«Tu primera casa, un 35 % más barata. Y el okupa, fuera en 48 horas.»
Cero impuestos (ITP y AJD al 0 %; IVA al 4 % devuelto íntegro en la renta), licencia en plazo y suelo público sin coste. Resultado garantizado por ley: el comprador de primera vivienda paga, como mínimo, un 35 % menos que hoy. Coste: ≈ 5.000 M€/año. Lo paga el sobrecoste autonómico.
La vivienda deja 52.000 millones al año a las administraciones; cada subida del 10 % del precio son 1.200 millones más para ellos. Ley de neutralidad: la recaudación por vivienda no puede crecer más que el IPC y el exceso se devuelve bajando tipos. Y nadie legisla sobre vivienda sin publicar sus pisos: 19 miembros del Gobierno suman 39 viviendas.
Con denuncia y título de propiedad, la Policía desaloja en 48 horas. Al que deja de pagar, juicio verbal y lanzamiento en 30 días, sin excusas de 'vulnerabilidad': a los vulnerables los atiende el Estado, no tu casa.
Todo el suelo de la Sareb y del Estado, en 12 meses, a concurso para construir vivienda protegida en propiedad a precio tasado. El joven que compra es dueño, no inquilino del Ayuntamiento.
Un mes obra menor, dos obra mayor, tres grandes desarrollos. Pasado el plazo, licencia concedida y el ayuntamiento paga el retraso. Las reformas no requerirán declaración responsable.
Las SOCIMI con más de 100 viviendas en alquiler tributan al 25 %, como cualquier empresa. Y el Estado deja de contratar a los fondos que dice combatir.
Aval público del 20 % de entrada para menores de 40 en su primera vivienda. Con un 35 % de ahorro y la entrada avalada, comprar vuelve a ser posible con un sueldo normal. Garantía de 2.000 M€; no es gasto.
Seguro público de impago: doce meses de renta y daños garantizados; después, el Estado persigue al moroso. A cambio, se alquila sin exigir tres nóminas y un aval bancario. Prioridad a menores de 45 y familias con hijos. Coste: ≈ 150 M€/año.
Vivienda industrializada en suelo público y urbano consolidado con licencia automática y estándar técnico único: lo que vale en Sevilla vale en Bilbao. Registro único de alquiler turístico con cumplimiento fiscal, sin prohibiciones.
El IBI se elimina por completo, para todos. Sin compensaciones a nadie: el impuesto desaparece y punto. Un tributo aberrante no se parchea, se quita. Menos ingresos municipales: ≈ 13.400 M€/año; los ayuntamientos lo absorben con ahorro, no con otros impuestos.