Impulsaremos un fondo estatal para arbolado, corredores verdes, sombra, refugios climáticos, pavimentos permeables y sistemas de drenaje urbano sostenible que ayuden a absorber la lluvia.
Reclamaremos financiación estatal para dotar a los centros educativos de sombra, patios verdes, aislamiento, ventilación y climatización eficiente. La adaptación de hospitales y centros de salud deberá proteger la continuidad asistencial y mantener la eficiencia energética. Priorizaremos también residencias y centros de día que atienden a personas mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.
Reclamaremos al Estado financiación para diagnósticos de vulnerabilidad al calor que permitan identificar los equipamientos públicos más expuestos y ordenar las inversiones. Las nuevas infraestructuras con financiación estatal significativa deberán diseñarse considerando escenarios climáticos futuros, además de los datos históricos.
Exigiremos una contribución específica del Estado para cumplir en Canarias los objetivos europeos de restauración de la naturaleza. La recuperación de los espacios naturales debe contar con financiación ajustada a la realidad de las islas.
Reclamaremos financiación estatal y europea para restaurar dunas, playas, humedales, barrancos y desembocaduras. Priorizaremos las soluciones basadas en la naturaleza para reducir los efectos de la erosión y de las inundaciones y preparar el litoral ante el cambio climático.
Impulsaremos cambios en el marco estatal para que Canarias pueda solicitar la activación temprana de la Unidad Militar de Emergencias en incendios de nivel 1 cuando se cumplan criterios objetivos de riesgo. Acordaremos protocolos para desplazar preventivamente medios estatales ante episodios meteorológicos extremos cuando la insularidad pueda retrasar su llegada. DEFENDER LAS OCHO ISLAS 7 La doble insularidad y la distancia respecto a los grandes núcleos no deben recortar derechos ni oportunidades. Las conexiones y las inversiones tienen que responder a la realidad de cada isla y de los municipios rurales.
Defenderemos que la conectividad, los servicios y las inversiones del Estado atiendan de forma específica la doble insularidad y las necesidades de los municipios rurales. Exigiremos el Plan Específico de Telecomunicaciones de Canarias previsto en el Estatuto, dentro de la agenda digital estatal, para mejorar el acceso digital y las condiciones para desarrollar actividad económica fuera de las grandes áreas urbanas.
Protegeremos la bonificación del 75 % en el transporte aéreo y marítimo de residentes. Reforzaremos la supervisión y la transparencia para detectar subidas artificiales de tarifas que absorban la ayuda y para combatir los precios abusivos.
Reclamaremos al Estado la revisión de las obligaciones de servicio público, que permiten exigir un servicio mínimo en las rutas necesarias. Deben garantizar frecuencias, capacidad suficiente y precios razonables. Defenderemos las conexiones directas entre La Palma, La Gomera y El Hierro previstas en la propuesta de Decreto Canarias, de acuerdo con las necesidades de movilidad de su población.
Impulsaremos el desarrollo efectivo de la quinta libertad aérea prevista en el REF para facilitar nuevas conexiones directas entre Canarias y terceros países. Ampliar nuestras conexiones debe favorecer la capacidad de las islas para relacionarse con el exterior.
Exigiremos financiación estatal estable que permita mantener la gratuidad del transporte público terrestre para los usuarios beneficiarios y cubra el coste efectivo de la bonificación. Reclamaremos además la aportación estatal al déficit del sistema prevista en la propuesta de Decreto Canarias. La continuidad de estos recursos debe permitir planificar los servicios y atender la demanda. Para Lanzarote y Fuerteventura, defenderemos la financiación estatal del 50 % de los proyectos, infraestructuras y equipamientos de transporte público por carretera prevista en esa propuesta.
Reclamaremos un convenio estatal de diez años con financiación suficiente para ejecutar el Tren de Gran Canaria y un tratamiento equivalente para los proyectos ferroviarios de Tenerife. Todos los proyectos deberán cumplir los requisitos técnicos y administrativos. La financiación deberá favorecer su integración con aeropuertos, guaguas, taxis y grandes intercambiadores, respetando su carácter de sistemas ferroviarios locales, previsto en la propuesta de Decreto Canarias.
Exigiremos la actualización de las compensaciones estatales para cubrir el 100 % del coste real y efectivo subvencionable, incluyendo el transporte hasta la isla de destino final. La doble insularidad debe quedar reconocida para que abastecerse y producir desde cualquiera de las islas resulte menos costoso para las empresas y para la población.
Exigiremos financiación sostenida para la recuperación de La Palma y un seguimiento efectivo de las inversiones. Reclamaremos la continuidad del plan especial de empleo y el reintegro de las aportaciones adelantadas por Canarias para la reconstrucción. Las medidas deberán responder a las necesidades de la población afectada por la erupción volcánica, con continuidad hasta que se cumplan los compromisos de recuperación. Defenderemos procedimientos de contratación de emergencia para reconstruir cuando las condiciones de seguridad permitan intervenir.