Toda actuación administrativa deberá justificar su existencia, su utilidad y su proporcionalidad. Lo que no sea estrictamente necesario, se suprime. Lo que sea necesario, se simplifica al máximo. Esta revisión será permanente, transversal y afectará a todos los niveles administrativos, sin excepción y sin sectores blindados.
Impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial como motor de desarrollo de la economía nacional, que aumente la productividad, contribuya a crear empleos de calidad y a mejorar la vida de los españoles. Facilitar su implantación en nuestras empresas, especialmente pymes y autónomos, y promover la formación de trabajadores y jóvenes para aprovechar las nuevas oportunidades presentes y futuras. Implantarla en las administraciones para reducir la burocracia y mejorar los servicios públicos, garantizando siempre la atención presencial.
Creación de un expediente digital único y centralizado que unifique la gestión de trámites para ciudadanos y empresas, obligando a las diferentes administraciones a compartir los datos entre sí.
Derecho a ser atendido presencialmente en cualquier oficina pública de forma inmediata sin necesidad de solicitar turno por internet.
Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga. Sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba. Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna. Los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua.
Si la Administración no contesta en plazo, el ciudadano ha de poder seguir adelante con su proyecto. Y si una actividad no entraña riesgo, basta con declararla para empezar a ejercerla. Quedan fuera, como excepción tasada, algunas materias que afectan a la soberanía nacional y al control de quién entra y se queda en España: nacionalidad, residencia, permisos de trabajo a extranjeros y, en general, inmigración. Ahí el silencio jamás jugará a favor de quien pretenda burlar nuestras leyes.
Ley de Unidad de Mercado. Lo que es legal en una región de España, lo es en toda España. Una misma actividad económica no debe quedar sometida a requisitos administrativos diferentes e injustificados por razón del territorio en el que se ejerza. Cualquier empresa, profesional o producto que ya opere legalmente en una Comunidad Autónoma podrá hacerlo en el resto del territorio nacional sin trámites, licencias ni registros adicionales. Garantizar la unidad del mercado nacional mediante la eliminación de trabas administrativas y duplicidades regulatorias: no puede ser que un autónomo, un comerciante o un fabricante tenga que pedir diecisiete permisos distintos para vender lo mismo.
Para compensar la bajada masiva de impuestos, se recortarán todos los gastos superfluos de la Administración hasta el mínimo imprescindible.
• Promover una auditoría sistemática de todos los gastos no imprescindibles de las administraciones públicas que serán susceptibles de supresión. Los análisis de esta auditoría se irán haciendo públicos.
• Reducir al mínimo estrictamente necesario el tamaño de la Administración Pública. Reducir progresivamente hasta su eliminación total las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONGs, observatorios y otros organismos ideológicos.
Acabar con todas las imposiciones climáticas como el Pacto Verde que castigan nuestra industria, nuestro campo o que coartan la libertad de circulación de los españoles, como la imposición de ZBE.
Revisar y reducir las sanciones económicas desproporcionadas, garantizando que su cuantía responda a la gravedad de la infracción y no a criterios recaudatorios.
Superación de las divisivas leyes ideológicas que enfrentan a los españoles, tales como la de Memoria Democrática, que dañan la convivencia y dividen y enfrentan a los españoles tratando de imponer una verdad oficial.
Las leyes de género no han contribuido a proteger a las mujeres o reducir el número de víctimas, sino a disparar el despilfarro y han terminado beneficiando y soltando a violadores y criminales sexuales y desprotegiendo con pulseras defectuosas a mujeres maltratadas. Hay que revertir las consecuencias nefastas de todas las normas que han abandonado a las verdaderas víctimas, y añadido otras nuevas. Poner fin a la criminalización de la mitad de la población y al desamparo que sufren familias enteras expuestas a ser perjudicadas por el fenómeno creciente de denuncias falsas. En su lugar, impulsar la aprobación de leyes y normas que protejan de verdad a las mujeres víctimas de violencia, en especial a aquellas que sufran maltrato, y que no dejen a ninguna víctima desamparada.