusión del patrimonio cultural en sus múltiples expresiones: artística, histórica, paisajística y natural, industrial e inmaterial.

– Aprobación de una Estrategia de Turismo Cultural para dar a conocer nuestro país con el valor añadido de la cultura y el patrimonio, destacando los festivales culturales y las fiestas populares más significativas, siempre que no impliquen la utilización de animales.

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 62

La cultura, como motor de ideas y forma de expresión, es, sin duda, una de las mejores herramientas para la evolución social y la inclusión. El arte y la cultura tienen la capacidad de transformar cualquier situación personal o social, contribuyendo al pleno desarrollo de las personas. Disfrutar o participar de ellas debería ser un derecho, no un privilegio. Las políticas de apoyo a la cultura deberían centrarse en hacer más accesibles y asequibles los productos culturales, por una cultura al alcance de todos y todas.

PACMA propone la puesta en marcha de políticas para la participación activa en el ámbito cultural de las personas con discapacidad o con dificultades personales o sociales, no sólo como espectadoras, sino también como autoras, productoras y promotoras.

Es fundamental mejorar la accesibilidad física y cognitiva de los espacios culturales, con salas accesibles, visitas guiadas y creación de materiales adaptados.

Para que la cultura sea asequible, apostamos por el impulso de una oferta cultural amplia y variada, dirigida a todos los públicos, con actividades culturales gratuitas y a precios reducidos, como encuentros, muestras, exposiciones, festivales y otras actividades culturales, así como descuentos, bonificaciones y promociones para la compra de libros, entradas a conciertos y espectáculos de música y danza, cine, teatro, museos y otros espacios y actividades culturales.

Colectivos

Discapacidad y dependencia

Palancas

Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 63

Apoyamos la labor de las bibliotecas para garantizar el acceso a la cultura, pero vemos con preocupación cómo en los últimos años la asistencia a las mismas va en descenso, en buena medida por el crecimiento de las nuevas tecnologías.

Apostamos por el futuro de las bibliotecas públicas como espacios de referencia cultural, de creación, intercambio, producción y formación cultural, mediante su apertura a la realización de actividades, exposiciones, talleres, jornadas, ciclos, debates, conferencias y encuentros.

Palancas

Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 63

El informe “Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa”, publicado por Oxfam Intermón, expuso que las mujeres españolas tienen que trabajar 52 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres y que un 14% de la diferencia de salario en España "sólo puede atribuirse a la discriminación directa o indirecta por razón de género".

Además, la organización advertía que la pobreza laboral de las mujeres queda en parte invisibilizada estadísticamente "porque los datos de pobreza laboral se calculan por hogares y no reflejan la discriminación de género dentro del hogar". El trabajo doméstico de las mujeres representaría el 27% del PIB. Mientras las mujeres dedican una media de 22 horas semanales, los hombres sólo dedican 10.

Según los datos del SEPE, en el número total de personas desempleadas demandantes de empleo es muy superior el porcentaje de mujeres frente al de hombres. Un dato que refleja claramente el largo camino que queda por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva. Cualquier medida orientada a mejorar las condiciones laborales y combatir las altas tasas de desempleo, debe tener en cuenta este hecho.

Por todo ello, es necesario un Pacto de Estado por la Igualdad en el Empleo, a través del cual se pueda combatir la discriminación laboral y salarial todavía existente y promover la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

En la mayoría de las ocasiones, los partidos en el gobierno sólo tienen en cuenta su perspectiva particular. Buena muestra de ello es la conocida como la Ley de Paridad, cuya finalidad era, supuestamente, promover la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Sin embargo, muchas de las medidas aprobadas, en realidad, están perjudicando esa mayor y más relevante presencia de mujeres. Exponemos como ejemplo la reforma que se ha hecho mediante la citada norma de la Ley Electoral:

Antes, la LOREG establecía que las candidaturas debían tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos fueran como mínimo el 40%. Tras la reforma, la LOREG establece ahora que las candidaturas deben tener una composición paritaria, alternando personas de uno y otro sexo. Las conocidas como “listas cremallera”.

Estas medidas que, según la LOREG y la Ley de Paridad, debían favorecer, en teoría, una mayor presencia de mujeres en las candidaturas, en el caso de PACMA provocan el efecto contrario. Y es que, el Partido Animalista, en el que la presencia de mujeres ha sido siempre mayoritaria, estaba obligado a reducir el número de mujeres en sus listas a un 60% y, tras la reforma de la Ley de Paridad, aún más, a un 50%. Y no sólo a reducir su número, sino a colocar a las mujeres en puestos menos relevantes en las listas, al establecer obligatoriamente las listas cremallera.

El movimiento animalista es un movimiento impulsado históricamente por mujeres y sustentado en la actualidad mayoritariamente por mujeres. Es por ello por lo que PACMA es también un partido político integrado y sostenido mayoritariamente por mujeres, que cada proceso electoral se encuentra en la tesitura de tener que incluir en sus candidaturas a menos mujeres de las que incluiría -y en puestos menos relevantes- si no existieran estas normas y preceptos que, irónicamente, se han aprobado para aumentar su presencia y relevancia.

Por todo ello, desde PACMA ya advertimos al Gobierno en su momento que no necesitábamos una Ley de Representación Paritaria, cuando lo que se trata es de corregir una menor y menos relevante presencia de mujeres, sino una Ley para fomentar una mayor y más relevante representación de mujeres. En casos como el de la LOREG, la solución pasaba por establecer, no que las candidaturas deben tener una composición paritaria de mujeres y hombres, sino una composición equilibrada en la que las mujeres representen, al menos, la mitad de los candidatos/as, para no perjudicar la mayor y más relevante presencia de mujeres en candidaturas como las de PACMA, y así en otros ámbitos, sectores y empresas en las que la presencia de mujeres sea mayoritaria, y que no debería, bajo ningún concepto, verse perjudicada por leyes cuya finalidad, supuestamente, es favorecerla.

Colectivos

MujeresEmpresas e industria

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 64

Conciliar la vida personal, familiar y laboral es una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

La conciliación garantiza que la situación familiar de una persona no pueda incidir de manera negativa en las posibilidades de acceso al mercado laboral o a puestos de responsabilidad. Permite que cualquier persona pueda mantener una carrera profesional plena y, al mismo tiempo, ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o al disfrute de su ocio y tiempo libre.

Desde el Partido Animalista defendemos la puesta en marcha de políticas familiares públicas, que apoyen la igualdad de oportunidades. Es necesaria una actualización de la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que promueva la igualdad de género, estableciendo el compromiso de todas las administraciones públicas de adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, contemplando medidas, recursos y prestaciones económicas. Se debe prever, asimismo, que las comunidades autónomas fomenten y presten apoyo y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad en las empresas privadas.

Para conseguir una verdadera conciliación, es necesaria una reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y de recursos sociales.

– Del sistema laboral: se debe promover, prestar apoyo y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad en las empresas, fomentando la implantación de medidas de conciliación laboral, personal y familiar entre sus plantillas, como permitir a sus trabajadores adaptar la duración y distribución de la jornada laboral en función de sus circunstancias personales y familiares, o ejercer el teletrabajo. Se debe fomentar e incentivar la creación de guarderías en los propios centros de trabajo, tanto para el cuidado de niños y niñas como de animales de compañía, así como los permisos retribuidos en casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares, incluidos los animales.

– Del sistema educativo: rompiendo los roles de género preestablecidos. Hombres y mujeres deben compartir equitativamente las responsabilidades domésticas y familiares. De la misma manera se debe educar a los hijos e hijas a participar en las tareas domésticas y familiares.

– Del sistema de recursos sociales: las leyes deben prever la elaboración de planes de apoyo a las familias, donde se contemplen ayudas económicas y servicios como centros de atención socioeducativa y ludotecas; aulas matinales, comedores escolares y actividades extraescolares; pisos tutelados, centros residenciales y programas de estancia diurna para personas mayores y/o dependientes; centros de atención y cuidado para animales; ayudas para la contratación de personal para el cuidado de familiares y apoyo psicológico estable.

Colectivos

Mayores y pensionistasMujeresFamiliasMenores y alumnosAutónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industriaDiscapacidad y dependencia

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Cambio legalGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 65

Las personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual o del desarrollo pueden, en la mayoría de los casos, integrarse en el mercado laboral.

PACMA defiende la puesta en marcha de las siguientes medidas:

– Elaboración y puesta en marcha de un Plan nacional para promover la formación, el empleo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

– Mecanismos para la participación de estudiantes con discapacidad en los cursos de formación para el empleo, facilitando la adaptación de los materiales y puestos de formación.

– Análisis de las necesidades de formación para ajustar las políticas a la realidad.

– Promoción de encuentros empresariales sobre responsabilidad social, en relación con la discapacidad, para promover la inserción laboral.

– Asesoramiento a las empresas sobre inserción laboral de personas con discapacidad.

– Vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad.

– Inclusión de la colaboración de las ONG que apoyan a las personas con discapacidad, como asesoras para la elaboración de los itinerarios de inserción laboral.

Colectivos

Empresas e industriaDiscapacidad y dependencia

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Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 66

La lucha contra el desempleo debe fijar sus cimientos en la formación de ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de dar un vuelco a esta situación, preparándolos para poder hacer frente a los nuevos retos que plantea la evolución de la sociedad actual.

Aunque la tasa de abandono escolar temprano ha bajado en España, situándose en un 12,8%, seguimos siendo uno de los países europeos con las peores cifras, muy por encima de la media que se sitúa en torno al 9,4%.

Es importante tener en cuenta dos datos. El primero, que la brecha de género sigue siendo favorable a las mujeres, con una tasa del 9,5% frente al 15,9% en hombres. El segundo, que el abandono en la población sin nacionalidad española sube hasta el 30,7%, triplicando la tasa de la población con nacionalidad española (9,8%).

Por todo ello, desde PACMA proponemos:

– Fomento de un sistema de formación profesional que responda a las exigencias presentes y futuras del mercado laboral, potenciando la formación en nuevas tecnologías y la adaptación de los sectores tradicionales (agricultura, turismo, construcción).

– Sistema de becas que apueste por una mayor preparación y cualificación de los jóvenes, y desincentive la incorporación a edades muy tempranas al mercado laboral.

– Intervenciones específicas que atiendan las barreras lingüísticas, socioeconómicas, culturales y burocráticas.

– Medidas contra la segregación escolar residencial, reformulando los algoritmos y criterios de matriculación y reparto de plazas para evitar la concentración excesiva de alumnado extranjero en determinados centros públicos, dado que la diversidad equilibrada mejora el rendimiento de los entornos vulnerables.

– Incorporación a las plantillas de los colegios e institutos de mediadores interculturales que compartan el idioma y contexto de las comunidades mayoritarias del barrio, claves para generar confianza mutua, resolver conflictos y conectar a las familias con el centro escolar.

– Agilización en la homologación de títulos, flexibilizando y acelerando la burocracia para convalidar los estudios que los/as jóvenes hayan realizado en sus países de origen, puesto que el retraso en estos trámites provoca que sean escolarizados en cursos inferiores, lo que fomenta el desinterés y el abandono por desfase madurativo.

Colectivos

JóvenesMujeresFamiliasMenores y alumnos

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Cambio legal

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PDF, pág. 66

La creación de empleo en España está tradicionalmente vinculada al sector turístico, que tiene un marcado carácter estacional.

Esta circunstancia determina que la mayor parte de la contratación se produzca sólo en determinadas épocas del año y que los empleos que se crean se destruyan una vez concluido el periodo estival.

Las necesidades de personal determinan que, en algunos casos, accedan a este tipo de empleos personas con escasa formación y cualificación en el sector, sin perspectivas de continuidad en el mismo, lo que conlleva, a su vez, que se trate de un empleo precario y de baja calidad.

Desde PACMA proponemos la creación de un tejido de oferta turística alternativa al modelo actual, en los ámbitos cultural, deportivo, entorno rural, zonas de interior, congresos y negocios.

Estos modelos de turismo deben implantarse de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y los animales, las ciudades y sus vecinos/as. No requieren inversiones añadidas, pues se puede aprovechar la infraestructura ya existente creada alrededor del modelo actual.

Entre las medidas necesarias para alcanzar este objetivo estarían:

– Promoción a nivel internacional.

– Establecimiento de convenios con los operadores turísticos.

– Formación y cualificación de los trabajadores del sector, tanto de los profesionales en activo, como de los desempleados.

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Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 67

La crisis, la mala gestión política y, más recientemente, la pandemia, provocaron el cierre y el desmantelamiento de numerosos centros de trabajo sobre los que se sostenía gran parte de la economía familiar.

Desde el Partido Animalista proponemos una reconversión inteligente y efectiva de estos centros de trabajo, para reactivar e impulsar el crecimiento del tejido productivo industrial y empresarial, favoreciendo las nuevas iniciativas e incorporando la I+D+I, que permita la creación de empresas respetuosas con el medio ambiente, adaptadas a las exigencias que marca el desafío de la lucha contra el cambio climático y que puedan competir en el más alto nivel de desarrollo tecnológico en un escenario global.

Colectivos

Empresas e industria

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Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 67

Proponemos medidas de fomento del empleo en el sector, a través de programas de formación, asesoramiento técnico y empresarial, creación de infraestructuras comunes, subvenciones, bonificaciones y beneficios fiscales, dirigidas a la creación de un modelo de producción agrícola sostenible y ecológico, superando la producción extensiva tradicional, que busque la calidad de los productos, el respeto al medio ambiente, el impulso y la conservación del entorno rural, la inserción en el empleo de colectivos tradicionalmente excluidos y la cercanía al consumidor.

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Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 68

La construcción es uno de los sectores en los que más destaca la falta de profesionales en España. Según las estimaciones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) serían necesarios 700.000 profesionales para cubrir la demanda actual y el relevo generacional. Y es que menos del 11 % de los trabajadores de la construcción en nuestro país tiene menos de 30 años, mientras que más de la mitad supera los 45 años y se prevé que más de 139.000 abandonen el mercado laboral en los próximos 5 años por jubilación.

Desde PACMA apostamos por impulsar la oferta y el número de plazas de las acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en las diferentes ramas de la construcción, así como por una transformación del propio sector, que pase por la rehabilitación energética de viviendas y edificios, para hacerlos más eficientes y sostenibles.

Esta medida debe combinarse con un esfuerzo en particular hacia la rehabilitación de inmuebles ubicados en los centros de las ciudades, con el objetivo de:

– Transformar el entorno urbano para hacerlo más sostenible, habitable, atractivo y accesible.

– Ampliar la oferta de viviendas, evitando la gentrificación.

– Mejorar la movilidad de los residentes, para reducir la dependencia de los vehículos motorizados.

– Mejorar la imagen de las ciudades.

Colectivos

Discapacidad y dependencia

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PDF, pág. 68

Para el desarrollo y el futuro de nuestra sociedad es fundamental el trabajo de los autónomos y autónomas y las pymes, que luchan por sobrevivir en un mercado cada vez más complicado.

Por ello, proponemos la creación de un fondo de financiación destinado a facilitar el acceso de autónomos/as y pymes a líneas de crédito a interés cero, para apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la consecución de alguno de los siguientes fines:

– Crear empleo estable.

– Incorporar tecnología medioambientalmente sostenible o técnicas que contribuyan a reducir el impacto medioambiental de la actividad.

– Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de los animales.

Para el crecimiento de la actividad económica y promover el emprendimiento, consideramos relevante el impulso a las empresas de nueva creación y apostamos por un apoyo decidido a las mismas por medio de las siguientes propuestas:

– Política de mayores bonificaciones fiscales para emprendedores/as, startups y empresas innovadoras.

– Ampliación del soporte y asesoramiento gratuito, por parte de los entes públicos, para la creación y primeros años de desarrollo de estos modelos de negocio.

– Elaboración de un censo de las empresas de nueva creación, e integración en un portal web donde puedan darse a conocer y a través del cual se potencie el mecenazgo.

– Fortalecimiento de los programas de formación, orientación y asesoramiento gratuitos, en materia fiscal, nuevas tecnologías, nuevos mercados, sostenibilidad medioambiental, calidad, atención al público, ...

– Agilización de los procesos de creación de empresas y del inicio de las actividades, mediante la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación administrativa de los trámites exigibles.

Colectivos

Autónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industria

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Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 68

Cada vez más personas se ven en serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea como compradoras o como inquilinas, abocadas a compartirla o a vivir en la periferia.

En la última década, el imparable auge del alquiler turístico ha reducido enormemente la oferta del alquiler de larga duración, provocando un desmedido aumento de los precios para los residentes. El precio medio del alquiler en España ha acumulado un incremento del 94% en los últimos 10 años, lo que provoca que las personas que arriendan tengan que destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler.

Sin embargo, la gravedad de la crisis habitacional es especialmente aguda en nuestro país, no sólo debido a la turistificación, sino también al escaso parque de vivienda social. Para que nos hagamos una idea, en España sólo el 3,4% del parque residencial es vivienda social. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea, cuya media ronda el 9%, destacando Países Bajos, con un 34%, Austria, con un 25% o Dinamarca, con un 20%.

Además, este escaso volumen de vivienda pública o protegida reduce la capacidad del Estado para regular los precios del mercado libre frente a tensiones de demanda e inversión extranjera.

El Gobierno, que no ha sido capaz de resolver esta situación a lo largo de dos legislaturas, no ha reaccionado hasta que la calle ha explotado. Sólo tras masivas manifestaciones y una nueva acampada en Sol por el derecho a la vivienda, ha aprobado dos normas de manera urgente que, por el momento, lo que han provocado es la retirada de viviendas del mercado y una consecuente subida de precios en las escasas disponibles.

Ante la falta de vivienda pública para alquiler, la carga de su inacción recae ahora, en gran parte, sobre los propietarios particulares, con prórrogas de contratos y suspensiones de lanzamientos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los inquilinos e inquilinas no quiere permanecer meses y meses en una vivienda que no puede pagar. Lo que quiere es poder pagar la vivienda que necesitan para vivir: que la renta sea asequible para su nivel de ingresos, y retrasar la recuperación de las viviendas en casos de impago, no ayuda a bajar los precios del alquiler. Puede suponer un parche momentáneo, pero conduce a una ampliación de la oferta y, por tanto, no soluciona la cronificación de esta problemática.

La solución real pasa por la construcción masiva de vivienda pública, así como por la adquisición de viviendas vacías, para destinarlas tanto a compra como a alquiler social. Con la misma finalidad, se deben perseguir acuerdos con las entidades financieras que dispongan de viviendas deshabitadas para destinarlas también al alquiler a precios sociales.

Otras medidas para reducir el precio de la vivienda son:

– Incentivos fiscales, ofreciendo bonificaciones del 100% en el IRPF o exenciones del IBI a los pequeños propietarios/as que pongan su vivienda en el mercado un 10% o 15% por debajo del precio medio de la zona; reduciendo temporalmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en viviendas de segunda mano y el IVA en viviendas de obra nueva, para compradores de primera vivienda habitual.

– Seguridad jurídica ante impagos, mediante seguros o avales públicos.

– Persecución efectiva del fraude, blindando legalmente el uso del alquiler por habitaciones y de temporada mediante un registro obligatorio, evitando que se utilicen de forma fraudulenta para sortear la Ley de Vivienda.

– Descentralización y teletrabajo, potenciando las infraestructuras de transporte (AVE, cercanías) y la conectividad digital en ciudades medianas y zonas rurales, para distribuir el empleo y la habitabilidad, rebajando la presión de demanda en capitales saturadas.

– Desincentivar la compra especulativa, aplicando recargos fiscales a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y no residentes.

– Restringir las licencias de pisos turísticos en cascos históricos y barrios tensionados.

Con relación al acceso a la vivienda de alquiler, debemos destacar que, si ya es complicado para cualquiera, para las familias interespecie, mucho más. Los datos que reflejan los propios portales de anuncios no dejan lugar a dudas: sólo un 7% admite animales. Por ello, desde PACMA impulsaremos una reforma de la Ley Arrendamientos Urbanos que, de manera expresa, declare nulas las cláusulas que prohíban la tenencia de animales de compañía en los contratos.

Colectivos

Familias

Palancas

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Territorios

Unión Europea

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PDF, pág. 69

Actualmente, más del 85% de la población vive en ciudades, principalmente en zonas superpobladas, mientras que la mayoría de los pueblos se están vaciando de forma lenta pero constante. Un proceso de despoblación que, junto a la falta de relevo generacional en la agricultura, son las dos principales amenazas que acechan al medio rural.

Una problemática que los sucesivos gobiernos no han querido o sabido afrontar.

En los últimos años, sin embargo, varias iniciativas ciudadanas o privadas, para poblar y reactivar pueblos con baja densidad poblacional, han demostrado que, en realidad, son muchas las personas con ganas de vivir y emprender en el medio rural, habiendo superado las solicitudes, en todos estos casos, las expectativas. Por lo tanto, es más una cuestión de conectar a las personas con los pueblos, y acompañarlas en el proceso de cambio, para generar así actividad económica y social.

Mediante estas iniciativas, muchas familias han encontrado un nuevo hogar en municipios que enfrentaban problemas de despoblación, creando nuevos negocios. En su mayoría se trata de parejas de entre 40 y 50 años, con hijos e hijas, y el tipo de negocio creado es familiar y vinculado al sector servicios en un 60%.

Desde PACMA proponemos, en esta misma línea, el desarrollo de un Plan de recuperación rural, que prevea la creación de un servicio de asesoramiento integral para las personas dispuestas a vivir y emprender en el entorno rural, que les pueda orientar desde el inicio, a la hora de elegir el pueblo que encaje mejor con su idea de negocio y los acompañe durante todo el proceso de cambio, de manera que la adaptación a su nueva vida sea lo más sencilla y exitosa posible.

En definitiva, se trata de generar seguridad, acompañamiento y conexión con los pueblos, con el objeto de garantizar la viabilidad de los proyectos emprendedores y, con ello, la fijación de población rural.

Como medidas prioritarias de este Plan, en un ejercicio de gobernanza multinivel de los gobiernos estatal, autonómicos y locales, es fundamental la prestación y cercanía de los servicios públicos esenciales, el impulso a la innovación, la digitalización, la plena conectividad territorial, la capacitación digital de la población rural y el refuerzo de las bolsas de vivienda.

Colectivos

FamiliasAutónomos, pymes y emprendedoresMundo rural y mar

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 70

Las actividades del I+D+i son generadoras de avances sociales en forma de calidad de vida y mejora del medio ambiente. Las sociedades con mayor riqueza, igualdad, recursos sanitarios, mejor educación y cultura, son las que han dedicado mayores recursos a la investigación, demostrando que su desarrollo es fundamental para avanzar hacia una sociedad mejor.

En los últimos años, la inversión en I+D ha aumentado en España, no obstante, sigue estando muy lejos de la media europea y de lo que nos correspondería por potencial económico.

Es necesario defender la investigación, el desarrollo y la innovación, como motores para la economía y la creación de empleo, teniendo en cuenta criterios éticos en el desarrollo y aplicación de la política tecnológica e industrial.

PACMA estableció su compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación mediante su adhesión al acuerdo en defensa de la I+D+i en la denominada ‘Carta por la Ciencia’.

Para favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación, proponemos las siguientes medidas:

– Mayor inversión en I+D+i.

– Inclusión de la I+D entre los “sectores prioritarios”, emitiendo ofertas de empleo público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos.

– Orientación de la I+D+i hacia el beneficio común, los retos sociales y medioambientales.

– Libre acceso a los resultados de las investigaciones científicas financiadas con fondos públicos.

– Creación y promoción de un portal digital de referencia que unifique y difunda las investigaciones realizadas en las universidades públicas, que ponga en contacto a las universidades de las diferentes comunidades autónomas entre sí, así como con las empresas privadas.

– Puesta en marcha de programas de apoyo a la ciencia y formación de jóvenes investigadores, así como inversión en las infraestructuras deterioradas.

– Apuesta por la potenciación de los centros de investigación tecnológica.

– Apoyo de proyectos de innovación tecnológica en las pymes, con el objetivo de aumentar su productividad, eficiencia, presencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

– Creación de fondos público-privados de capital riesgo y mejora del sistema de incentivos fiscales a las empresas.

– Colaboración con investigaciones pioneras vinculadas a sectores económicos emergentes o consolidados. Estas colaboraciones perseguirán poner al servicio de los investigadores e investigadoras nuestros recursos energéticos, tecnológicos y naturales siempre que sean respetuosos con el medio ambiente y los animales.

– Puesta en marcha de un ciclo periódico e itinerante de conferencias sobre investigación e innovación en todos los campos del conocimiento.

– Aumento de las ayudas a la investigación tanto predoctorales como postdoctorales.

– Financiación de proyectos enfocados a la perdurabilidad de los bienes de consumo, contra la obsolescencia programada.

– Fomento de programas de desarrollo de productos plant-based.

– Incentivación para el desarrollo y la aplicación de métodos alternativos a la experimentación en animales.

Colectivos

JóvenesAutónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industria

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Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 71

El Consejo Económico y Social (CES) cifra el fraude fiscal en nuestro país en torno al 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Si tenemos en cuenta que el PIB de España ronda el billón de euros, la cantidad defraudada a la Hacienda Pública estaría en torno a los 95.000 millones cada año.

La mayor parte de la evasión fiscal la cometen las grandes fortunas y empresas. Combatir el fraude es una medida de equidad impositiva, de justicia tributaria y de consolidación fiscal, que permite incrementar los ingresos para financiar el gasto público, sin incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía que está al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

A pesar de las medidas adoptadas, el fraude fiscal sigue siendo un problema persistente en España y se requieren soluciones adicionales para abordarlo de manera efectiva. Para ello proponemos la implementación de controles fiscales más rigurosos, el uso de tecnología avanzada para detectar actividades sospechosas, así como mejorar la cooperación entre los países para combatir el fraude fiscal internacional.

Para medir la eficacia y eficiencia del gasto público, desde PACMA proponemos, además, implantar, de cara a los presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, un sistema unificado de valoración de la eficacia y eficiencia de las partidas de gastos que figuren en estos, publicando esta información e incorporando las consecuencias de esta a la gestión pública.

Colectivos

Autónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industria

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversión

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PDF, pág. 72

Para prevenir y luchar contra la corrupción proponemos las siguientes medidas:

– Eliminación de los aforamientos.

– Publicación por parte de los partidos políticos de la liquidación de gastos e ingresos electorales, en los tres meses siguientes a las elecciones.

– Cumplimiento de las recomendaciones sobre transparencia del Consejo de Europa (GRECO), introduciendo en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos códigos de conducta y normas que regulen los conflictos de intereses y la transparencia.

– Ley de Transparencia efectiva, que prevea una transparencia en la actuación pública y mecanismo que garanticen el pleno acceso de la ciudadanía a la información.

– Mayor transparencia y control en la contratación pública, uno de los principales focos de la corrupción. Queremos mejorar el acceso público de todos los datos relevantes a lo largo del proceso completo de contrataciones públicas, desde la licitación hasta la adjudicación y ejecución. Además, se deben establecer un mayor control y publicidad de los mecanismos de aprobación de sobrecostes.

– Publicidad de la ejecución presupuestaria, haciendo públicos los datos de esta, con el mismo nivel de detalle que los presupuestos.

– Actualización de las normas de contratación de personal no funcionario, reservando los cargos de libre designación al nivel superior de cada administración, limitando su número y exigiendo requisitos de idoneidad técnica. Los asesores/as de libre designación no deben ejercer funciones de auditoría o control. Sus nombramientos se deben publicar en los boletines oficiales y sus currículums y motivación para sus nombramientos, en la web de la Administración. Para el resto de los nombramientos, deben utilizarse estrictamente los principios de mérito y capacidad, así como las garantías de independencia en la selección personal, despolitizando la función pública y sus órganos de control interno. Se debe exigir una total transparencia en los procesos de selección: número de plazas, pruebas y criterios utilizados, composición de los tribunales, resultados y otros méritos apreciados en los candidatos/as, evaluaciones en casos de promoción interna, etc.

Colectivos

Empleados públicos

Palancas

Cambio legalGasto e inversión

Fuente

PDF, pág. 72

Nuestro sistema deriva de una Transición en la cual unos partidos políticos, que no tenían entonces respaldo social, necesitaban verse reforzados desde las instituciones como promotores y conductores de toda reforma. Desde entonces, estos mismos partidos han obstaculizado siempre las vías de participación que no controlan, temiendo el impacto que pueda tener una ciudadanía crítica y participativa.

Todo ello contribuye a que nuestra democracia se vea limitada. Dos ejemplos son las limitaciones a las Iniciativas Legislativas Populares y la injusta Ley Electoral.

Además, un sistema realmente democrático no limita la participación ciudadana a votar cada cuatro años.

En PACMA creemos en espacios institucionalmente abiertos para consultas sobre los contenidos de las políticas y programas de gobierno.

Hoy en día podemos contar con las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar la información y la colaboración entre gobiernos, partidos, instituciones, movimientos sociales y ciudadanía, y avanzar hacia una democracia participativa que dé respuestas a las demandas de la sociedad.

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 73

Las ILP constituyen el principal mecanismo que proporciona el sistema a los ciudadanos y ciudadanas para intervenir de manera directa en la elaboración de las leyes que nos gobiernan. Sin embargo, las materias sobre las que pueden versar son muy limitadas y su procedimiento está lleno de obstáculos.

Desde PACMA consideramos urgente una reforma de la Ley con la finalidad de facilitar el procedimiento, pero, sobre todo, de dotar a las ILP de la relevancia que merecen, a través de las siguientes medidas:

– Reducción del número de firmas necesarias.

– Ampliación del plazo para la recogida.

– Incorporación de recursos y nuevas tecnologías para el procedimiento de recogida de firmas.

– No exclusión de materias susceptibles de ser objeto de una ILP.

– Toma en consideración obligatoria por el Congreso de los Diputados.

Palancas

Cambio legal

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PDF, pág. 74

La vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General favorece desorbitadamente a los dos partidos que en su día la pactaron y que se alternan en el Gobierno desde la Transición. Establece un sistema injusto, diseñado para obstaculizar lo máximo posible la entrada de nuevos partidos y perpetuar así su bipartidismo.

Con un sistema electoral justo, de circunscripción única, en las Elecciones Generales de 2019, el Partido Animalista habría conseguido no uno, ni dos, sino cuatro escaños. Sin embargo, con más de 326.000 votos, PACMA no obtuvo representación, mientras cinco partidos con menor número de votos sí obtuvieron entre uno y cuatro diputados.

Desde PACMA defendemos una reforma de la LOREG hacia un sistema electoral justo, donde todos los votos tengan el mismo valor, a través de las siguientes medidas:

– Cambio a un sistema electoral de circunscripción única, sin barrera electoral y con un reparto de escaños proporcional al número de votos.

– Supresión del requisito de presentación de firmas para avalar las candidaturas de los partidos que aún no tengan representación.

– Asignación de la subvención correspondiente a los votos de cada partido tras los comicios, con independencia de si ha obtenido o no representación, garantizando la actividad de todas las opciones políticas en función del apoyo social que reciben.

– Igualdad en el acceso a los medios de comunicación públicos. Como parte del derecho de los partidos a concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones, defendemos que sea asignada la misma cantidad de minutos para la emisión de los vídeos electorales a todos los partidos que se presenten.

– Garantía de la cobertura informativa en los medios de comunicación públicos de las campañas de todos los partidos que concurran a las elecciones.

– Eliminación o, en su defecto, reducción del uso de papel en las campañas electorales, remitiendo la propaganda, papeleta y sobre electoral, de todos los partidos que se presenten, en un único envío.

– Asignación equitativa de los espacios que se reservan para la propaganda electoral y la realización de actos de campaña electoral. Cuando varias solicitudes sean coincidentes, se atenderá exclusivamente al criterio de igualdad de oportunidades y no a las preferencias de los partidos con mayor número de votos en anteriores elecciones.

– Composición equilibrada de las candidaturas, en lugar de paritaria, en la que las mujeres representen, al menos, la mitad de los candidatos/as, para no perjudicar la mayor presencia y relevancia de mujeres en candidaturas como las de PACMA.

Colectivos

Mujeres

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 74

Las tecnologías de la información y la comunicación deben estar al alcance de toda la población y servir como mecanismo para garantizar el acceso libre a la información.

La libertad de información y la libertad de expresión son necesarias para evitar la concentración de la información en manos de unos pocos. A su vez, para la autonomía de los ciudadanos y ciudadanas, que es fundamental en una democracia real y participativa, es indispensable la libertad de información.

Internet es uno de los pocos medios a través del cual la población puede acceder a diversas fuentes de información, diferente a la suministrada por los grandes medios de comunicación, con opciones pluralistas.

La posibilidad de conectarse a Internet y los recursos telemáticos son cruciales para un acceso sin límites a la información. Sin embargo, la ausencia de conectividad o de equipos pone de relieve la brecha digital, entendida como la separación que existe entre las personas que utilizan las nuevas tecnologías en su vida diaria y aquellas que no pueden tener acceso a las mismas o que, aun teniéndolo, no saben cómo utilizarlas.

Por todo ello, desde PACMA queremos fomentar la expansión de la comunicación inalámbrica, la elaboración de guías informativas y programas formativos gratuitos dirigidos a las personas mayores y a las personas en riesgo de exclusión social, la instalación de puntos de acceso a internet gratuito para personas en riesgo de exclusión social, el uso de estándares abiertos en los documentos electrónicos emitidos y/o reclamados por la Administración y la publicación de las herramientas y materiales desarrollados por la Administración con licencias de distribución libre.

Además, la información debería ser libre, independiente, objetiva y veraz, para lo que es primordial, entre otros, despolitizar los medios de comunicación, cortando los vínculos de dependencia financiera y orgánica entre los partidos políticos y las redacciones. Este objetivo requiere reformas profundas tanto en las radiotelevisiones públicas como en el ecosistema de medios privados.

De cara a los medios públicos, se debe garantizar que los consejos de administración y la dirección de las radiotelevisiones públicas se elijan mediante concursos públicos basados en méritos profesionales, con mandatos que no coincidan con los ciclos electorales, así como sustituir las subvenciones anuales discrecionales por un modelo de financiación blindado a largo plazo, para impedir que el ejecutivo de turno amenace con recortes presupuestarios si la cobertura informativa le resulta incómoda.

De cara a los medios privados, se debe prohibir el reparto discrecional de campañas pagadas por instituciones o empresas públicas. La ley debe obligar a que este dinero se distribuya exclusivamente mediante criterios técnicos verificables, como la audiencia auditada o el público objetivo de la campaña. Además, los medios deben hacer pública su estructura accionarial y sus deudas con entidades financieras o instituciones públicas. También es necesario aplicar medidas antimonopolio estrictas para evitar que grandes conglomerados empresariales controlen múltiples televisiones, radios y periódicos a la vez.

Colectivos

Mayores y pensionistasEmpresas e industriaDiscapacidad y dependencia

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 75

La violencia machista, como manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder, se ha cobrado la vida de más de mil trescientas mujeres en España desde 2003, año en el que en nuestro país se empezó a contabilizar el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Las encuestas de Sanidad indican que más de ochocientos mil hijos e hijas de mujeres maltratadas sufren anualmente las consecuencias de la violencia machista en España; la mayoría, de manera directa.

No podemos olvidar que, además de los hijos e hijas, muchos animales también son víctimas de la violencia vicaria, siendo amenazados, maltratados o matados por los agresores para causar daño y sufrimiento a la mujer.

La sociedad en general y las Administraciones Públicas en particular, deben participar en la erradicación de esta lacra social.

La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza y de las listas de desempleo; cuando dejen de sufrir los problemas de conciliación de su vida personal, familiar y laboral; cuando exista una verdadera educación no sexista en la que las niñas y los niños tengan un presente y un futuro con las mismas oportunidades; cuando en los hogares haya realmente una corresponsabilidad y un reparto equitativo de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares; cuando se combata la discriminación salarial todavía existente y se promueva la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad de manera eficaz.

Además de las medidas de igualdad y equidad propuestas en anteriores epígrafes, desde PACMA proponemos medidas específicas contra la violencia sobre la mujer, como:

– Programas educativos de prevención de violencia sobre la mujer en todas las etapas educativas.

– Formación específica en la materia de todos los/as profesionales que intervengan en el proceso educativo, procurándoles las herramientas necesarias para la detección de situaciones de violencia machista en jóvenes.

– Protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, con formación especializada para el personal sanitario.

– Unidades policiales especializadas y disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para atender los casos de violencia machista.

– Potenciación de las unidades de valoración forense integral, con personal especializado.

– Mejora de los mecanismos de protección para las víctimas. Estas mejoras han de pasar por articular en los presupuestos planes de ayudas económicas que les permitan rehacer sus vidas y que no se tramiten solo a través de las rentas activas de reinserción en casos muy graves de máxima necesidad.

– Más recursos asistenciales y sociales para las víctimas con independencia del momento procesal en el que se encuentre su caso.

– Fortalecimiento de la tutela judicial y del acceso a la justicia.

– Formación especializada en violencia machista de todos los estamentos de la Justicia (judicatura, fiscalía, abogacía, medicina forense y personal al servicio de la administración de justicia).

– Implantación de equipos multidisciplinares con formación específica integrados por profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, medicina y psicología forense y policía, para ofrecer una respuesta integral a los casos de violencia machista durante todas las fases del proceso.

– Mayor protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Debe darse a los/as menores un tratamiento y protección específicos, incluida la asistencia social integral, con la previsión de dotarles de asistencia letrada autónoma y defensor judicial en caso de conflicto de intereses.

– Equipos especializados en menores víctimas de violencia de género en los órganos judiciales.

– Reconocimiento legal de la violencia vicaria ejercida sobre los animales.

– Incremento del número de casas de acogida, pisos tutelados y puntos de encuentro familiar.

– Admisión de los animales a cargo de las mujeres víctimas de violencia machista a las casas de acogida y pisos tutelados.

– Implantación de planes y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general y a los/as jóvenes en particular, con la finalidad de eliminar los prejuicios y estereotipos de género y prevenir conductas de violencia machista.

Colectivos

JóvenesMujeresFamiliasMenores y alumnosVíctimasPolicías, guardias civiles y militares

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 76

La Ley Orgánica de protección jurídica del menor incluye la protección de la infancia contra toda forma de violencia entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos y establece que los menores gozarán de los derechos que les reconocen la Constitución y los Tratados Internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.

La Convención, a su vez, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

El Comité de Derechos del Niño, como órgano de las ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención, se ha manifestado en varias ocasiones con relación a la tauromaquia como una actividad violenta de la que es necesario proteger a la infancia.

En 2018, tras examinar los informes de España, incluyó en sus Observaciones finales la tauromaquia en el apartado sobre “Violencia contra los niños” recomendando prohibir su asistencia y participación en estos espectáculos.

Sin embargo, tres años más tarde, el actual Gobierno, ignorando deliberadamente esta recomendación, elaboró la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, sin mencionar, irónicamente, su exposición y participación en las tradiciones más violentas que tienen lugar en nuestro país.

Esta absoluta desprotección ha provocado que, ante la evidente decadencia de la tauromaquia, en los últimos años se esté produciendo un incremento exponencial de actividades organizadas, apoyadas o impulsadas por los gobiernos locales y autonómicos, para iniciar a los menores, cada vez a edades más tempranas, como encierros infantiles o campamentos taurinos infantiles. Algunas plazas han incorporado, incluso, palcos infantiles, para que menores a partir de los 5 años puedan asistir gratis a las corridas y novilladas.

Es demencial, teniendo en cuenta que son numerosos los estudios que evidencian las consecuencias negativas de la participación y exposición de los menores a actividades violentas. Entre otras, que tiendan a hacerse indiferentes a la violencia, a considerarla normal, aceptable y legítima. Las corridas de toros, además, no sólo son una terrible exhibición de violencia extrema y explícita, sino que comportan elementos de celebración y glorificación de ésta.

Y no sólo debemos lamentar que se esté lesionando o poniendo en riesgo la integridad mental, moral y social de los menores, sino también la física, puesto que, cada año, son varios los que resultan heridos durante la celebración de estos festejos.

De cara al inicio de un nuevo procedimiento de revisión a España, en 2022, PACMA presentó ante el Comité el informe “Desprotección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia en España”, informando tanto del incremento de actividades dirigidas a fomentar la tauromaquia entre los menores, como sobre la absoluta inacción del Gobierno al respecto.

Posteriormente, el Gobierno presentaba su Séptimo informe periódico ante el Comité, al que tuvo la desfachatez de mentir descaradamente, asegurando que el Tribunal Constitucional había establecido, de manera expresa e inequívoca, que la competencia para prohibir la asistencia y/o participación de menores a los festejos taurinos corresponde a las CCAA. Desde PACMA presentamos entonces alegaciones, demostrando que el Gobierno había mentido, puesto que el TC jamás ha establecido tal cosa y el Gobierno sí tiene competencia para ello.

De hecho, no es que sea una de sus competencia. Es que es su deber y podría hacerlo mañana mismo para menores de 16 años. Y es que el RD 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas prohíbe en la entrada y permanencia de menores de esa edad en los espectáculos y demás actividades clasificadas por el Ministerio de Cultura para mayores de 16. Dos veces que así lo hemos solicitado al ministro Urtasun a lo largo de la legislatura y dos veces que se ha negado.

Aun así, tras las alegaciones de PACMA ante el Comité, al Gobierno no le quedó más remedio que reconocer que sí puede prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos y festejos taurinos y, durante la sesión celebrada el pasado mes de enero, la ministra de Infancia se comprometió a ello ante el Comité, modificando la LOPIVI en este sentido.

En esta ocasión, el Comité ha sido mucho más contundente, no sólo reiterando su recomendación de prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos taurinos, sino añadiendo que se debe prohibir en todo tipo de espectáculos, festejos y escuelas taurinas, además de exigir al Gobierno campañas de sensibilización dirigidas tanto a la población, como a los medios de comunicación y, especialmente, a los cargos públicos, sobre los efectos negativos que tiene en los niños y niñas la violencia asociada a la tauromaquia.

Cuál fue nuestra sorpresa cuando, meses más tarde, comprobamos que el Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modificaba la LOPIVI, de nuevo, no hacía ninguna mención a su exposición a la violencia de la tauromaquia.

Queda claro que sólo PACMA es capaz de impulsar la prohibición de la asistencia y participación de menores en espectáculos, festejos y cualquier tipo de actividad en la que se ejerza violencia, como la tauromaquia y la caza.

Colectivos

Menores y alumnosPolicías, guardias civiles y militares

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Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 77

España registra un índice de envejecimiento récord del 148%, lo que significa que hay 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según los datos publicados por la Fundación Adecco.

Conocer más y mejor las necesidades de las personas mayores era ya uno de los retos de nuestro país, llamado a estar entre los países más envejecidos del mundo en las próximas décadas.

Sin embargo, el impacto que supuso la crisis sanitaria por la pandemia en los centros geriátricos y residencias de la tercera edad expuso las debilidades del sistema sanitario y el vacío que existe en la responsabilidad social sobre las tareas de cuidado de las personas mayores, cuyas necesidades suelen ser relegadas a un segundo plano.

Es fundamental promover un envejecimiento activo desde el sistema de salud, mediante una mayor implicación en el mantenimiento, el refuerzo y la modernización de los servicios de atención intermedia, incluyendo los cuidados paliativos y la geriatría, especialmente para las personas con patologías crónicas y discapacidades, con el objeto de potenciar su autonomía, compensar las limitaciones y/o paliar su malestar.

Se debe priorizar el enfoque comunitario, con una atención integral desde la atención primaria, centrada en la persona, evitando el ingreso siempre que sea posible, para lo que es necesario garantizar la proximidad y la equidad en la provisión de los servicios.

Hay que prestar especial atención a los problemas a los que se pueden enfrentar las personas mayores relacionados con la salud, pero también con la discriminación, la violencia, el abuso, el abandono o la soledad. Es necesario fijar un marco de trabajo sistemático para la protección y la promoción de sus derechos y necesidades.

La vida de las personas en la tercera edad se torna más pasiva. Muchas sufren un deterioro físico o cognitivo que les impide valerse por sí mismas, y en su entorno no encuentran las atenciones necesarias. En los casos en los que puedan permanecer en su propio domicilio, no se debe dejar de lado su supervisión y se debe fomentar que puedan utilizar centros de día, para disfrutar de un entorno y actividades diarias.

Desde PACMA impulsaremos las siguientes medidas:

– Provisión de sistemas de monitoreo.

– Incremento de los recursos para ofrecer un tratamiento domiciliario adecuado.

– Fortalecimiento de los servicios de urgencias y transporte sanitario.

– Aumento del número de centros de día, así como de los programas de actividades dirigidas a las personas mayores.

– Desarrollo de programas de acompañamiento y soporte a la tercera edad para paliar las situaciones de soledad y exclusión.

– Potenciación de la relación entre las redes de voluntariado y profesionales de la salud, ofreciendo una mejor atención.

– Ampliación de las plazas en las residencias públicas para la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.

– Reconocimiento y condiciones dignas para el personal sanitario y asistencial.

– Regulación del acceso de animales de compañía a las residencias.

Y, por supuesto, es inaplazable reformar la Constitución para blindar las pensiones, garantizando que el sistema público no pueda recortarse, ni privatizarse.

Colectivos

Mayores y pensionistasPacientes

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 79

PACMA está comprometido con la lucha contra toda discriminación y, por tanto, con la normalización de los ciudadanos y ciudadanas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y más, tratando de ser un referente positivo de integración y de lucha contra toda discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género. Por ello, suscribimos e incorporamos las demandas del colectivo LGTBI+, como:

– Refuerzo de la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos.

– Potenciación de la prevención del acoso y la violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en los centros educativos.

– Fortalecimiento de los programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar, y desarrollo de campañas específicas para la prevención de la LGTBIfobia y del acoso por orientación sexual o identidad de género.

– Promoción para la creación y/o el desarrollo de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI+.

– Fomento de programas de Información y Atención a personas LGTBI+, que contemplen también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población.

– Impulso para el desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a personas LGTBI+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGTBfobia, así como de apoyar a las personas trans a lo largo del proceso de transición.

– Realización de campañas de normalización social y de respeto tanto a la diversidad sexual como familiar.

– Inclusión y reconocimiento de las familias LGTBI+ en las políticas sobre familias.

Colectivos

JóvenesFamilias

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 80

En PACMA somos conscientes de las dificultades a las que se deben enfrentar las personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual o del desarrollo y consideramos por ello necesario eliminar todos los factores y elementos que limitan su desarrollo personal y social y su acceso a los derechos bienes y servicios de la comunidad.

Además de las propuestas ya expuestas en el ámbito de la educación, el empleo, la cultura o la conciliación, apoyamos y defendemos propuestas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, reforzar el reconocimiento y la protección de sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y, en definitiva, elevar su grado de inclusión y normalización sociales. Entre otras:

– Garantizar la libertad de circulación mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas, el aumento de la accesibilidad en edificios y medios de transporte, y la creación de estacionamientos suficientes reservados.

– Garantizar la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos esenciales, incorporando pictogramas, lectura fácil, señalización accesible y aplicaciones web comprensibles, contando con la participación de personas con discapacidad para sus validaciones.

– Realizar campañas de formación en accesibilidad para todos los agentes implicados en la eliminación de las barreras existentes, programas de sensibilización para toda la ciudadanía y formación especializada para profesionales clave en ámbitos como la educación, la sanidad, la justicia, la administración o la seguridad.

Colectivos

FamiliasDiscapacidad y dependencia

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 80

Todas las personas podemos ser migrantes en algún momento. Actualmente, más de 200 millones de personas en el mundo lo son. La guerra, la persecución, la violencia, la inseguridad, la miseria, la falta de oportunidades o el cambio climático son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a abandonar su país, su casa, su familia; en definitiva, su vida. La esperanza de una vida mejor los lleva a enfrentar el miedo, el dolor, la soledad, los peligros y los abusos que pueden encontrar en el camino.

Estas personas necesitan un lugar seguro en el que rehacer sus vidas. No solo para quiénes han tenido que abandonar su hogar en países devastados por los conflictos bélicos: en el mundo, millones de personas son perseguidas por su raza u origen étnico, convicciones políticas o religiosas, u orientación sexual. En muchos casos, estas personas se ven obligadas a huir ante el miedo a ser detenidas, torturadas, maltratadas o, incluso, asesinadas.

A finales de 2025, el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo alcanzó los 117,3 millones. Entre ellas, 67,8 millones dentro de las fronteras de sus propios países, casi 42,5 millones de refugiadas en otros países y 7 millones solicitantes de asilo.

Se trata de una crisis de envergadura mundial. Sin embargo, mientras países con menos recursos hacen todo lo que pueden y más, los países más ricos hacen poco o nada.

Desde el Partido Animalista proponemos la adopción de las siguientes medidas:

– Acceso unificado a todos los derechos, como la educación, la sanidad y el alojamiento para una inclusión efectiva.

– Fomento de programas de acogida que garanticen unas condiciones dignas y comprendan actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía y el bienestar de las personas refugiadas.

– Aumento del número de plazas en los centros de acogida, con especial atención a la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados.

– Impulso de equipos técnicos multidisciplinares en los centros de acogida, que trabajen en coordinación con equipos de inclusión y jurídicos.

– Mejora en la atención a personas inmigrantes y refugiadas, con asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario, incluyendo información sobre la protección animal y el protocolo que se debe seguir en caso de traer un animal desde otro país.

– Puesta en marcha de programas y campañas contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social.

Colectivos

FamiliasMenores y alumnosInmigrantes y solicitantes de asilo

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 81

Además de las propuestas planteadas en otros ámbitos, como el de la educación, la cultura o el empleo, consideramos importante establecer medidas específicas para prevenir y/o reducir en la juventud el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, mediante el impulso de la oferta y promoción de alternativas saludables de ocio, con actividades culturales, artísticas y deportivas, como:

– Cursos, talleres y encuentros en horario nocturno, los fines de semana.

– Festivales de cine, música, danza, teatro y otros artes, de acceso gratuito o a precios accesibles.

– Acceso libre a museos y monumentos.

– Dotación al tejido asociativo juvenil de la capacidad, los medios y los recursos necesarios para desarrollar actividades culturales y de ocio alternativo.

– Creación de espacios físicos donde la juventud pueda compartir sus inquietudes y creaciones a nivel artístico y cultural, así como desarrollar su talento (locales de ensayo, exposiciones, encuentros, debates, …).

– Promoción del horario nocturno los fines de semana en los centros polideportivos y culturales.

Colectivos

Jóvenes

Palancas

Gasto e inversiónReorganizar el Estado

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PDF, pág. 81

Desde PACMA defendemos la necesidad de la oferta de opciones de menú basado en ingredientes de origen vegetal en los bares, cafeterías, restaurantes y comedores de dependencias públicas, como edificios administrativos, públicos, comedores escolares y universitarios, hospitales y centros penitenciarios.

Sólo de esta manera se puede garantizar la libertad de las personas, cada día más, que han decidido alimentarse de manera saludable y respetuosa con los animales.

Para ello, propondremos que, en los contratos de prestación de estos servicios, se establezca la obligatoriedad de ofrecer opciones de menú elaborados sin ingredientes de origen animal, así como que se incentive su inclusión en el sector privado de la restauración.

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PDF, pág. 82