que afrontan un embarazo en situaciones de vulnerabilidad o incertidumbre sobre su continuidad, mediante servicios públicos accesibles que proporcionen información completa, objetiva y comprensible, asesoramiento jurídico, atención sanitaria y orientación sobre los derechos, prestaciones económicas, recursos sociales y programas públicos de apoyo a la maternidad y a la crianza. Cuando la decisión esté condicionada por la falta de medios — económicos, de vivienda o de red de apoyo—, reforzar esas ayudas y ofrecer alternativas como el acogimiento familiar temporal, de modo que ninguna mujer tenga que renunciar por necesidad a un embarazo que desearía continuar Todo ello desde el respeto a su autonomía, sin juicios de valor, presiones ni discriminación.
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