Exigiremos que el Estado y la Unión Europea asuman los costes extraordinarios del salvamento, la acogida y la atención humanitaria en la frontera atlántica. La respuesta deberá asegurar capacidad de atención, financiación previsible y respeto a los derechos humanos.
Exigiremos que los mecanismos estatales de solidaridad territorial funcionen con indicadores de capacidad, plazos y financiación conocidos. Cuando un territorio de primera acogida supere los umbrales previstos, deberán activarse los traslados y la participación de otras comunidades autónomas sin depender de negociaciones caso a caso. Impulsaremos los ajustes legales necesarios para que esa respuesta sea efectiva.
Exigiremos al Estado financiación suficiente y previsible para atender a los menores extranjeros no acompañados acogidos en Canarias y para sostener los recursos de protección. Su interés superior deberá guiar los traslados, las condiciones de atención y la continuidad educativa y sanitaria. La acogida compartida debe aliviar de forma efectiva la sobrecarga de los territorios de llegada.
Reforzaremos la cooperación estable con Mauritania, Senegal, Marruecos, Cabo Verde y otros países de origen y tránsito en materia de desarrollo, seguridad, formación y movilidad ordenada. La respuesta incluirá la lucha contra las redes que se lucran a costa de las personas. Canarias deberá participar en el diseño y la aplicación de las políticas migratorias españolas y europeas que la afectan.
Defenderemos financiación estatal y europea para programas de integración, convivencia intercultural y prevención de conflictos en los territorios de primera acogida. Combatiremos los discursos racistas y el uso del miedo para dividir a la sociedad canaria.