El problema de la vivienda en España ha pasado a ser uno de los problemas más presentes en la vida de los trabajadores. La vivienda, una necesidad básica para todos, se ha convertido en una mercancía más que forma parte de un mercado muy lucrativo en el que los grandes especuladores, bancos y fondos buitre obtienen incontables beneficios. España no posee una cantidad de viviendas construidas suficiente para cubrir la demanda social, en especial en las zonas donde hay más tensión, es decir, en las ciudades. Sin una construcción de vivienda pública numerosa, este problema no se va a solucionar, más teniendo en cuenta los millones de inmigrantes que han venido de forma masiva a nuestro país y que se concentran en dichas zonas. El número de viviendas no ha crecido en la misma proporción que el aumento de población que hemos tenido. Reducir la inmigración es necesario, y no solo por la cuestión de la vivienda. En las grandes ciudades, a consecuencia del turismo extranjero masivo y la gentrificación, los precios de la vivienda se han disparado, empujando a los trabajadores a abandonar sus barrios habituales y a vivir en las periferias, en las que sigue siendo difícil pagar una hipoteca o un alquiler. Además, un porcentaje elevado de las viviendas está vacío por fines especulativos y los bancos han concentrado una gran cantidad de inmuebles. Fondos buitre extranjeros se han hecho con parte del mercado con la complicidad de ayuntamientos e instituciones, que han dinamitado el parque de vivienda social y las han vendido a precios irrisorios a inversores extranjeros y fondos especulativos. La mayoría de los jóvenes, pese a tener empleo, tienen imposible la opción de emanciparse a consecuencia de la temporalidad y precariedad laboral, mientras que el precio de los alquileres en muchas ciudades es superior incluso al de las pensiones de los jubilados. Todo este contexto ha llevado a un aumento de la ocupación ilegal de viviendas por parte de muchas familias vulnerables, pero, sobre todo, también a un aumento de las mafias y grupos delictivos de la ocupación, que aprovechan las medidas sociales infructuosas del Gobierno para delinquir y especular con la necesidad y desesperación de la gente o convertir pisos abandonados en puntos de venta de estupefacientes. El derecho a una vivienda es incompatible con el mercado y la especulación de esta. Solo una verdadera supervisión por parte del Estado sobre este recurso puede garantizar un acceso a una vivienda digna a los trabajadores de España. Para remediar esta situación, desde el Frente Obrero proponemos las siguientes medidas:
Construir vivienda pública de calidad para aumentar el número de inmuebles existentes y lograr que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna y asequible económicamente.
Luchar contra la especulación de bancos, fondos buitre y grandes rentistas; la vivienda no es una mercancía con la que hacer negocio. Aplicar medidas que detengan la gentrificación, el auge de los pisos turísticos y las consecuencias negativas del turismo destructivo.
Paralizar inmediatamente todos los procesos de desahucio de las familias trabajadoras en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago del alquiler/ hipoteca hasta encontrar una alternativa habitacional. Se deben conceder segundas oportunidades para deudas hipotecarias y garantizar la posibilidad de dación en pago en todas las situaciones.
Luchar por terminar con las mafias de la ocupación y de la delincuencia relacionada con el uso indebido de inmuebles, acabando con la lacra de los narcopisos. Se actuará a su vez contra la ocupación de viviendas de particulares, que no debe ser permitida en ningún caso. También se actuará contra los inquiokupas, que han hecho de la estafa su modo de vida.
No permitir que suceda como con las ayudas, que, como se ha visto en el programa, también deben cambiar, pues se suele priorizar al extranjero.