Andalucía cerró el tercer trimestre de 2026 con un paro del 14,91 %, el más alto de todas las comunidades y casi cinco puntos por encima de la media estatal (10,18 %). No es una fatalidad: es el resultado de un modelo que nos ha condenado a la temporalidad y a los bajos salarios, que exporta materias primas y jóvenes mientras el beneficio se va fuera. La derecha y la extrema derecha prometen bajar impuestos a los de arriba y culpan a quien vive al lado; en Adelante Andalucía señalamos a quien de verdad se lleva la riqueza. Que pague más quien más tiene, que el trabajo dé para vivir y que la riqueza que se produce en Andalucía se quede en Andalucía: una reforma fiscal progresiva, banca pública, reindustrialización verde, jornada de 32 horas y salarios que suban con los precios.
Rebaja para las rentas más bajas y tipos mucho más altos a partir de 100.000 euros al año, menos deducciones para las rentas altas y rentas del capital que tributen al menos como las del trabajo.
Porque quien más gana debe aportar más, y el trabajo no puede pagar más que el capital.
Sustituye a Patrimonio y grava las grandes fortunas, la gran propiedad inmobiliaria y los latifundios.
Porque la riqueza está cada vez más concentrada y apenas tributa.
Tributación mínima en todo el Estado para acabar con el dumping fiscal entre comunidades.
Porque algunas comunidades bajan este impuesto para atraer grandes fortunas.
Tipo reducido para las pymes pequeñas, tipos crecientes para las grandes empresas y fin de las deducciones salvo la reinversión ecosocial.
Porque las grandes empresas pagan proporcionalmente menos que las pequeñas.
Gravamen estable sobre los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas.
Porque la banca y las eléctricas ganan fortunas cuando las familias lo pasan peor.
Gravamen sobre las grandes cadenas de alimentación mientras la cesta básica siga disparada.
Porque las grandes cadenas han ganado mucho con la subida de los precios de la comida.
Las grandes empresas tributarán en proporción a la actividad y el empleo que generan en cada territorio, no según su sede social, para acabar con el efecto capitalidad que se lleva a Madrid lo que se produce en Andalucía, y sin subvenciones a quien no lo haga. También las grandes cadenas hoteleras, que tributarán en Andalucía por lo que ganan en Andalucía.
Porque los beneficios que se generan en Andalucía tributan hoy donde está la sede, casi siempre en Madrid.
Electricidad, agua, alimentos básicos, productos menstruales y cultura.
Porque la luz, el agua y la comida básica no son un lujo.
Pañales, toallitas, biberones, leche de fórmula y productos de limpieza básicos.
Porque criar a un bebé no debería pagar el IVA de un lujo.
Que tribute como la actividad empresarial que es.
Porque el alquiler turístico es un negocio y debe tributar como tal.
Gravamen a los beneficios de la sanidad privada obtenidos con conciertos, destinado a la investigación pública contra el cáncer.
Porque quien hace negocio con la sanidad pública debe devolver parte del beneficio.
Tributación de las grandes fortunas que trasladen su residencia fiscal fuera de España.
Porque no se puede ganar dinero aquí y huir a otro país para no pagar impuestos.
Impuestos sobre las emisiones, los residuos peligrosos y el consumo de recursos comunes.
Porque quien contamina debe pagar el daño que causa.
Quien gane menos de 22.000 euros con dos empleos no tendrá que declarar ni sufrirá regularizaciones sorpresa.
Porque no es justo castigar a quien junta dos trabajos para llegar a fin de mes.
Exentas con efectos desde 2023, como ya lo están las indemnizaciones a otras víctimas reconocidas por el Estado.
Porque son víctimas reconocidas por el Estado y no pueden tributar por su indemnización.
Recuperar en el IRPF la deducción por la compra de la primera vivienda habitual y por el alquiler de jóvenes que se emancipan.
Porque emanciparse y acceder a la primera vivienda es hoy casi imposible para la juventud.
Más inspección centrada en la evasión, los grandes grupos y la ingeniería fiscal, y no en los pequeños autónomos y autónomas.
Porque el gran fraude está en los grandes grupos, no en los pequeños autónomos y autónomas.
Excluir de la contratación pública a las empresas con filiales o cuentas en paraísos fiscales.
Porque las empresas que esconden su dinero no pueden vivir del dinero público.
Embargo de bienes a los defraudadores y devolución íntegra con intereses en los casos de corrupción.
Porque lo que se roba a lo público debe volver a lo público.
Plan para recuperar el dinero público del rescate de 2008.
Porque el rescate bancario se pagó con dinero de todos y no se ha devuelto.
Identificar la deuda ilegítima generada por corrupción o rescates privados.
Porque la ciudadanía no tiene por qué pagar la deuda de la corrupción.
Reformar la senda de estabilidad para que no obligue a recortar servicios públicos.
Porque las reglas de gasto no pueden obligar a recortar la sanidad o la educación.
La oferta económica será vinculante durante toda la obra y los modificados quedarán limitados; proyectos y dirección de obra a cargo del personal técnico del Estado y no de consultoras, con informe técnico público, y planificación plurianual de infraestructuras aprobada en las Cortes.
Porque las obras públicas acaban costando mucho más de lo presupuestado.
Entidad pública con control democrático que dé crédito a pymes, personas autónomas, cooperativas y vivienda pública, con cuentas básicas gratuitas.
Porque los bancos dejaron de prestar a quien más lo necesitaba.
Ley del sistema financiero que la garantice; la entidad que la incumpla traspasará recursos a la banca pública.
Porque los bancos se rescataron con dinero público y deben servir al interés general.
Seguros obligatorios de vehículos, locales y responsabilidad civil a precio justo.
Porque los seguros obligatorios son caros y no hay alternativa pública.
Presencia pública en energía, farmacia, alimentación y telecomunicaciones, y un servicio público funerario a precio justo para que ninguna familia se endeude por despedir a los suyos.
Porque hay sectores demasiado importantes para dejarlos solo en manos privadas.
Sanciones duras a la banca que obliga a contratar seguros y otros productos para conceder un préstamo.
Porque obligar a contratar seguros para dar un préstamo es un abuso.
Plan estatal con inversión pública en las comarcas con más paro y en los desiertos industriales del interior.
Porque Andalucía no puede vivir solo del turismo y de la temporada.
Industria agroalimentaria y cooperativa que elabore en Andalucía su producción agrícola, pesquera y salinera.
Porque Andalucía exporta materias primas y otros se quedan con el valor añadido.
Reconversión de la industria naval, aeronáutica, militar y del automóvil hacia las renovables y la movilidad sostenible, sin perder empleo.
Porque la industria del futuro tiene que crear empleo aquí, no destruirlo.
Las empresas con beneficios o ayudas que cierren o despidan perderán el acceso a ayudas y contratos públicos.
Porque recibir ayudas públicas y luego cerrar o despedir es inaceptable.
Ciberseguridad y desarrollo tecnológico con centros públicos y empleo cualificado en Andalucía.
Porque Andalucía tiene talento y debe tener también empresas tecnológicas.
Ayudas que crecen cuanto menor es la empresa.
Porque las ayudas a la innovación se las llevan casi siempre las grandes empresas.
Un turismo que deje la riqueza en el territorio y al que pueda acceder la clase trabajadora: recuperación de las Residencias de Tiempo Libre y una red pública de hoteles, campings y apartahoteles a precios asequibles, cofinanciada por el Estado y las comunidades; un programa como el del Imserso para personas de todas las edades que no pueden irse de vacaciones; obligación de las cadenas hoteleras de repartir beneficios con sus plantillas; cooperativas turísticas para que el beneficio se quede entre quienes lo generan; una red de piscinas públicas de ocio en todos los municipios, con financiación estatal; una tasa turística finalista, dedicada a reparar el impacto ambiental del turismo y a políticas de vivienda; un portal público de turismo donde guías, empresas de actividades y personas autónomas puedan anunciarse sin depender de los grandes intermediarios, y freno a la turistificación.
Porque el turismo genera mucha riqueza, poco empleo digno y cada vez menos personas trabajadoras pueden permitirse unas vacaciones.
Inversión productiva y teletrabajo para llevar empleo a los pueblos y frenar la concentración en las capitales.
Porque la gente no debería tener que irse de su pueblo para trabajar.
Sin rebaja de sueldo, en dos años en las grandes empresas y en cuatro en las pymes, con apoyo público para reorganizarse, y prohibición del turno partido sin rebaja de salario.
Porque la productividad ha crecido y la jornada lleva décadas sin bajar.
Recuperar el poder adquisitivo perdido e indexar los salarios a la inflación, también el salario mínimo.
Porque los precios han subido mucho más que los salarios.
Reforma del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores: tras un año de convenio denunciado sin acuerdo, las tablas salariales subirán cada año, como mínimo, lo que sea mayor entre el IPC, la subida del salario mínimo o lo fijado en un acuerdo interprofesional, como condición mínima compensable y absorbible y salvo pacto en contrario.
Porque bloquear un convenio no puede ser una forma de congelar sueldos.
Las subidas pactadas en convenio no podrán compensarse con complementos ni trienios, y la nómina detallará lo absorbido.
Porque las subidas pactadas no pueden desaparecer absorbidas en la nómina.
50 días por año en el indefinido y 60 en el temporal, con autorización de la Inspección y límites a los despidos colectivos en empresas con beneficios.
Porque despedir sigue siendo demasiado barato y fácil.
El de empresa solo podrá mejorarlo.
Porque los convenios de empresa se usan para rebajar las condiciones del sector.
Prohibidas salvo emergencia o fuerza mayor, con registro horario real.
Porque cada hora extra que se hace habitual es un empleo que no se crea, y muchas ni se pagan.
Nadie cobrará en una empresa más de cinco veces el salario más bajo.
Porque las diferencias salariales dentro de una misma empresa son cada vez mayores.
Contratos temporales con más cotización e indemnización que los indefinidos.
Porque si la temporalidad sale barata, se abusa de ella.
Paso a indefinido ordinario tras un año, salvo causa justificada.
Porque muchos fijos discontinuos son en realidad empleos precarios con otro nombre.
En toda la cadena de subcontratación, y paso a la plantilla principal tras un año en el mismo centro.
Porque subcontratar se usa para pagar menos por el mismo trabajo.
Presunción de relación laboral cuando el 70 % de la facturación venga de un solo cliente e inspecciones masivas.
Porque el falso trabajo autónomo esconde a personas trabajadoras sin derechos.
La productividad de la inteligencia artificial y los robots se reparte con menos jornada y cotiza a la Seguridad Social.
Porque si las máquinas sustituyen empleo, deben contribuir a las pensiones.
Más personal de inspección, sanciones más duras y delegados sindicales en el control; un plan extraordinario de inspección y sanción en el turismo y la hostelería, y ningún contrato con la Administración para empresas condenadas por abusos laborales.
Porque sin inspección las leyes laborales no se cumplen.
Control de convenios, fin del fraude en la cotización y alojamientos dignos para temporeras y temporeros.
Porque en el campo andaluz el fraude laboral y la explotación siguen siendo habituales.
Cargas de trabajo, enfermedades profesionales, prohibición de la subcontratación en los hoteles, empezando por las camareras de piso, fin del fijo discontinuo con inactividades rotativas en puestos que hacen falta todo el año y fin del turno partido; un registro público de hostelería justa con los establecimientos que cumplen con sus plantillas, y apoyo público a los sindicatos, asambleas y colectivos del sector en sus reivindicaciones.
Porque la hostelería es el sector con más abusos y el que más empleo da en Andalucía.
Integración plena en el Régimen General.
Porque las empleadas de hogar siguen teniendo menos derechos que el resto.
Prohibido trabajar por debajo de costes, jubilación anticipada y enfermedades profesionales reconocidas.
Porque el transporte por carretera tiene jornadas y riesgos que hay que reconocer.
Detección desde la sanidad pública para que no se oculten como enfermedad común.
Porque muchas enfermedades causadas por el trabajo se registran como comunes.
Acuerdo con Gibraltar que garantice la pensión de las personas que trabajan al otro lado de la Verja, su sanidad sin trabas por el formulario S1 y que no paguen dos veces.
Porque miles de personas que cruzan la Verja cada día a trabajar no tienen garantizados sus derechos.
Por cuidado de menores, sin perder salario ni categoría, y reducción de jornada hasta los 14 años del menor.
Porque conciliar no puede costar el sueldo ni el puesto.
Permiso retribuido para la madre y su pareja tras una pérdida gestacional.
Porque perder un embarazo es un duelo que necesita tiempo.
Compensación pública de parte del salario perdido en las reducciones de jornada y excedencias por cuidados, con la cotización mantenida al 100 % para que no merme la pensión.
Porque reducir la jornada para cuidar no puede empobrecer ni dejar una pensión más baja.
En los puestos que lo permitan, con la carga de justificar la presencialidad para la empresa.
Porque el teletrabajo ahorra desplazamientos y facilita la vida cuando es posible.
Puesto garantizado al volver de una excedencia voluntaria, o indemnización.
Porque volver de una excedencia no debería significar perder el empleo.
Compensación económica para quien trabaja a tiempo parcial sin haberlo elegido.
Porque muchas personas, sobre todo mujeres, trabajan a media jornada sin haberlo elegido.
Revisar el programa para que termine en empleo estable y no en prácticas y cursos encadenados.
Porque la Garantía Juvenil ha servido más para encadenar cursos que para encontrar empleo.
Sanciones progresivas por reincidencia, responsabilidad personal de quienes administran la empresa con su patrimonio, registro de empresas reincidentes y su exclusión de contratos y ayudas públicas.
Porque si incumplir sale más barato que cumplir, las empresas seguirán incumpliendo.
Quien sustituya tareas por IA tendrá que formar y recolocar a su plantilla antes de despedir; el despido que se salte ese camino será nulo y ningún algoritmo decidirá un despido sin revisión humana.
Porque la inteligencia artificial no puede ser una excusa para despedir sin más.
Representación de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las empresas de más de 250 personas, como prevé el artículo 129.2 de la Constitución.
Porque quien trabaja en una empresa debe tener voz en sus decisiones.
Igual al umbral de la pobreza, compatible con otros ingresos y financiada con la reforma fiscal.
Porque nadie debería vivir por debajo del umbral de la pobreza.
Atención con personal propio de la Seguridad Social y resolución en el plazo legal.
Porque el Ingreso Mínimo Vital no llega a buena parte de quienes tienen derecho.
Prestación puente mientras se resuelve una incapacidad permanente o un juicio por despido.
Porque esperar meses sin ingresos a que te reconozcan una incapacidad es inhumano.
Sin el requisito de 180 días cotizados en cinco años cuando haya una larga carrera de cotización.
Porque quien ha cotizado toda la vida no puede quedarse sin baja por un requisito.
Incapacidad temporal pagada al 100 % desde el primer día, sin depender del convenio.
Porque enfermar no puede costar dinero.
Coordinación entre sanidad pública e INSS y fin de las sesiones conjuntas con las mutuas; valoraciones de incapacidad y discapacidad basadas en los informes médicos y sin cupos, el grado de discapacidad resuelto en seis meses y ayuda para la defensa jurídica y los peritajes a quien cobra menos del salario mínimo.
Porque las mutuas tienen interés en dar altas y las valoraciones se eternizan.
Subsidio por desempleo de más cuantía (hoy entre 480 y 570 euros al mes, del 80 al 95 % del IPREM) y compatible con un empleo.
Porque con el subsidio actual no se puede vivir.
Cuota según ingresos reales, hiperreducida para quien factura poco y cero cuando no hay rendimientos netos, con controles contra el fraude y regularización automática.
Porque quien trabaja como autónomo y gana poco no puede pagar la misma cuota que quien gana mucho.
Cuota bonificada durante el descanso y al 100 % durante el permiso por nacimiento.
Porque las personas autónomas también tienen derecho a descansar y a cuidar.
Un organismo público que haga gratis la gestión fiscal y de Seguridad Social de las personas autónomas con menos ingresos, con derecho al error sin sanción.
Porque la burocracia ahoga a quien no puede pagar una gestoría.
Protección por cese en condiciones equivalentes a las de las personas asalariadas.
Porque cerrar un negocio no puede dejar a nadie sin ingresos.
Prestación que cubra la renta y los gastos fijos del negocio durante la convalecencia.
Porque si una persona autónoma enferma, los gastos del negocio siguen corriendo.
Las plataformas digitales tributan donde operan y sus comisiones a los pequeños negocios quedan limitadas.
Porque las grandes plataformas apenas pagan impuestos y cobran comisiones abusivas.
Acceso facilitado a personas autónomas, pymes locales y economía social, con una reserva mínima obligatoria para cooperativas y un sello estatal de comercio de proximidad y kilómetro cero con ventajas fiscales.
Porque la contratación pública suele favorecer a las grandes empresas.
Recompra de empresas por su plantilla, fondo de impacto social y fiscalidad propia para cooperativas.
Porque las cooperativas crean empleo estable y arraigado en el territorio.
Productos de cercanía sin intermediarios para abaratar la compra y pagar mejor a quien produce.
Porque los intermediarios encarecen la comida y pagan poco a quien produce.
Prohibición efectiva de la venta a pérdidas y precios justos en origen.
Porque a quien cultiva se le paga muchas veces por debajo de lo que le cuesta producir.
Límites temporales a alimentos y suministros básicos ante subidas abusivas, con vigilancia de los márgenes.
Porque en una crisis nadie debería hacer negocio con lo básico.
Ayudas ligadas al empleo y a vivir en el territorio, no a las hectáreas, y Andalucía dividida en varias regiones productivas.
Porque la PAC sigue beneficiando sobre todo a la gran propiedad.
Uso cooperativo de las tierras infrautilizadas de grandes propietarios y fondos.
Porque hay tierras sin cultivar mientras falta empleo en el campo.
Ayudas por producción, empleo e innovación y asesoramiento público en agricultura ecológica.
Porque la pequeña agricultura mantiene vivos los pueblos.
Respuesta rápida ante especies invasoras y apoyo al sector.
Porque sin abejas no hay polinización ni cosechas.
Ley de pesca sostenible y áreas marinas gestionadas con el sector.
Porque la pesca artesanal es sostenible y da vida a los pueblos de la costa.
Paralizar su expansión hasta evaluar su consumo de agua e insumos, limitarlo a las zonas de menor valor ecológico y ninguna ayuda pública a las plantaciones de fondos de inversión.
Porque el olivar superintensivo consume mucha agua y hunde los precios del olivar tradicional.
Etiquetado obligatorio del origen y del modelo de cultivo: tradicional, ecológico o superintensivo.
Porque quien compra aceite tiene derecho a saber cómo se ha producido.
Asesoramiento técnico, formación e investigación para gestionar plagas sin los fitosanitarios retirados, en red con las universidades andaluzas.
Porque se retiran productos fitosanitarios sin ofrecer alternativas a quien cultiva.
Norma básica que simplifique la venta directa y la transformación de las pequeñas explotaciones, con obradores y microalmazaras públicos compartidos.
Porque vender directamente lo que se produce no debería ser tan difícil.
Comedores, hospitales y residencias públicos con alimentos locales y ecológicos pagados a precio digno, y una opción vegetal diaria en todos ellos.
Porque los comedores públicos pueden comprar a la producción de aquí.
Ayudas durante la conversión, menos burocracia y reconocimiento de los sistemas participativos de garantía.
Porque pasar a ecológico cuesta, y los primeros años hay que acompañarlo.
Ayudas a la incorporación de jóvenes sin tierra, con prioridad a la agroecología y a la integración de agricultura y ganadería.
Porque el campo envejece y faltan jóvenes que tomen el relevo.
Intermediación pública entre empresas y personal temporero, con alojamiento, información y asesoramiento sindical.
Porque las temporeras y los temporeros llegan sin información y sin protección.
Recuperar las vías pecuarias ocupadas y los pastos comunales para la ganadería extensiva y la juventud ganadera, en colaboración con la Junta.
Porque las vías pecuarias son de todos y muchas están ocupadas.
Fiscalidad según la huella ecológica de cada producción, que premie la ecológica en lugar de penalizarla.
Porque quien menos contamina hoy paga lo mismo o más que quien más contamina.
Un mecanismo que asegure ingresos estables a quien trabaja la tierra frente a la volatilidad del mercado y del clima.
Porque nadie puede vivir del campo si no sabe cuánto va a cobrar.
Fuera de la contratación pública las empresas sancionadas en firme por infracciones graves de consumo o que incumplan laudos arbitrales.
Porque quien estafa a las personas consumidoras no puede recibir contratos públicos.
Cláusulas espejo en los acuerdos comerciales para que las importaciones cumplan las mismas exigencias laborales, sanitarias y ambientales que nuestro campo.
Porque no es justo exigir a nuestro campo lo que no se exige a lo que viene de fuera.
Más personal inspector en la Agencia de Información y Control Alimentarios y publicación periódica de los precios en origen y en destino.
Porque la diferencia entre el precio en origen y el del supermercado es enorme.
Plan con fondos europeos y la Junta para lonjas, hielo, frío y comercialización en origen, de Sanlúcar a Garrucha.
Porque los puertos pesqueros necesitan medios para vender mejor lo que se pesca.
Apoyo a las artes tradicionales, relevo generacional y reconocimiento profesional y social de las mujeres del sector.
Porque la pesca tradicional es parte de nuestra cultura y está en riesgo.