337No a la ordinalidad
El nuevo sistema no garantizará a las comunidades más ricas que sigan recibiendo más.
Porque la ordinalidad asegura más a quien más tiene y perpetúa la desigualdad entre territorios.
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Andalucía no pide favores: pide lo que le deben. El sistema de financiación nos deja cada año unos 1.634 millones por debajo de lo que nos correspondería, según Fedea, y en 2024 cada persona andaluza recibió 193 euros menos que la media. A eso se suma una inversión del Estado que se presupuesta y no se ejecuta, y una deuda histórica que el Estatuto reconoce y nadie ha saldado. Ni el PSOE ni el PP corrigieron esa injusticia cuando gobernaban, porque ninguno de los dos responde ante Andalucía sino ante sus direcciones en Madrid. Y la extrema derecha, que quiere acabar con las autonomías, nos condenaría a seguir pidiendo permiso. Exigimos financiación justa sin ordinalidad, inversión según población y ejecutada, y el mismo autogobierno que las nacionalidades que más tienen.
El nuevo sistema no garantizará a las comunidades más ricas que sigan recibiendo más.
Porque la ordinalidad asegura más a quien más tiene y perpetúa la desigualdad entre territorios.
Contar la población de 0 a 18 años, el alumnado universitario, el riesgo de pobreza, el paro y la temporalidad.
Porque prestar servicios cuesta más donde hay más población joven, más pobreza y más paro.
Al menos el 55 % del IRPF y el 70 % del IVA y de los impuestos especiales para las comunidades, todo en el fondo de garantía.
Porque las comunidades pagan la sanidad y la educación con unos ingresos insuficientes.
Recursos inmediatos mientras se aprueba el nuevo sistema, con calendario plurianual.
Porque Andalucía no puede esperar años a que se apruebe un nuevo sistema.
Condonación de la parte de la deuda causada por la falta de financiación, quita del FLA e intereses hacia el 0 %.
Porque esa deuda se debe a la infrafinanciación, no a una mala gestión.
Cuantificar y pagar el déficit de inversión con el que Andalucía llegó a la autonomía, como obliga la disposición adicional segunda del Estatuto, y compensar la nueva deuda que ha dejado la infrafinanciación.
Porque el Estatuto la reconoce y nadie la ha pagado entera.
Cálculo contrastado de lo que Andalucía ha dejado de recibir desde 2009: Fedea estima unos 1.634 millones al año, y en 2024 cada persona andaluza recibió 193 euros menos que la media.
Porque hace falta un cálculo independiente de lo que Andalucía ha dejado de recibir.
Dotación suficiente para que cumpla su función constitucional.
Porque el fondo creado para corregir desigualdades apenas tiene dinero.
El máximo nivel de autonomía, competencias y financiación en cualquier reforma constitucional.
Porque Andalucía conquistó en 1980 el mismo autogobierno que las nacionalidades históricas.
Un Estado de pueblos libres e iguales como horizonte del andalucismo.
Porque los pueblos que forman el Estado deben relacionarse como iguales.
Informe público de su cumplimiento y calendario de todos los traspasos pendientes, cada uno con su financiación.
Porque hay competencias reconocidas en el Estatuto que todavía no se han traspasado.
Con su financiación y participación real de Andalucía en la planificación ferroviaria.
Porque los trenes que usa la gente cada día deben gestionarse desde Andalucía.
Gestión exclusiva de la cuenca por la Junta.
Porque el Guadalquivir es un río andaluz y el Estatuto lo reconoce.
Despliegue progresivo, coordinado con el resto de cuerpos.
Porque otras comunidades ya tienen su policía autonómica.
Más competencias y medios en justicia y constitución del Consejo de Justicia de Andalucía.
Porque la justicia necesita más medios y más cercanía.
Más capacidad sobre los impuestos de competencia autonómica.
Porque una agencia tributaria propia mejora la gestión de los impuestos andaluces.
Voz andaluza propia en las decisiones estatales que afectan a Andalucía.
Porque las decisiones del Estado que afectan a Andalucía se toman sin Andalucía.
Traspaso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como ya tienen Cataluña y el País Vasco, coordinada con la estatal.
Porque Cataluña y el País Vasco ya la tienen, y aquí el fraude laboral es mayor.
Gestión de las prestaciones por desempleo junto a las políticas activas de empleo que ya lleva la Junta, sin romper la caja única de la Seguridad Social.
Porque la Junta ya gestiona el empleo y tiene sentido que gestione también el paro.
Gestión de las becas y ayudas al estudio estatales, como ha avalado el Tribunal Constitucional.
Porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que las comunidades pueden gestionarlas.
Traspaso de las vías de alta capacidad que discurren solo por Andalucía y vuelven al Estado al acabar su concesión, como la AP-4, con la financiación de su mantenimiento.
Porque si la autovía es solo andaluza, su gestión también debe serlo.
Participación real de Andalucía en la planificación y gestión de los aeropuertos de AENA y de los puertos de interés general de su territorio.
Porque los puertos y aeropuertos andaluces se deciden en Madrid.
Participación en la gestión de los seguros agrarios y en la organización del mercado pesquero y acuícola del litoral andaluz.
Porque el campo y el mar andaluces necesitan decisiones tomadas desde aquí.
Que una parte de las ayudas estatales a la cinematografía se gestione desde Andalucía.
Porque el cine andaluz necesita recursos gestionados desde Andalucía.
Objetivos medibles para acercar a Andalucía a las regiones más prósperas en renta, productividad y salarios.
Porque Andalucía sigue a la cola en renta y salarios desde hace décadas.
Partidas identificables, comisión de seguimiento e informe anual al Congreso de lo presupuestado frente a lo ejecutado.
Porque el Estado presupuesta inversiones en Andalucía que luego no ejecuta.
Plan para compensar el déficit de inversión estatal acumulado en Andalucía.
Porque años de inversión por debajo de lo prometido han dejado un déficit enorme.
Traslado de sedes de organismos estatales, empezando por el Instituto Español de Oceanografía, el IDAE y la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Porque los organismos del Estado se concentran casi todos en Madrid.
Participación andaluza en las decisiones sobre empresas públicas que operan en Andalucía.
Porque las empresas públicas que operan en Andalucía deben contar con Andalucía.
Estable y financiado en los Presupuestos Generales del Estado, con más aportación estatal al Programa de Fomento del Empleo Agrario y transferencias en plazo.
Porque el paro andaluz es el más alto del Estado.
Campo de Gibraltar, Costa Noroeste, La Janda, Sierra de Cádiz y las que se identifiquen en cada provincia.
Porque hay comarcas con un paro que dobla la media.
Recursos suficientes e incondicionados para los ayuntamientos, superando el modelo actual de participación en los ingresos del Estado.
Porque los ayuntamientos prestan muchos servicios sin recibir el dinero que cuestan.
Más financiación y personal fuera de la tasa de reposición para los pueblos de menos de 20.000 habitantes con gran parte de su suelo protegido por patrimonio o espacios naturales.
Porque proteger el territorio no puede dejar a esos pueblos sin recursos.
Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y flexibilizar la regla de gasto, para que los ayuntamientos vuelvan a prestar los servicios que la ciudadanía necesita y puedan usar su superávit en servicios y vivienda.
Porque la reforma local de 2013 quitó competencias y margen a los ayuntamientos.
Las comarcas como base de la organización territorial, con servicios repartidos y no concentrados en las capitales.
Porque las comarcas son la forma natural de organizar los servicios en Andalucía.
Servicios públicos garantizados en pueblos y pedanías, redes eléctricas y de telecomunicaciones renovadas y sin cortes, con compensaciones cuando fallen, teletrabajo y empleo rural.
Porque muchos pueblos andaluces se están quedando vacíos.
Apoyo y descuentos en el transporte para las andaluzas y andaluces emigrados que quieran volver.
Porque miles de jóvenes andaluces se fueron y quieren volver.