Vivienda

Incrementar sustancialmente el parque de vivienda social que permanecerá, bajo algún tipo de control público o social, destinado al alquiler. Las personas inquilinas de estas viviendas pagarán un alquiler en función de su renta, que se revisará anualmente adecuándolo a las condiciones económicas en ese momento, ya sea al alza o a la baja, y que nunca superaría el 30% de la renta familiar. Objetivo 5% (desde el 1,1% actual): alcanzar al menos 1,35 millones de viviendas sociales y asequibles de carácter permanente en 2030, como primera etapa hacia un parque social del 10% durante la década siguiente. E L E S F U E R Z O E N C I F R A S Hoja de ruta del parque público y social de vivienda 1,1 % 5 % → 1,35 M 30 % ≤ × 12–18 del parque de vivienda en viviendas sociales y de la renta familiar como la aportación estatal anual 2030 asequibles permanentes alquiler máximo actual Porcentaje del parque de vivienda en alquiler social y asequible por horizonte, con el esfuerzo presupuestario estatal recomendado. OBJETIVO HORIZONTE ESFUERZO PRESUPUESTARIO ESTATAL RECOMENDADO 5 % 2030 10–15.000 M€/año 10 % 2035 8–12.000 M€/año 15 % 2040-45 6–10.000 M€/año 20 % largo plazo progresivamente mediante reinversión y financiación Cuanto mayor sea el parque público, menor necesidad habrá de financiarlo exclusivamente con impuestos: las rentas sociales generan ingresos recurrentes. (Actualmente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza 7.000 M€ en cinco años, de los cuales 4.200 M€ son estatales. Esta propuesta de 10.000–15.000 M€ estatales/año supondría aproximadamente 12–18 veces la aportación estatal media anual del actual Plan Estatal de Vivienda. Eso supondría un cambio de escala en la política española de vivienda). Esfuerzo presupuestario estatal anual Aportación estatal media del Plan Estatal 2026-2030 (4.200 M€ en cinco años) frente a la propuesta de M+J.

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Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el EstadoPlan o pacto

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España

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PDF, pág. 5

• Toda vivienda protegida mantendrá esa calificación de forma permanente. Su precio máximo de venta se actualizará según el Índice de Precios de Consumo (IPC), desvinculado de las fluctuaciones del mercado inmobiliario, y lo determinará y supervisará la Administración competente. • La Administración tendrá derecho de tanteo y retracto en cada venta de una vivienda protegida, de modo que pueda adquirirla o facilitar su transmisión a otra persona demandante, garantizando que siga destinada a vivienda protegida. • Prohibiremos la venta, cesión o transferencia de viviendas públicas en alquiler a empresas privadas, bajo cualquier fórmula jurídica, garantizando su permanencia en el patrimonio público y su destino al alquiler social y asequible.

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Empresas e industria

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PDF, pág. 7

• Priorizar la construcción de vivienda social y asequible y la rehabilitación de edificios públicos para habilitarlos como viviendas facilitando el cambio de uso. • Inventariar los edificios públicos infrautilizados, en especial los de gran tamaño situados en las zonas más céntricas de las ciudades, y destinar a vivienda social y asequible los que no sean imprescindibles para prestar un servicio público, aplicando criterios de austeridad y eficiencia en el uso del patrimonio público. • Prohibir la venta de suelo público, y la monetización de los aprovechamientos urbanísticos, acompañándolo de una financiación extraordinaria a los Ayuntamientos. • Fijar reservas de suelo real y derecho de Tanteo y Retracto para suelo e inmuebles públicos para el tercer sector. • Controlar y auditar valoraciones de edificios públicos, e inversiones en activos inmobiliarios públicos que pueden estar interviniendo en el valor del activo inmobiliario privado.

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Gasto e inversión

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PDF, pág. 7

• Establecer un alquiler de referencia y limitar el precio en función de las características y localización de la vivienda. • Crear un organismo independiente que permita el control y la denuncia por el incumplimiento del cobro de los precios de alquiler de referencia marcados por la Administración. • Los contratos de alquiler de vivienda habitual serán indefinidos y sólo podrán terminar por necesidad acreditada de la vivienda para la persona propietaria o sus familiares directos, o por incumplimiento de la persona inquilina. La venta de la vivienda no extinguirá el contrato, y la persona inquilina tendrá derecho preferente de compra.

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Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 8

Proteger a las personas inquilinas es compatible con dar seguridad a quienes alquilan una o dos viviendas como personas físicas. Para ellas proponemos: • Incentivar, mediante medidas fiscales, el alquiler social, tanto para la persona propietaria como para la persona inquilina, y establecer mecanismos que diferencien estas medidas entre grandes y pequeñas propietarias, evitando el perjuicio desproporcionado de estas últimas. • Crear un seguro público de alquiler, garantizado por la Administración, que cubra los impagos y los desperfectos a las personas físicas propietarias que alquilen su vivienda a un precio igual o inferior al de referencia. • Ofrecer incentivos y garantías públicas a las personas propietarias que pongan en el mercado de alquiler sus viviendas vacías (medida 7). • Evitar que el coste de una política de protección frente a los desahucios recaiga injustamente sobre pequeñas propietarias. Establecer mecanismos públicos de compensación cuando la persona propietaria sea una persona física que dependa significativamente de la renta para su subsistencia.

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Impuestos y cotizacionesReorganizar el Estado

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PDF, pág. 8

• Simplificar los trámites, la burocracia y la normativa, flexibilizando las condiciones del CTE (Código Técnico de la Edificación) siempre que quede asegurada la habitabilidad y la calidad. • Establecer convenios de colaboración con los colegios profesionales para facilitar la aplicación del punto anterior. • Crear un registro de empresas promotoras/constructoras, acreditadas, colaboradoras de la Administración, para el desarrollo de vivienda pública. • Bonificar la promoción de vivienda pública, desarrollada por promotoras privadas, asegurando el beneficio por parte de la Administración sin la preocupación de las ventas o los alquileres.

Colectivos

Empresas e industria

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Cambio legalReorganizar el EstadoPlan o pacto

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PDF, pág. 9

• Poner en el mercado la vivienda vacía (incentivando, y con garantías públicas, a las personas propietarias que las movilicen y penalizando con medidas fiscalmente proporcionadas a quien no las ponga en el mercado de alquiler o venta). • Propiciar la recuperación y puesta en el mercado de edificios infrautilizados y fomentar la transformación de usos. • Crear un censo de viviendas vacías y una relación de demandantes de vivienda. • Disponer una línea de financiación favorable para la rehabilitación de viviendas o edificios siempre que se asegure su vinculación final a un uso social de la vivienda. • Incentivar la rehabilitación, la colmatación de la edificabilidad en edificios existentes y el desarrollo de solares en los cascos urbanos, frente al desarrollo de nuevos sectores.

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Impuestos y cotizacionesGasto e inversiónReorganizar el Estado

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PDF, pág. 9

• Establecer un régimen impositivo exponencial al número de compras de viviendas, ya sean de particulares o sociedades, y limitar mediante fiscalidades extraordinarias la acumulación de vivienda bajo una misma propiedad, especialmente vivienda turística. • Investigar la titularidad de las sociedades para evitar eludir la fiscalidad correspondiente y el uso de sociedades pantalla e interpuestas. • Establecer un régimen impositivo especial en la compra o el alquiler de viviendas con precios por encima de un límite establecido, para las personas extranjeras.

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Impuestos y cotizacionesReorganizar el Estado

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PDF, pág. 10

Crear una herramienta nacional, coordinada con Comunidades Autónomas y municipios, que permita a cualquier persona conocer gratuitamente: alquiler medio de su zona, alquiler de referencia, precio máximo legal cuando exista regulación, derechos de la persona inquilina, ayudas disponibles, condiciones de su contrato, vías de reclamación. Y, sobre todo: que denunciar un alquiler ilegal o abusivo no obligue a la ciudadanía a convertirse en personas expertas jurídicas.

Colectivos

Autónomos, pymes y emprendedores

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Gasto e inversiónReorganizar el Estado

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PDF, pág. 10

• Las ciudades deben privilegiar tejidos urbanos donde la proximidad y la habitabilidad reduzcan las necesidades de movilidad. • Preservar el comercio de proximidad y evitar procesos de sustitución comercial que deterioren la diversidad económica y social, incluso limitando la implantación de comercios gentrificantes en determinadas zonas. • Recuperar el espacio público para crear sociedad. • En los nuevos desarrollos urbanísticos, garantizar su desarrollo en un plazo determinado, de modo que, si éste no se cumple, sea la Administración quien pueda desarrollar las parcelas que no lo han hecho, destinándolas a la ejecución de vivienda pública, únicamente justificando el incumplimiento del plazo, adquiriéndolas a la propiedad por el valor del suelo según su derecho.

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Reorganizar el Estado

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PDF, pág. 10

• Suspender la ejecución de los desahucios cuando la persona o familia se encuentre acreditádamente en situación de vulnerabilidad económica, o de cualquier otro tipo y/o carezca de alternativa habitacional adecuada. El lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que exista una solución habitacional efectiva avalada por la Administración o entidad social competente. • Crear una Oficina pública de defensa habitacional y un Sistema de Alerta Temprana. La actuación de la Administración pública debe producirse antes del desahucio, no cuando ya existe una fecha de lanzamiento. • Crear un Fondo de Emergencia Habitacional destinado a evitar que un desahucio se convierta en sinhogarismo. • Aplicar en estos casos los mecanismos de compensación a pequeñas propietarias previstos en la medida 5.

Colectivos

Familias

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Gasto e inversiónReorganizar el Estado

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PDF, pág. 11