Lo público es lo que nos iguala. Andalucía tiene la tasa de pobreza y exclusión más alta de todas las comunidades autónomas: en 2024, el 35,6 % de su población estaba en riesgo, casi diez puntos por encima de la media. Por eso depende más que nadie de una sanidad, una educación y unos servicios sociales fuertes. Sin embargo, el PSOE abrió la puerta al negocio privado y el PP la ha dejado de par en par: conciertos, externalizaciones y recortes de plantilla mientras crecen las listas de espera y la vivienda se convierte en un activo de inversión. Y la extrema derecha, que se llena la boca de patria, vota una y otra vez a favor de quienes hacen caja con la salud y el techo de las andaluzas y los andaluces. Frente a eso proponemos suelos de gasto por ley, gestión directa, plantillas suficientes y un parque público de vivienda que nunca se venda: sanidad, educación, vivienda y cuidados sin negocio a costa del dinero de todas y todos.
La sanidad pública tendrá un suelo de gasto fijado por ley y dejará de financiar el negocio privado: derogaremos la Ley 15/1997, que abrió la puerta a la gestión privada. Además, Andalucía es la comunidad que menos invierte en sanidad pública por habitante de todo el Estado.
Al menos el 8 % del PIB, y gasto por habitante en cada comunidad nunca por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Porque sin un mínimo fijado por ley, la sanidad es lo primero que se recorta cuando aprieta el presupuesto.
Desprivatización de toda la sanidad: fin de las nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y vuelta a la gestión pública de todo lo privatizado, porque los recursos públicos son para el sistema público de salud.
Porque el dinero público de la sanidad debe ir a la sanidad pública, no a beneficios privados.
Plan de internalización de limpieza, mantenimiento, gestión telefónica y transporte sanitario urgente, con subrogación del personal, porque de ellos dependen la calidad asistencial y el control de las infecciones hospitalarias.
Porque externalizar abarata a costa de la calidad, de las plantillas y del control de las infecciones.
Integración progresiva de MUFACE, ISFAS y MUGEJU en el Sistema Nacional de Salud; a quien entre nuevo no se le ofrecerá ninguna mutualidad.
Porque no tiene sentido que el Estado pague con dinero público una sanidad privada para su propio personal.
Del gasto en conciertos y externalizaciones de las tres últimas legislaturas, empezando por las empresas con ánimo de lucro.
Porque para cambiar el modelo hay que saber primero cuánto dinero público ha ido a manos privadas.
Más inspección de las incompatibilidades, sobre todo en cargos de gestión, y dedicación exclusiva para quien tenga plaza fija a tiempo completo en la pública, salvo docencia e investigación, con condiciones laborales que la hagan posible.
Porque quien trabaja a la vez en la pública y en la privada tiene un conflicto de intereses evidente.
Portal estatal con los resultados en salud por provincia y municipio y los criterios de gasto.
Porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero y con qué resultados.
La atención primaria será el centro del sistema: cita en 48 horas, al menos 10 minutos por paciente y un 25 % del gasto sanitario.
Cita en un máximo de 48 horas, presencial si se pide; al menos 10 minutos por consulta; 1.500 pacientes como máximo por profesional de medicina y de enfermería de familia; y urgencias de primaria 24 horas, bien dimensionadas y accesibles en el medio rural.
Porque hoy se espera días para ver a tu médica o médico de familia, y eso acaba colapsando las urgencias.
Suelos de inversión fijados por ley sobre el presupuesto sanitario total.
Porque la atención primaria y la prevención son lo más eficaz y lo que menos dinero recibe.
Centro de especialidades en cada municipio de más de 20.000 habitantes, cofinanciado por el Estado, para descargar los hospitales de referencia.
Porque vivir en un pueblo mediano no puede obligar a recorrer kilómetros para cada consulta.
En todo el Estado: 30 días para la primera consulta con especialista, 15 para una prueba diagnóstica y 120 para operarse, con listas publicadas cada mes y un plan de choque que use al máximo los medios públicos y dimensione las plantillas según la evidencia.
Porque una espera sin límite es, en la práctica, un derecho que no se cumple.
Contratación estable, incentivos en zonas de difícil cobertura y vivienda pública asequible para profesionales que se desplacen.
Porque sin incentivos y sin vivienda nadie se queda a trabajar en las zonas más aisladas.
Historia clínica sociosanitaria única e interoperable entre comunidades.
Porque el historial de una persona no puede perderse al cambiar de comunidad.
Servicio público de calidad en todo el Estado para quien lo necesite.
Porque muchas personas mayores viven solas y necesitan poder pedir ayuda a cualquier hora.
Jornada ordinaria y guardia sumadas, nunca más de 12 horas; la hora de guardia, nunca por debajo de la ordinaria y computable para la jubilación.
Porque nadie atiende bien después de 24 horas sin dormir.
Saldar la deuda histórica en el reconocimiento de las categorías, con la subida salarial correspondiente.
Porque muchas categorías hacen un trabajo de mayor cualificación del que se les reconoce.
Grado universitario para el personal Técnico Superior Sanitario de Imagen y Radioterapia y de Laboratorio y Anatomía Patológica, de 4 años y 240 créditos como en la mayoría de la UE. Además, estudiar criterios para unificar como formación de grado la dietética y nutrición y la audiología protésica.
Porque su formación y su responsabilidad no se corresponden con su clasificación actual.
Un hueco, un contrato de larga duración; supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado por ley y todas las ausencias cubiertas.
Porque la temporalidad y las bajas sin cubrir empeoran la atención y queman al personal.
Voluntaria, por la penosidad del trabajo sanitario.
Porque el trabajo sanitario a turnos y de noche desgasta mucho más que otros empleos.
Negociaremos que el nuevo Estatuto Marco recoja estas mejoras para garantizar la igualdad de condiciones en todo el Sistema Nacional de Salud.
Porque las condiciones del personal sanitario no pueden depender de la comunidad en la que trabaje.
El tiempo de relevo entre turnos para transmitir la información clínica, reconocido como jornada efectiva por la seguridad de pacientes.
Porque el relevo entre turnos es tiempo de trabajo y garantiza la seguridad de pacientes.
La jornada en sábado reconocida como festiva a todos los efectos.
Porque trabajar en sábado tiene el mismo coste personal que trabajar en festivo.
Turnicidad, nocturnidad, festividad y penosidad en los complementos del personal de los servicios de urgencias de atención primaria.
Porque quien trabaja de noche y en festivos en urgencias debe tenerlo reconocido.
Aprobar la ley de ratios para garantizar la seguridad de pacientes.
Porque con menos pacientes por enfermera hay menos errores y menos muertes evitables.
Higienistas bucodentales, fisioterapeutas, psicología clínica, podología, dietistas-nutricionistas y una trabajadora social en cada centro de salud, con el Trabajo Social reconocido como profesión sanitaria e integrado en los equipos de atención primaria, hospitales y salud mental, y plazas sociosanitarias de convalecencia vinculadas a los hospitales.
Porque la salud no es solo medicina: también es fisioterapia, nutrición, salud bucodental y apoyo social.
Una ley estatal del cáncer garantizará el tratamiento en un máximo de 21 días desde el diagnóstico.
Tratamiento en 21 días como máximo, reconstrucción mamaria en 90 días y apoyo social, laboral y psicológico hasta la recuperación completa.
Porque en el cáncer cada semana de espera cuenta.
Kit de cribado de colon y autotoma de VPH en casa, cribado colorrectal adelantado según la evidencia, seguimiento de la colitis ulcerosa y plazo máximo para todo el proceso.
Porque cuanto antes se detecta un cáncer, más fácil es curarlo.
Unidades del dolor en cada hospital de referencia y protección de ingresos mientras se resuelve la incapacidad; el lipedema, reconocido como enfermedad, con diagnóstico, prendas de compresión, drenaje linfático y cirugía en la sanidad pública.
Porque miles de personas con dolor crónico no tienen ni diagnóstico ni ingresos mientras se resuelve su caso.
Atención integral a las mujeres con endometriosis e investigación sobre sus cuidados y tratamientos.
Porque es una enfermedad frecuente que tarda años en diagnosticarse.
Prevención, determinantes sociales de la salud y financiación de los tratamientos según la agencia de evaluación.
Porque la obesidad tiene mucho que ver con la pobreza y no solo con los hábitos individuales.
Unidades de diagnóstico precoz, acceso equitativo a las terapias innovadoras y registro de pacientes.
Porque el diagnóstico precoz da tiempo y calidad de vida a las personas y a sus familias.
Según la evidencia científica y en todas las comunidades.
Porque detectarla pronto evita ingresos graves en la infancia.
Nuevo plan con una red pública de cuidados paliativos, también pediátricos, y hospitalización a domicilio las 24 horas, con atención especial al medio rural; cumplimiento del testamento vital y plazos más ágiles por ley para la eutanasia, sin recurso de familiares o allegados.
Porque morir sin dolor y con dignidad es un derecho que no puede depender del código postal.
Estudios epidemiológicos y planes contra la contaminación en el Campo de Gibraltar y el Polo Químico de Huelva, y regulación con el principio de precaución de los disruptores endocrinos en envases, cosméticos y materiales en contacto con alimentos.
Porque en algunas comarcas industriales se enferma más y hay que saber por qué.
La cartera común incluirá salud bucodental, óptica, podología y nutrición sin copago, y la atención en salud mental llegará en un máximo de 15 días.
Salud bucodental, visual, ortopédica, podológica y nutricional en la cartera de servicios, prestada en centros públicos.
Porque ir al dentista o comprarse unas gafas no puede depender de lo que uno gane.
Hasta la media europea de 18 psicólogos en el ámbito de la salud por 100.000 habitantes, más psicología clínica en salud mental comunitaria y más plazas PIR.
Porque el sufrimiento psicológico no puede esperar meses ni resolverse solo con pastillas.
Cita en salud mental comunitaria en un máximo de 15 días desde la derivación, con vía urgente cuando lo requiera la clínica.
Porque una espera larga en salud mental puede tener consecuencias irreparables.
Con financiación suficiente.
Porque la conducta suicida está detrás de una de las principales causas de muerte entre la juventud y se puede prevenir.
Espacios de acompañamiento psicosocial en barrios y pueblos, como el modelo «Centros con calma».
Porque la juventud necesita espacios donde pedir ayuda antes de llegar a una crisis.
Eliminar las contenciones mecánicas y farmacológicas con prevención, desescalada, acompañamiento y personal suficiente, y una figura independiente que defienda los derechos de las personas atendidas.
Porque atar a una persona es un fracaso del sistema, no un tratamiento.
Apoyo psicológico, terapéutico y de acompañamiento público a lo largo de toda la vida, para las personas y sus familias, con atención a quienes tienen menos recursos y una estrategia estatal elaborada con las personas con trastornos del espectro autista.
Porque las familias con hijas e hijos con trastornos del espectro autista cargan hoy solas con un apoyo que debería ser público.
Hospitales de día públicos especializados para adolescentes y jóvenes.
Porque los trastornos alimentarios necesitan atención especializada y cercana.
Restricción de la publicidad del juego en todos los medios y máquinas de azar solo en casinos y espacios sin acceso de menores.
Porque las casas de apuestas se concentran en los barrios con menos recursos.
Consultas, grupos terapéuticos y circuitos públicos para la adicción a pantallas, redes y videojuegos, a cualquier edad.
Porque el uso compulsivo de pantallas ya es un problema de salud a cualquier edad.
Más centros y hospitales de día, unidades de rehabilitación, casas hogar, viviendas tuteladas y comunidades terapéuticas, y equipos de prevención de la conducta suicida fuera de las urgencias generales.
Porque faltan recursos para quien necesita algo más que una consulta.
Un enfoque que atienda los determinantes sociales del sufrimiento psíquico, refuerce las redes de apoyo y coordine sanidad, servicios sociales y comunidad.
Porque gran parte del malestar psicológico tiene causas sociales que también hay que atender.
El derecho al aborto se garantizará en la sanidad pública de todas las provincias, sin conciertos ni copagos, y quedará blindado en la Constitución.
En centros públicos de todas las provincias, sin conciertos ni copago, sin subvenciones a las organizaciones que acosan a las mujeres que ejercen su derecho, con acompañamiento psicosocial y formación en el currículo sanitario.
Porque hoy muchas mujeres tienen que salir de su provincia o ir a una clínica privada para abortar.
Blindar el derecho en la Constitución.
Porque un derecho conquistado no puede quedar a merced de quien gobierne.
Gratuitos o más baratos según la renta, con prioridad para los jóvenes.
Porque la menstruación y la anticoncepción no pueden ser un lujo.
De venta libre fuera de las farmacias y gratuitos en centros de salud y de juventud.
Porque saber pronto si se está embarazada no debería costar dinero.
Reabrir centros específicos con diagnóstico y tratamiento en una sola visita y planes de prevención.
Porque las infecciones de transmisión sexual están creciendo y hace falta atenderlas rápido.
Observatorio, formación del personal sanitario y plan de humanización del parto.
Porque muchas mujeres han sufrido un trato indigno en el parto.
Mastectomía y cirugía genital con plazos máximos garantizados de uno y dos años, e implante de mamas incluido.
Porque las esperas actuales se cuentan en años.
Prohibir las cirugías y tratamientos de asignación de sexo a las personas intersexuales al nacer.
Porque nadie debería decidir por un bebé sobre su cuerpo sin necesidad médica.
Aplicar y vigilar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna en hospitales, centros de salud y farmacias.
Porque la industria sigue promocionando sus productos en los propios centros sanitarios.
Crearemos una farmacéutica pública que fabrique medicamentos genéricos y estratégicos, para acabar con los desabastecimientos y abaratar el gasto farmacéutico.
Empresa estatal que desarrolle, fabrique y distribuya medicamentos, con sede en Andalucía.
Porque depender de las multinacionales encarece los medicamentos y provoca desabastecimientos.
Devolver los copagos de medicamentos y prótesis a quien tenga dificultades y recuperar la financiación de los medicamentos de alto valor terapéutico que se dejaron fuera.
Porque nadie debería dejar un tratamiento por no poder pagarlo.
Compras y subastas estatales con sanciones por desabastecimiento.
Porque comprando juntos se consiguen mejores precios.
Con decisiones vinculantes y transparentes según su coste-efectividad.
Porque hay que pagar por los medicamentos lo que de verdad aportan.
Volver a financiar, según la evidencia, las presentaciones excluidas en 2012 con la excusa de la sostenibilidad.
Porque se dejaron de financiar con la excusa de la crisis y quien los necesita los sigue pagando.
En los genéricos, para evitar errores en la toma.
Porque cambiar de caja y de color cada vez provoca errores, sobre todo en las personas mayores.
Uso regulado.
Porque hay pacientes que lo necesitan y hoy no tienen una vía legal y segura.
Acceso libre a lo investigado con dinero público, aplicación de sus resultados y más investigación en enfermedades raras.
Porque lo que se investiga con dinero público debe ser de todos.
Formación continuada impartida por los servicios públicos de salud con las universidades públicas.
Porque la formación de los profesionales no puede pagarla la industria que les vende.
Andalucía gasta en sanidad por habitante menos que la media; en el Congreso exigiremos financiación suficiente y las competencias que aún gestiona el Estado.
En el nuevo modelo de financiación autonómica, para cumplir el suelo de gasto por habitante.
Porque Andalucía no puede cumplir el suelo de gasto con la financiación que recibe hoy.
Traspaso y pago de lo que se le debe por prestarla.
Porque Andalucía presta ese servicio sin recibir lo que cuesta.
Fondos estatales para los centros de especialidades.
Porque los centros de especialidades descargan los hospitales y acercan la atención.
Más plazas de formación sanitaria especializada, con atención a la falta de especialistas en el medio rural.
Porque faltan especialistas y la escasez se nota más en los pueblos.
Apoyo a su vuelta a la gestión pública, que corresponde a la Junta.
Porque un servicio que se paga con dinero público debe gestionarse desde lo público.
La educación pública tendrá un suelo del 5 % del PIB y avanzaremos hacia una sola red pública, laica y gratuita, con un plan de transición para los conciertos.
Hasta alcanzar al final de la legislatura la inversión media por estudiante de la Unión Europea y la OCDE: de 6.687 a 8.246 euros.
Porque la escuela pública andaluza está por debajo de la media europea en inversión por alumno.
Prioridad presupuestaria en la normativa básica, prohibido cerrar líneas públicas mientras haya unidades privadas-concertadas en la misma zona y fin de la cesión de suelo público a centros privados y privados-concertados.
Porque la escuela pública se vacía mientras se abren aulas privadas-concertadas en la misma zona.
Paralizar y revisar los conciertos, retirar de inmediato los de centros que discriminen o segreguen y eliminar progresivamente la privada-concertada, incorporando a la pública a su profesorado y alumnado.
Porque el dinero público debe ir a una red pública que no seleccione a su alumnado.
La religión confesional, fuera del horario lectivo y del currículo.
Porque la escuela pública debe ser de todas las personas, crean lo que crean.
Libros y material gratuitos desde 1.º de Infantil, extraescolares sin coste para el alumnado vulnerable, bono de transporte para Bachillerato, FP y universidad, y comedores de gestión directa, gratuitos para las familias con rentas medias y bajas (Propuesta 106).
Porque la escuela pública no es gratuita si las familias tienen que pagar libros, transporte y comedor.
Ningún cierre sin un estudio que garantice que el alumnado no tendrá que hacer grandes desplazamientos, y transporte escolar reforzado en todo el medio rural.
Porque cerrar una escuela rural es empezar a cerrar el pueblo.
Reparto equilibrado del alumnado vulnerable y con necesidades específicas entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, vigilando la normativa de escolarización y las ratios.
Porque concentrar al alumnado vulnerable en unos pocos centros reproduce la desigualdad.
Bajaremos las ratios máximas en toda España y aprobaremos un plan estatal de estabilidad para el profesorado interino.
15 escolares por aula en Infantil y Primaria, 20 en ESO, 25 en Bachillerato y 12 en FP, en el real decreto de requisitos mínimos.
Porque con menos alumnado por aula se enseña mejor y se atiende a quien más lo necesita.
Supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado, sustituciones en 48 horas y un docente más en los centros con más de tres unidades de Infantil, con «pareja educativa».
Porque las bajas sin cubrir las paga el alumnado.
Hasta 18 horas semanales, para dejar tiempo a la coordinación, la tutoría, la formación y la atención a las familias.
Porque enseñar exige preparar, coordinar y atender a las familias, no solo dar clase.
Plan estatal que reduzca la temporalidad y reconozca la experiencia, con estabilizaciones periódicas e igualdad de derechos con el funcionariado.
Porque la temporalidad del profesorado perjudica la continuidad de los proyectos educativos.
Pruebas que evalúen la competencia profesional real, con un test de conocimientos profesionales y la defensa de una situación de aprendizaje en lugar de la memorización; temarios y criterios públicos y comunes en todo el Estado, preparación pública y gratuita y tribunales formados y acreditados; conservar las notas aprobadas y acabar con las macrooposiciones que expulsan a personal interino con años de servicio, con la comunidad educativa y los sindicatos.
Porque memorizar temas no demuestra saber enseñar, y las academias privadas no deberían decidir quién aprueba.
Bolsas ordenadas por proximidad y un modelo comarcal para que ninguna persona interina trabaje a más de una hora de su domicilio si no quiere.
Porque no se puede pedir estabilidad a quien cada año cambia de provincia.
Estabilidad de las plantillas en los centros de especial complejidad.
Porque los centros más difíciles son los que más necesitan equipos que se conozcan.
Igualar al alza los salarios del profesorado entre comunidades autónomas.
Porque el mismo trabajo no puede pagarse distinto según la comunidad.
Un primer curso de prácticas retribuidas en codocencia y con tutoría del equipo docente, menos horas lectivas al final de la vida laboral, mentoría y jubilación anticipada, flexible y progresiva.
Porque nadie aprende a dar clase sin acompañamiento, ni puede hacerlo igual a los 64 años que a los 30.
Más horas de tutoría y un complemento salarial mayor.
Porque la tutoría es clave para el alumnado y hoy apenas tiene tiempo ni reconocimiento.
Cada centro tendrá por norma básica el personal de apoyo que necesita su alumnado.
Como máximo 10 estudiantes con necesidades específicas por maestra de PT y de AL, 250 por orientadora y 4 por PTIS, y orientación presencial y permanente en todos los centros de Infantil y Primaria.
Porque sin personal de apoyo la inclusión se queda en el papel.
Elaborada con la comunidad educativa y las asociaciones: centros ordinarios dotados y los de educación especial como centros de referencia.
Porque el alumnado con discapacidad tiene derecho a estudiar con el resto, con los apoyos que necesite.
Los apoyos de cada estudiante con necesidades específicas, aplicados en un plazo máximo y no cursos enteros después.
Porque un curso sin apoyos es un curso perdido.
En la ratio, y con un plazo máximo para su valoración.
Porque un aula con alumnado con necesidades específicas necesita más atención.
Plan de detección precoz.
Porque el alumnado con altas capacidades también necesita una respuesta adaptada.
Formación del profesorado y espacios adaptados para el alumnado con necesidades específicas.
Porque el profesorado necesita formación y medios para atender a todo el alumnado.
Intérpretes y mediación comunicativa también en las actividades complementarias.
Porque el alumnado sordo tiene derecho a participar en todo lo que hace el centro.
Personal en todos los centros con alumnado extranjero para que quien llega sin español pueda seguir las clases.
Porque nadie puede aprender en una lengua que todavía no entiende.
Una enfermera presencial en cada centro durante toda la jornada.
Porque cada vez más alumnado con enfermedades crónicas necesita atención durante la jornada.
Derivación directa a salud mental, atención psicológica en 15 días y un plan contra la conducta suicida y las autolesiones adolescentes.
Porque el malestar psicológico adolescente ha crecido y hay que atenderlo a tiempo.
Financiación estatal para que cada instituto tenga atención psicológica estable, compartida entre centros de la zona si hace falta.
Porque el instituto es el primer lugar donde se detecta el malestar de un adolescente.
En todos los institutos, coordinados por el departamento de orientación.
Porque a veces el alumnado necesita parar y calmarse antes de seguir.
Plantilla pública en lugar de empresas externas.
Porque el personal de apoyo no puede depender de contratas que cambian cada año.
Trabajo social, educación social y mediación intercultural en la plantilla, con al menos una trabajadora o un trabajador social público en cada centro, empezando por los de zonas desfavorecidas, como figura de referencia para la coordinación de bienestar y protección.
Porque muchos problemas del aula empiezan fuera de ella.
Con recursos y personal, centrado en el alumnado gitano, migrante, con discapacidad, LGTBIQ+, de barrios vulnerables y en los chicos, que en Andalucía dejan la ESO sin título casi el doble que las chicas.
Porque Andalucía tiene una de las tasas de abandono escolar más altas del Estado.
Protocolo obligatorio, responsabilidad del centro que no lo active y protección y apoyo a la víctima.
Porque el acoso destroza vidas y muchos centros siguen sin saber cómo actuar.
La etapa 0–3 será universal, pública y gratuita, y los comedores escolares serán públicos, con cocina en el propio centro.
Plan estatal de plazas públicas con comunidades y ayuntamientos, sin nuevos conciertos, y una red pública de cuidado infantil nocturno para las familias con turnos.
Porque los primeros años son decisivos y muchas familias no pueden pagar una escuela infantil.
Salarios, ratios y reconocimiento profesional del primer ciclo de Infantil fijados en la normativa básica, con una segunda educadora en cada aula.
Porque cuidar y educar a la primera infancia es un trabajo cualificado mal pagado.
Cocina en el centro y no catering de línea fría, personal público, producto de cercanía y supervisión de nutricionistas; fuera de cafeterías y máquinas las bebidas azucaradas y energéticas, y agua potable gratuita en todos los centros.
Porque la comida que se calienta en bandejas no es la alimentación que merece la infancia.
Para las familias trabajadoras con rentas medias y bajas, y extendido a Secundaria y Bachillerato.
Porque para muchas familias trabajadoras el comedor es la comida principal del día.
De gestión directa y acceso universal, con monitoras a jornada completa y contrato público.
Porque conciliar no puede depender de lo que cada familia pueda pagar.
Por la tarde y los sábados, como espacios culturales y sociales.
Porque los colegios son equipamientos públicos que pueden servir a todo el barrio.
Plan estatal para climatizar los colegios, crear sombra, retirar el amianto y acabar con las aulas prefabricadas, con calendario público.
Porque hay aulas que superan los 30 grados y alumnado que da clase en prefabricadas.
Ningún joven se quedará sin estudiar FP por falta de plaza pública.
Hasta acabar con las listas de espera, sin nuevas plazas privadas pagadas con dinero público.
Porque miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza en la FP que quieren estudiar.
Renovables, industria verde, cuidados, digitalización, agroindustria y economía azul.
Porque la FP tiene que formar en los empleos que vienen, no solo en los de siempre.
Oferta comarcalizada y parte teórica a distancia.
Porque estudiar FP no puede obligar a irse del pueblo.
Al menos el SMI en proporción a las horas, con alta y cotización desde el primer día, y un fondo público que cubra parte del coste a pymes y economía social; una FP dual que no sea mano de obra gratuita.
Porque trabajar gratis no es formarse.
Para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Porque el alumnado con más dificultades también necesita una salida profesional.
Equiparación salarial y complemento de peligrosidad en especialidades como soldadura.
Porque el profesorado técnico hace el mismo trabajo y cobra menos.
Plan de equipamiento de la FP pública.
Porque no se puede aprender un oficio con máquinas viejas.
Talleres de empleo para jóvenes que dejaron los estudios.
Porque quien dejó los estudios merece una segunda oportunidad.
La educación afectivo-sexual será obligatoria en todas las etapas y los centros usarán herramientas digitales públicas con software libre.
En todas las etapas, con competencias afectivas y de cuidados y prevención de la violencia sexual y el acoso.
Porque la educación sexual protege frente a la violencia y el acoso.
Comisión estatal de coeducación y perspectiva de género y diversidad en la formación del profesorado.
Porque la igualdad también se aprende en la escuela.
En todos los centros, con acompañamiento al alumnado LGTBI.
Porque nadie debería tener miedo en clase por ser quien es.
Contra la desinformación, para identificar bulos y campañas de odio.
Porque la juventud se informa en las redes y tiene que aprender a distinguir un bulo.
Educación digital y protección frente a los contenidos dañinos.
Porque las redes exponen a menores a contenidos que pueden hacerles daño.
Plataformas públicas, seguras y con software libre, y contenidos educativos libres.
Porque los datos del alumnado no pueden acabar en manos de grandes tecnológicas.
Evaluar los programas tecnológicos, como los de robótica, antes de extenderlos.
Porque llenar las aulas de pantallas no garantiza que se aprenda más.
En el currículo.
Porque la historia no está completa si se deja fuera a la mitad de la población.
Música con especialistas en Infantil y Primaria y Filosofía en la ESO.
Porque la música y la filosofía forman personas, no solo mano de obra.
Reanimación cardiopulmonar, desfibrilador y primeros auxilios en Primaria, ESO y Bachillerato.
Porque saber reanimar a alguien puede salvar una vida.
Bajar ratios, estabilizar plantillas y crear plazas de 0–3 y de FP cuesta dinero que la Junta no tiene con la financiación actual: en el Congreso exigiremos que el Estado lo pague.
Para aplicar las nuevas ratios y la estabilización docente en Andalucía, dentro del nuevo modelo de financiación autonómica.
Porque Andalucía no puede pagar sola las mejoras que necesita su escuela con la financiación actual.
Repartido según la necesidad real de plazas y las listas de espera, no solo por población.
Porque las listas de espera de 0–3 y de FP son mayores en Andalucía.
Financiación estatal para climatizar, retirar el amianto y acabar con las aulas prefabricadas en los centros andaluces.
Porque el calor y el amianto en las aulas son un riesgo para la salud del alumnado.
Becas estatales de movilidad e idiomas que compensen el mayor gasto del estudiantado andaluz desplazado.
Porque estudiar lejos de casa no puede depender del dinero de la familia.
Estatuto del personal investigador con derechos mínimos, financiación basal de los grupos y convocatorias con calendario fijo; contratos predoctorales y posdoctorales dignos, fin de las becas sin derechos y una vía estable de estabilización.
Porque la ciencia no se puede hacer encadenando contratos precarios.
Programa de retorno del talento científico emigrado, con plazas estables y no solo contratos temporales.
Porque miles de investigadoras andaluzas se han tenido que ir para poder trabajar.
Planes contra el techo de cristal en la universidad y los centros de investigación, con paridad en tribunales y direcciones.
Porque las mujeres siguen sin llegar a los puestos de dirección en la ciencia.
Justificación de proyectos simplificada y personal técnico estable de apoyo a la investigación.
Porque el personal investigador pasa demasiado tiempo justificando gastos en lugar de investigando.
Reparto territorial de los fondos de la Agencia Estatal de Investigación y del CSIC según la población, nuevos centros del CSIC en Andalucía y líneas prioritarias en integración de renovables, historia del pueblo andaluz y efectos de la actividad industrial sobre la salud y el medio ambiente.
Porque Andalucía recibe menos inversión estatal en investigación de la que le corresponde.
Un centro estatal de investigación farmacéutica en Andalucía, en red con la farmacéutica pública.
Porque la investigación en medicamentos no puede depender solo de la industria privada.
Transferencia de la investigación pública a pymes y cooperativas andaluzas, con apuesta por la biotecnología, las ciencias de la salud y el sector aeroespacial.
Porque lo que se investiga en Andalucía debe generar empleo en Andalucía.
Ciencia abierta, con acceso libre a lo investigado con dinero público y patentes públicas con retorno de beneficios; divulgación, ciencia ciudadana y datos públicos abiertos y actualizados, también sobre el uso del transporte y los servicios.
Porque la ciencia pagada con dinero público debe estar al alcance de todo el mundo.
Ninguna pseudoterapia sin evidencia en el sistema público y control de su publicidad sanitaria.
Porque las pseudoterapias pueden hacer daño y retrasar tratamientos eficaces.
Factores de corrección en la evaluación de las convocatorias de I+D+i por maternidad, paternidad, lactancia, cuidados o violencia machista.
Porque tener hijas o hijos o cuidar no puede frenar una carrera científica.
Reconocer a efectos de jubilación los años de becas predoctorales y posdoctorales anteriores a 2011 que no cotizaron.
Porque esos años de trabajo investigador cuentan para la jubilación como cualquier otro.
Participación andaluza en la gestión de los centros del CSIC y del Instituto Español de Oceanografía en Andalucía.
Porque los centros estatales en Andalucía deben contar con Andalucía.
Sanciones al fraude científico, al acoso sexual y a las irregularidades en los concursos, con un órgano independiente que lo vigile.
Porque el fraude y el acoso también existen en la ciencia y deben castigarse.
Líneas prioritarias de investigación en salud de las mujeres e indicadores de género en los ensayos clínicos.
Porque la medicina se ha estudiado durante décadas pensando en el cuerpo de los hombres.
Reforzar el nodo andaluz de la Red Española de Supercomputación y crear infraestructura pública de inteligencia artificial al servicio de la investigación.
Porque sin infraestructura pública dependeremos de las grandes tecnológicas para investigar.
Que la Administración use sus compras para impulsar la tecnología desarrollada por la investigación pública y las empresas andaluzas.
Porque las compras públicas pueden impulsar la tecnología que se hace aquí.
Ampliar las excepciones de la propiedad intelectual para usos docentes, científicos y culturales sin ánimo de lucro.
Porque compartir conocimiento para enseñar e investigar no puede ser un delito.
Reforma constitucional para llevar el artículo 47 al capítulo de derechos fundamentales, con recurso de amparo.
Porque si la vivienda fuera un derecho fundamental se podría exigir ante los tribunales.
Declaración de emergencia de vivienda y pobreza energética con definición legal de la especulación y de la función social de la propiedad.
Porque la situación de la vivienda es ya una emergencia para miles de familias.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para paralizar los lanzamientos de hogares vulnerables mientras no haya alternativa, y ninguno de personas en situación de dependencia; ilegalización de las empresas de desokupación.
Porque ninguna familia debería acabar en la calle sin una alternativa.
Bancos, fondos y grandes tenedores deberán ofrecerlo antes de cualquier demanda que pueda acabar en desahucio.
Porque los bancos y fondos tienen viviendas de sobra para ofrecer un alquiler social.
Índice estatal de referencia por barrio o municipio para que ningún alquiler supere el 20 % de la renta media de la zona.
Porque muchas familias dedican al alquiler casi la mitad de lo que ganan.
Alquileres de duración indefinida y prórroga sin subida, para acabar con los desahucios silenciosos, y registro obligatorio de los contratos conectado con Hacienda contra el alquiler en negro.
Porque no renovar un contrato se ha convertido en una forma de echar a la gente.
Los mismos límites y garantías que el alquiler de vivienda habitual.
Porque los alquileres de temporada y por habitaciones se usan para saltarse la ley.
Declaración automática por indicadores objetivos, sin depender de cada comunidad.
Porque la Junta no ha querido declarar zonas tensionadas para no limitar los precios.
En todo el Estado, con límites a sus nuevas compras en zonas tensionadas.
Porque con el límite actual muchos grandes tenedores quedan fuera de las obligaciones.
Sin exenciones a SOCIMI y fondos, y fiscalidad del alquiler según su precio: exento el asequible y gravado el caro.
Porque los fondos pagan menos impuestos que una familia que alquila su único piso.
Llevar el parque público en alquiler a la media europea, hasta el 20 % en las zonas de más demanda, con un gasto del 1,5 % del PIB.
Porque en España apenas hay vivienda pública en alquiler comparado con Europa.
El 100 % de sus viviendas y suelos al alquiler asequible, con gestión pública.
Porque las viviendas de la Sareb se rescataron con dinero público y deben volver a lo público.
Cuarteles y suelos de Defensa, Adif y Puertos del Estado sin uso, cedidos a la Junta y a los ayuntamientos para vivienda pública en alquiler.
Porque el Estado tiene edificios y suelos vacíos donde podría haber viviendas.
Prohibida por ley la venta de vivienda pública, siguiendo el modelo de Viena.
Porque vender la vivienda pública es perderla para siempre.
Al menos la mitad de cada nueva promoción, y de ella un 60 % en alquiler social.
Porque sin vivienda protegida en cada promoción solo se construye para quien puede pagar.
Las de grandes tenedores vacías más de un año, alquiladas a precio limitado o al parque público.
Porque hay miles de viviendas vacías mientras miles de familias no encuentran dónde vivir.
Ninguna licencia nueva en zonas tensionadas, retirada progresiva y cierre de los que funcionan sin licencia.
Porque los pisos turísticos están expulsando al vecindario de los barrios.
Obligatorio en edificios de más de dos plantas, con financiación para las comunidades con menos recursos.
Porque muchas personas mayores no pueden salir de casa por no tener ascensor.
Más inversión en rehabilitación energética y regeneración de barrios, con prioridad para hogares en pobreza energética.
Porque rehabilitar baja las facturas y mejora la vida sin gastar más suelo.
Plan estatal de realojo en dos años en los asentamientos de temporeras y temporeros de Almería y Huelva.
Porque en pleno siglo XXI hay miles de personas viviendo en chabolas en Huelva y Almería.
Vivienda primero para las personas sin hogar, con pisos y pequeñas residencias en lugar de macroalbergues, una red pública de inclusión que coordine atención social, sanitaria y laboral, recursos especializados repartidos por igual en todo el territorio y albergues públicos dignos en todas las capitales de provincia.
Porque las personas sin hogar necesitan una casa, no un albergue masificado.
Prohibición de nuevas hipotecas a tipo variable para vivienda habitual.
Porque las hipotecas variables arruinaron a muchas familias cuando subieron los tipos.
Nulas las cláusulas que prohíben convivir con animales de compañía.
Porque nadie debería tener que elegir entre su casa y su animal.
Títulos de deuda que cualquier persona pueda comprar, dedicados solo a construir o adquirir vivienda pública en alquiler.
Porque así se puede financiar vivienda pública con el ahorro de la ciudadanía.
Recuperar para el parque público las viviendas protegidas vendidas a fondos y grandes tenedores, con alquiler social.
Porque vender vivienda protegida a fondos fue un regalo con dinero público.
Límite por zona según la población, como en farmacias y estancos.
Porque sin límites, los pisos turísticos acaban ocupando barrios enteros.
Que los ayuntamientos puedan aplicar recargos a las viviendas turísticas y de inversión.
Porque quien especula con la vivienda debe pagar más que quien vive en ella.
Gestión urbanística pública en primer lugar, protección del suelo residencial de la población empadronada y valoración del suelo a favor del interés general.
Porque el urbanismo debe servir a quien vive en un lugar, no a quien especula con él.
Prohibición de la compra de vivienda residencial por fondos de inversión y sociedades mercantiles, salvo cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, y de toda compra especulativa.
Porque los fondos y las sociedades compran vivienda para invertir, no para vivir.
Prohibir la venta del patrimonio público de suelo y edificios y promover la cesión temporal de los que están en desuso para uso social.
Porque el suelo público vendido ya no vuelve.
Préstamo sin intereses para la fianza y aval público gratuito ante la propiedad, como el sistema francés, con seguro público de impago para quien alquile a precio de referencia.
Porque reunir varios meses de fianza es imposible para muchas familias.
Oferta de alquiler sin comisiones, con cédula de vivienda digna e inspección previa de la habitabilidad.
Porque las comisiones de las agencias encarecen el acceso al alquiler.
El Estado alquila a quien tiene una pequeña propiedad con garantía de cobro y subarrienda a precio social.
Porque mucha gente con una pequeña propiedad no alquila por miedo a no cobrar.
Preaviso de un mes y sin penalización en caso de despido, traslado laboral o enfermedad, y persecución de los falsos contratos de temporada.
Porque quien pierde el empleo o enferma no debería ser castigado por dejar su casa.
Que el Bono Alquiler Joven cubra la habitación y el piso compartido, que es como vive la mayoría de la juventud.
Porque la mayoría de la juventud no puede pagar un piso entero.
Derecho universal a cuidar y ser cuidado, con una red pública de gestión directa.
Porque los cuidados los siguen haciendo, gratis, sobre todo las mujeres.
El Estado financia el 50 % del sistema hasta llegar al 1,7 % del PIB y compensa a las comunidades por lo que no ha aportado.
Porque el Estado no paga la parte que le toca y la dependencia se queda corta.
Plazo máximo común, atención por orden de solicitud, valoraciones colegiadas con el diagnóstico social a cargo de profesionales del Trabajo Social, silencio positivo cuando se supere y un observatorio público que publique tiempos de resolución y listas de espera.
Porque hay personas que mueren esperando a que les reconozcan la dependencia.
Gestión directa, horas según la necesidad real y fin del minutaje, con empresas públicas autonómicas de ayuda a domicilio y dependencia, empezando por una andaluza 100 % pública.
Porque cuidar a una persona no se puede hacer con el cronómetro en la mano.
Cotización, desempleo, jubilación y una prestación ligada al salario mínimo según el grado de dependencia.
Porque quien cuida a un familiar a tiempo completo se queda sin derechos.
Desplazamientos pagados, enfermedades profesionales reconocidas y ningún concierto con empresas que incumplan el convenio.
Porque cuidar es un trabajo duro y mal pagado.
Ratios mínimas de personal, más inspección, más plazas públicas, sobre todo para personas con discapacidad, y residencias pequeñas de modelo hogar, cerca de cada pueblo.
Porque la pandemia demostró lo que ocurre en las residencias sin personal suficiente.
Redes comunitarias, teleasistencia gratuita y viviendas compartidas tuteladas.
Porque la soledad no deseada afecta cada vez a más personas mayores.
Asistencia personal financiada para quien la necesite.
Porque las personas con discapacidad tienen derecho a decidir cómo vivir.
De 0 a 6 años y con continuidad después, con condiciones dignas para sus profesionales.
Porque cuanto antes se interviene, mejor se desarrolla un niño o una niña.
Ajustes de puesto obligatorios, empleo con apoyo y cuota de reserva del 10 % en el empleo público.
Porque las personas con discapacidad siguen teniendo muchas más dificultades para trabajar.
Pago directo de prótesis, órtesis y sillas, catálogo actualizado y banco público de préstamo.
Porque muchas familias no pueden adelantar el dinero de una silla de ruedas.
Reconocer y regular la profesión e incorporarla a educación, sanidad, justicia y servicios sociales.
Porque las personas sordas y sordociegas necesitan apoyos para comunicarse.
Transporte, edificios y comunicación accesibles, con lectura fácil, pictogramas y lengua de signos.
Porque una ciudad accesible es mejor para todo el mundo.
Derogar los recortes del Real Decreto-ley 20/2012: si no hay resolución en el plazo máximo (Propuesta 194), la prestación se cobra con efectos desde entonces, de oficio y con intereses.
Porque los recortes de 2012 alargaron las esperas y redujeron las ayudas.
Reducción de jornada sin pérdida salarial, con la cotización a cargo del Estado, para quienes cuidan a un hijo o hija con una enfermedad poco frecuente y gran discapacidad.
Porque estas familias no pueden elegir entre cuidar y trabajar.
Sin penalización para las madres y padres que han cuidado durante años a un hijo o hija con gran discapacidad.
Porque quien ha dedicado su vida a cuidar no debería ser castigado en su jubilación.
Mínimos comunes en todo el Estado e historia social única para no repetir trámites al mudarse. Una trabajadora o un trabajador social por cada 1.700 habitantes, ajustado a la dispersión y la complejidad social; financiación estatal estable y finalista, separada para prestaciones y para personal y equipamientos; plantillas estables, menos burocracia y más intervención; Trabajo Social en el subgrupo A1, y equipos públicos de emergencias sociales integrados en el 112 y en los planes de protección civil.
Porque los derechos sociales no pueden depender de la comunidad en la que se viva.
Sustituirlo por un indicador actualizado para conceder ayudas y bonificaciones.
Porque el IPREM lleva años congelado y deja fuera de las ayudas a mucha gente.
Objetivo de reducirla un 40 %, con protección especial a la infancia migrante, gitana o con discapacidad.
Porque Andalucía tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa.
Entre 100 y 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 18 años, para todas las familias.
Porque criar cuesta, y casi todos los países europeos ya ayudan a todas las familias.
Ley estatal que las equipare en ayudas, becas, permisos y fiscalidad: en Andalucía son, sobre todo, madres solas.
Porque una familia con una sola persona adulta tiene más gastos y menos ingresos.
Centros de protección pequeños y públicos cuando no haya familia de acogida, y equipos de protección y tratamiento familiar con ratios suficientes para detectar a tiempo el maltrato infantil en la escuela, la sanidad y los servicios sociales.
Porque la infancia crece mejor en una familia que en un centro.
Reconocimiento de todos los modelos de familia y título de familia numerosa desde dos hijas o hijos.
Porque todas las familias merecen la misma protección.
Garantizada por ley, con el sistema público de pensiones blindado en la Constitución y prohibición de privatizarlo.
Porque las pensiones no pueden perder poder de compra cada año.
Complemento estatal para jubilación, incapacidad, viudedad y no contributivas, tomando como referencia el neto del salario mínimo de 2026 (1.221 euros brutos en 14 pagas).
Porque nadie debería vivir con una pensión por debajo de lo necesario para vivir.
Sin coeficientes reductores para quien acredite 40 años cotizados.
Porque quien ha cotizado 40 años ya ha aportado de sobra.
Adelanto de la edad de jubilación para la pesca, el marisqueo, la industria naval y el trabajo en el campo, como ya tienen otros oficios penosos.
Porque son trabajos que desgastan el cuerpo mucho antes de la edad de jubilación.
Edad ordinaria de jubilación a los 64 años y jubilación anticipada desde los 55 con contrato de relevo.
Porque jubilarse antes permite que entren jóvenes a trabajar.
Personal sanitario desde los 60, conducción profesional y las que se reconozcan.
Porque hay profesiones que no se pueden aguantar hasta los 67 años.
Financiar el sistema con cotización proporcional a los ingresos reales y aportaciones de los impuestos.
Porque quien más gana debe cotizar por todo lo que gana.
Mejorar la pensión de viudedad de quien no tiene pensión propia.
Porque muchas personas viudas, sobre todo mujeres, viven solo con esa pensión.
Los periodos de cuidado cuentan para la pensión, para cerrar la brecha de género.
Porque cuidar a hijas, hijos o personas mayores no puede penalizar la pensión de las mujeres.
Reglamento urgente de la pasarela al RETA de la Ley 2/2026, para que lo ahorrado en las mutualidades alternativas se convierta en una pensión pública digna y no en un trámite sin efecto.
Porque miles de profesionales de la abogacía y la procura cotizaron toda su vida a mutualidades con pensiones de miseria.
Plan estatal de estabilización conforme a la justicia europea, con fijeza para quien sufre abuso, fin de los ceses en verano y reforma del Estatuto Básico.
Porque la Administración ha abusado de la temporalidad durante años, y así lo ha dicho la justicia europea.
Supresión de la tasa de reposición, con al menos el 100 % de reposición garantizado en los servicios esenciales, y fin de las subcontratas en todas las administraciones.
Porque sin reponer a quien se jubila los servicios públicos se van vaciando.
Preparación pública y gratuita, temarios oficiales y becas para opositar.
Porque opositar no puede depender de poder pagar una academia.
Las oposiciones estatales, con sede de examen en cada comunidad autónoma.
Porque viajar a Madrid para examinarse cuesta un dinero que no todo el mundo tiene.
Oferta de la Administración General del Estado en Andalucía en proporción a su población.
Porque Andalucía tiene menos empleo estatal del que le corresponde por población.
Devolver al personal público los derechos retributivos perdidos desde los recortes.
Porque los recortes al personal público se hicieron para una crisis que ya pasó.