Personas

España ratificó en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y, más aún, el derecho a disfrutar de una alimentación adecuada en cantidad y calidad.

En su interpretación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) ha afirmado que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Entre otras obligaciones de los Estados parte del tratado, se prevé la de aprobar una estrategia nacional que garantice la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada para todas las personas. Sin embargo, el enfoque de la normativa española relacionada con la seguridad alimentaria está más orientada a la salubridad de los alimentos que a la garantía del derecho a comer y lo más próximo al cumplimiento de esa obligación fue la Estrategia NAOS (nutrición, actividad física y prevención de la obesidad), aprobada en 2005.

Para garantizar una alimentación adecuada para todas las personas, desde PACMA proponemos la elaboración de una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prevea medidas como el establecimiento de economatos sociales y el desarrollo de acuerdos con los comercios locales para garantizar el acceso a productos de alimentación con precios bonificados en función de la renta disponible, lo que, a su vez, dinamizaría el comercio local.

Otra de nuestras propuestas es el impulso de programas de huertos urbanos ecológicos, destinados a personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social, como una manera de garantizar, mediante la autogestión de esos huertos, una canasta básica de productos alimenticios y/o como ayuda para disponer de productos frescos de temporada.

El acceso al agua, junto al saneamiento, es considerado por la Asamblea General de la ONU como derecho humano. Desde PACMA defendemos que se garantice su acceso a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante el establecimiento de un mínimo vital de agua.

Con relación a la energía, si bien contamos ya con una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030, hemos de señalar que se mantiene un modelo asistencialista y que no contiene grandes reformas estructurales para resolver un problema que, según datos del Eurostat, afecta a cerca del 20% de la población española.

En este sentido, es necesario introducir objetivos específicos de reducción, así como nuevos indicadores actualizados y mecanismos de evaluación y monitorización. La ausencia de estas medidas impide mejorar la transparencia y la medición del impacto de las políticas públicas en esta materia.

Además, según los datos de ESADE y Oxfam Intermón, ocho de cada diez potenciales beneficiarios del bono no logran acceder a este debido a la burocratización y falta de información. Por ello, también son importantes políticas públicas que prevean mecanismos de comunicación entre los potenciales beneficiarios, los servicios sociales, las administraciones y/o las suministradoras, y otras medidas que faciliten el acceso al bono social eléctrico, que, actualmente, no llega a muchas personas en situación de pobreza severa, debido, sobre todo, a déficits de la información y a dificultades en la tramitación.

Desde PACMA también consideramos conveniente el impulso y fomento de comunidades energéticas, especialmente, en zonas rurales, a través de la creación de cooperativas que involucren a la comunidad local.

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 54

Defendemos un uso eficiente de la sanidad, que garantice la cobertura sanitaria a toda persona que lo necesite.

Los continuos recortes, el desmantelamiento y la privatización de los últimos años han perjudicado seriamente la calidad de la sanidad pública, poniendo en jaque el acceso universal de las personas a los servicios sanitarios. La reducción del personal sanitario, el cierre de plantas en hospitales, la reducción del número de camas o el aumento de los tiempos de espera para consultas, pruebas y/o intervenciones quirúrgicas, son solo algunas de las consecuencias.

Entre las competencias exclusivas del Estado, en el ámbito sanitario, se encuentran las bases y coordinación general de la sanidad, para establecer normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos, persiguiendo una igualación básica de condiciones en el funcionamiento de los servicios públicos.

Por ello, desde PACMA consideramos que el Estado debe impulsar el desarrollo de las siguientes medidas:

– Análisis de la situación actual de las infraestructuras sanitarias y evaluación de las necesidades para la mejora de la calidad asistencial.

– Reintegración al sistema sanitario público los servicios privatizados.

– Refuerzo de la atención primaria y de su conexión con el sistema sanitario.

– Implementación de programas autonómicos de I+D+i, con financiación, gestión y recursos públicos.

– Puesta en marcha de números gratuitos de información sanitaria.

– Desarrollo de planes de atención sanitaria domiciliaria.

– Elaboración de planes de mejora de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

– Actualización de los planes de contingencia ante posibles epidemias y pandemias.

Colectivos

Pacientes

Palancas

Gasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 55

Un sistema de salud pública, por definición, debe garantizar una sanidad de calidad y sin costes adicionales para una ciudadanía que ya la financia a través de sus impuestos y con el porcentaje de sus salarios destinados a la Seguridad Social.

Tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, la práctica del copago, a la larga, termina suponiendo un mayor gasto sanitario, a la vez que perjudica la salud de la población, pues la disuade de utilizar los servicios sanitarios, sobre todo a la más desfavorecida, acrecentando por tanto las desigualdades.

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversión

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PDF, pág. 56

Impulsaremos el desarrollo de campañas que promuevan el conocimiento, las aptitudes y actitudes necesarias entre la ciudadanía, para el cuidado de la salud mediante actividades educativas, comunicativas y de participación social, que fomenten hábitos saludables. Es algo que redundará en beneficio de la salud de la ciudadanía y, por ende, reducirá el gasto sanitario.

En estas campañas se ofrecerá información sobre cuestiones de salubridad, se darán recomendaciones sobre alimentación y ejercicio físico para mejorar la calidad de vida, pero, sobre todo, se tratará de implementar en el conjunto de la población hábitos capaces de modificar aquellos comportamientos perjudiciales para su salud.

Consideramos importante priorizar la promoción de hábitos de vida saludables desde una edad temprana y concienciar a su vez a la población adulta, a través de los niños y niñas, sobre la importancia para la salud de unos hábitos alimentarios adecuados.

Colectivos

Menores y alumnos

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 56

Desde PACMA llevamos años reivindicando una mayor presencia de la figura del dietistanutricionista, dado que, en contraposición a la mayoría de los países europeos, España apenas cuenta con estos profesionales en el sistema público de salud.

Esto implica, además, que el sistema universitario español está invirtiendo unos recursos económicos en formación que, posteriormente, son aprovechados por otros países o por el ámbito privado.

Algunas comunidades ni siquiera han incorporado aún a estos/as profesionales, cuando las intervenciones dietético-nutricionales son coste-efectivas y mejoran la eficiencia de los sistemas sanitarios.

Los/as dietistas-nutricionistas son esenciales para mejorar resultados clínicos y reducir costes sanitarios en patologías como la enfermedad celíaca, el síndrome de intestino irritable, el hígado graso, la prevención del cáncer digestivo o los déficits nutricionales tras cirugía bariátrica y en enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn y colitis ulcerosa.

En los hospitales se encargan de supervisar el manual de dietas del centro y de establecer la atención personalizada que necesitan determinados pacientes. Esta figura no sólo ayuda a evaluar y realizar un diagnóstico nutricional, intervenir y asegurar la adherencia al tratamiento o monitorizar adecuadamente el estado nutricional, sino que también previene la desnutrición hospitalaria y reduce el tiempo de estancia de los/as pacientes.

Todo ello redunda en una mejora de la eficiencia del sistema sanitario. Diferentes estudios reflejan las ventajas económicas de incorporar dietistas-nutricionistas a la sanidad pública, concluyendo que la incorporación de los tratamientos ofrecidos por dietistas-nutricionistas no sólo mejora la salud y calidad de vida de los pacientes, sino que, por cada euro invertido se ahorran cuatro en otros cuidados de la salud.

Colectivos

Pacientes

Palancas

Gasto e inversión

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PDF, pág. 56

En 2025 fallecieron 735 personas por accidentes laborales en España. Destacan determinados sectores, como la construcción, que está empeorando sus cifras, con un 21,5% más que en 2024.

Los accidentes y las enfermedades laborales son evitables si se adopta una adecuada política de prevención.

La inclusión de la salud laboral en los convenios colectivos es fundamental para la salud de los trabajadores. Si nos fijamos en los países con una mejor salud laboral, tienen, por un lado, un marco normativo y reglamentario sólido sobre esta materia, un amplio y experto cuerpo de inspectores públicos para examinar su observancia y sancionar su incumplimiento, en su caso, pero también una importante tradición de diálogo y negociación entre empresas y sindicatos.

Por ello, es necesario desde las administraciones públicas fomentar y favorecer el diálogo y la negociación colectiva en torno a la salud laboral entre empresarios/as y sindicatos, así como difundir las buenas prácticas.

Apostamos por la puesta en marcha de una intensa actividad negociadora para la consecución de acuerdos que desarrollen y complementen el marco normativo nacional, así como de la ampliación de las competencias de los delegados y delegadas, y miembros de los comités de prevención de riesgos laborales en las empresas, dotándoles de las herramientas necesarias que faciliten su labor.

Colectivos

Empresas e industria

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PDF, pág. 57

La salud mental es reconocida como una prioridad de salud pública y un derecho humano fundamental por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien, por fin, contamos con un primer Plan de acción para la prevención del suicidio desde 2025 y un Observatorio para la Prevención del Suicidio desde este 2026, el suicidio sigue siendo la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años en nuestro país. Cada día, más de 200 personas tratan de quitarse la vida y 11 lo consiguen.

La Línea 024 para la prevención del suicidio ha atendido más de 500.000 llamadas desde su puesta en marcha en mayo de 2022, registrando, sólo en 2025, más de 162.000, además de más de 42.000 consultas por chat.

Sin duda, se trata de un valioso instrumento, pero es sólo el principio de la cadena. Muchas personas necesitan otros recursos que hoy no existen. Es necesario un dar una respuesta rápida pero también continuada a las personas con riesgo, a través de la detección protocolizada, la atención inmediata y el seguimiento proactivo. Es necesario un plan vertebrado de prevención e intervención, con un abordaje transversal.

El Gobierno debe abordar y afrontar esta problemática como un problema de salud pública que va más allá de la atención sanitaria, siendo necesario ofrecer una respuesta integral, con estrategias complementarias en otros ámbitos, como el educativo.

En esta línea, desde PACMA proponemos:

– Ampliar el conocimiento de la ciudadanía sobre la salud mental y, en especial, sobre el suicidio.

– Luchar contra la estigmatización de los problemas relacionados con la salud mental.

– Elaborar estrategias para la detección y atención del bullying y ciberbullying.

– Promover servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados y con la capacidad de respuesta necesaria.

– Fortalecer los sistemas de información.

– Desarrollar programas para la detección precoz de la depresión y del riesgo suicida, prestando especial atención a las víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas; a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo; a las personas mayores; a las que padecen alguna patología crónica, discapacidad y/o dolor; a las que no tienen hogar y a las que se encuentren en situación de cumplimiento penitenciario.

– Implementar acciones formativas dirigidas a mejorar la detección del suicidio para profesionales de los diferentes sectores: sanitario, educativo, servicios sociales, policía, etc.

– Mejorar la atención a las personas con problemas de salud mental.

– Mantener una continuidad asistencial a las personas con conductas suicidas y supervivientes del suicidio.

– Fomentar programas que contribuyan a la inclusión y participación en la comunidad, favoreciendo el mantenimiento de las relaciones sociales y la autonomía personal, la adquisición de habilidades y competencias mediante actividades de ocio, deportivas, culturales, etc.

– Impulsar las investigaciones sobre salud mental.

– Incrementar el número de especialistas en psiquiatría y psicología en la sanidad pública.

Colectivos

Mayores y pensionistasMujeresMenores y alumnosDiscapacidad y dependenciaVíctimasPacientesPolicías, guardias civiles y militares

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 57

La salud bucodental es la gran olvidada de nuestra sanidad pública, que sólo cubre el 2 % del gasto bucodental, frente al 31 % de media europea. La atención bucodental se encuentra así, en mayor parte, en manos del sector privado, convirtiendo a la odontología en un lujo en España.

Según analiza la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, la atención que el Sistema Nacional de Salud ofrece a los dientes es parcial y desigual en las diferentes comunidades autónomas. La caries dental, que es la enfermedad reconocida como más prevalente en el ser humano, no tiene amparo en el sistema público más que para los más jóvenes y sólo parcialmente.

Las afecciones en la boca y la falta de piezas agravan patologías como la diabetes o los problemas cardíacos, lo que a la larga supone un coste superior al sistema sanitario.

Desde PACMA defendemos el impulso de una atención bucodental gratuita, con una asistencia dental básica para todas las personas, un sistema terapéutico y preventivo para las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la financiación de los elementos básicos para pacientes a los que les suponga una mejora en su calidad de vida.

Colectivos

JóvenesAutónomos, pymes y emprendedoresPacientes

Palancas

Gasto e inversión

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PDF, pág. 58

La educación pública de calidad es un derecho de todos y todas, imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa. Sin embargo, en España, no es una cuestión de Estado o, al menos, no lo parece.

En las últimas décadas, el sistema educativo se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos de derecha e izquierda. Continuos choques han impedido llegar a un necesario acuerdo para una cuestión que en otros países no genera esta discusión.

Sea por el motivo que sea, la realidad es que el Pacto de Estado por la Educación no ha sido una cuestión prioritaria para los partidos con representación en el Congreso en los últimos años y que todas las normas se han aprobado sin acuerdo alguno, con la imposición del partido mayoritario que controlaba el Gobierno.

Ninguna de estas normas ha logrado solucionar asuntos como los cambios de libros de texto de un año para otro, las diferencias de rendimiento, asignaturas o materias entre comunidades autónomas, el alto fracaso escolar o la digitalización completa del sistema.

Desde PACMA consideramos que los niños y niñas merecen una educación de calidad, estable en el tiempo y en recursos. Para ello, es fundamental llegar a un consenso educativo que les ponga en el centro de este debate y que asegure su derecho a la educación y su interés superior.

Un Pacto de Estado por la Educación es imprescindible desde muchos enfoques. El primero y más importante, el derecho a una educación de calidad, pero, además, por la necesidad de contribuir a la cohesión social, a través de una educación equitativa e inclusiva, acabar con el fracaso y el abandono escolar, garantizar la suficiencia y estabilidad de los recursos en el sistema educativo, avanzar en la gratuidad real, promover la educación universal de 0 a 3 años y poder educar valores, derechos y responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas.

Desde el Partido Animalista defendemos, en concreto, el desarrollo de las siguientes medidas:

– Aumento de los fondos destinados a becas en todo el tramo educativo.

– Asignación de plazas públicas suficientes para niños y niñas de 0 a 3 años.

– Gratuidad y libre acceso a libros de texto. Defendemos la puesta en marcha de un proyecto de colaboración entre comunidades autónomas para la elaboración de libros de texto con licencia copyleft, de distribución y copia libre.

– Transporte y menú escolar gratuito para los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.

– Reducción de la ratio de alumnos y alumnas por profesor/a en todo el tramo educativo, para alcanzar una verdadera educación de calidad, con la suficiente atención personalizada al alumnado y una mejora de las condiciones de trabajo del profesorado.

– Desarrollo de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, atractivas y adaptadas a la sociedad de hoy en día, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

– Fomento de una formación integral, diversificada e intercultural.

– Garantía de desarrollo de una escuela pública realmente laica.

– Refuerzo de los mecanismos de participación y representación estudiantil.

– Disponibilidad de opción de menú 100% vegetal en todos los comedores de los centros educativos.

Colectivos

FamiliasMenores y alumnosAutónomos, pymes y emprendedores

Palancas

Gasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 59

En el Partido Animalista creemos en la promoción de la excelencia y el desarrollo del talento, a través del fomento de la lectura y de la educación artística desde la educación primaria.

Es necesaria la implantación en los colegios e institutos de métodos pedagógicos integrales adecuados a las necesidades actuales, basados en el aprendizaje cooperativo, la detección y potenciación de las inteligencias múltiples, la creatividad y la innovación, la educación emocional, así como la no directividad, para garantizar la plena autonomía y excelencia de la diversidad del alumnado.

Proponemos el fomento de actividades extraescolares de calidad que promuevan el desarrollo de las diferentes capacidades y talentos de los niños y niñas y jóvenes y la creación de centros de desarrollo del talento destinados a localizar, promover y desarrollar en la juventud sus capacidades en ámbitos que ahora se encuentran marginados, o en un segundo plano, dentro de los programas educativos, ya sea en la realización de actividades artísticas, deportivas, científicas o de otra índole.

Colectivos

JóvenesMenores y alumnos

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 60

La prevención es fundamental en el ámbito educativo, pues permite detectar problemas, averiguar sus causas, intervenir cuando sea necesario y paliar las consecuencias negativas.

Para lograr la integración educativa de todo el alumnado es necesaria una educación inclusiva, mediante un aprendizaje personalizado, orientado al grupo, pero atendiendo a las necesidades individuales de aprendizaje, habilidades y niveles de competencia de cada alumno/a.

PACMA propone las siguientes medidas en el ámbito de la prevención y la integración social en los centros educativos:

– Medidas para garantizar la atención temprana a menores con discapacidad y sus familias, destinando recursos a la detección precoz, el diagnóstico y la atención de trastornos del desarrollo o situaciones de riesgo en la población infantil de 0 a 6 años.

– Promoción de la detección precoz del maltrato infantil, el acoso escolar, y la discriminación en el ámbito escolar, a través de la creación de equipos multidisciplinares que asesoren, informen y formen a los y las profesionales que trabajan con niños y niñas y adolescentes.

– Lucha efectiva contra el absentismo y el abandono escolar a través de la implantación de programas específicos.

– Revisión de los criterios de concertación con la enseñanza privada para garantizar que los conciertos respeten criterios de servicio público y evitar que se fomente la segregación.

– Ampliación del servicio de orientación de los centros de secundaria públicos con plazas de psicología y pedagogía.

– Implantación de programas de mediación intercultural.

Colectivos

FamiliasMenores y alumnosDiscapacidad y dependencia

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 60

La educación en valores va mucho más allá de la enseñanza de materias relacionadas con el funcionamiento de las sociedades y la naturaleza. Si éstas nos explican el qué y el cómo, la educación en valores nos descubre el para qué.

Se trata del conjunto de estrategias y dinámicas de relaciones con el objetivo de formar en civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la igualdad.

La educación en valores debe ser un objetivo transversal en todo el sistema educativo, impactando no solo en el currículum establecido, sino también en la cultura escolar y en todos los actores que forman parte de ella.

PACMA propone en este ámbito la adopción de, al menos, las siguientes medidas:

– Fomento y desarrollo del respeto y la empatía hacia los animales en los objetivos educativos transversales de todas las etapas educativas.

– Promoción en los sistemas educativos de la participación de los y las estudiantes en el desarrollo y cambio de la ciudadanía hacia un modelo sostenible.

– Implantación de programas específicos que desarrollen la corresponsabilidad y el reparto equitativo de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares a fin de fomentar y educar desde la infancia en la igualdad de género.

– Revisión de los planes de estudio y libros de texto con la finalidad de revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos e incluir como referentes formativos a las mujeres relevantes de la historia, la ciencia, la literatura, la filosofía y demás materias.

– Desarrollo de planes de educación en los centros que den acceso a formación e información sobre la diversidad sexual, de género y familiar.

– Enfoque de la educación sexual no sólo respecto a la prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, sino también en su esfera emocional y afectiva.

– Promoción del voluntariado como herramienta para potenciar la empatía y la solidaridad en la juventud. Establecer convenios con todas las entidades sociales, culturales, ambientales y animalistas para hacer extensivo el programa que garantice que el alumnado participe en servicios de voluntariado con el aprendizaje de educación en valores que esto conlleva.

– Formación del profesorado en las materias referidas.

Colectivos

JóvenesMujeresMenores y alumnos

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 61

Durante la Educación Secundaria, los jóvenes deben ser capaces de empezar a identificar sus capacidades, intereses y aptitudes, pues tienen que tomar decisiones cruciales en materia de educación y formación de cara a su primera elección profesional en el futuro.

Sin embargo, en el contexto educativo actual, la orientación profesional no se está desarrollando de manera que realmente se capacite al alumnado para analizar y valorar estos extremos. Es necesario sustituir la acción puntual que se está llevando a cabo en los últimos cursos por un proceso continuo de acompañamiento desde el inicio de la Educación Secundaria.

En esta etapa, los y las jóvenes se encuentran en una intensa búsqueda de identidad personal y social. Por esta razón, la orientación debe acompañarlos frente los cambios que se producen en su entorno, y ayudarles a ir construyendo su proyecto profesional y de vida, facilitando la adaptación a las nuevas situaciones y exigencias que conlleva la transición a la vida adulta.

Apostamos por la creación de departamentos de orientación académica y profesional en los centros de Educación Secundaria, que elaboren y pongan en marcha planes de actuación para cada curso, ciclo y etapa, con diferentes acciones que deberán ser implementadas. Además de ofrecer una orientación personalizada e individualizada a los alumnos y alumnas, organizarán e impulsarán talleres y jornadas de orientación profesional en los centros, de manera que el alumnado reciba la información y tenga el conocimiento suficiente sobre la oferta de las diferentes enseñanzas, ciclos formativos y formaciones profesionales, así como de sus diferentes salidas laborales. El objetivo es dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para poder identificar y elegir entre las alternativas formativas y profesionales, de acuerdo con su potencial.

Colectivos

JóvenesMenores y alumnos

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 62

La cultura es fundamental en la evolución de la sociedad. A su vez, el arte es fundamental para la cultura, como medio, forma y fuente de expresión.

El desarrollo artístico aporta múltiples beneficios a nuestra sociedad. Por un lado, sirve como terapia, ejerciendo un efecto liberador para quien lo practica y para quien lo disfruta. Por otro, es motor para el desarrollo personal, promoviendo el autoconocimiento y mejorando las habilidades sociales y comunicativas.

Además, cuando no se promueven la cultura y el arte, se pierden la esencia y las costumbres de un pueblo.

Por ello consideramos muy valioso apoyar y fomentar el arte y la cultura a través de medidas como:

– Fomento de la enseñanza de disciplinas artísticas, promocionando su oferta en los centros de educación públicos.

– Incentivo de la creación artística, mediante subvenciones y programas de apoyo a las entidades culturales y a los artistas, que les faciliten las herramientas necesarias para su desarrollo: cesión de espacios e instalaciones, aportación de medios técnicos y de asesoramiento artístico para la preparación de sus proyectos.

– Apoyo a la inversión y producción cinematográfica, así como promoción de la atracción de rodajes, producción y postproducción mediante incentivos fiscales.

– Respaldo y acompañamiento en las diferentes fases de creación, producción y exhibición artística, con la creación de residencias artísticas, colaboración en la difusión del trabajo de los artistas y una oferta formativa de especialización, con profesionales de prestigio o a través de la realización de encuentros y foros.

– Promoción e internacionalización de creadores y compañías de artes escénicas para la realización de giras nacionales e internacionales.

– Elaboración de planes que ayuden a consolidar en nuestro país un sector de las artes escénicas y musicales de primer nivel.

– Establecimiento de programas de apoyo a las músicas y danzas populares y contemporáneas que promuevan la creación, la visibilidad de nuevos talentos, la formación y la distribución en medios de comunicación, especialmente en radios y televisiones públicas.

– Puesta en marcha y apoyo de iniciativas de protección, estudio y difusión del patrimonio cultural en sus múltiples expresiones: artística, histórica, paisajística y natural, industrial e inmaterial.

– Aprobación de una Estrategia de Turismo Cultural para dar a conocer nuestro país con el valor añadido de la cultura y el patrimonio, destacando los festivales culturales y las fiestas populares más significativas, siempre que no impliquen la utilización de animales.

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 62

La cultura, como motor de ideas y forma de expresión, es, sin duda, una de las mejores herramientas para la evolución social y la inclusión. El arte y la cultura tienen la capacidad de transformar cualquier situación personal o social, contribuyendo al pleno desarrollo de las personas. Disfrutar o participar de ellas debería ser un derecho, no un privilegio. Las políticas de apoyo a la cultura deberían centrarse en hacer más accesibles y asequibles los productos culturales, por una cultura al alcance de todos y todas.

PACMA propone la puesta en marcha de políticas para la participación activa en el ámbito cultural de las personas con discapacidad o con dificultades personales o sociales, no sólo como espectadoras, sino también como autoras, productoras y promotoras.

Es fundamental mejorar la accesibilidad física y cognitiva de los espacios culturales, con salas accesibles, visitas guiadas y creación de materiales adaptados.

Para que la cultura sea asequible, apostamos por el impulso de una oferta cultural amplia y variada, dirigida a todos los públicos, con actividades culturales gratuitas y a precios reducidos, como encuentros, muestras, exposiciones, festivales y otras actividades culturales, así como descuentos, bonificaciones y promociones para la compra de libros, entradas a conciertos y espectáculos de música y danza, cine, teatro, museos y otros espacios y actividades culturales.

Colectivos

Discapacidad y dependencia

Palancas

Reorganizar el Estado

Fuente

PDF, pág. 63

Apoyamos la labor de las bibliotecas para garantizar el acceso a la cultura, pero vemos con preocupación cómo en los últimos años la asistencia a las mismas va en descenso, en buena medida por el crecimiento de las nuevas tecnologías.

Apostamos por el futuro de las bibliotecas públicas como espacios de referencia cultural, de creación, intercambio, producción y formación cultural, mediante su apertura a la realización de actividades, exposiciones, talleres, jornadas, ciclos, debates, conferencias y encuentros.

Palancas

Reorganizar el Estado

Fuente

PDF, pág. 63

El informe “Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa”, publicado por Oxfam Intermón, expuso que las mujeres españolas tienen que trabajar 52 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres y que un 14% de la diferencia de salario en España "sólo puede atribuirse a la discriminación directa o indirecta por razón de género".

Además, la organización advertía que la pobreza laboral de las mujeres queda en parte invisibilizada estadísticamente "porque los datos de pobreza laboral se calculan por hogares y no reflejan la discriminación de género dentro del hogar". El trabajo doméstico de las mujeres representaría el 27% del PIB. Mientras las mujeres dedican una media de 22 horas semanales, los hombres sólo dedican 10.

Según los datos del SEPE, en el número total de personas desempleadas demandantes de empleo es muy superior el porcentaje de mujeres frente al de hombres. Un dato que refleja claramente el largo camino que queda por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva. Cualquier medida orientada a mejorar las condiciones laborales y combatir las altas tasas de desempleo, debe tener en cuenta este hecho.

Por todo ello, es necesario un Pacto de Estado por la Igualdad en el Empleo, a través del cual se pueda combatir la discriminación laboral y salarial todavía existente y promover la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

En la mayoría de las ocasiones, los partidos en el gobierno sólo tienen en cuenta su perspectiva particular. Buena muestra de ello es la conocida como la Ley de Paridad, cuya finalidad era, supuestamente, promover la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Sin embargo, muchas de las medidas aprobadas, en realidad, están perjudicando esa mayor y más relevante presencia de mujeres. Exponemos como ejemplo la reforma que se ha hecho mediante la citada norma de la Ley Electoral:

Antes, la LOREG establecía que las candidaturas debían tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos fueran como mínimo el 40%. Tras la reforma, la LOREG establece ahora que las candidaturas deben tener una composición paritaria, alternando personas de uno y otro sexo. Las conocidas como “listas cremallera”.

Estas medidas que, según la LOREG y la Ley de Paridad, debían favorecer, en teoría, una mayor presencia de mujeres en las candidaturas, en el caso de PACMA provocan el efecto contrario. Y es que, el Partido Animalista, en el que la presencia de mujeres ha sido siempre mayoritaria, estaba obligado a reducir el número de mujeres en sus listas a un 60% y, tras la reforma de la Ley de Paridad, aún más, a un 50%. Y no sólo a reducir su número, sino a colocar a las mujeres en puestos menos relevantes en las listas, al establecer obligatoriamente las listas cremallera.

El movimiento animalista es un movimiento impulsado históricamente por mujeres y sustentado en la actualidad mayoritariamente por mujeres. Es por ello por lo que PACMA es también un partido político integrado y sostenido mayoritariamente por mujeres, que cada proceso electoral se encuentra en la tesitura de tener que incluir en sus candidaturas a menos mujeres de las que incluiría -y en puestos menos relevantes- si no existieran estas normas y preceptos que, irónicamente, se han aprobado para aumentar su presencia y relevancia.

Por todo ello, desde PACMA ya advertimos al Gobierno en su momento que no necesitábamos una Ley de Representación Paritaria, cuando lo que se trata es de corregir una menor y menos relevante presencia de mujeres, sino una Ley para fomentar una mayor y más relevante representación de mujeres. En casos como el de la LOREG, la solución pasaba por establecer, no que las candidaturas deben tener una composición paritaria de mujeres y hombres, sino una composición equilibrada en la que las mujeres representen, al menos, la mitad de los candidatos/as, para no perjudicar la mayor y más relevante presencia de mujeres en candidaturas como las de PACMA, y así en otros ámbitos, sectores y empresas en las que la presencia de mujeres sea mayoritaria, y que no debería, bajo ningún concepto, verse perjudicada por leyes cuya finalidad, supuestamente, es favorecerla.

Colectivos

MujeresEmpresas e industria

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 64

Conciliar la vida personal, familiar y laboral es una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

La conciliación garantiza que la situación familiar de una persona no pueda incidir de manera negativa en las posibilidades de acceso al mercado laboral o a puestos de responsabilidad. Permite que cualquier persona pueda mantener una carrera profesional plena y, al mismo tiempo, ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o al disfrute de su ocio y tiempo libre.

Desde el Partido Animalista defendemos la puesta en marcha de políticas familiares públicas, que apoyen la igualdad de oportunidades. Es necesaria una actualización de la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que promueva la igualdad de género, estableciendo el compromiso de todas las administraciones públicas de adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, contemplando medidas, recursos y prestaciones económicas. Se debe prever, asimismo, que las comunidades autónomas fomenten y presten apoyo y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad en las empresas privadas.

Para conseguir una verdadera conciliación, es necesaria una reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y de recursos sociales.

– Del sistema laboral: se debe promover, prestar apoyo y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad en las empresas, fomentando la implantación de medidas de conciliación laboral, personal y familiar entre sus plantillas, como permitir a sus trabajadores adaptar la duración y distribución de la jornada laboral en función de sus circunstancias personales y familiares, o ejercer el teletrabajo. Se debe fomentar e incentivar la creación de guarderías en los propios centros de trabajo, tanto para el cuidado de niños y niñas como de animales de compañía, así como los permisos retribuidos en casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares, incluidos los animales.

– Del sistema educativo: rompiendo los roles de género preestablecidos. Hombres y mujeres deben compartir equitativamente las responsabilidades domésticas y familiares. De la misma manera se debe educar a los hijos e hijas a participar en las tareas domésticas y familiares.

– Del sistema de recursos sociales: las leyes deben prever la elaboración de planes de apoyo a las familias, donde se contemplen ayudas económicas y servicios como centros de atención socioeducativa y ludotecas; aulas matinales, comedores escolares y actividades extraescolares; pisos tutelados, centros residenciales y programas de estancia diurna para personas mayores y/o dependientes; centros de atención y cuidado para animales; ayudas para la contratación de personal para el cuidado de familiares y apoyo psicológico estable.

Colectivos

Mayores y pensionistasMujeresFamiliasMenores y alumnosAutónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industriaDiscapacidad y dependencia

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 65

Las personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual o del desarrollo pueden, en la mayoría de los casos, integrarse en el mercado laboral.

PACMA defiende la puesta en marcha de las siguientes medidas:

– Elaboración y puesta en marcha de un Plan nacional para promover la formación, el empleo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

– Mecanismos para la participación de estudiantes con discapacidad en los cursos de formación para el empleo, facilitando la adaptación de los materiales y puestos de formación.

– Análisis de las necesidades de formación para ajustar las políticas a la realidad.

– Promoción de encuentros empresariales sobre responsabilidad social, en relación con la discapacidad, para promover la inserción laboral.

– Asesoramiento a las empresas sobre inserción laboral de personas con discapacidad.

– Vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad.

– Inclusión de la colaboración de las ONG que apoyan a las personas con discapacidad, como asesoras para la elaboración de los itinerarios de inserción laboral.

Colectivos

Empresas e industriaDiscapacidad y dependencia

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 66

La lucha contra el desempleo debe fijar sus cimientos en la formación de ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de dar un vuelco a esta situación, preparándolos para poder hacer frente a los nuevos retos que plantea la evolución de la sociedad actual.

Aunque la tasa de abandono escolar temprano ha bajado en España, situándose en un 12,8%, seguimos siendo uno de los países europeos con las peores cifras, muy por encima de la media que se sitúa en torno al 9,4%.

Es importante tener en cuenta dos datos. El primero, que la brecha de género sigue siendo favorable a las mujeres, con una tasa del 9,5% frente al 15,9% en hombres. El segundo, que el abandono en la población sin nacionalidad española sube hasta el 30,7%, triplicando la tasa de la población con nacionalidad española (9,8%).

Por todo ello, desde PACMA proponemos:

– Fomento de un sistema de formación profesional que responda a las exigencias presentes y futuras del mercado laboral, potenciando la formación en nuevas tecnologías y la adaptación de los sectores tradicionales (agricultura, turismo, construcción).

– Sistema de becas que apueste por una mayor preparación y cualificación de los jóvenes, y desincentive la incorporación a edades muy tempranas al mercado laboral.

– Intervenciones específicas que atiendan las barreras lingüísticas, socioeconómicas, culturales y burocráticas.

– Medidas contra la segregación escolar residencial, reformulando los algoritmos y criterios de matriculación y reparto de plazas para evitar la concentración excesiva de alumnado extranjero en determinados centros públicos, dado que la diversidad equilibrada mejora el rendimiento de los entornos vulnerables.

– Incorporación a las plantillas de los colegios e institutos de mediadores interculturales que compartan el idioma y contexto de las comunidades mayoritarias del barrio, claves para generar confianza mutua, resolver conflictos y conectar a las familias con el centro escolar.

– Agilización en la homologación de títulos, flexibilizando y acelerando la burocracia para convalidar los estudios que los/as jóvenes hayan realizado en sus países de origen, puesto que el retraso en estos trámites provoca que sean escolarizados en cursos inferiores, lo que fomenta el desinterés y el abandono por desfase madurativo.

Colectivos

JóvenesMujeresFamiliasMenores y alumnos

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 66

La creación de empleo en España está tradicionalmente vinculada al sector turístico, que tiene un marcado carácter estacional.

Esta circunstancia determina que la mayor parte de la contratación se produzca sólo en determinadas épocas del año y que los empleos que se crean se destruyan una vez concluido el periodo estival.

Las necesidades de personal determinan que, en algunos casos, accedan a este tipo de empleos personas con escasa formación y cualificación en el sector, sin perspectivas de continuidad en el mismo, lo que conlleva, a su vez, que se trate de un empleo precario y de baja calidad.

Desde PACMA proponemos la creación de un tejido de oferta turística alternativa al modelo actual, en los ámbitos cultural, deportivo, entorno rural, zonas de interior, congresos y negocios.

Estos modelos de turismo deben implantarse de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y los animales, las ciudades y sus vecinos/as. No requieren inversiones añadidas, pues se puede aprovechar la infraestructura ya existente creada alrededor del modelo actual.

Entre las medidas necesarias para alcanzar este objetivo estarían:

– Promoción a nivel internacional.

– Establecimiento de convenios con los operadores turísticos.

– Formación y cualificación de los trabajadores del sector, tanto de los profesionales en activo, como de los desempleados.

Palancas

Reorganizar el Estado

Fuente

PDF, pág. 67

La crisis, la mala gestión política y, más recientemente, la pandemia, provocaron el cierre y el desmantelamiento de numerosos centros de trabajo sobre los que se sostenía gran parte de la economía familiar.

Desde el Partido Animalista proponemos una reconversión inteligente y efectiva de estos centros de trabajo, para reactivar e impulsar el crecimiento del tejido productivo industrial y empresarial, favoreciendo las nuevas iniciativas e incorporando la I+D+I, que permita la creación de empresas respetuosas con el medio ambiente, adaptadas a las exigencias que marca el desafío de la lucha contra el cambio climático y que puedan competir en el más alto nivel de desarrollo tecnológico en un escenario global.

Colectivos

Empresas e industria

Palancas

Reorganizar el Estado

Fuente

PDF, pág. 67

Proponemos medidas de fomento del empleo en el sector, a través de programas de formación, asesoramiento técnico y empresarial, creación de infraestructuras comunes, subvenciones, bonificaciones y beneficios fiscales, dirigidas a la creación de un modelo de producción agrícola sostenible y ecológico, superando la producción extensiva tradicional, que busque la calidad de los productos, el respeto al medio ambiente, el impulso y la conservación del entorno rural, la inserción en el empleo de colectivos tradicionalmente excluidos y la cercanía al consumidor.

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 68

La construcción es uno de los sectores en los que más destaca la falta de profesionales en España. Según las estimaciones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) serían necesarios 700.000 profesionales para cubrir la demanda actual y el relevo generacional. Y es que menos del 11 % de los trabajadores de la construcción en nuestro país tiene menos de 30 años, mientras que más de la mitad supera los 45 años y se prevé que más de 139.000 abandonen el mercado laboral en los próximos 5 años por jubilación.

Desde PACMA apostamos por impulsar la oferta y el número de plazas de las acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en las diferentes ramas de la construcción, así como por una transformación del propio sector, que pase por la rehabilitación energética de viviendas y edificios, para hacerlos más eficientes y sostenibles.

Esta medida debe combinarse con un esfuerzo en particular hacia la rehabilitación de inmuebles ubicados en los centros de las ciudades, con el objetivo de:

– Transformar el entorno urbano para hacerlo más sostenible, habitable, atractivo y accesible.

– Ampliar la oferta de viviendas, evitando la gentrificación.

– Mejorar la movilidad de los residentes, para reducir la dependencia de los vehículos motorizados.

– Mejorar la imagen de las ciudades.

Colectivos

Discapacidad y dependencia

Fuente

PDF, pág. 68

Para el desarrollo y el futuro de nuestra sociedad es fundamental el trabajo de los autónomos y autónomas y las pymes, que luchan por sobrevivir en un mercado cada vez más complicado.

Por ello, proponemos la creación de un fondo de financiación destinado a facilitar el acceso de autónomos/as y pymes a líneas de crédito a interés cero, para apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la consecución de alguno de los siguientes fines:

– Crear empleo estable.

– Incorporar tecnología medioambientalmente sostenible o técnicas que contribuyan a reducir el impacto medioambiental de la actividad.

– Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de los animales.

Para el crecimiento de la actividad económica y promover el emprendimiento, consideramos relevante el impulso a las empresas de nueva creación y apostamos por un apoyo decidido a las mismas por medio de las siguientes propuestas:

– Política de mayores bonificaciones fiscales para emprendedores/as, startups y empresas innovadoras.

– Ampliación del soporte y asesoramiento gratuito, por parte de los entes públicos, para la creación y primeros años de desarrollo de estos modelos de negocio.

– Elaboración de un censo de las empresas de nueva creación, e integración en un portal web donde puedan darse a conocer y a través del cual se potencie el mecenazgo.

– Fortalecimiento de los programas de formación, orientación y asesoramiento gratuitos, en materia fiscal, nuevas tecnologías, nuevos mercados, sostenibilidad medioambiental, calidad, atención al público, ...

– Agilización de los procesos de creación de empresas y del inicio de las actividades, mediante la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación administrativa de los trámites exigibles.

Colectivos

Autónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industria

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 68

Cada vez más personas se ven en serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea como compradoras o como inquilinas, abocadas a compartirla o a vivir en la periferia.

En la última década, el imparable auge del alquiler turístico ha reducido enormemente la oferta del alquiler de larga duración, provocando un desmedido aumento de los precios para los residentes. El precio medio del alquiler en España ha acumulado un incremento del 94% en los últimos 10 años, lo que provoca que las personas que arriendan tengan que destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler.

Sin embargo, la gravedad de la crisis habitacional es especialmente aguda en nuestro país, no sólo debido a la turistificación, sino también al escaso parque de vivienda social. Para que nos hagamos una idea, en España sólo el 3,4% del parque residencial es vivienda social. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea, cuya media ronda el 9%, destacando Países Bajos, con un 34%, Austria, con un 25% o Dinamarca, con un 20%.

Además, este escaso volumen de vivienda pública o protegida reduce la capacidad del Estado para regular los precios del mercado libre frente a tensiones de demanda e inversión extranjera.

El Gobierno, que no ha sido capaz de resolver esta situación a lo largo de dos legislaturas, no ha reaccionado hasta que la calle ha explotado. Sólo tras masivas manifestaciones y una nueva acampada en Sol por el derecho a la vivienda, ha aprobado dos normas de manera urgente que, por el momento, lo que han provocado es la retirada de viviendas del mercado y una consecuente subida de precios en las escasas disponibles.

Ante la falta de vivienda pública para alquiler, la carga de su inacción recae ahora, en gran parte, sobre los propietarios particulares, con prórrogas de contratos y suspensiones de lanzamientos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los inquilinos e inquilinas no quiere permanecer meses y meses en una vivienda que no puede pagar. Lo que quiere es poder pagar la vivienda que necesitan para vivir: que la renta sea asequible para su nivel de ingresos, y retrasar la recuperación de las viviendas en casos de impago, no ayuda a bajar los precios del alquiler. Puede suponer un parche momentáneo, pero conduce a una ampliación de la oferta y, por tanto, no soluciona la cronificación de esta problemática.

La solución real pasa por la construcción masiva de vivienda pública, así como por la adquisición de viviendas vacías, para destinarlas tanto a compra como a alquiler social. Con la misma finalidad, se deben perseguir acuerdos con las entidades financieras que dispongan de viviendas deshabitadas para destinarlas también al alquiler a precios sociales.

Otras medidas para reducir el precio de la vivienda son:

– Incentivos fiscales, ofreciendo bonificaciones del 100% en el IRPF o exenciones del IBI a los pequeños propietarios/as que pongan su vivienda en el mercado un 10% o 15% por debajo del precio medio de la zona; reduciendo temporalmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en viviendas de segunda mano y el IVA en viviendas de obra nueva, para compradores de primera vivienda habitual.

– Seguridad jurídica ante impagos, mediante seguros o avales públicos.

– Persecución efectiva del fraude, blindando legalmente el uso del alquiler por habitaciones y de temporada mediante un registro obligatorio, evitando que se utilicen de forma fraudulenta para sortear la Ley de Vivienda.

– Descentralización y teletrabajo, potenciando las infraestructuras de transporte (AVE, cercanías) y la conectividad digital en ciudades medianas y zonas rurales, para distribuir el empleo y la habitabilidad, rebajando la presión de demanda en capitales saturadas.

– Desincentivar la compra especulativa, aplicando recargos fiscales a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y no residentes.

– Restringir las licencias de pisos turísticos en cascos históricos y barrios tensionados.

Con relación al acceso a la vivienda de alquiler, debemos destacar que, si ya es complicado para cualquiera, para las familias interespecie, mucho más. Los datos que reflejan los propios portales de anuncios no dejan lugar a dudas: sólo un 7% admite animales. Por ello, desde PACMA impulsaremos una reforma de la Ley Arrendamientos Urbanos que, de manera expresa, declare nulas las cláusulas que prohíban la tenencia de animales de compañía en los contratos.

Colectivos

Familias

Palancas

Cambio legalImpuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el Estado

Territorios

Unión Europea

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PDF, pág. 69

Actualmente, más del 85% de la población vive en ciudades, principalmente en zonas superpobladas, mientras que la mayoría de los pueblos se están vaciando de forma lenta pero constante. Un proceso de despoblación que, junto a la falta de relevo generacional en la agricultura, son las dos principales amenazas que acechan al medio rural.

Una problemática que los sucesivos gobiernos no han querido o sabido afrontar.

En los últimos años, sin embargo, varias iniciativas ciudadanas o privadas, para poblar y reactivar pueblos con baja densidad poblacional, han demostrado que, en realidad, son muchas las personas con ganas de vivir y emprender en el medio rural, habiendo superado las solicitudes, en todos estos casos, las expectativas. Por lo tanto, es más una cuestión de conectar a las personas con los pueblos, y acompañarlas en el proceso de cambio, para generar así actividad económica y social.

Mediante estas iniciativas, muchas familias han encontrado un nuevo hogar en municipios que enfrentaban problemas de despoblación, creando nuevos negocios. En su mayoría se trata de parejas de entre 40 y 50 años, con hijos e hijas, y el tipo de negocio creado es familiar y vinculado al sector servicios en un 60%.

Desde PACMA proponemos, en esta misma línea, el desarrollo de un Plan de recuperación rural, que prevea la creación de un servicio de asesoramiento integral para las personas dispuestas a vivir y emprender en el entorno rural, que les pueda orientar desde el inicio, a la hora de elegir el pueblo que encaje mejor con su idea de negocio y los acompañe durante todo el proceso de cambio, de manera que la adaptación a su nueva vida sea lo más sencilla y exitosa posible.

En definitiva, se trata de generar seguridad, acompañamiento y conexión con los pueblos, con el objeto de garantizar la viabilidad de los proyectos emprendedores y, con ello, la fijación de población rural.

Como medidas prioritarias de este Plan, en un ejercicio de gobernanza multinivel de los gobiernos estatal, autonómicos y locales, es fundamental la prestación y cercanía de los servicios públicos esenciales, el impulso a la innovación, la digitalización, la plena conectividad territorial, la capacitación digital de la población rural y el refuerzo de las bolsas de vivienda.

Colectivos

FamiliasAutónomos, pymes y emprendedoresMundo rural y mar

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 70

Las actividades del I+D+i son generadoras de avances sociales en forma de calidad de vida y mejora del medio ambiente. Las sociedades con mayor riqueza, igualdad, recursos sanitarios, mejor educación y cultura, son las que han dedicado mayores recursos a la investigación, demostrando que su desarrollo es fundamental para avanzar hacia una sociedad mejor.

En los últimos años, la inversión en I+D ha aumentado en España, no obstante, sigue estando muy lejos de la media europea y de lo que nos correspondería por potencial económico.

Es necesario defender la investigación, el desarrollo y la innovación, como motores para la economía y la creación de empleo, teniendo en cuenta criterios éticos en el desarrollo y aplicación de la política tecnológica e industrial.

PACMA estableció su compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación mediante su adhesión al acuerdo en defensa de la I+D+i en la denominada ‘Carta por la Ciencia’.

Para favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación, proponemos las siguientes medidas:

– Mayor inversión en I+D+i.

– Inclusión de la I+D entre los “sectores prioritarios”, emitiendo ofertas de empleo público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos.

– Orientación de la I+D+i hacia el beneficio común, los retos sociales y medioambientales.

– Libre acceso a los resultados de las investigaciones científicas financiadas con fondos públicos.

– Creación y promoción de un portal digital de referencia que unifique y difunda las investigaciones realizadas en las universidades públicas, que ponga en contacto a las universidades de las diferentes comunidades autónomas entre sí, así como con las empresas privadas.

– Puesta en marcha de programas de apoyo a la ciencia y formación de jóvenes investigadores, así como inversión en las infraestructuras deterioradas.

– Apuesta por la potenciación de los centros de investigación tecnológica.

– Apoyo de proyectos de innovación tecnológica en las pymes, con el objetivo de aumentar su productividad, eficiencia, presencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

– Creación de fondos público-privados de capital riesgo y mejora del sistema de incentivos fiscales a las empresas.

– Colaboración con investigaciones pioneras vinculadas a sectores económicos emergentes o consolidados. Estas colaboraciones perseguirán poner al servicio de los investigadores e investigadoras nuestros recursos energéticos, tecnológicos y naturales siempre que sean respetuosos con el medio ambiente y los animales.

– Puesta en marcha de un ciclo periódico e itinerante de conferencias sobre investigación e innovación en todos los campos del conocimiento.

– Aumento de las ayudas a la investigación tanto predoctorales como postdoctorales.

– Financiación de proyectos enfocados a la perdurabilidad de los bienes de consumo, contra la obsolescencia programada.

– Fomento de programas de desarrollo de productos plant-based.

– Incentivación para el desarrollo y la aplicación de métodos alternativos a la experimentación en animales.

Colectivos

JóvenesAutónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industria

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 71

El Consejo Económico y Social (CES) cifra el fraude fiscal en nuestro país en torno al 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Si tenemos en cuenta que el PIB de España ronda el billón de euros, la cantidad defraudada a la Hacienda Pública estaría en torno a los 95.000 millones cada año.

La mayor parte de la evasión fiscal la cometen las grandes fortunas y empresas. Combatir el fraude es una medida de equidad impositiva, de justicia tributaria y de consolidación fiscal, que permite incrementar los ingresos para financiar el gasto público, sin incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía que está al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

A pesar de las medidas adoptadas, el fraude fiscal sigue siendo un problema persistente en España y se requieren soluciones adicionales para abordarlo de manera efectiva. Para ello proponemos la implementación de controles fiscales más rigurosos, el uso de tecnología avanzada para detectar actividades sospechosas, así como mejorar la cooperación entre los países para combatir el fraude fiscal internacional.

Para medir la eficacia y eficiencia del gasto público, desde PACMA proponemos, además, implantar, de cara a los presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, un sistema unificado de valoración de la eficacia y eficiencia de las partidas de gastos que figuren en estos, publicando esta información e incorporando las consecuencias de esta a la gestión pública.

Colectivos

Autónomos, pymes y emprendedoresEmpresas e industria

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversión

Fuente

PDF, pág. 72

Para prevenir y luchar contra la corrupción proponemos las siguientes medidas:

– Eliminación de los aforamientos.

– Publicación por parte de los partidos políticos de la liquidación de gastos e ingresos electorales, en los tres meses siguientes a las elecciones.

– Cumplimiento de las recomendaciones sobre transparencia del Consejo de Europa (GRECO), introduciendo en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos códigos de conducta y normas que regulen los conflictos de intereses y la transparencia.

– Ley de Transparencia efectiva, que prevea una transparencia en la actuación pública y mecanismo que garanticen el pleno acceso de la ciudadanía a la información.

– Mayor transparencia y control en la contratación pública, uno de los principales focos de la corrupción. Queremos mejorar el acceso público de todos los datos relevantes a lo largo del proceso completo de contrataciones públicas, desde la licitación hasta la adjudicación y ejecución. Además, se deben establecer un mayor control y publicidad de los mecanismos de aprobación de sobrecostes.

– Publicidad de la ejecución presupuestaria, haciendo públicos los datos de esta, con el mismo nivel de detalle que los presupuestos.

– Actualización de las normas de contratación de personal no funcionario, reservando los cargos de libre designación al nivel superior de cada administración, limitando su número y exigiendo requisitos de idoneidad técnica. Los asesores/as de libre designación no deben ejercer funciones de auditoría o control. Sus nombramientos se deben publicar en los boletines oficiales y sus currículums y motivación para sus nombramientos, en la web de la Administración. Para el resto de los nombramientos, deben utilizarse estrictamente los principios de mérito y capacidad, así como las garantías de independencia en la selección personal, despolitizando la función pública y sus órganos de control interno. Se debe exigir una total transparencia en los procesos de selección: número de plazas, pruebas y criterios utilizados, composición de los tribunales, resultados y otros méritos apreciados en los candidatos/as, evaluaciones en casos de promoción interna, etc.

Colectivos

Empleados públicos

Palancas

Cambio legalGasto e inversión

Fuente

PDF, pág. 72

Nuestro sistema deriva de una Transición en la cual unos partidos políticos, que no tenían entonces respaldo social, necesitaban verse reforzados desde las instituciones como promotores y conductores de toda reforma. Desde entonces, estos mismos partidos han obstaculizado siempre las vías de participación que no controlan, temiendo el impacto que pueda tener una ciudadanía crítica y participativa.

Todo ello contribuye a que nuestra democracia se vea limitada. Dos ejemplos son las limitaciones a las Iniciativas Legislativas Populares y la injusta Ley Electoral.

Además, un sistema realmente democrático no limita la participación ciudadana a votar cada cuatro años.

En PACMA creemos en espacios institucionalmente abiertos para consultas sobre los contenidos de las políticas y programas de gobierno.

Hoy en día podemos contar con las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar la información y la colaboración entre gobiernos, partidos, instituciones, movimientos sociales y ciudadanía, y avanzar hacia una democracia participativa que dé respuestas a las demandas de la sociedad.

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 73

Las ILP constituyen el principal mecanismo que proporciona el sistema a los ciudadanos y ciudadanas para intervenir de manera directa en la elaboración de las leyes que nos gobiernan. Sin embargo, las materias sobre las que pueden versar son muy limitadas y su procedimiento está lleno de obstáculos.

Desde PACMA consideramos urgente una reforma de la Ley con la finalidad de facilitar el procedimiento, pero, sobre todo, de dotar a las ILP de la relevancia que merecen, a través de las siguientes medidas:

– Reducción del número de firmas necesarias.

– Ampliación del plazo para la recogida.

– Incorporación de recursos y nuevas tecnologías para el procedimiento de recogida de firmas.

– No exclusión de materias susceptibles de ser objeto de una ILP.

– Toma en consideración obligatoria por el Congreso de los Diputados.

Palancas

Cambio legal

Fuente

PDF, pág. 74

La vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General favorece desorbitadamente a los dos partidos que en su día la pactaron y que se alternan en el Gobierno desde la Transición. Establece un sistema injusto, diseñado para obstaculizar lo máximo posible la entrada de nuevos partidos y perpetuar así su bipartidismo.

Con un sistema electoral justo, de circunscripción única, en las Elecciones Generales de 2019, el Partido Animalista habría conseguido no uno, ni dos, sino cuatro escaños. Sin embargo, con más de 326.000 votos, PACMA no obtuvo representación, mientras cinco partidos con menor número de votos sí obtuvieron entre uno y cuatro diputados.

Desde PACMA defendemos una reforma de la LOREG hacia un sistema electoral justo, donde todos los votos tengan el mismo valor, a través de las siguientes medidas:

– Cambio a un sistema electoral de circunscripción única, sin barrera electoral y con un reparto de escaños proporcional al número de votos.

– Supresión del requisito de presentación de firmas para avalar las candidaturas de los partidos que aún no tengan representación.

– Asignación de la subvención correspondiente a los votos de cada partido tras los comicios, con independencia de si ha obtenido o no representación, garantizando la actividad de todas las opciones políticas en función del apoyo social que reciben.

– Igualdad en el acceso a los medios de comunicación públicos. Como parte del derecho de los partidos a concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones, defendemos que sea asignada la misma cantidad de minutos para la emisión de los vídeos electorales a todos los partidos que se presenten.

– Garantía de la cobertura informativa en los medios de comunicación públicos de las campañas de todos los partidos que concurran a las elecciones.

– Eliminación o, en su defecto, reducción del uso de papel en las campañas electorales, remitiendo la propaganda, papeleta y sobre electoral, de todos los partidos que se presenten, en un único envío.

– Asignación equitativa de los espacios que se reservan para la propaganda electoral y la realización de actos de campaña electoral. Cuando varias solicitudes sean coincidentes, se atenderá exclusivamente al criterio de igualdad de oportunidades y no a las preferencias de los partidos con mayor número de votos en anteriores elecciones.

– Composición equilibrada de las candidaturas, en lugar de paritaria, en la que las mujeres representen, al menos, la mitad de los candidatos/as, para no perjudicar la mayor presencia y relevancia de mujeres en candidaturas como las de PACMA.

Colectivos

Mujeres

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónPlan o pacto

Fuente

PDF, pág. 74

Las tecnologías de la información y la comunicación deben estar al alcance de toda la población y servir como mecanismo para garantizar el acceso libre a la información.

La libertad de información y la libertad de expresión son necesarias para evitar la concentración de la información en manos de unos pocos. A su vez, para la autonomía de los ciudadanos y ciudadanas, que es fundamental en una democracia real y participativa, es indispensable la libertad de información.

Internet es uno de los pocos medios a través del cual la población puede acceder a diversas fuentes de información, diferente a la suministrada por los grandes medios de comunicación, con opciones pluralistas.

La posibilidad de conectarse a Internet y los recursos telemáticos son cruciales para un acceso sin límites a la información. Sin embargo, la ausencia de conectividad o de equipos pone de relieve la brecha digital, entendida como la separación que existe entre las personas que utilizan las nuevas tecnologías en su vida diaria y aquellas que no pueden tener acceso a las mismas o que, aun teniéndolo, no saben cómo utilizarlas.

Por todo ello, desde PACMA queremos fomentar la expansión de la comunicación inalámbrica, la elaboración de guías informativas y programas formativos gratuitos dirigidos a las personas mayores y a las personas en riesgo de exclusión social, la instalación de puntos de acceso a internet gratuito para personas en riesgo de exclusión social, el uso de estándares abiertos en los documentos electrónicos emitidos y/o reclamados por la Administración y la publicación de las herramientas y materiales desarrollados por la Administración con licencias de distribución libre.

Además, la información debería ser libre, independiente, objetiva y veraz, para lo que es primordial, entre otros, despolitizar los medios de comunicación, cortando los vínculos de dependencia financiera y orgánica entre los partidos políticos y las redacciones. Este objetivo requiere reformas profundas tanto en las radiotelevisiones públicas como en el ecosistema de medios privados.

De cara a los medios públicos, se debe garantizar que los consejos de administración y la dirección de las radiotelevisiones públicas se elijan mediante concursos públicos basados en méritos profesionales, con mandatos que no coincidan con los ciclos electorales, así como sustituir las subvenciones anuales discrecionales por un modelo de financiación blindado a largo plazo, para impedir que el ejecutivo de turno amenace con recortes presupuestarios si la cobertura informativa le resulta incómoda.

De cara a los medios privados, se debe prohibir el reparto discrecional de campañas pagadas por instituciones o empresas públicas. La ley debe obligar a que este dinero se distribuya exclusivamente mediante criterios técnicos verificables, como la audiencia auditada o el público objetivo de la campaña. Además, los medios deben hacer pública su estructura accionarial y sus deudas con entidades financieras o instituciones públicas. También es necesario aplicar medidas antimonopolio estrictas para evitar que grandes conglomerados empresariales controlen múltiples televisiones, radios y periódicos a la vez.

Colectivos

Mayores y pensionistasEmpresas e industriaDiscapacidad y dependencia

Palancas

Cambio legalGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 75

La violencia machista, como manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder, se ha cobrado la vida de más de mil trescientas mujeres en España desde 2003, año en el que en nuestro país se empezó a contabilizar el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Las encuestas de Sanidad indican que más de ochocientos mil hijos e hijas de mujeres maltratadas sufren anualmente las consecuencias de la violencia machista en España; la mayoría, de manera directa.

No podemos olvidar que, además de los hijos e hijas, muchos animales también son víctimas de la violencia vicaria, siendo amenazados, maltratados o matados por los agresores para causar daño y sufrimiento a la mujer.

La sociedad en general y las Administraciones Públicas en particular, deben participar en la erradicación de esta lacra social.

La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza y de las listas de desempleo; cuando dejen de sufrir los problemas de conciliación de su vida personal, familiar y laboral; cuando exista una verdadera educación no sexista en la que las niñas y los niños tengan un presente y un futuro con las mismas oportunidades; cuando en los hogares haya realmente una corresponsabilidad y un reparto equitativo de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares; cuando se combata la discriminación salarial todavía existente y se promueva la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad de manera eficaz.

Además de las medidas de igualdad y equidad propuestas en anteriores epígrafes, desde PACMA proponemos medidas específicas contra la violencia sobre la mujer, como:

– Programas educativos de prevención de violencia sobre la mujer en todas las etapas educativas.

– Formación específica en la materia de todos los/as profesionales que intervengan en el proceso educativo, procurándoles las herramientas necesarias para la detección de situaciones de violencia machista en jóvenes.

– Protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, con formación especializada para el personal sanitario.

– Unidades policiales especializadas y disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para atender los casos de violencia machista.

– Potenciación de las unidades de valoración forense integral, con personal especializado.

– Mejora de los mecanismos de protección para las víctimas. Estas mejoras han de pasar por articular en los presupuestos planes de ayudas económicas que les permitan rehacer sus vidas y que no se tramiten solo a través de las rentas activas de reinserción en casos muy graves de máxima necesidad.

– Más recursos asistenciales y sociales para las víctimas con independencia del momento procesal en el que se encuentre su caso.

– Fortalecimiento de la tutela judicial y del acceso a la justicia.

– Formación especializada en violencia machista de todos los estamentos de la Justicia (judicatura, fiscalía, abogacía, medicina forense y personal al servicio de la administración de justicia).

– Implantación de equipos multidisciplinares con formación específica integrados por profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, medicina y psicología forense y policía, para ofrecer una respuesta integral a los casos de violencia machista durante todas las fases del proceso.

– Mayor protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Debe darse a los/as menores un tratamiento y protección específicos, incluida la asistencia social integral, con la previsión de dotarles de asistencia letrada autónoma y defensor judicial en caso de conflicto de intereses.

– Equipos especializados en menores víctimas de violencia de género en los órganos judiciales.

– Reconocimiento legal de la violencia vicaria ejercida sobre los animales.

– Incremento del número de casas de acogida, pisos tutelados y puntos de encuentro familiar.

– Admisión de los animales a cargo de las mujeres víctimas de violencia machista a las casas de acogida y pisos tutelados.

– Implantación de planes y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general y a los/as jóvenes en particular, con la finalidad de eliminar los prejuicios y estereotipos de género y prevenir conductas de violencia machista.

Colectivos

JóvenesMujeresFamiliasMenores y alumnosVíctimasPolicías, guardias civiles y militares

Palancas

Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónPlan o pacto

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PDF, pág. 76

La Ley Orgánica de protección jurídica del menor incluye la protección de la infancia contra toda forma de violencia entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos y establece que los menores gozarán de los derechos que les reconocen la Constitución y los Tratados Internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.

La Convención, a su vez, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

El Comité de Derechos del Niño, como órgano de las ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención, se ha manifestado en varias ocasiones con relación a la tauromaquia como una actividad violenta de la que es necesario proteger a la infancia.

En 2018, tras examinar los informes de España, incluyó en sus Observaciones finales la tauromaquia en el apartado sobre “Violencia contra los niños” recomendando prohibir su asistencia y participación en estos espectáculos.

Sin embargo, tres años más tarde, el actual Gobierno, ignorando deliberadamente esta recomendación, elaboró la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, sin mencionar, irónicamente, su exposición y participación en las tradiciones más violentas que tienen lugar en nuestro país.

Esta absoluta desprotección ha provocado que, ante la evidente decadencia de la tauromaquia, en los últimos años se esté produciendo un incremento exponencial de actividades organizadas, apoyadas o impulsadas por los gobiernos locales y autonómicos, para iniciar a los menores, cada vez a edades más tempranas, como encierros infantiles o campamentos taurinos infantiles. Algunas plazas han incorporado, incluso, palcos infantiles, para que menores a partir de los 5 años puedan asistir gratis a las corridas y novilladas.

Es demencial, teniendo en cuenta que son numerosos los estudios que evidencian las consecuencias negativas de la participación y exposición de los menores a actividades violentas. Entre otras, que tiendan a hacerse indiferentes a la violencia, a considerarla normal, aceptable y legítima. Las corridas de toros, además, no sólo son una terrible exhibición de violencia extrema y explícita, sino que comportan elementos de celebración y glorificación de ésta.

Y no sólo debemos lamentar que se esté lesionando o poniendo en riesgo la integridad mental, moral y social de los menores, sino también la física, puesto que, cada año, son varios los que resultan heridos durante la celebración de estos festejos.

De cara al inicio de un nuevo procedimiento de revisión a España, en 2022, PACMA presentó ante el Comité el informe “Desprotección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia en España”, informando tanto del incremento de actividades dirigidas a fomentar la tauromaquia entre los menores, como sobre la absoluta inacción del Gobierno al respecto.

Posteriormente, el Gobierno presentaba su Séptimo informe periódico ante el Comité, al que tuvo la desfachatez de mentir descaradamente, asegurando que el Tribunal Constitucional había establecido, de manera expresa e inequívoca, que la competencia para prohibir la asistencia y/o participación de menores a los festejos taurinos corresponde a las CCAA. Desde PACMA presentamos entonces alegaciones, demostrando que el Gobierno había mentido, puesto que el TC jamás ha establecido tal cosa y el Gobierno sí tiene competencia para ello.

De hecho, no es que sea una de sus competencia. Es que es su deber y podría hacerlo mañana mismo para menores de 16 años. Y es que el RD 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas prohíbe en la entrada y permanencia de menores de esa edad en los espectáculos y demás actividades clasificadas por el Ministerio de Cultura para mayores de 16. Dos veces que así lo hemos solicitado al ministro Urtasun a lo largo de la legislatura y dos veces que se ha negado.

Aun así, tras las alegaciones de PACMA ante el Comité, al Gobierno no le quedó más remedio que reconocer que sí puede prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos y festejos taurinos y, durante la sesión celebrada el pasado mes de enero, la ministra de Infancia se comprometió a ello ante el Comité, modificando la LOPIVI en este sentido.

En esta ocasión, el Comité ha sido mucho más contundente, no sólo reiterando su recomendación de prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos taurinos, sino añadiendo que se debe prohibir en todo tipo de espectáculos, festejos y escuelas taurinas, además de exigir al Gobierno campañas de sensibilización dirigidas tanto a la población, como a los medios de comunicación y, especialmente, a los cargos públicos, sobre los efectos negativos que tiene en los niños y niñas la violencia asociada a la tauromaquia.

Cuál fue nuestra sorpresa cuando, meses más tarde, comprobamos que el Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modificaba la LOPIVI, de nuevo, no hacía ninguna mención a su exposición a la violencia de la tauromaquia.

Queda claro que sólo PACMA es capaz de impulsar la prohibición de la asistencia y participación de menores en espectáculos, festejos y cualquier tipo de actividad en la que se ejerza violencia, como la tauromaquia y la caza.

Colectivos

Menores y alumnosPolicías, guardias civiles y militares

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 77

España registra un índice de envejecimiento récord del 148%, lo que significa que hay 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según los datos publicados por la Fundación Adecco.

Conocer más y mejor las necesidades de las personas mayores era ya uno de los retos de nuestro país, llamado a estar entre los países más envejecidos del mundo en las próximas décadas.

Sin embargo, el impacto que supuso la crisis sanitaria por la pandemia en los centros geriátricos y residencias de la tercera edad expuso las debilidades del sistema sanitario y el vacío que existe en la responsabilidad social sobre las tareas de cuidado de las personas mayores, cuyas necesidades suelen ser relegadas a un segundo plano.

Es fundamental promover un envejecimiento activo desde el sistema de salud, mediante una mayor implicación en el mantenimiento, el refuerzo y la modernización de los servicios de atención intermedia, incluyendo los cuidados paliativos y la geriatría, especialmente para las personas con patologías crónicas y discapacidades, con el objeto de potenciar su autonomía, compensar las limitaciones y/o paliar su malestar.

Se debe priorizar el enfoque comunitario, con una atención integral desde la atención primaria, centrada en la persona, evitando el ingreso siempre que sea posible, para lo que es necesario garantizar la proximidad y la equidad en la provisión de los servicios.

Hay que prestar especial atención a los problemas a los que se pueden enfrentar las personas mayores relacionados con la salud, pero también con la discriminación, la violencia, el abuso, el abandono o la soledad. Es necesario fijar un marco de trabajo sistemático para la protección y la promoción de sus derechos y necesidades.

La vida de las personas en la tercera edad se torna más pasiva. Muchas sufren un deterioro físico o cognitivo que les impide valerse por sí mismas, y en su entorno no encuentran las atenciones necesarias. En los casos en los que puedan permanecer en su propio domicilio, no se debe dejar de lado su supervisión y se debe fomentar que puedan utilizar centros de día, para disfrutar de un entorno y actividades diarias.

Desde PACMA impulsaremos las siguientes medidas:

– Provisión de sistemas de monitoreo.

– Incremento de los recursos para ofrecer un tratamiento domiciliario adecuado.

– Fortalecimiento de los servicios de urgencias y transporte sanitario.

– Aumento del número de centros de día, así como de los programas de actividades dirigidas a las personas mayores.

– Desarrollo de programas de acompañamiento y soporte a la tercera edad para paliar las situaciones de soledad y exclusión.

– Potenciación de la relación entre las redes de voluntariado y profesionales de la salud, ofreciendo una mejor atención.

– Ampliación de las plazas en las residencias públicas para la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.

– Reconocimiento y condiciones dignas para el personal sanitario y asistencial.

– Regulación del acceso de animales de compañía a las residencias.

Y, por supuesto, es inaplazable reformar la Constitución para blindar las pensiones, garantizando que el sistema público no pueda recortarse, ni privatizarse.

Colectivos

Mayores y pensionistasPacientes

Palancas

Cambio legalPlan o pacto

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PDF, pág. 79

PACMA está comprometido con la lucha contra toda discriminación y, por tanto, con la normalización de los ciudadanos y ciudadanas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y más, tratando de ser un referente positivo de integración y de lucha contra toda discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género. Por ello, suscribimos e incorporamos las demandas del colectivo LGTBI+, como:

– Refuerzo de la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos.

– Potenciación de la prevención del acoso y la violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en los centros educativos.

– Fortalecimiento de los programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar, y desarrollo de campañas específicas para la prevención de la LGTBIfobia y del acoso por orientación sexual o identidad de género.

– Promoción para la creación y/o el desarrollo de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI+.

– Fomento de programas de Información y Atención a personas LGTBI+, que contemplen también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población.

– Impulso para el desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a personas LGTBI+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGTBfobia, así como de apoyar a las personas trans a lo largo del proceso de transición.

– Realización de campañas de normalización social y de respeto tanto a la diversidad sexual como familiar.

– Inclusión y reconocimiento de las familias LGTBI+ en las políticas sobre familias.

Colectivos

JóvenesFamilias

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 80

En PACMA somos conscientes de las dificultades a las que se deben enfrentar las personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual o del desarrollo y consideramos por ello necesario eliminar todos los factores y elementos que limitan su desarrollo personal y social y su acceso a los derechos bienes y servicios de la comunidad.

Además de las propuestas ya expuestas en el ámbito de la educación, el empleo, la cultura o la conciliación, apoyamos y defendemos propuestas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, reforzar el reconocimiento y la protección de sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y, en definitiva, elevar su grado de inclusión y normalización sociales. Entre otras:

– Garantizar la libertad de circulación mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas, el aumento de la accesibilidad en edificios y medios de transporte, y la creación de estacionamientos suficientes reservados.

– Garantizar la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos esenciales, incorporando pictogramas, lectura fácil, señalización accesible y aplicaciones web comprensibles, contando con la participación de personas con discapacidad para sus validaciones.

– Realizar campañas de formación en accesibilidad para todos los agentes implicados en la eliminación de las barreras existentes, programas de sensibilización para toda la ciudadanía y formación especializada para profesionales clave en ámbitos como la educación, la sanidad, la justicia, la administración o la seguridad.

Colectivos

FamiliasDiscapacidad y dependencia

Palancas

Reorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 80

Todas las personas podemos ser migrantes en algún momento. Actualmente, más de 200 millones de personas en el mundo lo son. La guerra, la persecución, la violencia, la inseguridad, la miseria, la falta de oportunidades o el cambio climático son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a abandonar su país, su casa, su familia; en definitiva, su vida. La esperanza de una vida mejor los lleva a enfrentar el miedo, el dolor, la soledad, los peligros y los abusos que pueden encontrar en el camino.

Estas personas necesitan un lugar seguro en el que rehacer sus vidas. No solo para quiénes han tenido que abandonar su hogar en países devastados por los conflictos bélicos: en el mundo, millones de personas son perseguidas por su raza u origen étnico, convicciones políticas o religiosas, u orientación sexual. En muchos casos, estas personas se ven obligadas a huir ante el miedo a ser detenidas, torturadas, maltratadas o, incluso, asesinadas.

A finales de 2025, el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo alcanzó los 117,3 millones. Entre ellas, 67,8 millones dentro de las fronteras de sus propios países, casi 42,5 millones de refugiadas en otros países y 7 millones solicitantes de asilo.

Se trata de una crisis de envergadura mundial. Sin embargo, mientras países con menos recursos hacen todo lo que pueden y más, los países más ricos hacen poco o nada.

Desde el Partido Animalista proponemos la adopción de las siguientes medidas:

– Acceso unificado a todos los derechos, como la educación, la sanidad y el alojamiento para una inclusión efectiva.

– Fomento de programas de acogida que garanticen unas condiciones dignas y comprendan actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía y el bienestar de las personas refugiadas.

– Aumento del número de plazas en los centros de acogida, con especial atención a la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados.

– Impulso de equipos técnicos multidisciplinares en los centros de acogida, que trabajen en coordinación con equipos de inclusión y jurídicos.

– Mejora en la atención a personas inmigrantes y refugiadas, con asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario, incluyendo información sobre la protección animal y el protocolo que se debe seguir en caso de traer un animal desde otro país.

– Puesta en marcha de programas y campañas contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social.

Colectivos

FamiliasMenores y alumnosInmigrantes y solicitantes de asilo

Palancas

Plan o pacto

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PDF, pág. 81

Además de las propuestas planteadas en otros ámbitos, como el de la educación, la cultura o el empleo, consideramos importante establecer medidas específicas para prevenir y/o reducir en la juventud el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, mediante el impulso de la oferta y promoción de alternativas saludables de ocio, con actividades culturales, artísticas y deportivas, como:

– Cursos, talleres y encuentros en horario nocturno, los fines de semana.

– Festivales de cine, música, danza, teatro y otros artes, de acceso gratuito o a precios accesibles.

– Acceso libre a museos y monumentos.

– Dotación al tejido asociativo juvenil de la capacidad, los medios y los recursos necesarios para desarrollar actividades culturales y de ocio alternativo.

– Creación de espacios físicos donde la juventud pueda compartir sus inquietudes y creaciones a nivel artístico y cultural, así como desarrollar su talento (locales de ensayo, exposiciones, encuentros, debates, …).

– Promoción del horario nocturno los fines de semana en los centros polideportivos y culturales.

Colectivos

Jóvenes

Palancas

Gasto e inversiónReorganizar el Estado

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PDF, pág. 81

Desde PACMA defendemos la necesidad de la oferta de opciones de menú basado en ingredientes de origen vegetal en los bares, cafeterías, restaurantes y comedores de dependencias públicas, como edificios administrativos, públicos, comedores escolares y universitarios, hospitales y centros penitenciarios.

Sólo de esta manera se puede garantizar la libertad de las personas, cada día más, que han decidido alimentarse de manera saludable y respetuosa con los animales.

Para ello, propondremos que, en los contratos de prestación de estos servicios, se establezca la obligatoriedad de ofrecer opciones de menú elaborados sin ingredientes de origen animal, así como que se incentive su inclusión en el sector privado de la restauración.

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PDF, pág. 82