Todas las provincias de Castilla y León cuentan con organismos autonómicos que dan empleo a numerosos trabajadores. Soria sólo cuenta con el Instituto de Ciencias de la Salud que emplea a tan sólo 10 trabajadores. Por número de funcionarios, Valladolid cuenta con 21.000 empleados públicos, 15.350 en León, 11.750 en Salamanca, 12.300 en Burgos y sólo 5.000 en Soria. Como siempre la “última de la cola”. El empleo público puede ayudar a frenar el proceso de despoblación, y por ello trabajaremos para exigir al futuro gobierno de Castilla y León.
Descentralización de servicios centrales públicos de la Junta de Castilla y León en Soria, con un número de funcionarios importante. La creación en Soria de un Organismo Autonómico del Reto Demográfico y Desarrollo Rural de Castilla y León con rango de dirección general o agencia pública.
La creación en Soria de un Centro Autonómico de Gestión Forestal y Prevención de Incendios de Castilla y León. Implantación en Soria de un Centro de Innovación para Pequeños Municipios, que ayude a ayuntamientos pequeños a tramitar fondos europeos, digitalizar servicios y modernizar la administración local.
Implantación en Soria del Centro de Procesamiento de Datos de la Junta de Castilla y León.
Convocar plazas de función pública de aquellos funcionarios próximos a jubilar en nuestra provincia.
Garantizar que todas las plazas de empleados públicos de la Junta de Castilla y León y de sus organismos adscritos en la provincia de Soria estén cubiertas, sobre todo las situadas en el medio rural como Unidades Veterinarias y Secciones Agrarias Comarcales. Muchas veces estas unidades administrativas situadas en el medio rural son la única administración en la que realizar trámites muy necesarios en zonas despobladas.
Introducir incentivos (profesionales, económicos, de promoción, formación,…) para plazas de difícil cobertura en la provincia de Soria. Para el reparto de fondos públicos, desechar como único criterio el número de habitantes, introduciendo otros como el componente de la despoblación, el envejecimiento, la evolución demográfica en los últimos años y el coste de la dispersión.
En fondos públicos cuyo reparto provincializado se hace atendiendo a criterios de población, para el caso de provincias despobladas como Soria,
partir siempre de un presupuesto mínimo, con independencia de que no sea el que correspondería por número de habitantes.
Reforzar el esfuerzo público en servicios básicos especialmente en el mundo rural, rechazando la primacía de criterios de rentabilidad.
Reconocer la provincia de Soria como lugar en el que se pongan en marcha proyectos piloto autonómicos. De forma que se pongan en marcha proyectos, planes o normas, que se vea como funcionan y luego se puedan trasladar a nivel autonómico.
De esta forma se podrían implantar grados universitarios piloto, únicos, para ver si funcionan , universidad gratuita, reducir plazos en autorizaciones de licencias para viviendas, etc.
Establecer, con la dotación presupuestaria y de medios acorde a la dispersión demográfica, una serie de oficinas móviles de servicios que actualmente sólo se dan en la capital de provincia, para que puedan ofrecerse en las cabeceras de comarca coincidiendo con los días de mercado.
Establecer un sistema para que la carrera profesional de los empleados públicos en Castilla y León se reconozca y otorgue de forma automática, sin necesidad de convocatoria específica por parte de la Junta.
Implantar de un Concurso de Traslados abierto y permanente para el personal funcionario de la Junta de Castilla y León, que permita la movilidad sin necesidad de convocatorias puntuales.
Promover la apertura inmediata de un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos para elaborar y aprobar una nueva Ley de Función Pública en Castilla y León.
Garantizar que la Junta de Castilla y León cubra con carácter general todas las bajas del personal empleado público sin demoras injustificadas, y no solo en los servicios considerados esenciales.
Recuperar el programa de Acción Social de la Junta de Castilla y León para sus empleados públicos con ayudas reales y suficientes.
Facilitar el acceso a la vivienda a los empleados públicos que presten sus servicios en municipios despoblados.
Considerar al personal que trabaja en las zonas rurales despobladas como personal esencial, por que lo son, de forma que así se logre agilizar la ágil cobertura de las bajas laborales que se vayan produciendo.
Mejorar el sistema de bolsas de empleo de personal laboral, de forma que los aspirantes puedan elegir entre diversas categorías profesionales a las que quieren optar sin tener que renunciar a ellas si ya están trabajando.
Llevar a cabo una correcta clasificación de cuerpos y escalas de funcionarios y de categorías profesionales en el caso del personal laboral, atendiendo a los requisitos de titulación exigidos para el acceso, algo que en la actualidad no se hace.
Garantizar que el acceso a la carrera profesional del personal público en Castilla y León sea automático y de oficio, eliminando convocatorias periódicas innecesarias y poniendo fin a un procedimiento incoherente e injustificado que genera desigualdad e inseguridad administrativa.
Elaborar una nueva Ley de la Función Pública negociada con las organizaciones sindicales y retomar los procesos de funcionarización paralizados desde 2007.
Impulsar un modelo público de formación inmediata para el personal de la Junta de Castilla y León, que asegure que cualquier empleado o empleada que acceda a un nuevo puesto, o vea modificadas sus funciones por cambios normativos o tecnológicos, reciba la formación necesaria desde el primer momento.
Crear un sistema de formación unificado y coordinado desde los Servicios Centrales, que combine teleformación interactiva con formación presencial en cada una de las provincias, asegurando los mismos criterios y conocimientos en todo el territorio. Cada empleado público contará con tutorías personalizadas durante los procesos de adaptación.
Apoyar la puesta en marcha de un complemento para los agentes de la Guardia Civil que presten sus servicios y residan en municipios rurales con problemas de despoblación.