Reclamaremos al Estado un sistema de cooperación que permita a Canarias tramitar las solicitudes y el reconocimiento del ingreso mínimo vital, con participación de cabildos y ayuntamientos. Mejoraremos su coordinación con las prestaciones autonómicas. El objetivo es evitar que haya personas sin cobertura y que aceptar un empleo provoque una pérdida brusca de protección que empeore la situación del hogar.
Reclamaremos financiación estatal suficiente para aplicar el Pacto de Estado contra la violencia de género en todas las islas, reforzar la prevención y proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas. Los recursos deberán tener en cuenta la dispersión territorial y facilitar el acceso a los servicios desde cualquier municipio.
Reclamaremos al Estado la financiación de las 1.400 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria previstas en la propuesta de Decreto Canarias. La Comisión Bilateral deberá acordar el coste efectivo de este despliegue y su desarrollo progresivo en las islas, en coordinación y complementariedad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Reclamaremos al Estado que los complementos de renta que establezca Canarias sean compatibles con las pensiones no contributivas, estén exentos de tributación y no computen para reducir o retirar la prestación. Las ayudas canarias deben mejorar de forma efectiva los ingresos de las personas que las reciben.
Exigiremos que los programas estatales y europeos de vivienda, transporte, empleo y servicios públicos destinados a Canarias incorporen las necesidades de las personas con discapacidad. La accesibilidad universal debe formar parte del diseño de las actuaciones y de su financiación.
Recuperaremos programas estatales de inversión para corregir los déficits de las infraestructuras educativas y adaptar los centros a las nuevas necesidades. Una educación accesible y de calidad requiere instalaciones adecuadas y recursos que se puedan planificar con estabilidad.
Impulsaremos un fondo estatal de ocho años para cofinanciar vivienda pública y asequible, con una asignación para Canarias ajustada a sus necesidades. Permitirá construir, adquirir y rehabilitar viviendas, además de comprar suelo, edificios y promociones disponibles. Promoveremos un inventario de los suelos y edificios del Estado y de sus entidades en Canarias que puedan destinarse a vivienda asequible y reclamaremos su cesión a las administraciones canarias competentes.
Impulsaremos un plan estatal de reposición y regeneración de barrios que incluya demolición y reposición cuando la rehabilitación sea insuficiente. Reforzaremos las ayudas para conservación, ascensores, eliminación de barreras, aislamiento, fachadas, cubiertas, eficiencia energética, autoconsumo y adaptación climática, priorizando las necesidades de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida.
Mejoraremos los incentivos fiscales estatales para pequeños propietarios que incorporen voluntariamente viviendas a programas de alquiler asequible, con garantías públicas de cobro y conservación. La financiación de la rehabilitación de viviendas vacías se vinculará a su incorporación a esos programas durante un periodo suficiente. Defenderemos una regulación estatal estable que proteja a inquilinos y propietarios y facilite el alquiler de larga duración.
Defenderemos una línea estatal reforzada de vivienda joven, alquiler asequible y cooperativas. Incluirá fórmulas residenciales para estudiantes, alumnado de formación profesional, jóvenes investigadores y trabajadores, de manera que formarse o empezar a trabajar permita construir un proyecto de vida en Canarias.
Impulsaremos en las Cortes Generales las reformas necesarias para limitar la compra de vivienda en Canarias por extranjeros, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a quienes viven en las islas. Reclamaremos al Estado que defienda ante la Unión Europea un régimen específico para Canarias, atendiendo a nuestra condición de región ultraperiférica, con medidas justificadas, proporcionadas y compatibles con el marco jurídico europeo. Promoveremos las reformas estatales y europeas necesarias para hacer viable una Ley Canaria de Residencia que permita ordenar el crecimiento poblacional y respetar los límites del territorio.
Defenderemos la cobertura jurídica estatal y europea necesaria para que Canarias y sus municipios puedan modular y limitar los usos turísticos donde exista presión acreditada sobre la vivienda residencial. La normativa diferenciará el uso ocasional de una vivienda de la explotación profesional o intensiva.
Impulsaremos reformas de los procedimientos estatales y de los informes sectoriales para acortar los plazos. La reducción de trámites deberá mantener las garantías ambientales, urbanísticas y de seguridad. Reclamaremos incentivos fiscales estatales a la primera vivienda para jóvenes y familias con ingresos medios y bajos, y apoyo a la construcción industrializada para reducir los costes y los plazos de construcción de vivienda protegida.
Reclamaremos ayudas estatales para protección solar, aislamiento, ventilación, toldos, cerramientos y climatización eficiente en las viviendas de los hogares con menos recursos. Adaptar la casa al calor debe estar al alcance de quienes más lo necesitan.
Reclamaremos al Estado que las compensaciones por los sobrecostes de la insularidad se actualicen y que se evalúe su efecto sobre los precios finales de los productos básicos. Ese seguimiento deberá permitir corregir las medidas que no alivien la presión sobre el presupuesto de las familias.