Después de recibir a 5 millones de personas en 5 años España no puede acoger a más inmigrantes. Prohibición de las regularizaciones masivas. Quien entra de forma ilegal jamás podrá regularizar su situación.
Revisión de las concesiones fraudulentas de la nacionalidad. Aumento de los supuestos de pérdida de nacionalidad española para los españoles no de origen en casos de delitos graves o reiterados.
Repatriación de quienes permanezcan en situación ilegal en nuestra nación.
Plan para facilitar el retorno a sus países de los extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no alcanzan a los españoles.
Deportación de quienes cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, así como de quienes traten de imponer costumbres, hábitos o culturas ajenas a nuestro modo de vida o incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres.
Devolución de menores extranjeros no acompañados a sus padres o a las instituciones de tutela de sus países de origen, atendiendo al interés superior del menor. Persecución de ONG’s o redes criminales que participen o colaboren en la sustracción o secuestro de menores.
Eliminación de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.
Retirar ayudas y fondos de cooperación y promover sanciones a aquellos Estados que fomenten la inmigración ilegal o la utilicen como arma de presión política.