Reclamaremos al Estado el desarrollo y la ampliación de los traspasos de competencias ejecutivas y de gestión sobre el litoral previstos en el Estatuto y en la propuesta de Decreto Canarias, con medios suficientes. La gestión deberá atender a las singularidades de las islas, proteger el dominio público y coordinarse con los cabildos y ayuntamientos.
Exigiremos una planificación estatal que sustituya progresivamente las instalaciones térmicas obsoletas por soluciones más eficientes, renovables y flexibles. La generación con combustibles fósiles deberá reducirse a medida que avancen las renovables, el almacenamiento, las interconexiones internas y la gestión de la demanda, manteniendo siempre la seguridad del suministro.
Impulsaremos la eólica marina en Gran Canaria con planificación, subastas, conexión y retribución adaptadas a los sistemas insulares. Cualquier proyecto en las islas requerirá suficiente consenso social, político e institucional, además de compatibilidad ambiental y territorial.
Reclamaremos un programa estatal extraordinario para redes de transporte y distribución, subestaciones, digitalización y nueva capacidad de conexión. La planificación deberá anticipar las necesidades de las renovables, el almacenamiento, las comunidades energéticas, la movilidad eléctrica, la desalación y la nueva actividad industrial.
Impulsaremos ayudas estatales y europeas para baterías y almacenamiento en baja y media tensión, ligados al autoconsumo y a las redes locales, junto con proyectos de gran capacidad y larga duración. Incluiremos líneas específicas para el bombeo de agua de mar en ciclo abierto como forma de almacenamiento cuando sea técnica, económica, territorial y ambientalmente viable.
Reformaremos la retribución de los sistemas eléctricos no peninsulares para valorar el almacenamiento, la flexibilidad, la gestión de la demanda y la reducción real de combustibles fósiles. El sistema debe incentivar que la energía renovable se almacene o se use en otro momento, evitando desperdiciarla por saturación de la red o falta de flexibilidad.
Defenderemos un marco estatal favorable al autoconsumo colectivo y a las comunidades energéticas, mejorando su acceso a la red y facilitando el reparto y el almacenamiento de la energía. Priorizaremos estos recursos y los sistemas de respaldo limpio en hospitales, centros de salud, desaladoras, depuradoras y telecomunicaciones para reforzar la continuidad de los servicios esenciales.
Mantendremos programas estatales estables para la recarga de vehículos eléctricos, sin vacíos entre convocatorias. Simplificaremos los aspectos estatales que dificultan instalar puntos en comunidades de propietarios, aparcamientos, empresas y estaciones de servicio. Los aeropuertos deberán reservar potencia y espacio para la recarga rápida de vehículos particulares, taxis, vehículos de alquiler y flotas de servicio.
Reclamaremos ayudas reforzadas para los taxis eléctricos, por su uso intensivo y su capacidad para reducir emisiones locales. Adaptaremos también los programas estatales para acelerar la electrificación de las flotas de alquiler, una parte importante de la movilidad turística en Canarias.
Incorporaremos los puertos canarios a corredores marítimos verdes entre Europa, África y América. Impulsaremos financiación estatal y europea y un marco normativo que permita a los barcos conectarse a la electricidad en puerto y apagar sus motores auxiliares. Favoreceremos las energías renovables, el almacenamiento y las redes inteligentes en los recintos portuarios y las actividades logísticas.
Reclamaremos apoyo estatal y europeo para infraestructuras de producción, almacenamiento y suministro de metanol renovable, hidrógeno y otros combustibles sostenibles para la navegación. Impulsaremos incentivos estatales para producir en las islas combustibles sostenibles de aviación, conocidos como SAF, y abastecer progresivamente nuestros aeropuertos.
Exigiremos que España defienda ante la Unión Europea las adaptaciones necesarias de las políticas climáticas de aviación y navegación para reconocer nuestra dependencia del avión y del barco. Canarias carece de alternativas terrestres para conectarse con el continente. La aplicación de estas normas deberá evitar perjuicios desproporcionados a la conectividad y acompañarse de apoyo a la transición energética del transporte.
Reclamaremos un programa estatal plurianual que permita acelerar las obras prioritarias y corregir los déficits históricos. La prioridad será eliminar vertidos sin tratamiento suficiente y adecuar los emisarios y las instalaciones de depuración.
Reclamaremos que los convenios estatales de obras hidráulicas financien la regeneración del agua en las nuevas depuradoras y en sus grandes reformas cuando exista demanda potencial. Impulsaremos inversiones para emplearla en la agricultura y en zonas verdes, siempre que esos usos sean compatibles, reservando los recursos hídricos de mayor valor para los usos que los requieran.
Defenderemos inversiones y normas estatales adaptadas a las islas para garantizar el abastecimiento a los hogares y al sector agrícola. Reclamaremos compensaciones actualizadas por el sobrecoste del agua desalada, regenerada y reutilizada, además de financiación para mejorar la eficiencia e incorporar renovables y almacenamiento en desaladoras, depuradoras, bombeos y redes.
Defenderemos la creación y financiación estable del Centro Nacional de Vulcanología con sede principal en La Palma y en colaboración con el ecosistema científico de Tenerife. Reclamaremos la aportación estatal del 50 % del coste de su mantenimiento prevista en la propuesta de Decreto Canarias. El centro debe reforzar la investigación y el conocimiento necesarios para prevenir riesgos y proteger a la población.