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Defender un sistema público de pensiones sostenible con información periódica y transparente sobre sus perspectivas y opciones de equilibrio.
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Proteger pensiones suficientes y previsibles y permitir que las personas envejezcan con autonomía, dignidad y participación.
Proteger pensiones suficientes y previsibles y permitir que las personas envejezcan con autonomía, dignidad y participación.
Defender un sistema público de pensiones sostenible con información periódica y transparente sobre sus perspectivas y opciones de equilibrio.
Garantizar la revalorización automática anual de las pensiones contributivas conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Equiparar progresivamente las pensiones mínimas de jubilación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), comparando los importes brutos anuales. Aplicar la equiparación en tres fases anuales, cerrando en cada fase un tercio de la brecha inicial y actualizando la referencia si cambia el SMI. La memoria económica concretará los requisitos de acceso y la financiación.
Proponer la exención del IRPF para las pensiones bajas según la renta total anual de la persona y estudiar un alivio fiscal que disminuya gradualmente a medida que aumente dicha renta, de acuerdo con el apartado 7.
Vigilar el coste de la alimentación, la vivienda, la energía y los medicamentos para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. Publicar un seguimiento trimestral de estos gastos. Abrir una evaluación de compensaciones cuando su coste conjunto crezca por encima del IPC general durante dos trimestres consecutivos. Priorizar a los hogares pensionistas de menor renta y tener en cuenta el tamaño del hogar.
Revisar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada en casos de largas carreras de cotización o de trabajos especialmente penosos, peligrosos o insalubres. Estudiar su reducción gradual según los años cotizados y su supresión al alcanzar los requisitos de edad y cotización que fije la reforma. En trabajos penosos, peligrosos o insalubres, acreditar la exposición mediante la actividad desempeñada y el tiempo efectivo en el puesto. La memoria de impacto justificará los requisitos y su aplicación en condiciones de igualdad.
Publicar antes de la aprobación una ficha por medida con los requisitos y umbrales pendientes, el calendario, el coste anual previsto, la fuente de financiación y el indicador de seguimiento. Medir la variación real de las pensiones, la brecha con el SMI, el ahorro fiscal por nivel de renta, la cobertura de las compensaciones y la reducción media de las penalizaciones. Revisar los resultados cada año.
Priorizar la atención a la dependencia, reducir listas de espera y coordinar sanidad, servicios sociales y cuidados de larga duración.
Ampliar centros de día, atención domiciliaria y alternativas residenciales de calidad, sujetas a inspección y estándares públicos.
Impulsar adaptación de viviendas, accesibilidad universal, viviendas colaborativas y programas comunitarios contra la soledad no deseada.
Combatir el edadismo y facilitar, dentro de reglas claras, que quienes lo deseen compartan experiencia o sigan trabajando y emprendiendo.