Democracia real, responsabilidad política y justicia cercana

Diagnóstico y datos de partida El Barómetro del CIS refleja de forma recurrente que la clase política y las instituciones son percibidas por más del 40% de la población como uno de los principales problemas del país. Existe un divorcio estructural entre los compromisos adquiridos en campaña y la acción posterior de gobierno. En la actualidad vivimos en la trampa de la democracia formal, donde las cúpulas partidarias piden el voto prometiendo unas cosas para luego servir a intereses muy alejados de las necesidades de la gente. Para los humanistas no es suficiente votar una vez cada cuatro años. Las nuevas tecnologías permiten la construcción de mecanismos directos de información y participación, que controlen al poder político y permitan una soberanía real del pueblo, y no sólo un simulacro en el papel. Por ello proponemos una Ley de Responsabilidad Política que obligue a los cargos electos a responder ante los ciudadanos sobre las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, y contemple las promesas realizadas en campaña como un contrato entre el político y los votantes. Este contrato, al igual que cualquier otro, tiene que poder rescindirse cuando el político no lo cumple. Por otra parte, existen posibilidades tecnológicas para garantizar que las personas puedan aportar y participar en la toma de decisiones importantes en barrios y municipios y en ámbitos claves relacionados con la salud, la educación, el medioambiente o la cultura, entre otros. Además, defendemos que la delegación de poder que se hace en los representantes tiene que limitarse a los asuntos de administración ordinaria y al cumplimiento de sus programas electorales. Todas las grandes decisiones deben ser consultadas a los ciudadanos mediante referéndum. 