Las 85 medidas

Los ministros tendrán como máximo 4 asesores, los vicepresidentes 7 y el gabinete del Presidente 20. Los asesores no tendrán chóferes ni otras prebendas, y sus datos serán públicos.

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Todos los cargos de la Administración y de las empresas públicas se asignarán por mérito y capacidad. El enchufismo será delito. Los nombramientos existentes se revisarán en un plazo de 6 meses.

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Se prohíbe que parlamentarios, cargos públicos y asesores paguen a los partidos un porcentaje de su sueldo.

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Se crearán juzgados especializados en corrupción, con medios suficientes. Un órgano revisará cada dos meses los procedimientos impugnados. Los casos de políticos se juzgarán en una comunidad autónoma vecina.

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La IGAE tendrá los mismos medios tecnológicos, de cruce de datos e inteligencia artificial que la Agencia Tributaria. Sus funcionarios tendrán pluses ligados a resultados de control.

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Se doblarán los recursos de la Fiscalía Anticorrupción. Una Oficina Anticorrupción con poder de inspección podrá sancionar hasta el 10 % del volumen de negocios. Los fondos recuperados por corrupción irán a combatirla.

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Será delito camuflar la corrupción. Todo cargo público que no denuncie irregularidades tendrá responsabilidad penal. La contratación pública tendrá un control basado en inteligencia artificial.

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Los partidos responderán civilmente por los delitos de corrupción de sus dirigentes, salvo que demuestren controles anuales auditados. Se suspenderá la financiación pública de un partido con dirigentes investigados por corrupción.

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Los delitos de corrupción no prescribirán. Todo político condenado por sentencia firme por corrupción será inelegible e inhabilitado de por vida.

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Los vocales judiciales serán elegidos por los jueces, sin intervención de las asociaciones judiciales. Los vocales no judiciales comparecerán en el Congreso antes de ser votados.

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El Congreso elegirá una terna por mayoría de tres quintos. El Gobierno elegirá al Fiscal General entre esa terna, previo informe del CGPJ.

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Los organismos independientes se nombrarán con comparecencia pública y mayoría de tres quintos. Si el Congreso bloquea un nombramiento más de tres meses, se elegirá por sorteo entre los candidatos.

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Se eliminarán los aforamientos no previstos en la Constitución. Se reformará la Constitución para quitar el aforamiento de diputados y senadores, y limitarlo para el Gobierno a las acciones penales por funciones del cargo.

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Diputados y senadores deberán dedicar una jornada cada dos semanas a reuniones abiertas con ciudadanos. El Presidente del Gobierno se someterá cada año a una asamblea ciudadana elegida por sorteo.

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Si los partidos bloquean de forma reiterada asuntos de orden mayor, la ciudadanía podrá activar una Asamblea Ciudadana con firmas del 1 % del censo. Sus propuestas se someterán a referéndum consultivo.

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Diputados y senadores no cobrarán su sueldo mensual si no asisten a las sesiones plenarias y de comisión, salvo por enfermedad o fuerza mayor. Las ausencias se publicarán cada mes.

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Si el Gobierno no presenta los Presupuestos Generales del Estado, se suspenderá el sueldo de todo el Gobierno. Si el incumplimiento dura más de un año, el Gobierno cesará.

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Los programas de gasto se evaluarán. Cada Ministerio explicará qué prometió, qué recursos usó y qué resultados obtuvo. Un Portal de Evaluación será accesible para toda la ciudadanía.

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Los cargos políticos cumplirán el Código Ético del Gobierno de España. Una Comisión Ética y un experto independiente vigilarán su cumplimiento.

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Nadie podrá ejercer el mismo cargo público durante más de dos mandatos completos o más de ocho años en total.

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Se reformará la Ley Electoral para reducir el peso de las listas cerradas. Se introducirán listas desbloqueadas y listas abiertas, para que los ciudadanos elijan a sus representantes.

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Se limitarán de forma general y temporal los alquileres en zonas tensionadas, con el índice estatal SERPAVI. La medida se levantará de forma gradual cuando aumente la oferta de vivienda.

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Se creará un servicio de mediación de arrendamientos gratuito y vinculante, con resolución máxima en 30 días. Los juzgados de arrendamientos resolverán en 60 días más. Firmar un contrato con intención de impago será estafa.

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El Servicio Social de Garantía de Arrendamientos asegurará el cobro del alquiler al propietario si un inquilino vulnerable no tiene alternativa habitacional de la Administración.

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El alquiler por habitaciones se incorporará a la Ley de Arrendamientos Urbanos, con estándares de habitabilidad. Los contratos se cruzarán con el padrón municipal para evitar falsos alquileres temporales.

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Se reasignarán a un Fondo Público Soberano de Vivienda los fondos europeos no ejecutados o en riesgo de devolución. El fondo solo financiará vivienda protegida y asequible.

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Se eliminarán el IVA, el ITP y el AJD en la compra de vivienda habitual para menores de 35 años, hasta un máximo de 400.000 €.

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El ITP se fijará en un tipo único del 2 % y el AJD en el 0 %. El IVA superreducido del 4 % se aplicará a la compra de vivienda habitual, hasta 400.000 €.

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Habrá bonificaciones en el IRPF y reducciones en el IBI para los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler asequible.

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La Administración avalará acuerdos de usufructo temporal. Empresas rehabilitadoras reformarán viviendas antiguas a cambio de alquilarlas a precio asequible durante un tiempo pactado.

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Se aplicará un recargo mínimo del 10 % a la compra de vivienda no habitual por inversores extracomunitarios. Las comunidades podrán subirlo hasta el 25 %. El alquiler turístico de corta estancia tendrá el IVA general del 10 %.

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El suelo público se cederá mediante concesiones o derechos de superficie a 75 años. Empresas públicas y privadas construirán barrios de mil viviendas, con el Fondo Soberano de Vivienda.

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Los barrios integrarán transporte público, colegios, centros de salud y zonas verdes. Una demanda pública estable durante una década permitirá industrializar la construcción.

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Se aplicará el IVA del 4 % a la obra nueva o a la rehabilitación integral destinada a vivienda asequible. También se reducirán tasas municipales, ICIO y plusvalías.

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Si un Ayuntamiento retiene suelo público, paraliza proyectos o bloquea licencias, su competencia urbanística pasará a la Comunidad Autónoma de forma automática.

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Los Ayuntamientos tendrán 30 días para revisar las licencias de obra mayor. Si no cumplen el plazo, la solicitud pasará a una Oficina Central Autonómica de Urbanismo.

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Las obras menores que no requieran proyecto arquitectónico no necesitarán licencia previa. Bastará una declaración responsable digital.

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Un defecto formal no anulará un Plan General de Ordenación Urbana. Habrá silencio administrativo positivo de tres meses para autorizaciones sectoriales.

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Las Administraciones y empresas públicas deberán auditar y liberar su suelo parado. Los propietarios que activen parcelas para vivienda asequible tendrán bonificaciones en la plusvalía y el IBI.

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Una plataforma pública mostrará en tiempo real el estado legal, las licencias y los bloqueos de cada desarrollo urbanístico. Incluirá un canal para denunciar bloqueos injustificados.

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La tecnología será un pilar del currículo: fundamentos de inteligencia artificial, ciberseguridad, ética digital y pensamiento computacional, con convivencia entre lo analógico y lo digital.

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Se desarrollará un modelo de inteligencia artificial propio para la educación, financiado y auditado por el Estado. Actuará como tutor de refuerzo personalizado y protegerá la privacidad.

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Un programa transversal enseñará a estructurar ideas, argumentar, debatir y hablar en público en todas las asignaturas.

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Se creará una materia obligatoria de Cultura Económica y Financiera en la ESO, con economía personal, social y profesional.

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Se acordarán compromisos entre docentes, alumnos y familias al inicio de cada curso. Habrá un Premio Nacional a los centros que fomenten la convivencia y una caja de herramientas pública.

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Los negocios locales dedicarán al menos una jornada al año a tener contacto con los estudiantes, mediante visitas, retos o micro-prácticas.

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Un Plan Estatal Educativo llevará a España al top 10 europeo en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Se reforzarán las materias instrumentales y los métodos avalados por la evidencia.

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Se restablecerán las menciones de Matemáticas, Lengua y Ciencias en el grado de Educación, y se creará una especialidad en Tecnología. Habrá formación continua para acreditar a los docentes actuales.

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La etapa 0-3 será pedagógica. Se revalorizarán los educadores infantiles, se revisarán las ratios y se incorporará la pareja educativa de apoyo en el aula.

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Un plan estatal rehabilitará colegios e institutos públicos, con eficiencia energética, climatización y la eliminación definitiva de los barracones.

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Se evaluarán los conocimientos a nivel nacional. Las comunidades que caigan más de dos puntos por debajo de la media recibirán apoyo estatal. Un Índice Socioeducativo determinará la financiación de cada centro.

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Los centros con más necesidades recibirán Equipos Permanentes de Refuerzo, con educadores sociales, orientadores y profesores de lenguas extranjeras.

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Se codiseñará con los docentes un nuevo modelo de carrera profesional que deje atrás la antigüedad como único criterio de progreso.

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Los aspirantes a los grados de Educación pasarán pruebas de competencia comunicativa, comprensión lectora, expresión escrita y perfil vocacional.

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Se implantará un periodo de dos años de formación práctica remunerada en colegios e institutos, guiado por profesores en activo.

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La dirección de los centros tendrá formación específica, remuneración acorde a su responsabilidad y apoyo administrativo e institucional.

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Se implantará un primer curso optativo común por ramas de conocimiento. Los grados combinarán microcredenciales, menciones flexibles e itinerarios con otras universidades.

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Todos los títulos incorporarán prácticas tutorizadas. Se eliminarán trabas burocráticas y se incentivará a las empresas que ofrezcan prácticas con garantías de remuneración y supervisión.

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Se apoyarán los acuerdos entre universidades públicas para abrir campus internacionales, sobre todo en países de habla hispana.

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Las becas se pagarán al inicio del curso. Se unificarán los calendarios académicos antes del verano y la revisión de la renta corresponderá al Ministerio de Hacienda.

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Una plataforma estatal mostrará, por grado y universidad, la satisfacción estudiantil, la inserción laboral a 1, 3 y 5 años y los salarios de los egresados.

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La contratación de profesorado tendrá estándares internacionales y tribunales independientes. Se creará un sexenio de innovación docente con impacto salarial.

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Se dará prioridad a la experiencia técnica en las bolsas docentes de FP. Habrá un complemento salarial para retener profesionales en especialidades críticas.

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Las prácticas de FP pasarán al segundo curso. Se creará la figura del tutor compartido sectorial, financiado por la Administración, para ayudar a las pymes.

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Las pymes y autónomos acumularán saldo por cada hora de mentoría certificada. Ese saldo se canjeará por deducciones fiscales, formación o puntuación en la contratación pública.

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La inversión en plazas, infraestructuras, materiales y profesorado se planificará a varios años, según el interés del alumnado, las necesidades de las empresas y los sectores estratégicos.

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El Bono Cultural Joven y el Verano Joven se integrarán en una cuenta digital de unos 500 € por joven al cumplir 18 años, para formación y materiales de estudio.

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La dirección de hospitales y áreas de salud se cubrirá solo por concurso público de mérito y capacidad. Los mandatos se evaluarán según resultados y satisfacción.

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Un sistema automatizado detectará las cancelaciones previsibles y asignará el hueco al siguiente paciente en espera.

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Los quirófanos públicos abrirán por las tardes, con profesionales voluntarios bien pagados. Los ingresos extra se reinvertirán por ley en listas de espera, sueldos y tecnología.

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Una Red Sanitaria Compartida digitalizará los procesos de gestión. Una IA de auditoría continua, con supervisión humana, detectará ineficiencias y cuellos de botella.

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Se auditará la red de infraestructuras sanitarias. No se podrá abrir ningún centro sin presupuesto y plantilla médica garantizados.

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Los turnos se reducirán de forma progresiva a un máximo de 12 horas, empezando por los servicios más sobrecargados. Habrá unidades de respuesta rápida entre hospitales.

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La enfermería tendrá la categoría del Grupo A1 por su titulación de Grado. Se ampliará el catálogo oficial de especialidades de enfermería.

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Se elaborará, con los facultativos, un nuevo estatuto para la profesión médica. Garantizará autonomía organizativa, protegerá el tiempo de atención frente a la burocracia y una retribución acorde a su formación.

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Se auditarán las cargas de trabajo por comunidad y se adecuarán las ratios de médicos, enfermeros y TCAE a los estándares medios de la Unión Europea.

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Los llamamientos telefónicos se sustituirán por plataformas digitales, con tiempo razonable para aceptar las ofertas. Se eliminarán las sanciones por rechazar contratos cortos o de alta complejidad.

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Una Ley Estatal de Protección del Personal Sanitario endurecerá las penas, impondrá órdenes de alejamiento inmediatas y creará un Registro Nacional de Agresores.

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Los profesionales sanitarios españoles que trabajan en el extranjero tendrán deducciones en el IRPF durante tres años tras su vuelta al Sistema Nacional de Salud.

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Un estándar común y obligatorio permitirá que cualquier profesional autorizado acceda al historial del paciente, con su tarjeta. El paciente decidirá quién lo consulta y verá cada acceso.

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Una aplicación de uso voluntario evaluará los síntomas por voz o chat, con un Comité Científico Médico. Indicará si conviene pedir cita en Atención Primaria o acudir a urgencias, y a qué hospital.

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Asistentes de inteligencia artificial redactarán borradores de informes, altas y registros de enfermería. El profesional siempre los revisará y validará.

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Se crearán redes de hospitales de referencia por área crítica y por procedimiento quirúrgico rutinario. Los hospitales generales y comarcales reforzarán la atención integral y las urgencias.

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Los pacientes crónicos tendrán dispositivos conectados y seguimiento diario por enfermería. Algoritmos de alerta temprana evitarán ingresos urgentes.

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Un Centro Nacional de Trasplantes, impulsado por la ONT, concentrará los trasplantes más complejos y liberará quirófanos en la red hospitalaria.

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