Una limpieza política radical

Los ministros tendrán como máximo 4 asesores, los vicepresidentes 7 y el gabinete del Presidente 20. Los asesores no tendrán chóferes ni otras prebendas, y sus datos serán públicos.

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Todos los cargos de la Administración y de las empresas públicas se asignarán por mérito y capacidad. El enchufismo será delito. Los nombramientos existentes se revisarán en un plazo de 6 meses.

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Se prohíbe que parlamentarios, cargos públicos y asesores paguen a los partidos un porcentaje de su sueldo.

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Se crearán juzgados especializados en corrupción, con medios suficientes. Un órgano revisará cada dos meses los procedimientos impugnados. Los casos de políticos se juzgarán en una comunidad autónoma vecina.

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La IGAE tendrá los mismos medios tecnológicos, de cruce de datos e inteligencia artificial que la Agencia Tributaria. Sus funcionarios tendrán pluses ligados a resultados de control.

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Se doblarán los recursos de la Fiscalía Anticorrupción. Una Oficina Anticorrupción con poder de inspección podrá sancionar hasta el 10 % del volumen de negocios. Los fondos recuperados por corrupción irán a combatirla.

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Será delito camuflar la corrupción. Todo cargo público que no denuncie irregularidades tendrá responsabilidad penal. La contratación pública tendrá un control basado en inteligencia artificial.

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Los partidos responderán civilmente por los delitos de corrupción de sus dirigentes, salvo que demuestren controles anuales auditados. Se suspenderá la financiación pública de un partido con dirigentes investigados por corrupción.

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Los delitos de corrupción no prescribirán. Todo político condenado por sentencia firme por corrupción será inelegible e inhabilitado de por vida.

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Los vocales judiciales serán elegidos por los jueces, sin intervención de las asociaciones judiciales. Los vocales no judiciales comparecerán en el Congreso antes de ser votados.

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El Congreso elegirá una terna por mayoría de tres quintos. El Gobierno elegirá al Fiscal General entre esa terna, previo informe del CGPJ.

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Los organismos independientes se nombrarán con comparecencia pública y mayoría de tres quintos. Si el Congreso bloquea un nombramiento más de tres meses, se elegirá por sorteo entre los candidatos.

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Se eliminarán los aforamientos no previstos en la Constitución. Se reformará la Constitución para quitar el aforamiento de diputados y senadores, y limitarlo para el Gobierno a las acciones penales por funciones del cargo.

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Diputados y senadores deberán dedicar una jornada cada dos semanas a reuniones abiertas con ciudadanos. El Presidente del Gobierno se someterá cada año a una asamblea ciudadana elegida por sorteo.

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Si los partidos bloquean de forma reiterada asuntos de orden mayor, la ciudadanía podrá activar una Asamblea Ciudadana con firmas del 1 % del censo. Sus propuestas se someterán a referéndum consultivo.

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Diputados y senadores no cobrarán su sueldo mensual si no asisten a las sesiones plenarias y de comisión, salvo por enfermedad o fuerza mayor. Las ausencias se publicarán cada mes.

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Si el Gobierno no presenta los Presupuestos Generales del Estado, se suspenderá el sueldo de todo el Gobierno. Si el incumplimiento dura más de un año, el Gobierno cesará.

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Los programas de gasto se evaluarán. Cada Ministerio explicará qué prometió, qué recursos usó y qué resultados obtuvo. Un Portal de Evaluación será accesible para toda la ciudadanía.

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Los cargos políticos cumplirán el Código Ético del Gobierno de España. Una Comisión Ética y un experto independiente vigilarán su cumplimiento.

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Nadie podrá ejercer el mismo cargo público durante más de dos mandatos completos o más de ocho años en total.

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Se reformará la Ley Electoral para reducir el peso de las listas cerradas. Se introducirán listas desbloqueadas y listas abiertas, para que los ciudadanos elijan a sus representantes.

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