Andalucía es de las tierras más expuestas al cambio climático en Europa: sequías cada vez más largas, olas de calor que ya cuestan vidas, incendios fuera de temporada y un litoral amenazado. Y, sin embargo, se sigue sobreexplotando el agua de Doñana, se llenan el campo y el monte de macroplantas sin planificar y se protege más el negocio del gas que a los hogares que no pueden pagar la luz. Mientras tanto, la extrema derecha niega la emergencia climática que ya sufren nuestros campos y nuestros pueblos: negar el problema es la forma más cara de no resolverlo. El agua, la energía y el territorio son de todas y todos y se gestionarán para el bien común: una ley de emergencia climática con objetivos verificables, la salida del gas, energía pública y renovable, el agua como derecho y una naturaleza protegida que también dé empleo en los pueblos.
Objetivos anuales y verificables de reducción de emisiones y de demanda energética, y un mínimo del 2 % del PIB para políticas ambientales.
Porque sin objetivos verificables las leyes climáticas se quedan en papel.
Reformar la Ley de Cambio Climático conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obligar a planes municipales.
Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado la inacción climática.
Desprivatización de toda la energía: una empresa pública renovable, con filial andaluza, que produzca, distribuya y venda electricidad a precio justo, y recuperación pública de las redes y de las grandes centrales.
Porque la energía es un bien básico y no puede estar en manos del negocio privado.
Prohibido cortar la luz y el gas por impago a los hogares vulnerables, y bono social de luz y agua aplicado de oficio y al 100 %, pagado por las compañías, y fin de los cortes de luz en los barrios, con inversión obligatoria en las redes.
Porque nadie debería pasar frío o calor por no poder pagar la factura.
Zonas de exclusión vinculantes y moratoria a las macroplantas en suelo rural hasta tenerlas, con control del troceo ilegal de proyectos.
Porque las macroplantas se están instalando sin planificación y a costa del campo.
Ninguna planta solar ni parque de baterías en suelo forestal o espacios protegidos.
Porque el monte y los espacios protegidos no son lugar para placas y baterías.
Ayudas, desgravaciones y menos trámites para el autoconsumo y las cooperativas de energía.
Porque producir tu propia energía abarata la factura y reparte el beneficio.
Fuera del sistema eléctrico en 2030, industria descarbonizada en 2035 y ninguna infraestructura gasista nueva.
Porque seguir dependiendo del gas es caro y contaminante.
De forma permanente, y gas y nuclear fuera de la taxonomía verde europea.
Porque el precio del gas dispara la factura de la luz aunque produzcamos con renovables.
Acabar con el sistema marginalista, que paga toda la electricidad al precio de la fuente más cara, y permitir comercializadoras eléctricas públicas de la Junta y de los ayuntamientos.
Porque el sistema actual paga toda la electricidad al precio de la fuente más cara.
Fin de las subvenciones a combustibles fósiles y nuclear, moratoria de hidrocarburos y Andalucía libre de fracking. Cierre ordenado de El Cabril: un plan estatal de clausura del almacén de residuos radiactivos de Hornachuelos, en zona Red Natura 2000 y con riesgo sísmico, y un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que no convierta Andalucía en el basurero nuclear del Estado.
Porque Andalucía no puede seguir pagando la crisis climática ni cargando con los residuos nucleares de todo el Estado.
Paralización definitiva del proyecto Marismas.
Porque almacenar gas bajo Doñana es un riesgo inaceptable.
El bono social térmico cubrirá la refrigeración y no solo la calefacción.
Porque en Andalucía el calor ya es tan peligroso como el frío.
Hasta evaluar su consumo de agua y energía.
Porque los centros de datos consumen enormes cantidades de agua y energía.
Plantas de menos de 25.000 toneladas al año, solo con residuos de la zona, a no menos de 15 km de los núcleos de población y lejos de los espacios protegidos, con consulta vinculante y prioridad a la gestión pública.
Porque una planta de biogás mal ubicada perjudica a los pueblos de alrededor.
Prioridad a los tejados de polígonos y edificios públicos, aparcamientos, canales cubiertos contra la evaporación e invernaderos, con oficinas energéticas municipales que asesoren a las comunidades energéticas.
Porque hay tejados de sobra antes de tener que ocupar el campo.
Techo de consumo de agua y energía por cuenca, nunca agua potable para refrigerar y prohibición de vender suelo público para centros de datos.
Porque el agua es escasa en Andalucía y no puede ir a refrigerar servidores.
Mínimo vital gratuito, sin cortes por no poder pagar y acceso digno para personas sin hogar y en asentamientos.
Porque el agua es un derecho humano y nadie debería quedarse sin ella.
Ciclo urbano del agua en manos públicas, sin cánones concesionales y con plazos para las concesiones vigentes.
Porque el agua es un bien común y no un negocio.
Caudales ecológicos y abastecimiento primero, freno al regadío intensivo, ni trasvases ni compraventa de derechos de riego, cierre de los pozos ilegales y canon progresivo para las grandes explotaciones.
Porque el agua tiene que llegar primero a las personas y a los ríos.
Con participación pública, protección de la población vulnerable y recuperación de espacios fluviales.
Porque las sequías y las inundaciones serán cada vez más frecuentes.
Financiación estatal para separar redes y evitar vertidos e inundaciones urbanas.
Porque las lluvias fuertes provocan vertidos e inundaciones en las ciudades.
Mantenimiento y seguridad de las presas y embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Porque una presa sin mantenimiento es un riesgo para quien vive aguas abajo.
Estatuto marco con contratos públicos de 12 meses.
Porque los incendios se apagan en verano pero se previenen todo el año.
Fondo público para contratar en otoño e invierno la limpieza y conservación de los montes.
Porque el monte limpio arde menos y da empleo en los pueblos.
Coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento.
Porque cada comunidad organiza sus servicios de bomberos de una forma distinta.
Protección frente a la sobreexplotación del agua y a cualquier proyecto que la amenace.
Porque Doñana se está secando por la sobreexplotación del agua.
Moratoria de construcción en el litoral, derribo del Algarrobico y protección del Tómbolo de Trafalgar.
Porque la costa andaluza no aguanta más cemento.
Obligar a los buques a usar combustibles menos contaminantes.
Porque el Estrecho es un mar de gran valor con un tráfico marítimo enorme.
Con financiación, objetivos y participación social, y corredores ecológicos que reconecten los hábitats.
Porque la naturaleza dañada se puede recuperar si se invierte en ella.
Bosques urbanos, sombra en parques y patios escolares y más zonas verdes.
Porque las ciudades sin sombra son cada vez más peligrosas en verano.
Recursos para frenar la seca de encinas y alcornoques.
Porque la seca está matando encinas y alcornoques en toda Andalucía.
Prohibición de estos insecticidas y franjas de seguridad sin fumigaciones alrededor de viviendas, colegios y espacios públicos.
Porque estos insecticidas matan a las abejas, y fumigar junto a las casas afecta a la salud.
Prohibición y transición a la ganadería extensiva.
Porque las macrogranjas contaminan el agua y destruyen el empleo de la ganadería familiar.
Plan director del arbolado en cada ayuntamiento, personal técnico certificado y obligación de conservar los árboles en las obras.
Porque los árboles urbanos se talan con demasiada facilidad.
Normas estatales que protejan el cielo nocturno, la salud y la fauna.
Porque la contaminación lumínica afecta a la salud y a la fauna.
Ley que reconozca la personalidad jurídica de Doñana y su entorno, como la del Mar Menor.
Porque dar derechos a Doñana permite defenderla ante los tribunales.
Su vuelta al Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, catalogado como vulnerable, y un plan de recuperación.
Porque el lobo es una especie que necesita protección para sobrevivir.
Corrección obligatoria de los tendidos eléctricos peligrosos, sanciones por cada ave electrocutada y medidas probadas en los parques eólicos, como pintar de negro una de las palas.
Porque los tendidos eléctricos y los aerogeneradores matan miles de aves cada año.
Zonas de exclusión de sónar en las aguas de cetáceos de buceo profundo.
Porque los sónares militares pueden matar a cetáceos.
Protección de paisajes como los viñedos y las albarizas del Marco de Jerez frente a las macroplantas.
Porque el paisaje también es patrimonio y se está perdiendo.
Prohibir construir en zonas inundables y planificar el cambio de uso de lo ya construido.
Porque construir en zonas inundables pone vidas en peligro.
Acceso a la tierra para jóvenes y mujeres y uso social de las tierras infrautilizadas, con exención en el IRPF para las personas jubiladas que cedan sus tierras a menores de 40 años a través del banco.
Porque acceder a la tierra es casi imposible para quien quiere empezar.
Ayudas a la reconversión ecológica, formación y asesoramiento público en los pueblos.
Porque el suelo agrícola se está degradando.
Investigación pública frente a plagas emergentes y ayudas a quien pierde la cosecha.
Porque las plagas nuevas pueden arruinar una cosecha entera.
Institución independiente que evalúe el impacto de las leyes en quienes vendrán.
Porque las decisiones de hoy las pagarán las generaciones que vienen.
Derecho a reparar y productos duraderos.
Porque un aparato que dura poco es más gasto y más basura.
Empresas públicas de recuperación de residuos urbanos e industriales y compostaje de proximidad de la materia orgánica en cada municipio.
Porque los residuos son un recurso si se gestionan bien.
Marco legal para ecoaldeas y proyectos comunitarios en el medio rural.
Porque hay personas que quieren vivir en el campo y no encuentran cómo.
Servicio financiero básico obligatorio en todos los municipios, a cargo de la banca y de la banca pública.
Porque en muchos pueblos ya no queda ni un cajero.
Programa estatal de pastoreo para limpiar los montes, con contratos dignos y apoyo a la ganadería extensiva.
Porque el ganado limpia el monte y previene incendios.
Financiación de las redes de semillas tradicionales y de los bancos de variedades locales.
Porque las semillas tradicionales son parte de nuestra soberanía alimentaria.
Servicios básicos garantizados en cada pueblo (transporte diario a demanda hasta la cabecera de comarca, atención sanitaria de calidad, internet y un centro cultural en cada cabecera), industria de economía circular y financiación prioritaria para la agricultura sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal.
Porque vivir en un pueblo no puede significar tener menos servicios.
Modernizar las infraestructuras hídricas y de regadío sin aumentar la superficie regada, y cuidar la viabilidad de las zonas forestales.
Porque el agua que se pierde en canales viejos es agua que falta.
Inventario público de los caminos rurales y las vías pecuarias ocupados o cerrados, y reforma de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias para agilizar su deslinde y recuperación de oficio y sancionar las cancelas, alambradas y vallados ilegales.
Porque muchos caminos públicos están cerrados con cancelas ilegales.
Financiación estatal, en coordinación con la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, para retirar obstáculos, restaurar y señalizar los caminos, con un canal de denuncia ciudadana y la participación de asociaciones vecinales, ecologistas, senderistas y agrarias.
Porque recuperar los caminos exige dinero y coordinación entre administraciones.