«El que viola, mata o trafica cumple entero. El que entra en tu casa asume el riesgo.»
Máxima seguridad para asesinos, agresores sexuales, narcotraficantes, crimen organizado, terroristas, multirreincidentes violentos y políticos corruptos. Sin permisos, sin tercer grado, sin teléfono. Donde se ha hecho, los homicidios cayeron de 105 a 1 por 100.000 habitantes. Coste de obra: ≈ 3.000 M€, pagados con lo decomisado al narco y al crimen organizado.
Violadores, asesinos, narcos y corruptos: cumplimiento íntegro, sin reducción ninguna ni permisos. Prisión permanente revisable por violación a menores o con lesiones graves. Tres condenas: prisión sin suspensión.
Registro público de reincidentes, pulsera telemática de por vida y castración química voluntaria como condición de cualquier beneficio penitenciario.
Convenios con terceros países para que los extranjeros condenados cumplan la pena allí, en prisiones de máxima dureza, no en una celda con televisión y permisos. Después, veto de por vida del acceso a España. Ahorro: ≈ 500 M€/año. Una plaza aquí cuesta ≈ 80 € al día.
Equiparación salarial real en dos años, jubilación a los 60 sin penalización y reconocimiento de profesión de riesgo. Hoy cobran 7.500 euros menos al año y trabajan 130 horas más.
Apoyo permanente de la Armada y el Ejército del Aire, 180 millones en lanchas, drones y medios aéreos, y decomiso civil de todo bien del narcotráfico. Cuatro guardias civiles muertos por narcolanchas desde 2024.
De seis a doce meses, militar o civil, entre 18 y 30 años: 1.600 euros netos, formación oficial, puntos en todas las oposiciones, vivienda protegida preferente y 5.000 euros al terminar. Coste: ≈ 1.200 M€/año.
Quien complete la mili voluntaria tendrá un mínimo exento de IRPF de 50.000 euros durante diez años (15.000 más que el resto), cero cotización del trabajador en sus tres primeros años de contrato y matrícula gratuita en universidad y FP. Servir a España tiene que notarse en la nómina. Coste: ≈ 250 M€/año con 30.000 plazas anuales.
2.000 jueces y 1.500 fiscales más. Juicios rápidos en 72 horas para multirreincidentes y delitos flagrantes. Expediente digital único en toda España. Coste: ≈ 400 M€/año.
Presunción legal de legítima defensa en tu vivienda o negocio, incluido el uso de armas de fuego legalmente tenidas: quien irrumpe por la fuerza o de noche asume las consecuencias. La acusación tiene que probar el exceso, no la víctima. Licencia de arma para defensa del domicilio sin trabas para ciudadanos sin antecedentes.
El agente que investiga a un político obedece al juez, no al ministro. La injerencia política es delito. Ningún policía vuelve a fichar periodistas por encargo.
La UCO tiene 580 plazas y 3,5 millones de presupuesto propio; la UDEF ha perdido la mitad de sus agentes desde 2022. Resultado: 600 cuentas bancarias y 300 móviles sin analizar, informes con meses de retraso y causas que prescriben por falta de manos. Plan 2027-2029: UCO de 580 a 1.800 agentes, UDEF de 320 a 1.000, 1.200 más en UDYCO y Vigilancia Aduanera, peritos contables y laboratorio forense propio. Partida finalista blindada por ley: ningún ministro puede recortarla ni apartar a un investigador. Coste: ≈ 400 M€/año. Lo paga el decomiso al narco y al corrupto.
94.400 vigilantes cobran 1.161 euros de salario base y 24 euros de plus de peligrosidad, y seis de cada diez han sido agredidos. Reforma de la Ley de Seguridad Privada: estatuto de colaborador de la seguridad pública, con la misma protección penal que bomberos y personal sanitario: agredirlos es atentado, sin ser agentes de la autoridad ni invadir una sola competencia de la Policía y la Guardia Civil. Chaleco, guantes anticorte y defensa a cargo de la empresa; binomio obligatorio en transporte, hospitales y centros de menores; TIP en 30 días, no en nueve meses; título oficial de FP y reglamento nuevo en seis meses: el vigente es de 1994.
El Estado no vuelve a adjudicar vigilancia a precio de nómina impagada: precio mínimo de licitación igual al coste del convenio más estructura, pago directo al trabajador si la empresa no paga y exclusión de la contratación pública a quien incumpla. Plus de peligrosidad de 150 euros en todo contrato público. Coeficientes reductores para jubilarse a los 60 con 35 años cotizados, financiados con cotización adicional, como la policía local. Coste para el Estado: 0. Lo financia la cotización adicional, como en la policía local.