Defenderemos la financiación del Plan Integral de Empleo de Canarias y de los programas específicos previstos en el REF mientras la situación del empleo en Canarias siga en clara desventaja respecto a la media estatal. Priorizaremos a quienes encuentran más dificultades para acceder a un empleo y vincularemos la formación a oportunidades reales de trabajo estable y mejores salarios.
Reforzaremos las ayudas estatales a quienes empiezan una actividad por cuenta propia y a los autónomos con menores rendimientos. Los instrumentos de apoyo deben ajustarse a las condiciones en las que se trabaja y se emprende en las islas.
Adaptaremos los programas estatales de digitalización, innovación y financiación al tamaño y a los costes logísticos de la microempresa canaria. Defenderemos condiciones que permitan avanzar al comercio, la industria, las pequeñas empresas y las cooperativas que sostienen la economía de nuestros pueblos y barrios.
Reclamaremos el cumplimiento del convenio de infraestructuras turísticas, así como programas estatales de renovación de destinos maduros ligados a la accesibilidad, la calidad urbana, la eficiencia, la digitalización y la adaptación climática. Las inversiones deberán tener en cuenta la población real de estos territorios, incluida la no empadronada, y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus residentes.
Evaluaremos y actualizaremos sus instrumentos para atraer inversión productiva e innovadora que genere empleo estable en Canarias, especialmente en la industria y en actividades tecnológicas y creativas. Mantendremos el diferencial fiscal canario para la producción audiovisual. El resultado deberá medirse por la actividad y las oportunidades que se crean en las islas, evitando que el objetivo se reduzca a la mera localización fiscal.
Reclamaremos al Estado incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones ligados a mejoras salariales pactadas y a la productividad de las empresas canarias. Defenderemos también las medidas dirigidas a las retribuciones públicas más bajas. Su diseño se acordará con el Gobierno de Canarias y los agentes sociales, y se evaluará por su efecto sobre la renta de quienes trabajan.
Impulsaremos un acuerdo con el Estado y la UE que elimine barreras y costes de intermediación abusivos en el comercio electrónico. Debe facilitar a la población y a las empresas canarias el acceso a la oferta europea y las ventas desde las islas. Exigiremos que las operaciones respeten nuestra fiscalidad y que se corrijan los cobros indebidos de IVA cuando corresponda aplicar el IGIC.
Defenderemos las medidas de la propuesta de Decreto Canarias para mantener la deducción del 60 % en el IRPF aplicable en La Palma y extenderla a La Gomera y El Hierro. Reclamaremos también la bonificación del 50 % de las cuotas empresariales de la Seguridad Social en las tres islas para los contratos previstos en esa propuesta. Su finalidad será sostener el empleo, la actividad económica y la población.
Exigiremos que España defienda íntegramente el programa europeo de apoyo al sector primario de las regiones ultraperiféricas, el POSEI, y su dotación diferenciada en el nuevo presupuesto europeo. Reclamaremos cada año el 100 % de la aportación estatal a las ayudas adicionales autorizadas por la Unión Europea. Si los cambios en la Unión Europea reducen esos recursos, reclamaremos mecanismos estatales que eviten una pérdida efectiva para el sector canario.
Actualizaremos las medidas estatales frente a los sobrecostes de energía, alimentación animal, fertilizantes y transporte. Reclamaremos apoyo a la producción local y a los seguros de la agricultura, la ganadería y la pesca, para sostener la actividad en las islas. Exigiremos financiación estatal para prevenir y combatir las plagas y atender los daños que causan al sector agrario.
Reclamaremos financiación estatal y europea para incorporar jóvenes a la agricultura, la ganadería y la pesca y dar continuidad a estas actividades. El apoyo a la producción local deberá contribuir a mantener el suelo agrícola en uso y a reforzar nuestra soberanía alimentaria, respetando las competencias canarias de ordenación del territorio.
Exigiremos que España evalúe el impacto de los acuerdos comerciales internacionales sobre las producciones sensibles de Canarias y defienda salvaguardas cuando proceda. Reclamaremos reglas adaptadas a la flota artesanal canaria, posibilidades de pesca suficientes, especialmente de atún rojo y patudo, y acceso efectivo a los fondos europeos.
Corregiremos las reglas estatales para que el transporte entre islas de residuos destinados a la reutilización, el reciclaje o el aprovechamiento no quede en desventaja frente a su envío a puertos peninsulares. Los materiales recuperados podrán acceder a compensaciones al transporte cuando se destinen realmente a esos usos. Donde exista capacidad técnica, se favorecerá su tratamiento en Canarias.
Orientaremos los programas estatales de innovación e industria hacia la reparación, la reutilización, el reciclaje, el aprovechamiento de residuos y los nuevos materiales. La economía circular debe ayudar a crear actividad productiva en las islas y a usar mejor los recursos disponibles.