«Las casas son para vivir, no para especular»
Diagnóstico y datos de partida El acceso a la vivienda constituye la principal fuente de desigualdad y empobrecimiento en España. Más del 40% de los hogares inquilinos y el 60% de los jóvenes destina más del 40% (alcanzando en áreas tensionadas hasta el 65%) de sus ingresos mensuales al pago del alquiler o hipoteca. Mientras la media europea de parque público de vivienda social se sitúa en el 9% (con referencias como Viena que superan el 20%), España cuenta con un residual 2,5%, fruto de décadas de mercantilización y especulación inmobiliaria. El alquiler a precio de mercado actúa como un auténtico sumidero económico que dispara la tasa de pobreza al 34 % entre los empleados inquilinos, demostrando que ni las subidas del salario mínimo ni el récord de afiliación bastan frente a la escasez de horas trabajadas y la asfixia del mercado inmobiliario.
Inversión pública sostenida durante 10 años para incorporar 2,5 millones de viviendas al Parque Público de Alquiler Social, mediante edificación ecológica en suelo público, rehabilitación urbana y la incorporación forzosa de viviendas en manos de entidades financieras y Sareb.
SOCIMIs Prohibición por ley de la adquisición de viviendas residenciales por parte de fondos de capital riesgo y fondos buitre. Derogación del régimen fiscal privilegiado de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), equiparando su tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades.
Establecimiento de un límite máximo legal al precio del alquiler residencial: ningún contrato podrá superar el 30% de la renta media disponible del código postal correspondiente. Publicación obligatoria del Índice de Renta Máxima Residencial.
Las personas jurídicas y grandes tenedores (poseedores de más de 4 inmuebles residenciales) que mantengan viviendas desocupadas de forma injustificada por más de 12 meses deberán ceder temporalmente el uso del inmueble al parque público de alquiler por un período de hasta 8 años, garantizándoles una compensación basada en el mantenimiento de la propiedad.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para prohibir de forma absoluta cualquier lanzamiento o desahucio por motivos socioeconómicos sin que los servicios públicos garanticen con carácter previo una alternativa habitacional digna en la misma localidad.