«La verdadera revolución comienza por una sanidad universal, gratuita y de»
calidad Diagnóstico y datos de partida El Sistema Nacional de Salud (SNS) sufre el impacto de recortes y privatizaciones soterradas. Las listas de espera quirúrgicas superan los 120 días de media y las consultas externas rebasan los 90 días. El gasto sanitario público en España se sitúa en el 6,7% del PIB, lejos del gasto de países de nuestro entorno. La situación en salud mental es crítica: España lidera el consumo mundial de benzodiacepinas y cuenta con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la red pública, frente a la media europea de 18. La salud pública es un valor supremo innegociable y entendemos que es imposible cuidar la vida de la ciudadanía precarizando la de quienes la sostienen: someter al personal sanitario a jornadas extenuantes de 24 horas, a la sobrecarga asistencial en agendas desbordadas y a un desgaste estructural permanente constituye una forma inaceptable de violencia económica e institucional. Hacemos nuestras sus reivindicaciones —desde la erradicación progresiva de las guardias de 24 horas y el reconocimiento adecuado de su cualificación profesional hasta el refuerzo inmediato de las plantillas y el respeto a la jornada de 35 horas—, y nos comprometemos a abrir una mesa de diálogo vinculante y permanente con las organizaciones y colectivos sanitarios para armonizar el marco legislativo estatal y los recursos de las comunidades autónomas, garantizando que todas estas demandas lleguen a buen término y devuelvan a la sanidad pública la dignidad que merece. En la Séptima Carta a Mis Amigos, Silo escribe: «Si la salud y la educación son tratadas de modo desigual para los habitantes de un país, la revolución implica educación y salud gratuita para todos, porque en definitiva esos son los dos valores máximos de la revolución y ellos deberán reemplazar el paradigma de la sociedad actual dado por la riqueza y el poder. Poniendo todo en función de la salud y la educación, los complejísimos problemas económicos y tecnológicos de la sociedad actual tendrían un marco correcto de resolución».
Derogación inmediata de la Ley 15/1997 y de todas las fórmulas de colaboración públicoprivada o concesiones administrativas en la sanidad pública. Blindaje en el artículo 43 de la Constitución de la gestión pública directa, universal y gratuita del SNS.
Incremento progresivo de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar el 9,5% del PIB en la legislatura, destinando como mínimo el 25% de este presupuesto a la Atención Primaria y Comunitaria.
Contratación pública urgente de profesionales de la psicología clínica hasta garantizar una ratio de 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria. Transformación del modelo biomédico hacia un enfoque psicosocial que aborde las causas estructurales del sufrimiento e implantación del fin absoluto de la contención mecánica y el aislamiento forzado.
Inclusión en la cartera pública 100% gratuita de la atención bucodental integral (incluyendo empastes, endodoncias y prótesis) y del servicio de salud visual básica (graduación y suministro de gafas o lentes de contacto gratuitas según prescripción médica).
Sustitución progresiva del modelo masificado y lucrativo de residencias privadas por una Red Pública de Centros de Convivencia Comunitarios humanizados (máximo 25 plazas por módulo). Equiparación salarial y condiciones laborales dignas para el personal de cuidados e integración en el sector público.