«Ningún muro entre españoles»
Mi compromiso es derribar el muro que han levantado para separarnos y que los protagonistas de nuestra historia volvamos a ser nosotros, los españoles
La Nación española ha estado sometida durante estos años a tres fuerzas que la dividen. Se ha negociado la soberanía nacional a cambio de apoyos parlamentarios. Se ha hecho de la confrontación entre españoles una forma de conservar el poder. Y se ha antepuesto la diferencia, territorial o de grupo, a la ciudadanía compartida.
El resultado es una España más fragmentada, más injusta y más débil. Un país en el que los derechos dependen demasiado del lugar en el que uno vive, en el que las diferencias se convierten con demasiada facilidad en privilegios o agravios y en el que lo que nos hace ciudadanos de un mismo país se ha ido diluyendo.
Nosotros creemos otra cosa. Que una nación es una comunidad de ciudadanos libres e iguales ante la ley y también una comunidad de afectos, vínculos y lealtades compartidas. Que España es plural y esa pluralidad forma parte de lo que somos. No necesitamos estar de acuerdo en todo, pero sí conservar la capacidad de acordar lo importante. Esa cultura del acuerdo, que tiene en el diálogo social su mejor ejemplo, forma parte de lo mejor de nuestro modelo democrático. Porque convivir no consiste en borrar nuestras diferencias, sino en impedir que nos separen.
Por eso vamos a reunir lo que se ha separado: queremos que los derechos valgan lo mismo en cualquier lugar de España, que territorios, generaciones y personas vuelvan a reconocerse como parte de un mismo proyecto, que las infraestructuras funcionen y vertebren de verdad el país, que nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones puedan seguir transmitiéndose como una herencia compartida y que la nacionalidad española recupere todo su valor como vínculo de pertenencia. Los españoles no tenemos que pensar igual para volver a hacer cosas juntos. Es suficiente con que la ley, los derechos y la libertad valgan lo mismo en toda España.
Cambiar de Comunidad Autónoma no significará perder prestaciones, empezar de cero un trámite o recibir peor atención. Fortaleceremos la Alta Inspección del Estado para que compruebe que los derechos reconocidos por ley nacional se ejercen en toda España.
La cohesión del sistema sanitario y social empieza por que nada falle cuando un español cruza de comunidad. En coordinación con las Comunidades Autónomas, garantizaremos que la historia clínica y la historia social puedan consultarse desde cualquier servicio asistencial, con todas las garantías de privacidad y seguridad. Un paciente que se desplace será atendido con su historia clínica y social completa en toda España.
Fijaremos por ley, sector a sector y de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los requisitos comunes para ejercer una actividad en España, de modo que una licencia, una autorización o una inscripción obtenidas en una comunidad sirvan en todas las que compartan esos requisitos. Cualquier exigencia autonómica adicional tendrá que ser necesaria y proporcionada, y quien encuentre una traba injustificada podrá denunciarla, con respuesta en un plazo breve y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia legitimada para llevarla a los tribunales.
Se aplicará en todo el territorio nacional. Sus condiciones básicas, incluyendo su evaluación, se acordarán con las Comunidades Autónomas y los órganos de representación de las universidades, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
El castellano es la lengua común de los españoles, que tienen el deber constitucional de conocerla y el derecho a usarla. Las lenguas de cada Comunidad Autónoma son un patrimonio cultural de todos los españoles que debemos amparar y, por eso, se defenderá su uso junto al de la lengua oficial común. Garantizaremos el derecho constitucional de recibir enseñanza en castellano en todas las etapas del sistema educativo y en toda la Nación, desde el respeto a las lenguas cooficiales de cada una de las Comunidades y en cumplimiento de las sentencias judiciales.
La cordialidad entre las lenguas cooficiales y la lengua oficial común es muestra de la España capaz de convivir alrededor de un proyecto compartido desde la pluralidad. Los requisitos lingüísticos respetarán las libertades y los derechos fundamentales de todos. Aseguraremos que las Administraciones de los territorios con cooficialidad se dirijan a los ciudadanos en la lengua oficial o en la cooficial, a elección del ciudadano.
Estableceremos criterios de prioridad en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos para procurar la asignación prioritaria a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con España. Se tendrán en cuenta, entre otros elementos, el empadronamiento, la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. Estos criterios se aplicarán dentro de los límites constitucionales y europeos, por lo que no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad.
Estableceremos incentivos económicos en las zonas en declive demográfico para abrir negocios, facilitar el relevo empresarial, atraer inversiones productivas que creen empleo estable y comprar o rehabilitar viviendas destinadas a residencia habitual. Impulsaremos el teletrabajo y aseguraremos conectividad de calidad. En colaboración con las Comunidades Autónomas, fortaleceremos los servicios públicos y los cuidados de proximidad a quienes viven lejos de las grandes ciudades mediante atención móvil, centros comarcales, transporte a demanda y soluciones específicas para los municipios más pequeños. Los servicios tienen que ser accesibles, no obligar a marcharse para encontrarlos.
España no es uniforme. Sus territorios son distintos en población, tamaño, historia, necesidades y capacidad económica, y esa pluralidad forma parte de lo que somos. La autonomía existe precisamente para gobernar mejor esas diferencias, pero ni la diferencia puede convertirse en privilegio ni la solidaridad en irresponsabilidad. Reconoceremos sus necesidades reales, exigiremos responsabilidad en sus decisiones y garantizaremos reglas comunes.
Convocaremos la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para sentar las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica, que se acordará de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se llevará a las Cortes. Se aprobará un fondo de nivelación transitorio, financiado con recursos del Estado, que estará vigente hasta el momento en que entre en vigor el nuevo sistema de financiación. El nuevo sistema ampliará los recursos del conjunto de las Comunidades Autónomas y garantizará recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, de forma muy particular en el ámbito de la sanidad. Las autonomías podrán definir sus propias políticas tributarias dentro de sus competencias y responderán de sus gastos. La AIReF y el Ministerio de Hacienda participarán en el análisis del modelo.
Ninguna de las Comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema. Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello.
. Cada Comunidad responderá de sus decisiones y de su deuda. Trabajaremos de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las mismas reglas para todas, en una reestructuración de la deuda de las Comunidades Autónomas. Retiraremos de forma gradual los mecanismos extraordinarios de financiación a medida que las Comunidades recuperen su autonomía financiera y vuelvan a acudir a los mercados. Los mecanismos excepcionales para situaciones de crisis tendrán reglas previas, transparentes y comunes para todos. Las Comunidades y Ciudades Autónomas tendrán un tratamiento específico en caso de emergencias o grandes catástrofes, como en el caso de Ceuta o Valencia.
Pondremos en marcha un nuevo sistema de financiación local, estable, equitativo y coordinado con el autonómico. La financiación local premiará a los ayuntamientos que faciliten suelo y vivienda asequible. Revisaremos las transferencias y los tributos locales o cedidos, teniendo en cuenta también la población estacional y la dispersión poblacional. Reformaremos la Ley de Residuos para que los ayuntamientos puedan decidir sobre la tasa. Trabajaremos con los ayuntamientos que se encuentran en una peor situación financiera, estableciendo un nuevo marco para su deuda que les dé un nuevo horizonte de gestión e inversión. Revisaremos las competencias impropias que han ido asumiendo los ayuntamientos, regulándolas y dotándolas de financiación donde resulte necesario.
Aprobaremos el Estatuto de los Pequeños Municipios para reducir su burocracia, agilizar la contratación y facilitar que compartan personal y servicios. Aumentaremos el apoyo de las diputaciones en la gestión y la prestación de servicios. Ninguna obligación nueva del Estado llegará a un ayuntamiento sin financiación para cumplirla.
Destinaremos ayudas directas para los municipios de menos de 250 habitantes, para sostener sus servicios básicos, mantener sus infraestructuras y acceder a proyectos europeos y subvenciones. Estas ayudas reforzarán el abastecimiento de agua, la recogida de residuos, el alumbrado y la asistencia técnica al personal municipal. Esta inversión permitirá atender también los aumentos de población durante las vacaciones. Su tramitación será sencilla y adaptada a los medios de los ayuntamientos más pequeños.
Compensaremos las desventajas de la insularidad y la ultraperiferia y tendremos en cuenta sus costes en las leyes, los planes y las inversiones del Estado. Aseguraremos conexiones marítimas y aéreas regulares y suficientes para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, tanto para viajeros como para mercancías, con obligaciones de servicio público en las rutas justificadas y alternativas ante interrupciones. Adecuaremos los aeropuertos insulares a la demanda e impulsaremos mejoras en las infraestructuras de agua, energía y telecomunicaciones para garantizar los suministros. Estableceremos incentivos para atraer y retener empleados públicos en destinos insulares y ultraperiféricos de difícil cobertura, atendiendo al coste de la vida y la lejanía.
Una sociedad no puede sostenerse si cada generación mira únicamente por sí misma. Gobernar es proteger a quienes han contribuido durante toda su vida, abrir oportunidades a quienes empiezan y asumir que las decisiones de hoy condicionarán durante décadas a quienes vienen detrás.
Reduciremos el déficit estructural y la deuda. Las grandes decisiones sobre vivienda, empleo, pensiones, educación y fiscalidad tendrán en cuenta su impacto en las siguientes generaciones y se orientarán a ampliar sus oportunidades de trabajar, ahorrar, emanciparse, emprender y formar una familia.
Reconstruiremos el Pacto de Toledo sobre un principio claro: las pensiones son un compromiso de Estado, por encima de la confrontación partidista. Aseguraremos que mantengan su poder adquisitivo y suban cada año con el IPC. Aseguraremos a los más jóvenes que sus futuras pensiones también mantendrán su poder adquisitivo. Incentivaremos la jubilación activa mediante deducciones en el IRPF. Proteger a quienes han sostenido el sistema durante toda su vida exige también que quienes hoy empiezan a trabajar puedan confiar en que habrá una pensión para ellos.
El programa reserva este número para una medida pendiente de anunciar.
El aumento de la esperanza de vida debe traducirse en más años de bienestar, autonomía y libertad. Aseguraremos el derecho a la atención presencial, modernizaremos el IMSERSO y facilitaremos que los mayores puedan elegir cómo y dónde vivir y recibir cuidados. Favoreceremos una vida social activa y las relaciones entre generaciones, y reconoceremos especialmente el papel insustituible de los abuelos en las familias.
Una comunidad política se mide también por cómo trata a quienes necesitan apoyos distintos para ejercer las mismas libertades. La igualdad de oportunidades consiste en impedir que una circunstancia personal cierre caminos o limite la autonomía de nadie.
Combatiremos cualquier discriminación por razón de origen, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra circunstancia personal. Eliminaremos las barreras que impidan estudiar, trabajar, participar en la vida pública o desarrollar un proyecto de vida con libertad y en igualdad de oportunidades. En particular, continuaremos luchando contra la LGTBIfobia.
Aseguraremos una atención temprana de calidad y la continuidad de los apoyos a lo largo de toda la vida, impulsando la asistencia personal, la vivienda con apoyos, el empleo inclusivo y la accesibilidad universal. Haremos compatibles las pensiones de discapacidad con el empleo y ampliaremos los apoyos para adaptar los puestos de trabajo y favorecer el empleo con apoyo. Ampliaremos el acceso a la jubilación anticipada de las personas con síndrome de Down y apoyaremos específicamente a las personas con autismo y sus familias.
La soledad no deseada afecta a mayores, pero también a jóvenes, personas con discapacidad y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Mejoraremos la detección, el acompañamiento y la participación social en colaboración con Comunidades Autónomas, ayuntamientos y sociedad civil.
Impulsaremos un Pacto de Estado por la Dependencia para asegurar una financiación estable y plurianual de acuerdo con las Comunidades Autónomas y haremos efectiva la aportación estatal del 50% del coste público del sistema. Las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por la atención profesional de un mayor dependiente, y el Estado cotizará por quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente, cobre o no la prestación por cuidados en el entorno familiar.
Trabajaremos para que las políticas de igualdad aborden los problemas reales que siguen limitando la libertad y las oportunidades de las personas. Eliminaremos los obstáculos que todavía frenan la trayectoria profesional y personal de las mujeres. Revisaremos las normas que hayan generado inseguridad jurídica en nombre de la igualdad, como la Ley Trans, y eliminaremos la libre autodeterminación registral del sexo, para reforzar la seguridad jurídica y proteger a los menores. Garantizaremos que el sexo biológico sea el criterio para las categorías deportivas femeninas.
Daremos prioridad al mantenimiento de las infraestructuras que deben unir a personas y territorios con seguridad, calidad y puntualidad. Evaluaremos la eficiencia de las inversiones y su contribución a la vertebración territorial. Además, corregiremos las ineficiencias generadas por el abandono continuado de los últimos años, auditaremos su funcionamiento y solventaremos las necesidades urgentes con la mayor celeridad.
La calidad de vida de los ciudadanos depende directamente de la calidad de nuestras infraestructuras. Son clave para la vertebración del territorio, para las relaciones sociales y para la competitividad económica. Por ello movilizaremos, junto con el sector privado, más de 300.000 millones en los próximos 15 años para impulsar autovías y redes viarias, Alta Velocidad y Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas a través de un Plan Nacional de Infraestructuras.
Analizaremos las más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad y cuantificaremos las inversiones necesarias para abordarlas, estableciendo prioridades a corto y medio plazo. Aprobaremos un plan de atención urgente a los pasajeros cuando un tren quede detenido durante el trayecto.
. Vamos a recuperar la gestión y fiabilidad que durante décadas han hecho del AVE un referente internacional de puntualidad y excelencia. Renovaremos las vías y trenes más antiguos, e intensificaremos el mantenimiento preventivo para reducir progresivamente averías y retrasos, empezando por el Corredor de Alta Velocidad a Andalucía. Proseguiremos las obras en ejecución. Las nuevas conexiones se realizarán progresivamente, cuando esté garantizada la seguridad del servicio existente, y se ejecutarán con calendarios realistas, financiación asegurada y previsión de sus costes de mantenimiento. Haremos efectivas las indemnizaciones por retrasos.
Actuaremos progresivamente, empezando por las líneas que concentran más averías, retrasos y cancelaciones. Renovaremos las vías, los trenes y los equipos priorizando la seguridad y reforzando las frecuencias de acuerdo con la demanda.
Modernizaremos las infraestructuras clave de la red convencional y mejoraremos sus servicios. Aceleraremos los tramos pendientes de los corredores Mediterráneo, Atlántico y Ruta de la Plata y apoyaremos todas las actuaciones de la Red Transeuropea de Transporte en España para reforzar las conexiones entre territorios y con Europa.
Desplegaremos un programa de conservación para los más de 26.500 kilómetros de carreteras estatales, empezando por los tramos con mayor tráfico, más deteriorados y con mayor concentración de accidentes. Habilitaremos carriles de adelantamiento seguro donde sean necesarios y ampliaremos las áreas de descanso y los aparcamientos seguros para transportistas.
Impulsaremos las inversiones en infraestructuras conectadas, sostenibles y seguras, que favorezcan el desarrollo y despliegue del 5G en las vías de alta capacidad, y la implantación de puntos de recarga a fin de favorecer la descarbonización de los tráficos rodados.
Mejoraremos los accesos ferroviarios y viarios de la red de 46 puertos de interés general, reforzando su papel como enlace comercial entre Europa, América y África. Las infraestructuras portuarias se ampliarán con proyectos ajustados a la demanda, extendiendo el suministro eléctrico a los buques atracados.
Resolveremos los puntos de saturación y ejecutaremos las ampliaciones que justifiquen la demanda prevista y las necesidades de conectividad territorial.
Dentro del Plan Nacional de Infraestructuras, movilizaremos hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030. Modernizaremos los regadíos y generaremos recursos nuevos con infraestructuras, desalación y reutilización. Impulsaremos también soluciones de alta eficiencia a gran escala para el almacenamiento de energía como las centrales hidroeléctricas reversibles. Gestionar riesgos y prevenir inundaciones y sequías será prioritario. Las infraestructuras hidráulicas existentes se regirán por criterios claros y objetivos situando la seguridad y el mantenimiento de presas o la protección frente a avenidas y los sistemas de alerta temprana entre las prioridades.
Propondremos la reforma del Reglamento de la Cámara para que los debates parlamentarios se desarrollen en la lengua común de todos los españoles. Del mismo modo, el castellano será la lengua de trabajo en los órganos de máximo nivel de cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, sin perjuicio del reconocimiento y protección de las lenguas cooficiales en sus respectivos ámbitos. Mantendremos la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales en el Senado.
Llevaremos a cabo una reforma legal que rehabilite y proteja los símbolos del Estado, incluidos los de las Comunidades Autónomas.
Derogaremos la mal llamada «ley de memoria democrática», corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia —con los victimarios— desde la manipulación y el enfrentamiento. La sustituiremos por una norma de concordia que proteja la investigación histórica, la reconciliación y el legado constitucional de la Transición, y que mantenga, con carácter humanitario, la búsqueda e identificación de desaparecidos.
La memoria de las víctimas de ETA incluirá la verdad sobre los crímenes sin resolver que el Estado se compromete a esclarecer y a publicar cada año.
Haremos efectiva la prohibición de los homenajes a terroristas y haremos responsable a la autoridad que los permita o financie. Además, reforzaremos la exigencia de colaboración con la Justicia para acceder a los beneficios penitenciarios: no habrá tercer grado ni libertad condicional para los condenados por terrorismo sin arrepentimiento veraz y sin una colaboración efectiva y verificable con la Justicia para esclarecer los asesinatos aún sin resolver. Daremos a la Audiencia Nacional, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil los medios para revisar todos los casos, uno por uno.
El programa reserva este número para una medida pendiente de anunciar.
Los currículos de Historia se elaborarán con las Reales Academias y las sociedades científicas, y no con el Gobierno de turno. Los alumnos estudiarán la Constitución, la Transición y el daño causado por el terrorismo, así como el papel de quienes lo combatieron.
Corregiremos los sesgos ideológicos que han excluido del apoyo institucional a determinados proyectos culturales y acabaremos con la censura y la cultura de la cancelación. No se excluirá arbitrariamente a creadores, artistas o proyectos de ayudas, premios, instituciones o espacios públicos por sus ideas. Aseguraremos la pluralidad real en jurados, consejos e instituciones culturales públicas para que todas las sensibilidades que forman parte de la sociedad española tengan espacio y reconocimiento.
Actualizaremos las leyes que protegen el patrimonio material e inmaterial de España, daremos un impulso nacional e internacional a nuestros Museos Nacionales y Estatales, especialmente a instituciones referentes como el Museo del Prado o el Reina Sofía, y velaremos, en colaboración con las Comunidades Autónomas, por la protección de aquellos bienes expuestos al deterioro, el vandalismo y el tráfico ilícito. Al mismo tiempo, ampliaremos los incentivos para que ciudadanos, empresas y fundaciones puedan contribuir y ver reconocido su apoyo a la cultura, la ciencia y el deporte a través de una nueva Ley de Mecenazgo. Para lograrlo, contaremos con el sector en su conjunto y con las industrias culturales y creativas.
Los diferentes folclores y cada una de nuestras fiestas y tradiciones populares también forman parte del patrimonio y el paisaje cultural común de España. Garantizaremos su protección, apoyaremos a quienes las mantienen vivas y facilitaremos su transmisión a las nuevas generaciones. Recuperaremos el respeto y la promoción de las expresiones que mejor combinan tradición y futuro, empezando por la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, y fortaleceremos la presencia y proyección de estas manifestaciones dentro y fuera de España.
. Seremos los mejores embajadores de nuestra lengua en el mundo con el objetivo de atraer talento, eventos, inversión y público, haciendo del español, que está en su mejor momento, una potencia cultural global. Reforzaremos el liderazgo del Instituto Cervantes como el mayor organismo cultural del mundo en lengua española, abierto a la participación del resto de países hispanohablantes, con nuevas Residencias de Artistas inspiradas en la Real Academia de España en Roma y proyección exterior de los creadores españoles.
Impulsaremos la promoción exterior de nuestra cultura, nuestro patrimonio, el turismo, las universidades, la gastronomía y el deporte para aumentar la presencia y la influencia de España en el mundo. El español será el eje de nuestra diplomacia cultural: reforzaremos su enseñanza y la proyección internacional de nuestras industrias culturales y de entretenimiento. Promoveremos también las lenguas cooficiales como parte del patrimonio cultural común de España.
Nuestro deporte tendrá una financiación acorde con su importancia para nuestra sociedad y fomentaremos el patrocinio y el mecenazgo privados. Reconoceremos la trayectoria de los deportistas de alto nivel que han representado a España y corregiremos los vacíos legales que hayan impedido su cotización a la Seguridad Social. Defenderemos que España albergue la final del Mundial de fútbol de 2030 y condicionaremos a ello nuestra participación en la competición.
Modificaremos el modelo de concesión para que la nacionalidad deje de funcionar como una consecuencia casi automática del paso del tiempo. Su obtención deberá responder a un vínculo efectivo con España y a una integración acreditada, de forma que las concesiones se concentren en quienes cumplan realmente las condiciones exigidas para incorporarse plenamente a nuestra comunidad política.
Aprobaremos una nueva Ley de Nacionalidad que refuerce las condiciones de acceso: residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, de nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Mantendremos un tratamiento preferente para los países de la Hispanidad, con los que España comparte vínculos históricos, culturales y lingüísticos excepcionales.
Endureceremos las consecuencias legales para quienes hayan adquirido la nacionalidad española mediante fraude, falsedad u ocultación. Además, regularemos la pérdida de la nacionalidad de quienes no sean españoles de origen cuando exista condena firme por determinados delitos graves contra la vida, la libertad sexual, la seguridad nacional, la integridad del Estado o la comunidad internacional, evitando en todo caso situaciones de apatridia.
Garantizaremos que la nacionalidad se reconozca únicamente a quienes acrediten de forma efectiva su condición de descendientes de exiliados españoles.