«Imprescriptible. Sin tercer grado. Devuelves el triple. El que denuncia cobra el 15 %.»
Cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal cometidos por cargos públicos: imprescriptibles. Hoy prescriben entre 5 y 15 años: el ladrón solo tiene que esperar.
Cumplimiento íntegro para condenados por corrupción y prohibición legal de indulto. El poder no puede perdonar a los que robaron para el poder.
Reforma de la Constitución para prohibir expresamente las amnistías y condicionar los indultos a requisitos que impidan su utilización política: solicitud por el órgano jurisdiccional en la misma sentencia condenatoria e informe favorable del CGPJ o de un órgano ad hoc sin influencia política en su composición. Prohibición, en todo caso, de los indultos a políticos corruptos, sin excepciones. La propia Constitución exigirá tipos penales que castiguen la aprobación de amnistías o indultos generales y la utilización política del indulto, con pena mínima de prisión. Antes de esta reforma, una única excepción: indultaremos a José Manuel Lomas, el librero de 82 años condenado por defender su finca, y le concederemos la Orden del Mérito Civil.
Responsabilidad civil del triple, decomiso de todo patrimonio no justificado y ningún beneficio hasta restituir. El funcionario condenado pierde la plaza para siempre; la empresa corruptora, quince años sin contratar con el Estado.
El 15 % de lo recuperado, libre de impuestos, con anonimato, protección laboral y una autoridad independiente con capacidad de sancionar.
Elegido por tres quintos del Congreso entre fiscales con 25 años de carrera, mandato de seis años no coincidente con la legislatura. El último nombrado por el Gobierno acabó condenado por el Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción tiene 29 fiscales y 31 funcionarios para toda España; la Antidroga, 15; Vigilancia Aduanera tiene el 54 % de sus plazas sin cubrir y el SEPBLAC recibió un 76 % más de alertas con la misma plantilla. Anticorrupción pasa a 100 fiscales con unidad propia de peritos y auditores; Antidroga, a 40; Vigilancia Aduanera cubre todas sus vacantes en dos años y el SEPBLAC duplica su plantilla. Presupuesto propio por ley, fuera del alcance del ministro. Coste: ≈ 120 M€/año, dentro del fondo de 400 M€ de la UCO, la UDEF y la UDYCO.
Reforma de la Constitución para suprimir el Tribunal Constitucional y atribuir la potestad de control de constitucionalidad de las leyes y de las actuaciones de los poderes públicos a una sala especial del Tribunal Supremo. Su composición vendrá determinada por criterios estrictamente excluyentes de cualquier influencia política: elección por jueces y magistrados, antigüedad y/o sorteo.
Reforma de la Constitución para garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, con composición determinada por criterios excluyentes de cualquier influencia política: elección por jueces y magistrados, antigüedad y/o sorteo. Tipos penales específicos, y endurecimiento de los existentes, para cualquier actuación política o judicial que comprometa la independencia judicial, como transmitir o recibir instrucciones. Las becas públicas para preparar oposiciones se concederán únicamente por mérito y capacidad.
La ley no podrá vetar ni restringir el ejercicio de la acción popular a ninguna persona física o jurídica, y podrá extender la posibilidad de ejercerla a entes sin personalidad. Nadie volverá a cerrar la puerta de los tribunales a quien denuncia a un corrupto.
Los 17.621 aforados, juzgados por el mismo juez que tú. Reforma constitucional presentada el primer día.
Cinco años de incompatibilidad para pasar a empresas reguladas y cinco para que un exministro o dirigente de partido presida el Poder Judicial, la sala constitucional del Supremo, el Banco de España, la CNMC o el Defensor del Pueblo.
Plataforma única, subasta inversa y precios de referencia en tiempo real. Toda emergencia auditada en 30 días y publicada íntegra en 24 horas con los beneficiarios reales.
Portal único de todas las administraciones: pagos, contratos, subvenciones, nóminas de altos cargos y asesores, agendas y regalos. Hoy: 1.255 puestos de confianza en el Gobierno.
Límite de 15 años en cargos públicos remunerados. Fuera el Senado, el Consejo de Estado, los Consejos Económicos y Sociales, la publicidad institucional y las subvenciones a sindicatos y patronal. Partidos: 50 % menos. Asesores: de 1.255 a 400.