PH: Lo primero es la gente / bloque 1

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Economía y empleo

«El reparto de la riqueza como herramienta de igualdad social»

Diagnóstico y datos de partida España mantiene una de las tasas de vulnerabilidad más alarmantes de la Unión Europea: el 25,7 % de la población (12,5 millones de personas) está en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que afecta a uno de cada tres menores (33,8 %). Lejos de ser un escudo protector infalible, el empleo ya no garantiza salir de los márgenes: más de 2,2 millones de personas trabajadoras viven en situación de pobreza oficial (el 11,5 % de la ocupación), una cifra que golpea con especial violencia a los contratos a tiempo parcial involuntarios, al régimen de autónomos y a sectores precarizados como el empleo doméstico y la hostelería. La brecha se vuelve insostenible cuando entra en juego el coste desbocado de la vivienda: al descontar el pago del techo, otros 770.000 trabajadores caen bajo el umbral, elevando la cifra real a casi 3 millones de personas trabajadoras pobres (el 15,5 % de la masa laboral). El alquiler a precio de mercado actúa como un auténtico sumidero económico que dispara la tasa de pobreza al 34 % entre los empleados inquilinos, demostrando que ni las subidas del salario mínimo ni el récord de afiliación bastan frente a la escasez de horas trabajadas y la asfixia del mercado inmobiliario. A pesar de los discursos oficiales de recuperación, España mantiene una tasa de desempleo estructural cercana al 11% (una de las más altas de la OCDE) y una tasa de desempleo juvenil que supera el 26%. La precariedad laboral afecta de manera desproporcionada a la juventud, con salarios medios de entrada que no alcanzan los 1.100 € mensuales y tasas de temporalidad parcial involuntaria elevadas. También, pese a la mejora del empleo femenino, la precariedad laboral sigue afectando de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a través de la temporalidad, la parcialidad involuntaria, el desempleo de larga duración y la segregación ocupacional. A esto se suma la irrupción acelerada de la inteligencia artificial y la automatización, que amenaza con desplazar cientos de miles de puestos de trabajo sin un mecanismo público de reparto de la riqueza generada por la productividad tecnológica. Esta situación insostenible requiere medidas valientes, no simples propuestas que maquillen ligeramente la situación sin entrar de lleno en la necesidad de un cambio en la relación histórica entre el capital y el trabajo. Como se afirma en el Documento Humanista: «Para los humanistas existen como factores de la producción, el trabajo y el capital, y están demás la especulación y la usura. En la actual situación los humanistas luchan porque la absurda relación que ha existido entre esos dos factores sea totalmente transformada. Hasta ahora se ha impuesto que la ganancia sea para el capital y el salario para el trabajador, justificando tal desequilibrio con el "riesgo" que asume la inversión, como si todo trabajador no arriesgara su presente y su futuro en los vaivenes de la desocupación y la crisis. Pero, además, está en juego la gestión y la decisión en el manejo de la empresa. La ganancia no destinada a la reinversión en la empresa, no dirigida a su expansión o diversificación, deriva hacia la especulación financiera. La ganancia que no crea nuevas fuentes de trabajo, deriva hacia la especulación financiera. Por consiguiente, la lucha de los trabajadores ha de dirigirse a obligar al capital a su máximo rendimiento productivo. Pero esto no podrá implementarse a menos que la gestión y dirección sean compartidas. ¿De otro modo, cómo se podría evitar el despido masivo, el cierre y el vaciamiento empresarial? Porque el gran daño está en la subinversión, la quiebra fraudulenta, el endeudamiento forzado y la fuga del capital, no en las ganancias que se puedan obtener como consecuencia del aumento en la productividad. Y si se insistiera en la confiscación de los medios de producción por parte de los trabajadores, siguiendo las enseñanzas del siglo XIX, se debería tener en cuenta también el reciente fracaso del socialismo real».

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Economía y empleo

4 propuestas, pág. 4
11Empleo y emprendimientoLey de Propiedad Participada de los Trabajadores (ampliando la Ley 44/2015, de 14 de octubre)

Establecimiento de una batería de exenciones fiscales para la creación y desarrollo de Sociedades Laborales (en las que más del 50% del capital social es propiedad de los trabajadores) y para empresas participadas por los trabajadores (que no alcanzan el requisito anterior) que también implementen mecanismos de cogestión, es decir, participación de los trabajadores paritaria con la propiedad en la gestión de la empresa. Estas exenciones deben ser suficientes y servir para impulsar de forma efectiva la existencia de empresas que llevan la democracia a su funcionamiento interno y que, además, debido a la vinculación de sus miembros, mostrarán una mayor coherencia y resiliencia frente a las crisis. Creación de Fondos de Accionariado Laboral alimentados con el 25% de los beneficios netos anuales de la empresa, transfiriendo paulatinamente la propiedad de las acciones a la plantilla. 

Colectivos
Empresas e industria
Palancas
Cambio legalImpuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el Estado
21Pensiones y cohesión socialRenta Básica Universal e Incondicional (RBUI)

Garantía por ley de una asignación monetaria individual, incondicional y universal de 950 € al mes para toda persona mayor de edad residente en España (calculada en el 120% del umbral de pobreza monetaria actual). Memoria económica y viabilidad: El coste bruto de la RBUI para aproximadamente 38 millones de adultos es de 433.200 millones de euros anuales. Sin embargo, su coste neto de financiación asciende a aproximadamente 140.000 millones de euros al absorber subsidios no contributivos duplicados y reestructurar el IRPF. Se financiará mediante: Una reforma progresiva del IRPF sobre las rentas del capital y del trabajo superiores a 120.000 € anuales (aportando 55.000 M€). Un Impuesto a las Grandes Fortunas y Patrimonio Neto superior a 3 millones de euros (aportando 25.000 M€). Una Tasa sobre Transacciones Financieras Especulativas (Tasa Tobin) del 0,5% en operaciones bursátiles de alta frecuencia (aportando 20.000 M€). Un Plan Integral de Lucha contra el Fraude y la Evasión Fiscal de grandes corporaciones y patrimonios, fijando un objetivo de recaudación recuperada de 30.000 M€ anuales (según estimaciones de los técnicos de Hacienda Gestha). Ahorro de costes administrativos y supresión de partidas redundantes de prestaciones mínimas (10.000 M€).

Palancas
Cambio legalImpuestos y cotizacionesGasto e inversiónPlan o pacto
Territorios
España
31Empleo y emprendimientoReducción de la jornada laboral a 30 horas semanales

Reducción legal de la jornada ordinaria laboral a 30 horas semanales distribuidas en 4 días, sin reducción del salario. Esta medida redistribuye el trabajo existente frente al impacto de la automatización, mejora la salud física y mental de los trabajadores y fomenta la conciliación personal y comunitaria.

Colectivos
Pacientes
41Empleo y emprendimientoBanca Pública sin Interés

Creación de una Red Bancaria Pública a partir de la consolidación de entidades con participación estatal. La Banca Pública concederá créditos a tipo de interés 0% (cobrando únicamente gastos mínimos de gestión). Estos créditos serán destinados exclusivamente a la adquisición de primera vivienda habitual, proyectos de economía social y cooperativa, transición ecológica, pequeñas empresas y sociedades laborales y empresas participadas por los trabajadores. La banca tradicional considera el dinero como mercancía y, a través del interés usurario, endeuda progresivamente a empresas y familias, convirtiéndose en un poder fáctico emergente que abre la puerta a la economía especulativa, a expensas de la economía real. La Banca Pública sin interés, en cambio, considera al dinero como un servicio y podrá facilitar la resolución de necesidades y proyectos individuales o conjuntos, compartiendo riesgos y beneficios que, en definitiva, redundan en beneficio conjunto. Esta propuesta de Banca Pública sin interés no implica prohibición ni restricciones para el ejercicio de la banca privada, sino que pone al Estado frente a su responsabilidad para con los ciudadanos, ofreciendo una alternativa crediticia que ayude a la sociedad y, eventualmente, pueda protegerla de abusos financieros.

Colectivos
FamiliasEmpresas e industria
Palancas
Gasto e inversiónReorganizar el Estado