453Cobrarás lo que cobrabas
Los cargos públicos cobrarán lo mismo que ganaban antes, y quien venga del paro, el salario medio.
Porque la política tiene que ser un servicio y no una forma de mejorar de sueldo.
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La política no puede ser un oficio ni una forma de enriquecerse. La corrupción que ha salpicado a los grandes partidos, las puertas giratorias y los privilegios de quienes gobiernan han alejado a la gente de las instituciones y han dado alas a una extrema derecha que se presenta como antisistema mientras vive de él y defiende los privilegios de siempre. Cobrarás lo que cobrabas antes, ni un euro más; nada de pagas vitalicias ni aforamientos; transparencia sin trabas y una autoridad independiente contra la corrupción. Y más poder para la ciudadanía: derogar la ley mordaza, una justicia con medios y unos medios de comunicación libres de la banca y del poder político.
Los cargos públicos cobrarán lo mismo que ganaban antes, y quien venga del paro, el salario medio.
Porque la política tiene que ser un servicio y no una forma de mejorar de sueldo.
Limitación de mandatos y revocación de los cargos públicos.
Porque eternizarse en un cargo aleja a la clase política de la gente.
Para quienes ocupan escaño en el Congreso y el Senado, el Gobierno y la Corona, mediante reforma constitucional.
Porque los cargos públicos no pueden tener privilegios ante la justicia.
Ni cesantías, ni pensiones especiales, ni oficinas, personal o escoltas sin justificación para excargos, más allá de las prestaciones de cualquier persona trabajadora.
Porque dejar un cargo no puede dar derecho a cobrar de por vida.
Gastos justificados y fin de las ayudas al alquiler para quien tiene vivienda en la ciudad donde trabaja.
Porque los gastos se justifican con factura, como en cualquier trabajo.
Puestos directivos de la Administración ocupados por mérito y capacidad, con menos libre designación y sin personal eventual sin requisitos, y una comparecencia pública en el Congreso que examine la idoneidad de quienes vayan a ocupar ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales antes de su nombramiento.
Porque los altos cargos deben estar por su capacidad, no por su carné.
Los partidos responderán de las sanciones económicas de sus cargos condenados por corrupción.
Porque los partidos también deben responder por la corrupción de sus cargos.
Compromiso de los cargos electos de usar la sanidad y la educación públicas.
Porque quien gestiona lo público debe usarlo.
Informe anual en el Congreso sobre el cumplimiento de cada compromiso electoral.
Porque las promesas electorales deben poder comprobarse.
Acceso a la información pública sin certificado digital y silencio positivo si la Administración no contesta en plazo; expedientes que se puedan seguir paso a paso en formatos abiertos, y declaración anual de la renta y de bienes de todos los cargos públicos.
Porque la información pública es de la ciudadanía.
Ley de grupos de interés con agenda pública de reuniones.
Porque los lobbies influyen en las leyes sin que se sepa.
Independiente y con protección legal para el personal público que denuncie.
Porque hace falta un organismo independiente que persiga la corrupción.
Inhabilitación de 15 años para condenados por corrupción y prohibición de contratar con la Administración para las empresas condenadas.
Porque quien roba lo público no puede volver a gestionarlo.
Abstención obligatoria en decisiones que afecten a familiares o empresas participadas, y periodos más largos de incompatibilidad al dejar el cargo, con control efectivo.
Porque nadie debe decidir sobre asuntos que le benefician a él o a su familia.
Más medios, capacidad sancionadora e informe anual sobre la corrupción.
Porque el Tribunal de Cuentas tarda años y casi nunca sanciona.
Prohibir el indulto en los delitos de corrupción.
Porque indultar la corrupción es premiarla.
Juzgados especializados en el Campo de Gibraltar, control patrimonial y prevención en los barrios con policía de proximidad, deporte y FP.
Porque el narcotráfico está blanqueando dinero y captando jóvenes en el Campo de Gibraltar.
Obligación de publicar el programa electoral un mes antes de las elecciones, explicando cómo se aplicará cada medida.
Porque la ciudadanía tiene derecho a conocer el programa con tiempo para leerlo.
Hasta la media europea de plazas judiciales por habitante, con más presupuesto para la justicia.
Porque los juzgados están colapsados y la justicia lenta no es justicia.
Reformar el Consejo General del Poder Judicial para reforzar su independencia mediante la elección directa por la ciudadanía. Hasta entonces, mejorar la elección parlamentaria de los vocales para ganar pluralidad y transparencia, sin bloqueos partidistas. Todos los nombramientos discrecionales del CGPJ cumplirán los principios de mérito, capacidad y paridad de género.
Porque el reparto partidista del CGPJ ha bloqueado la justicia durante años.
Nombramientos públicos y con comparecencias en los órganos que dependen de las Cortes, y una Fiscalía General elegida por el Congreso por mayoría reforzada, con mandato largo y no renovable y sin que el Gobierno pueda cesarla.
Porque los órganos de control no pueden ser un reparto de cuotas entre partidos.
Reforzar su carácter territorial: cámara de las comunidades y nacionalidades, con sus miembros rindiendo cuentas ante sus parlamentos.
Porque el Senado no cumple hoy su función territorial.
Menos firmas y firma digital para una iniciativa legislativa popular, votación en un plazo máximo sin bloqueos y defensa por quienes la promueven en el pleno; consultas en las grandes decisiones y consultas municipales sin autorización del Gobierno.
Porque la ciudadanía debe poder decidir más allá de votar cada cuatro años.
Comisión en el Congreso que prepare las reformas de este programa que necesitan cambiar la Constitución: el voto de las personas extranjeras residentes en todas las elecciones, la vivienda como derecho fundamental, el aborto, Andalucía como nacionalidad histórica, el fin de los aforamientos, el Senado territorial, la elección directa del Consejo General del Poder Judicial, el referéndum de iniciativa ciudadana y el referéndum obligatorio de toda reforma constitucional.
Porque muchas de estas reformas necesitan cambiar la Constitución.
Reforma de la ley electoral para que la juventud pueda votar desde los 16 años.
Porque la juventud de 16 años trabaja, paga impuestos y debe poder votar.
Una parte de la inversión estatal decidida por la ciudadanía, con perspectiva de género.
Porque la ciudadanía sabe mejor que nadie qué necesita su barrio.
Traspaso de la ejecución penitenciaria que prevé el Estatuto, con su financiación.
Porque el Estatuto ya prevé esa competencia.
Centros adecuados para las personas con trastorno mental grave que hoy están en la cárcel.
Porque una persona con un trastorno mental grave necesita tratamiento, no una celda.
Conexión de todos los centros penitenciarios para las familias y el personal.
Porque visitar a un familiar en prisión no debería exigir tener coche.
En la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria y el resto de oficinas del Estado.
Porque muchas personas no consiguen cita y se quedan sin hacer sus trámites.
Un solo sistema en lugar de Cl@ve, DNI electrónico y certificado, con asistencia telefónica y puntos de ayuda.
Porque tener tres sistemas distintos para identificarse es un caos.
Siempre una alternativa presencial y alfabetización digital para las personas mayores, y nadie tendrá que aportar documentos que la Administración ya tiene.
Porque no todo el mundo sabe o puede hacer los trámites por internet.
Tramitación prioritaria en desahucios y cortes de suministros, y silencio positivo en las prestaciones sociales.
Porque una emergencia social no puede esperar meses.
Servicios permanentes con personal público, plan de reinternalización con calendario empezando por los esenciales, auditoría pública de las externalizaciones y subrogación de sus plantillas; mientras tanto, contratos que valoren la calidad y las cláusulas sociales por encima del precio, sin bajas que precaricen a las plantillas.
Porque externalizar servicios públicos ha empeorado la calidad y las condiciones laborales.
Con anulación de las sanciones por protestar.
Porque la ley mordaza castiga la protesta y limita la libertad de expresión.
Control civil independiente, formación en derechos humanos e identificación visible de los agentes.
Porque la policía debe rendir cuentas como cualquier servicio público.
Prohibirlas y acabar con la presunción de veracidad de los cuerpos policiales en las sanciones administrativas.
Porque las pelotas de goma han dejado tuertas a personas que solo protestaban.
Con la sociedad civil y las víctimas, y herramientas legales contra quien financia las campañas.
Porque los discursos de odio preparan el terreno a la violencia.
Unidades especializadas en prevenir e investigar los delitos de odio misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo y LGTBIfobo, y que se investigue a cualquier persona empleada pública que participe en ellos.
Porque los delitos de odio crecen y hace falta perseguirlos con medios.
Disolución de los grupos neonazis y neofascistas y de las fundaciones y asociaciones que glorifiquen el nazismo, el fascismo o el franquismo.
Porque exaltar el fascismo no es libertad de expresión.
Formación y control para erradicar los discursos y las prácticas antidemocráticas y de odio en su seno.
Porque no puede haber discursos de odio en quienes llevan armas en nombre del Estado.
Mecanismos para obligar a las administraciones que no apliquen la ley de igualdad de trato, con la vigilancia de un organismo independiente.
Porque la ley de igualdad de trato existe pero no se cumple.
Derogar el endurecimiento penal de los pequeños hurtos y la ley de desalojos rápidos.
Porque endurecer las penas a la pobreza no reduce la delincuencia.
Penas orientadas a la reinserción, como manda la Constitución.
Porque la Constitución dice que las penas deben orientarse a la reinserción.
Ley que proteja a quien defiende los derechos humanos.
Porque quien defiende los derechos humanos sufre amenazas y necesita protección.
Adaptación completa del reglamento europeo: transparencia de la propiedad, regulador independiente y protección de las fuentes.
Porque la ciudadanía tiene derecho a saber a quién pertenecen los medios.
Ley orgánica de secreto profesional y transposición de la directiva contra las demandas abusivas a periodistas.
Porque las demandas abusivas se usan para silenciar a periodistas.
Nombramientos por mérito y mayorías amplias, y financiación plurianual estable.
Porque la televisión pública no puede estar al servicio del gobierno de turno.
Obligación de repartir la producción externa de RTVE entre productoras de todas las comunidades autónomas, con un mínimo por territorio y centros de producción con capacidad real en Andalucía, para descentralizar el ente y fortalecer los ecosistemas audiovisuales.
Porque casi todo lo que produce RTVE se hace en Madrid.
Criterios objetivos, portal público del reparto y ningún contrato con medios que difundan bulos de forma reiterada.
Porque el dinero público no puede financiar medios que difunden bulos.
Prohibido que bancos y su gran accionariado controlen medios de comunicación.
Porque quien controla los medios controla buena parte de la opinión pública.
Revertir las inmatriculaciones hechas con el privilegio franquista de 1946, con un listado público y completo.
Porque la Iglesia se apropió de miles de bienes con un privilegio franquista.
Patronato público para la Mezquita de Córdoba, el Patio de los Naranjos y los bienes de valor excepcional.
Porque la Mezquita es patrimonio de la humanidad y debe ser de todos.
Ninguna confesión con privilegios fiscales ni simbólicos en un Estado laico.
Porque un Estado laico no puede privilegiar a ninguna religión.
Suprimir del Código Penal la ofensa a los sentimientos religiosos.
Porque criticar una creencia no puede ser delito.